¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo. 

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  

En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.

Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 

Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 

Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.

El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.

Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.

Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.

Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.

El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.

Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.

En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.

Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.

El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.

Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.

La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.

“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Sabadell 'se come' 420 millones de deuda al apostar por la dación en pago de pisos

MADRID.- Cuando la crisis empezó a enseñar su peor cara con familias que, tras meses o incluso años sin atender la cuota de la hipoteca por problemas de desempleo, se veían en riesgo de perder la vivienda, la banca replanteó su política de embargos y el Gobierno impuso reglas para evitar apuros a los hogares más vulnerables. 

El Sabadell buscó una alternativa propia con la decisión de no ejecutar ningún desahucio forzoso. Una década después de que la crisis cambiase el paso a la economía acelerando la destrucción de empleo que está detrás de los impagos, el banco aún formalizó el pasado año 2.592 operaciones de dación en pago por importe de 420 millones de euros, según www.lainformacion.com.

Sólo en los últimos dos años ha resuelto así el problema a 5.634 deudores, aceptando la propiedad de sus viviendas a cambio de condonar 899 millones de euros en deudas, según detalla la entidad en un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un ejercicio muy minucioso de transparencia. 

La entidad ha hecho gala de la decisión en algún momento. Es una medida que le evita el impacto social y desgaste reputacional que los desalojos provocaron al sector y entiende que resulta, incluso, la alternativa más efectiva. Imbricado en su política social mantiene a las familias bajo un régimen de alquiler, a menudo económico, y limita costes asociados a esos procesos.

El banco mantiene, de hecho, un parque de 7.500 viviendas en régimen de alquiler social por dicha oferta de soluciones habitacionales a clientes en riesgo de exclusión social afectados por procesos judiciales hipotecarios o daciones en pago. La cifra incluye los pisos aportados al Fondo Social de Viviendas (que en conjunto gestiona unos 10.000 inmuebles) y 850 en régimen de alquiler asequible.

Pudo abrir brecha y atajar la problemática con otras armas desde los albores de la crisis porque contaba con la ventaja de que el grueso de la cartera crediticia era con empresas o clientes de rentas medias y altas. Un margen que le permitió analizar y buscar solución caso por caso. Su iniciativa calaría luego en una mayoría de entidades, aunque sin que hayan divulgado de forma tan pormenorizada los resultados. 

La mayoría sí cifran el número de daciones en pago de vivienda aunque sin detallar la cuantía de deuda específica canjeada (Bankia, por ejemplo, 665 el pasado año y 8.592 desde 2012;  BBVA 16.500 desde esa misma fecha o arranque de la crisis, y Caixabank por encima de los 21.000 en el periodo).

Las estadísticas públicas conocidas son las del famoso Código de Buenas Prácticas (CBP), impulsado precisamente en ese ejercicio 2012 por el Gobierno para encontrar soluciones a deudores en riesgo de perder su casa. Conforme al último balance publicado por el Ministerio de Economía en septiembre del pasado año, en el lustro transcurrido desde esa fecha se habrían resuelto solo 7.324 daciones en pago por su aplicación, junto a 42.600 operaciones de reestructuración de deuda.

La disparidad de datos, entre el registro oficial y entidades constata que el esfuerzo sectorial ha sido muy superior a las cifras del Ministerio de Economía, cuyo Código fue acogido con escepticismo por la industria desde el minuto uno por el restringido perfil socioeconómico que debían reunir los potenciales hogares para beneficiarse de sus medidas y porque el sector dispone desde siempre de herramientas para buscar soluciones a los impagos más efectivas. 

El Código antidesahucios

La banca ha reivindicado, de hecho, en numerosas ocasiones que difícilmente la morosidad hipotecaria se habría mantenido por debajo del 6,5% durante toda la crisis de no haber buscado de manera proactiva soluciones al cliente cuando surgen los apuros financieros con refinanciaciones, plazos de carencia o, incluso, quitas para facilitar al deudor afrontarla, y el drama de los desahucios sería superior. La dación no es, de hecho, la prioridad sino la reestructuración de deuda.

Algo que ha minimizado pero no barrido por completo con los embargos, aunque su censo ha ido, por fortuna, decayendo en los últimos años. Las ejecuciones iniciadas en 2017 sobre vivienda habitual bajaron un 49,4% frente al ejercicio anterior. Aún así, afecta a 10.749 pisos. Y en un porcentaje similar sobre segundas residencias -se inició en 3.353 casas-.

Son menos de un tercio de las actuaciones que se iniciaron en los peores momentos de la crisis, con el nexo común de que proceden todavía de las hipotecas firmadas en pleno boom entre 2005 y 2008, cuando se concedían préstamos por encima del valor de tasación y a muchas personas que han perdido su empleo. No todos las ejecuciones acaban en desahucios. Pero aún así el número de lanzamientos alcanzó el pasado año los 22.330 por ejecuciones iniciadas hasta cuatro años atrás. Sería muy superior sin las soluciones bancarias.