Assange sigue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, sin cargos pendientes en el Reino Unido. El precedente de 2012, cuando desatendió al Supremo, que ordenó su extradición a Suecia en una causa de abuso sexual ya archivada, y se refugió en la embajada de Ecuador ha frustrado su acceso a la libertad cautelar.
Un tribunal de Virginia reclama la entrega del australiano para juzgarle por diecisiete cargos en violación de la Ley de Espionaje, de 1917, y uno adicional de intromisión informática. Se derivan de la obtención y divulgación de 400.000 partes de la guerra de Irak, 90.000 informes de acciones en Afganistán, 800 de los presos de Guantánamo y unas 250.000 comunicaciones diplomáticas. Muchos documentos fueron publicados por WikiLeaks en colaboración con medios internacionales, desde 'El País' a 'The Guardian' o 'The New York Times'.
Los ficheros incluyen testimonios de aparentes crímenes de guerra, como el vídeo de la matanza de civiles iraquíes desde un helicóptero militar norteamericano. Por otra parte, los cables diplomáticos se volcaron «sin editar» en la pionera plataforma, desvelando datos personales de confidentes y colaboradores de Washington, según subrayaron sus representantes legales en el juicio de extradición.
Varias investigaciones judiciales y del legislativo norteamericano asocian a Assange a la Inteligencia rusa en su campaña a favor de Donald Trump. Assange ha negado a través de sus abogados todas las acusaciones y mantiene que su labor es periodística.
La ministra británica del Interior ratificó este viernes la sentencia del Tribunal de Apelación, que revirtió el veredicto original de enero de 2021 contrario a la entrega y aceptó la extradición. El Supremo dio su visto bueno en marzo. Este viernes, la oficina de Patel reafirmó las garantías diplomáticas dadas a última hora por Washington de que Assange «será tratado apropiadamente en EE UU, incluido en relación con su salud». Y que además no se le pediría la pena de muerte, que es legal en EE.UU.
«Cualquier observador objetivo aprecia que es demencial prolongar su encarcelamiento. Buscó asilo porque temía la persecución del Gobierno estadounidense y le están castigando por acertar. Julian sabía que actuaría contra él con todo su poderío», explica su abogada en referencia al eco y consecuencias de las filtraciones publicadas en WikiLeaks en 2010.
«Julian es fuerte. Su instinto es defenderse. El mío también, y vamos a luchar ahora con más fuerza». Así describió Stella (Moris) Assange la reacción de su marido y fundador de WikiLeaks a la decisión del Gobierno británico.
Stella apenas pudo contener la rabia y el dolor ante la última vuelta de tuerca en el procedimiento contra el padre de sus dos hijos, de 5 y 3 años. «Estoy airada. Voy a luchar por la justicia cada hora del día hasta que Julian esté libre».
«Julian se deteriora día tras día. Belmarsh es un sitio horrible. Sufrió un pequeño derrame en octubre y cualquier crisis aguda de salud es un riesgo», explicó su mujer. El riesgo de suicidio fue determinante en el bloqueo de la extradición el año pasado y la sombra de una muerte prematura no se ha despejado.
Stella Assange, esposa del activista australiano y madre de sus dos hijos (se casaron en marzo en la cárcel de Belmarsh), ha prometido llevar la batalla legal hasta el final, aunque ha expresado su temor a que sea finalmente extraditado este verano, lo que en su opinión equivaldría "a una pena de muerte". Stella piensa que su marido se vería abocado al suicidio si es extraditado a EE.UU.
«Quiere vivir. La posibilidad de estar con los niños, conmigo, en libertad… Tiene motivos para luchar mientras continúa aquí. Pero si le extraditan, las condiciones serán tan opresivas que le llevarán a quitarse la vida», alerta. El equipo legal dispone de 14 días para presentar el recurso ante el Superior.
La defensa confía en la trama de espionaje, que investiga la Audiencia Nacional española, para ganar la partida final, ya sea ante los jueces de Londres o de Estrasburgo. «El caso es extremadamente importante porque revisa seriamente la criminalidad que EE UU ha cometido contra Julian, su familia y sus abogados», dijo su mujer.
La Justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país. La decisión de Patel puede ser recurrida por las partes pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.
Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Explicaciones gubernamentales
Assange ha tratado en vano de que los tribunales británicos impidan su traslado al país norteamericano, bajo el argumento de su delicada salud y de la dura condena que le puede ser impuesta. El pasado 20 de abril, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a EEUU para ser considerada por el Gobierno del Reino Unido.
"En virtud de la Ley de Extradición de 2003, el ministro del Interior debe firmar una orden de extradición si no encuentra argumentos para prohibir que se emita la orden", indicó un portavoz del ministerio en un comunicado divulgado este viernes. Esa fuente agregó que "las solicitudes de extradición solo se envían a la ministra del Interior una vez un juez ha decidido que se puede proceder tras haber valorado varios aspectos del caso".
"El 17 de junio (hoy), tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados de Westminster y del Tribunal Superior, se ordenó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días", según esto.
El portavoz oficial añadió asimismo que "en este caso, las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar a Assange sea opresivo, injusto o suponga un abuso de proceso".
"Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada, como en lo referido a su salud", puntualizó la fuente.
El largo proceso de extradición arrancó de hecho durante la Administración Trump y se ha prolongado durante más de dos años bajo los auspicios del presidente Biden.
En primera instancia, la jueza Vanessa Baraitser se llegó a pronunciar en contra su extradición el 21 de enero del 2021, alegando su frágil salud mental y el riesgo de suicidio por las duras condiciones penitenciarias de EEUU.
La fiscalía norteamericana logró darle la vuelta a ese argumento alegando que Assange no tiene antecedentes por intento de suicidio, que recibirá "los cuidados clínicos y psicológicos" y que no será sometido a medidas especiales de aislamiento en un centro penitenciario de alta seguridad.
Comunicado de WikiLeaks
Ante
ello, el portal WikiLeaks ha calificado la jornada de "día oscuro para
la libertad de prensa y la democracia británica". "Cualquiera en este
país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar
profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado
la extradición de Julian Assange a EEUU, el país que planeó su
asesinato", señala el portal en un comunicado.
"Julian no hizo
nada malo. No ha cometido ningún delito y no es un delincuente. Es
periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo.
Estaba en el poder de Priti Patel hacer lo correcto. En cambio, siempre
será recordada como cómplice de Estados Unidos en su plan para convertir
el periodismo de investigación en una empresa criminal", enfatiza
WikiLeaks.
