El Tribunal de Cuentas apunta a la ilegalidad de los convenios que impliquen "un trato privilegiado"

MADRID.-   El Tribunal de Cuentas, mediante un informe que ha sido incorporado a las actuaciones del caso Nóos, no considera ajustados al ordenamiento jurídico, sin un adecuado respaldo legal, los convenios de las Administraciones públicas con particulares que impliquen la concesión de ayudas "singulares" o un "trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto su propia naturaleza excepcionan el principio de igualdad ante la Ley".

   A través de una moción elevada a finales de 2010 a las Cortes Generales con el objetivo de completar y sistematizar el marco legal de lo convenios de colaboración como los suscritos entre los gobiernos balear y valenciano con el Instituto Nóos, el organismo fiscalizador apunta a la frecuente falta de justificación de los gastos en el que la entidad privada firmante ha incurrido, lo que "no ofrece garantías de un correcto empleo de los fondos".

   Se trata de una de las problemáticas a las que el Tribunal de Cuentas alude en su extenso informe, al aseverar asimismo cómo, "por regla general", no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la participación de otras entidades en estos procesos, mientras que, "bajo la apariencia formal de convenios de colaboración", se han tramitado "auténticos" contratos administrativos, eludiéndose de este modo la aplicación de la legislación contractual.

   Tal y como pone de manifiesto el informe, pese al creciente empleo del convenio en la Administración y pese a que canaliza "importantes" cantidades de recursos públicos -en el marco de los hechos investigados en el caso Nóos fueron destinados hasta 5,8 millones de euros procedentes de las Administraciones-, esta figura jurídica "no ha sido objeto de una regulación sistemática en nuestro país" y se encuentra "dispersa en una multiplicidad de normas".

   En esta línea, subraya la repercusión que todo ello tiene sobre la gestión económico-financiera pues "no siempre la que se realiza a través de este instrumento se adecua a los principios de legalidad, eficiencia y economía", de modo que "se hace necesario (...) subrayar las lagunas e insuficiencias legislativas" al respecto, "con particular atención a las de índole financiera".

   Asimismo, indica que la aportación por parte de las instituciones públicas deberá perseguir "un fin común" a los firmantes y que deberá ser "de interés público".