Ese ciclo político parece agotado. O, al menos, agoniza. Para muestra un ejemplo en clave local que dejó la jornada electoral de este domingo: Sa Unió (PP y Compromís amb Formentera) gobernará con mayoría absoluta en Formentera, después de tres legislaturas de rodillo progresista en el Consell Insular.
Sin embargo, en otras instituciones importantes, los populares necesitarán los votos de Vox: es el caso de Palma (Mallorca) o los Consells de Menorca y Mallorca. La misma situación se da en el Parlament, donde la candidata del PP, Marga Prohens, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta (tres, si contamos el escaño de Sa Unió) y necesitará los ocho del partido ultraderechista para alcanzar el poder en el Consolat de Mar.
Para investir a Marga Prohens como presidenta del Govern, es muy posible que el partido liderado por Jorge Campos (en la imagen) exija la Conselleria de Educación, uno de los ‘caballos’ de batalla ultraderechista por antonomasia. Pese a que la inmersión lingüística es un derecho consolidado tanto por el Estatut d’Autonomia como por la Constitución, Vox considera que es una muestra de “adoctrinamiento ideológico”.
“En este sistema educativo (...) se adoctrina ideológicamente y está prohibido escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado [el castellano], algo insólito que no sucede en ningún país del mundo”, afirmó Campos, en una entrevista en Diario de Mallorca, hace poco más de una semana.
Cabe recordar que cuando el último gobierno del PP en la Comunitat Autònoma planteó un escenario de conflicto en relación con el catalán, con el objetivo de derogar la normativa e impulsar el trilingüismo en la escuela pública, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá (2011-2015) tuvo que lidiar con importantísimas manifestaciones que le exigían que no recortara el uso del catalán en la educación pública. Al final, la Justicia tumbó los planes de Bauzá de acabar con la inmersión lingüística en catalán.
Campos (Palma, 1975), que es abogado de profesión, es conocido por haber denunciado al rapero Valtònyc, que le dedicó la siguiente frase: “Merece una bomba de destrucción nuclear”. En aquella época, Campos era presidente de Círculo Balear, una asociación de extrema derecha que fue el germen de lo que sería después Vox-Actúa Baleares.
Desde entonces, y durante los últimos cuatro años en los que ha sido diputado en el Parlament balear, Campos ha basado su discurso en denunciar el supuesto “pancatalanismo” de las Islas y los “chiringuitos” -aunque él tuvo uno con el Govern del PP-.
Arrinconar el catalán
A Vox no le gusta la ley de normalización lingüística de 1986. Aquella que, en su artículo uno, se compromete a hacer efectivo el uso progresivo de la lengua catalana en todos los ámbitos oficiales y administrativos, así como asegurarlo como lengua vehícular en la enseñanza, fomentar su uso en todos los medios de comunicación social o crear conciencia en la sociedad de la importancia de su conocimiento por parte de toda la ciudadanía.
Tal vez por eso Vox también se ha comprometido a cerrar IB3 -la televisión pública de les Illes Balears-, después que los trabajadores y trabajadoras de los informativos hayan conseguido terminar con la situación anómala que vivían desde que fuera fundada por el segundo Govern de Jaume Matas: desde febrero de este año forman parte del ente público, lo que puso fin a 18 años de externalizaciones con sucesivas productoras que explotaban los servicios informativos de la cadena que nació para vertebrar el territorio balear.
“Uno de los principales motivos es por el bien de los propios trabajadores”, aseguró Campos, en la misma entrevista. “Somos críticos con la continuidad de IB3 por su politización extrema y su sectarismo, y eso no es culpa de los trabajadores”, afirmó. Vox propone el cierre, según defiende, para ‘ahorrarse’ 40 millones de euros anuales e impulsar, en su lugar, políticas de promoción del sector audiovisual privado. “Tampoco querríamos una IB3 a las órdenes de Vox”, argumentó Campos.
En relación con el uso del catalán en la sanidad pública, parece más probable que el futuro Govern de Prohens pase a considerar la lengua propia de las Illes Balears un mérito, y en ningún caso un requisito, algo que el PP siempre ha defendido tanto cuando ha gobernado como cuando ha estado en la oposición. De hecho, la normativa que regula el uso del catalán ha ido cambiando con el paso de las legislaturas y los diferentes gobiernos.
Durante la primera legislatura del Govern de Francina Armengol (coalición entre el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca -ecosoberanistas de centro izquierda-), el Ejecutivo progresista aprobó la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. Esta ley, que incluye algunas excepciones, volvía a establecer el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública.
En la legislatura anterior (2011-2015), con la modificación de la Ley 3/2007 de la Función Pública del Govern Bauzá (PP), el catalán suponía un mérito, pero no un requisito, para los trabajadores sanitarios. Es altamente posible que si Prohens sale finalmente investida como presidenta del Govern, vuelva la normativa del Ejecutivo de Bauzá.
Desenfreno urbanístico como receta mágica
Vox también defiende el crecimiento urbanístico sin apenas límites como solución a los problemas de acceso a la vivienda. Las Illes Balears no han dejado de crecer demográficamente en las últimas décadas, así como el sector de la Construcción, algo que no ha servido para reducir los precios del suelo, que crecen hasta el punto de expulsar a las rentas bajas y medias del mercado inmobiliario.
La propuesta de Campos para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía balear es “simplificar todo lo que tiene que ver con la normativa urbanística que ha impedido la construcción, rehabilitación y reforma”, dijo el líder ultraderechista en la misma entrevista concedida a la prensa local. El objetivo de la medida sería construir entre 20.000 y 30.000 viviendas en Balears.
“Falta suelo para construir, y no es porque no haya, sino porque no se pone a disposición ni de la iniciativa privada ni de la pública”, defiende Vox, que considera que hay que seguir alimentando la industria de la construcción.
“Queremos que se pueda construir en todas partes, menos en los terrenos protegidos por sus valores medioambientales”, aseveró. Cabe mencionar que las competencias en materia urbanística son de los ayuntamientos que ordenan sus territorios mediante los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o instrumentos similares, siempre que sean coherentes con normativas de rango superior.
Todo está por decidir
Todo está por decidir. Prohens también ha dicho que aspira a gobernar en solitario, algo que solo podría conseguir si Vox se abstiene y rebaja sus exigencias de gobernabilidad -algo que no parece probable, pues ha ampliado su número de escaños-, o si los partidos de la izquierda llegan a algún tipo de acuerdo con el PP para investirla, a cambio de que los conservadores no cedan ante las presiones de los ultraderechistas.
El PP ya ha tendido públicamente la mano este martes al PSOE. “¿Ve viable que Prohens sea elegida presidenta sin que Vox forme parte del Govern?”, ha preguntado una periodista en IB3 Ràdio al senador popular José Vicente Marí Bosó. “Tenemos que preguntárselo a los otros partidos, al PSOE... Si quiere comenzar a hablar de políticas, de poder negociar leyes, con sentido común y responsabilidad”, ha respondido el político.
Un extremo que desde el PSOE rechazan: “No participaremos en este discurso. Quien tiene que decir claramente qué hará es el PP. Ellos decidirán si quieren gobernar con la ultraderecha o no”, ha comentado el conseller socialista Iago Negueruela.
Más abierto a esta posibilidad se encuentra Lluis Apesteguia, candidato de Més per Mallorca, que ha gobernado en coalición con los socialistas durante estas dos legislaturas: “No permitiremos que los neofalangistas accedan a las instituciones de gobierno”.
Por otro lado, la mayoría de los analistas hacen una lectura en clave nacional de los resultados de las elecciones del 28 de mayo. Tal vez detrás de ese análisis esté el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una comparecencia solemne, ha avanzado las elecciones generales para el 23 de julio.
Este hecho podría
condicionar la configuración
del futuro Govern, ya que el PP podría pensar que cerrar coaliciones
con Vox le podría hacer daño en plena campaña electoral para que Feijóo
alcance La Moncloa.