MADRID.-  La economía sumergida alcanzará un valor 
total estimado de 195.600 millones de euros a finales de este año, lo 
que supone un 18,6% del PIB, ligeramente inferior al de 201.300 millones
 de euros (un 19% del PIB) contabilizado al cierre de 2012, según un 
estudio elaborado por Visa.
   Estos datos sitúan a España, junto con Portugal, en el tercer 
puesto entre los países de Europa Occidental cuya economía sumergida 
equivale a un porcentaje mayor respecto al PIB. Por volumen total de 
economía sumergida en euros, España sería el quinto país del ranking, 
por detrás de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.
   "La economía sumergida tiene un gran tamaño en España, que supera a
 las de la mayoría de los países de Europa Occidental, aunque se 
mantiene en un nivel similar al de la media europea (18,5%), un total de
 2,15 billones de euros", indica el informe.
   Según el estudio, el peso de la economía sumergida en España no ha
 cambiado sustancialmente respecto a los datos de 2008, y se concentra 
especialmente en los sectores de la construcción, industria, comercios, 
restaurantes e inmobiliarias.
   Los expertos señalan que la economía sumergida consiste 
especialmente en trabajos y en ventas no declaradas, y apuntan que, de 
centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas 
podría significar reducir la economía sumergida en España en unos 23.400
 millones de euros, un 11,6% del total estimado actualmente.
   Este tipo de práctica se concentra en los sectores de ventas de 
coches y recambios, bares y restaurantes, taxis, autobuses y transporte 
comercial, alojamientos de bajo coste, tiendas de venta no especializada
 y servicios de comedor y catering.
   La economía sumergida se fomenta debido al nivel impositivo 
relativamente alto y complejo para particulares y empresas y a la 
burocracia extendida y con bajos niveles de servicio, entre otras 
causas. También influye el hecho de que el 16% de los billetes de 500 
euros que circulan por Europa están en España.
   En este sentido, el director general para España y Portugal de 
Visa Europe, Luis García Cristóbal, ha explicado que está a favor de 
reducir el número de este tipo de billetes. "Cualquier medida que se 
adopte encaminada a reducir el efectivo la apoyaremos. Los pagos en 
efectivo son menos eficientes y más caros", ha dicho.
   Los autores del estudio destacan que incentivar los pagos 
electrónicos en un 15% ayudaría a reducir la economía sumergida en un 
9%. Esto podría conseguirse gracias a medidas como la instalación de 
Terminales de Puntos de Venta (TPVs en comercios pequeños), la 
devolución de impuestos por el uso de tarjetas en comercios o la 
obligatoriedad del uso de pagos electrónicos para operaciones a partir 
de un cierto importe hasta el uso y aceptación obligatorio de los pagos 
con tarjeta en todas las administraciones públicas.
   García Cristóbal ha resaltado que la economía sumergida también se
 fomenta con la reticencia a aceptar pagos con tarjeta por importes 
menores a 10 ó 15 euros en muchos comercios, así como la tendencia de 
algunos sectores como el de la construcción o el inmobiliario a demandar
 determinados pagos en efectivo.
   Para frenar el avance de la economía sumergida, el director 
general para España y Portugal de Visa Europa ha señalado que, pese a 
que se ha realizado una "buena labor" hasta ahora, es necesario seguir 
tomando medidas.
   "Es necesaria la actuación conjunta y coordinada de las 
administraciones públicas, entidades financieras, sistemas de pago y 
comercios para romper con el círculo vicioso del efectivo y luchar así 
de forma eficiente contra la economía sumergida", ha afirmado.
   Según ha explicado, la tendencia en España es positiva, ya que la 
economía sumergida se ha reducido en 10.000 millones de euros en los 
últimos cinco años, pero ha manifestado que aún estamos "a años luz" de 
países como Italia o Alemania".
   Por este motivo, ha ofrecido su colaboración al Gobierno y ha 
avanzado que Visa Europa está analizando las fórmulas de otros países 
para poder proponer medidas similares que aplicar en España.
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