IBIZA.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Eivissa ha declarado nulo el
despido de una empleada del Instituto de Biología Animal de Baleares
(IBABSA), que llevaba más de 26 años trabajando en la empresa pública
dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, estimando
así una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Federación
de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
Así, la sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, obliga al Govern
a readmitir a la afiliada de UGT en su puesto de técnico medio
administrativo del área de producción animal del IBABSA en Eivissa y a
abonarle 96,32 euros diarios desde la fecha en que fue despedida hasta
su readmisión, lo que supone más de 27.000 euros.
Concretamente,
el Juzgado de los Social nº 1 de Eivissa argumenta que declara nulo
este despido de una trabajadora indefinida no fija, porque formaba parte
de un proceso colectivo y no individual llevado a cabo por el IBABSA al
que se debería haber aplicado el artículo 51 y 52c del Estatuto de los
Trabajadores.
Por tanto, UGT ha manifestado en un comunicado que
se tendría que haber realizado un ERE negociado con la representación
legal de los trabajadores y haber indemnizado al personal despedido, tal
y como, según ha recordado, defendió el comité de empresa del IBABSA
ante el Consejo de Administración de la empresa pública.
En este
sentido, ha señalado que la FSP-UGT defiende que las diferentes
sentencias emitidas por los Juzgados Sociales que anulan diversos
despidos en las empresas públicas, así como la reciente resolución de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB)
sobre un despido en la Agencia de Turismo de Baleares avalan su tesis de
que el proceso de restructuración del sector público realizado por el
Govern es "ilegal".
En este sentido, la organización sindical
considera "errónea y sesgada" la afirmación del Ejecutivo autonómico de
que tan sólo 131 personas han interpuesto demandas contra su despido, ya
que, a su juicio, "ha obviado" la demanda contencioso-administrativa de
la FSP-UGT admitida a trámite por el TSJB contra la totalidad del
proceso de reestructuración del sector público del archipiélago.
"El Govern no puede minimizar el problema que ha creado, porque si el
TSJB nos da la razón, pueden ser declarados nulos los más de 600
despidos realizados en el sector público por vulneración del derecho a
la negociación colectiva, por la ausencia de un plan de acción social de
acompañamiento que reduzca el impacto de las medidas y por la falta de
transparencia y objetividad con la que se han realizado estos despidos",
ha subrayado la FSP-UGT.
Además, espera que el TSJB comparta su
planteamiento sobre el "fraude de ley" con el que, en su opinión, se ha
llevado a cabo la reestructuración del sector público.
Finalmente, ha instado al Govern a "no vulnerar" derechos fundamentales
con la "excusa del cumplimiento del déficit y a reconducir la situación
hacia la negociación con los sindicatos de todo aquello que tenga que
ver con los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios
públicos.
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