MADRID.- Únicamente tres de las 17 comunidades autónomas españolas (Madrid,
Baleares y Canarias) pueden pagar con sus propios recursos las pensiones
de sus habitantes, según los datos de la Seguridad Social referidos a
2011 (último ejercicio del que existen cifras definitivas). Es más,
tanto la capital como los archipiélagos registraron ingresos de sobra
para llevar a cabo esos pagos, de modo que arrojaron un superávit que
tuvo que utilizarse para que el resto de las autonomías pudieran hacer
frente a las obligaciones con sus respectivos pensionistas.
En otras palabras, salvo estos tres reductos, toda España se encuentra en números rojos
en lo que a su sistema de protección social respecta. Lo que este
último demanda en casi todas las comunidades no puede ser cubierto con
los ingresos recibidos en concepto de cotizaciones, y el resultado son
unos déficits que, en no pocos casos, tienen una envergadura notable.
Es el caso del agujero de 2.275 millones de euros que mostró Galicia
en 2011 o los 2.092 millones que fueron propios de Castilla y León.
Estos desequilibrios pueden cerrarse todavía gracias a que la Seguridad
Social aún se organiza de acuerdo con un sistema de caja única,
controlado exclusivamente por el Estado, al cual tienen que enviar sus
excedentes las regiones que disfrutan de ellos, con objeto de que sirvan
para compensar las carencias allí donde hayan surgido.
El problema estriba en que cada vez quedan menos regiones capaces de
contribuir a ese fondo común de las pensiones. Todavía en 2010 había
cinco autonomías que las alimentaban, gracias a sus remanentes. En un
solo año, Navarra y Murcia perdieron esa posición, ya que de presentar
unos excedentes de 31 y 110 millones respectivamente, ahora se
encuentran lastradas por unos números rojos de 22 y 49 millones de
euros.
Es más, en ese mismo año, 2010, ya hubo motivos para tomar conciencia
de la gravedad de la situación, pues no en vano una de las comunidades
autónomas con mayor actividad económica de todo el país, Cataluña, vio
cómo por primera vez sus ingresos por cotizaciones dejaron de compensar
los pagos a sus pensionistas. Y ello, aun cuando todavía en 2009 su
situación era envidiable, ya que cerró ese ejercicio con un
desequilibrio a su favor de más de 700 millones de euros.
Justo
cuando se hizo patente que Cataluña había engrosado el grupo de los
beneficiarios netos de la caja única de la Seguridad Social fue cuando
se exacerbaron las reivindicaciones, por parte de sus partidos
nacionalistas, de que era necesario romper esa caja común y dejar
libertad a Cataluña en la gestión de su sistema de protección social.
Llama la atención que, en el País Vasco, también el PNV persiga un
objetivo semejante, debido a que esa comunidad autónoma es la que paga
la pensión media más alta de España (por encima de los 1.000 euros
mensuales), y desde 2002 necesita de la ayuda del resto de las regiones
para poder hacer frente a estos desembolsos.
Pero más allá de los debates políticos, lo que realmente está
poniendo en apuros a la caja única de la Seguridad Social es una
desafortunada combinación de dos factores. En un lado, se halla la
crisis económica y sus devastadores efectos sobre el mercado de trabajo;
en el otro extremo se encuentra la acción de una fuerza con un carácter
más estructural, como es el envejecimiento creciente de la población
española, acompañada por una pronunciada caída de la natalidad.
El
primer aspecto se está cebando incluso con las comunidades autónomas
más dinámicas, como es el caso de Madrid, y la prueba de ello es que,
aun cuando los madrileños que cotizan son más que de sobra para pagar
las pensiones con soltura, lo cierto es que incluso el abultado
superávit madrileño está menguando.
Así, de los 3.667 millones de euros de 2010, pasó en un solo año a
3.052 millones. Y es más que probable que la tendencia a la baja se haya
mantenido en un año como 2012 en el que la crisis económica se
recrudeció y quedó abierto el camino para superar los seis millones de
parados. El encogimiento del excedente positivo es un fenómeno que
también están sufriendo los otros dos miembros aventajados del sistema:
en Baleares el superávit ha pasado de los 455 millones de euros de 2010 a
373 millones 12 meses después; en el archipiélago canario, el retroceso
ha sido de 637 a 465 millones.
En cuanto al segundo motor del deterioro del sistema de protección,
el imparable envejecimiento es un problema que pesa, y mucho, en
regiones como Castilla y León, Asturias y Galicia. En este último
territorio la proporción entre afiliados y pensionistas se encuentra en
el entorno del 1,3. De acuerdo con los expertos, un sistema de protección social como el español solamente es sostenible si esa ratio es superior a 2
(de hecho la media nacional se encuentra en el 2,3). Este desfase
explica por qué para Galicia pagar las pensiones supone un roto de más
de 2.000 millones de euros, según 'El Economista'.
