PALMA.- La expresidenta del Parlamento balear Maria
Antònia Munar dispone de tres días para interponer recurso de súplica
ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Palma, que este miércoles ha decretado su ingreso en prisión preventiva
de la exdirigente de la extinta Unió Mallorquina (UM) por su elevado
riesgo de fuga.
Tras conocer la resolución de la Sala, que atiende a la petición
formulada esta misma mañana por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y
Pedro Horrach, un coche policial camuflado trasladó poco antes de las
15.30 horas a la acusada hacia el centro penitenciario de Palma. Al
abandonar la sede de la Audiencia, una veintena de ciudadanos que
aguardaban la salida del vehículo han proferido gritos de "ladrona" y "a
la cárcel".
Antes de que el tribunal decidiera sobre la solicitud del
Ministerio Público, la defensa de Munar se ha opuesto a la medida
alegando que la misma lesionaría el derecho a la libertad de su
patrocinada, puesto que la acusada dispone de arraigo en Mallorca,
cuenta con marido e hijo residentes en la isla, su madre, de 85 años,
depende de ella y sigue controles periódicos por el cáncer que ha
padecido. Los magistrados, sin embargo, han desestimado sus argumentos.
Y es que en su auto, el tribunal asevera que el "desalentador y
negativo" horizonte procesal de Munar lleva a concluir que el riesgo de
fuga por parte de la acusada "existe y es elevado", justificando de este
modo el agravamiento de las medidas cautelares contra la exlíder de UM.
En su resolución, la Sala, presidida por el magistrado Jesús
Gómez-Reino, recalca que además de las dos condenas que pesan sobre
Munar y que suman un total de 11 años y medio de cárcel, la exalto cargo
está sumida en cerca de una decena de procesos judiciales, de las que
se derivaría que se habría beneficiado ilícitamente, desviado fondos
públicos y cobrado comisiones, dinero que "probablemente estaría oculto
en el extranjero y podría utilizarlo para intentar fugarse".
Es por ello que el tribunal afirma en su auto, de ocho páginas,
que la pena de seis años de cárcel recientemente impuesta en el marco
del caso Can Domenge "no puede constituirse en el único argumento" para
considerar la posibilidad de que eludiese la acción de la justicia, sino
que también se enfrenta a otros cinco años y medio a los que fue
condenada en el llamado caso Maquillaje, a lo que se suma un panorama
procesal que "se presenta desolador".
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