PALMA.- La controvertida gestión de la Autoridad
Portuaria de Balears, gobernada durante 16 años por el exdirector Ángel
Matías, se refleja en los varapalos judiciales. Con la del Club Marítimo
de Maó, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dictado cinco
resoluciones donde tumba concursos de la APB.
Menorca se ha convertido
en un verdadero barrizal. La sentencia de Maó obliga a valorar las
ofertas presentadas hace ocho años sabiendo que la ganadora del
concurso, Trapsayates –controlada por los encarcelados Díaz Ferrán y De
Cabo–, no ha cumplido las bases y debe medio millón de euros, según publica hoy 'Diario de Mallorca'.
La sentencia del TSJB contra la adjudicación del Club Marítimo de Maó nace de unas conversaciones grabadas en las que el entorno del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, el histórico dirigente del PP Joan Verger, se ofrece para amañar el concurso si el club se aviene a dejar que Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual disfruten gratuitamente de dos amarres de gran eslora.
El presidente de la Autoridad Portuaria de
Balears (APB), José María Urrutia, ha transitado por todos esos mojones
desde su nombramiento en julio de 2011. Empresarios de la industria
náutica y miembros destacados del Partido Popular han transmitido al
president del Govern, José Ramón Bauzá, su malestar con el capitán de
navío en varias ocasiones. A estas demostraciones de indignación
"planteadas abiertamente", como la acontecida en febrero, Bauzá ha
respondido con un "tomo nota", explican las fuentes consultadas.
Las críticas se sustentan en dos pilares: la incapacidad para ´limpiar´ la Autoridad Portuaria y la desatención del sector y de algunas administraciones, como el ayuntamiento de Maó. Urrutia no ha conseguido desprenderse del exdirector del puerto, Ángel Matías, imputado en el caso ´Mar Blau´.
En vez de eso, el peso de Matías se hace cada día más
evidente después de los recientes ascensos de Jorge Martín a jefe de
área, Olga Peñalver y Toni Ginard a jefes de división, y Armando Parada a
responsable de departamento, todos ellos de su más estrecha confianza.
"¿Qué debe saber Ángel Matías para que le mantengan en la casa [ostenta
la jefatura de Planificación y Desarrollo]?", se interroga un conocido
empresario con intereses en el ámbito náutico.
Por otro lado, los industriales "no entienden" por qué la Autoridad Portuaria se mantiene "al margen" de la política estratégica del Govern. "La secretaria autonómica de Promoción Empresarial, Lourdes Cardona Ribas, ha establecido una mesa de trabajo con el sector privado (clubes náuticos, yates, marinas, reparación, etc...) y el público. La APB insiste en desoír las conclusiones de esta mesa de trabajo, por ejemplo, en la ampliación de concesiones y conversión del puerto de Palma en varadero para barcos de recreo de más de 65 metros", abundan.
Si los empresarios están enfadados, las instituciones no van a la zaga. El ayuntamiento de Maó constituye el ejemplo más evidente. El divorcio entre su alcaldesa, Águeda Reynés, y Urrutia es notorio. En la capital menorquina reprochan al presidente de la APB la gestión del dragado del puerto –paralizada tras la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente–, el retraso del vial de acceso del Cos Nou o la concesión del varadero.
Además, en Maó no se olvidan del "desplante" de Miami. En la capital estadounidense se celebró el pasado mes de marzo la feria de cruceros más importante del mundo, a la que acudieron autoridades de Balears y responsables de la APB. La cónsul española en Miami, Cristina Barrios, organizó una cena y convidó a la delegación balear.
Según
varios asistentes, Urrutia se ´olvidó´ de trasladar la invitación al
resto de la misión. Al día siguiente, Cristina Barrios le preguntó a la
alcaldesa de Maó por qué no había acudido a la recepción. La cónsul, una
amante ferviente de la ópera, quería conversar con Águeda Reynés sobre
las semanas dedicadas a este espectáculo organizadas por su
ayuntamiento.
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