MADRID.- El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha aprobado una batería de rebajas fiscales que
permitirán ahorrar un total de 125 millones de euros
a los más de 3 millones de contribuyentes de la región. En pleno debate
sobre la armonización de impuestos entre las diferentes comunidades
autónomas, el Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes defiende que
estas medidas, que van desde una reducción de medio punto en el tipo
mínimo de la escala autonómica del IRPF a la bonificación del 15% del
impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, están impulsando el
crecimiento económico y la creación de empleo.
La
presidenta regional insiste en que la Comunidad de Madrid es la que más
impuestos recauda a pesar de ser la que tiene unos impuestos más bajos y
defiende una armonización de impuestos a la baja hacia
una menor carga fiscal. "Las cifras económicas de Madrid vienen a
confirma que efectivamente esta es la manera", sentencia.
Este
anuncio se produce seis meses después de que Cifuentes acusara a
Ciudadanos de un comportamiento "irresponsable y desleal" al pedir una
bajada de impuestos como condición sine qua non para negociar los
presupuestos del próximo año.
En la rueda de prensa posterior a la
reunión semanal del Consejo de Gobierno, la presidenta regional ha
advertido que su intención era esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
para ver cómo podían afectar a los ingresos de la Comunidad antes de
plantear una bajada, ya que se prevé una bajada del IRPF que afectará a
toda España. No obstante, ante el bloqueo de los presupuestos en el
Congreso de los Diputados, ha decidido pasar a la acción.
"No
podemos renunciar a nuestra acción de gobierno ni a cumplir con
nuestros compromisos electorales, precisamente por eso creemos que es
ahora el momento de tratar una ley que queremos que entre en vigor en el
año 2019. Si no lo hacemos ahora no podemos y es un compromiso
electoral", ha asegurado Cifuentes.
Con este anteproyecto de Ley, el Ejecutivo va más allá del acuerdo alcanzado con Ciudadanos
-que establecía sólo el compromiso de no subir impuestos- y se cumplen
con todas las medidas relativas a bajadas impositivas contenidas en el
programa electoral.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Se rebajará la escala autonómica que este tributo. El tipo mínimo se
reduce del 9,5 al 9%, lo que tendrá un impacto estimado de 56,25
millones de euros y beneficiará a los tres millones de declarantes
madrileños, sobre todo a los que poseen las rentas más bajas, ya que en
el primer tramo la bajada es del 5,3%. Así, con un tipo mínimo del 9% y
un máximo del 21%, la Comunidad de Madrid seguirá siendo la región con
el IRPF más bajo del país.
Junto a esta medida, se prevé
ampliar y mejorar las deducciones de este impuesto, como la de
acogimiento no remunerado de personas mayores de 65 años o personas con
una discapacidad igual o menor al 33% -que se amplia de 900 a 1500
euros-, lo que beneficiará a 500 personas en la región.
Además,
para
favorecer la conciliación de las familias que no se benefician de una
plaza de Educación Infantil sostenida con fondos públicos, se amplía la
deducción por gastos de escolaridad con una nueva modalidad por
descendientes de 0 a 3 años. Se podrán beneficiar del 15% de los gastos
con un limite de 1.000 euros al año por cada niño aproximadamente los
ascendientes de 11.500 menores.
Por
otra parte, se han aprobado deducciones relacionadas con la Economía
Social y a la iniciativa empresarial que afectarán a 115.900
contribuyentes y generarán un impacto estimado de 10 millones de euros.
Concretamente, el contribuyente se podrá deducir el 50% de las
aportaciones al capital social de cooperativas y sociedades laborales
hasta máximo de 12.000 euros anuales y el 15% de los donativos
realizados a fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.
Asimismo, se incrementa del 20 al 30% las
deducciones por la inversión realizada por adquirir acciones y
participaciones de entidades de nueva creación, hasta un máximo de 6.000
euros anuales -que hasta ahora estaba establecido en 4.000 euros-. La
cuantía asciende al 50% y hasta un máximo de 12.000 euros si se trata de
entidades participadas por universidades o centros de investigación.
Impuesto de sucesiones y donaciones
Las medidas fiscales aprobadas en Consejo de Gobierno contemplan
también la bonificación de este impuesto para transmisiones entre
colaterales cosanguíneos de segundo y tercer grado. O lo que es lo
mismo, entre hermanos, tíos y sobrinos. Para los primeros, la deducción
será del 15% y para los segundos del 10%.
De
esta manera, la Comunidad
de Madrid -que ya bonifica al 99% este impuesto en las transmisiones
entre padres e hijos y entre cónyuges-, se convertirá en la primera
región española que hace bonificaciones en este impuesto a hermanos,
tíos y sobrinos. La medida supondrá un ahorro de unos 32,5 millones de
euros para las 10.900 personas que potencialmente serán beneficiadas.
Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas
La ley establece nuevas bonificaciones con el objetivo de favorecer la
compra de vivienda habitual por parte de familias -sobre todo numerosas-
y de aquellas con menos recursos económicos. Por ello este impuesto,
que deben pagar todos aquellos que compren una vivienda de segunda mano,
tendrá una bonificación del 10% siempre y cuando el valor no supere los
250.000 euros.
Para la adquisición de bienes muebles de menos de 500
euros de valor real por parte de personas físicas, la bonificación será
del 100%. Quedan excluidos los vehículos y los bienes adquiridos por
empresarios o profesionales para el desarrollo de su actividad. Estas
medidas beneficiarán a 30.500 declarantes y tendrán un impacto de 16,50
millones de euros.
Actos jurídicos documentados
Este
impuesto grava los documentos notariales, mercantiles y
administrativos. El Gobierno autonómico propone una bonificación del 10%
del mismo por documentos públicos de formalización de la adquisición de
vivienda habitual de hasta 250.000 euros que se elevará hasta el 95% en
el caso de que la compra la realicen familias numerosas. La vivienda
deberá habitarse en un plazo máximo de 12 meses desde la compra y deberá
habitarse durante un plazo mínimo continuado de tres años. Podrán
beneficiarse 3.100 declarantes y el impacto estimado es de 1,79 millones
de euros.