Elaborar una política económica
nacional estableciendo normativas legales con el objetivo de maximizar
la tasa de crecimiento de la renta nacional estimulando la actividad
empresarial, ha sido la pretensión continuada de todos los gobiernos de
numerosas naciones, entre ellas España.
Es
indudable que el esfuerzo legislativo ha tenido su base solo en
criterios personales y sanas voluntades, pero no es menos cierto que no
han pasado de ser generalidades con pretensiones de optimizar resultados
positivos del crecimiento económico y del empleo. Para alcanzarlos es
imprescindible una decidida inversión de capitales creadora de puestos
de trabajo, capaces de estimular expectativas e ilusión en la relación
capital-producto.
La
inversión solo se promueve sobre medios de probada eficacia y la
combinación óptima de los factores productivos. El aumento de la
relación capital-trabajo-rendimiento debe contemplarse desde una
perspectiva macroeconómica, y directamente relacionada con la riqueza
regional natural y su valor añadido por sectores. Solo así la economía
real será de calidad y de larga duración.
Dirigir
la política económica legislando en exceso y creando normas basadas
solo en razones coyunturales carentes de previsión de futuro y no
estructurales relacionadas con las fuentes de riqueza regionales, es un
error imperdonable. Lo que la economía tiene que proponer a los
políticos son auténticos conocimientos y conclusiones basados en
análisis técnicos de la riqueza nacional y su adecuada interacción
empírica, unido a esquemas reales precisos por regiones y sectores.
El
valor total es el resultado de inventariar y valorar con la máxima
precisión todas las unidades de bienes de forma homogeneizada, a partir
de lo cual, la política económica será con toda probabilidad acertada, y
útil para el imprescindible emprendimiento empresarial y la
interdependencia entre los diversos sectores industriales, agrícolas,
comerciales y de servicios.
La
investigación específica de los valores económicos capaces de ofrecer
rentabilidad y su ubicación geográfica, es la base imprescindible para
saber elaborar una política de inversiones que lleve al crecimiento e
incorpore los valores ociosos (empleo), sin olvidar que dicha política
ha de ser selectiva debido a las grandes diferencias interregionales e
inter-empresariales en las relaciones capital-producto y
capital-trabajo.
Tampoco todos los
sectores tienen las mismas economías de escala, pues los hay en los que
las pequeñas y medianas empresas obtienen mayor productividad y
rentabilidad que las grandes y viceversa. Por tanto, no han de olvidarse
los valores productivos y su repercusión sobre los precios, o dicho de
otra forma "maximizar la productividad para minimizar los costes",
imprescindible objetivo para el crecimiento de las exportaciones y de
una balanza de pagos positiva. Al ejercicio de la política económica, la
sociedad le exige la elaboración de un sólido plan de inversiones y una
previsión de las tendencias futuras.
Reconocer
que la ciencia económica ha progresado de manera creciente en nuestro
país es evidente, pero es igualmente cierto que nuestras estructuras son
vulnerables como ha quedado demostrado en los seis años ya
transcurridos de la actual crisis. Los responsables de la política
económica han trabajado poniendo esfuerzo, sacrificio y voluntad, pero
en la mayoría de los casos con ausencia de conocimientos empíricos de
los sectores como polos de desarrollo y de información de rentas,
necesarios para fijar objetivos y seleccionar e impulsar opciones y
medidas económicas más completas, seguras y duraderas.
Nuestras
estructuras acusan algunas debilidades y defectos de implantación al no
querer asumir riesgo, problema latente en la toma de decisiones
macroeconómicas.
Para plantear una
política de inversiones adecuada es imprescindible profundos estudios de
la riqueza tradicional renovable por zonas geográficas que abarque:
industria, agricultura, pesca, sector servicios, etc., o dicho de otro
modo "inventariar la estructura de nuestra riqueza y capitalizar sus
rendimientos" de forma que sean concordantes internacionalmente. Los
resultados serían decisivos para la economía en general y para un
desarrollo más armónico del país. Los estudios deben tener en cuenta los
elementos específicos productivos, como instalaciones, materias
primas..., unidos a los valores indirectos o recursos naturales,
considerando también las condiciones geográficas, clima y red de
comunicaciones. En suma, un verdadero balance nacional.
Un
ejemplo de lo expuesto fue acometido y valorado en EEUU por J.W.
Kendrick, con el que se sentaron las bases en cuanto a forma conceptual y
me0todológica, cuyos resultados de crecimiento y rendimiento económico
quedaron patentes e imitados por otros países.
En
España sólo existían estos análisis incompletos y poco eficaces hasta
que el Legislador apreció su importancia y se promulgó la Orden
Ministerial de 25 de abril de1944, constituyéndose una comisión a tal
efecto. Sin embargo, fue en el año 1968 con objeto de la conmemoración
del cincuenta aniversario de la fundación de la universidad comercial de
Deusto, y la colaboración de fundaciones, entidades financieras y
empresas, cuando se constituyó una alta Dirección Ejecutiva del más alto
nivel, integrada por eminentes catedráticos, doctores en ciencias
económicas, derecho, ingenieros y profesores universitarios,
especialistas en los sectores agrario, industrial, servicios y
metodología, cuya Dirección Técnica la asumió el catedrático de
Estructura Económica Juan Velarde Fuertes, cuyo cálculo abarcó a más de
quince países de las economías más avanzadas.
Las
estimaciones de la riqueza española fueron dirigidas directamente por
el profesor Velarde, utilizando como la aplicación más importante "la
estimación de la función de producción de Cobb Douglas", que aseguraba
una mayor veracidad y una mejor previsión del futuro.
Una
racional política económica necesita para el empleo de modelos
econométricos, las cifras de Capital Nacional congruentes con los
mercados reales. Sólo así alcanzaremos el éxito.
(*) Economista y empresario
