PALMA.- La jueza instructora del caso Voltor, Carmen
Abrines, ha desestimado anular las actuaciones relativas a la
contratación con fondos públicos de militantes de Unió Mallorquina (UM)
que en realidad se dedicaban a trabajar para el partido, después de que
así lo solicitasen varios exdirigentes de la formación al serles
imputado al término de la instrucción un nuevo delito, el de asociación
ilícita, lo que consideran que les ha producido indefensión de cara al
juicio por estos hechos.
Mediante un auto, la titular
del Juzgado de Instrucción nº 10 de Palma rechaza la pretensión de
varios de los imputados al alegar que ya desde que fue abierta esta
pieza en el marco del caso Voltor, han sido interrogados expresamente
sobre su pertenencia al partido y en torno a la cadena de mando que
pudiera existir, resultado de lo cual se les atribuye ahora un delito de
pertenencia a asociación ilícita.
Se trata de un delito que contempla penas de entre uno y cuatro
años de prisión y que va dirigido a las asociaciones -en este caso UM-
que "tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas,
promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o
promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y
reiterada". Establece condenas de dos a cuatro años para sus fundadores o
directores, y de uno a tres años a los miembros activos de este tipo de
asociaciones.
Los encausados, entre ellos el expresidente de UM Miquel Àngel
Flaquer, el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca
(Cilma) y la excandidata 'uemita' a la alcaldía de Calvià María José
Rodríguez, plantearon un incidente de nulidad por entender que se les
produjo indefensión ante la inclusión del delito de asociación ilícita
en el auto que ponía fin a la instrucción de la causa. Así, pedían
retrotraer las actuaciones para que pudieran ser interrogados en torno a
este delito y defenderse del mismo.
Sin embargo, la magistrada alega en su auto que todos los
imputados ya fueron interrogados por estos hechos y más en concreto por
su pertenencia a UM, de quién recibían órdenes y a quién las daban, si
todo ello lo hacían para favorecer al partido, dónde se tomaban o si
participaban en reuniones, "sin que inopinadamente se les haya formulado
acusación por hechos desconocidos" sobre los que "no hayan sido
convenientemente interrogados".
Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado escrito
de acusación en el marco de este caso, en el que solicita ocho años de
prisión para la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament
Maria Antònia Munar -sobre quien ya pesan dos condenas que suman once
años y medio, una de ellas firme- por liderar una trama por la que
fueron contratados, con fondos públicos de la Institución insular,
militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar
votos en favor de la extinta formación nacionalista.
Junto a quien fuera dirigente histórica de UM, también está
previsto que otros 17 excargos y afiliados del desaparecido partido se
sienten en el banquillo de los acusados: para Nadal, Flaquer y el
exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, el Ministerio Público
pide siete años y medio de cárcel, mientras que para la exportavoz de UM
Catalina Julve y el exdirector general de Relaciones Institucionales
Josep Lliteres, entre otros procesados, solicita cinco años y diez
meses.
Las pesquisas se enmarcan dentro de la pieza diez del caso Voltor,
y apuntan a que, pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del
Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de
trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido. Es más,
los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como Nadal
favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de
la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca
Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria
ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver" con la contratación
de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su
secretaria personal y la del exconseller insular de Presidencia,
Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la
magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de
imputados.
Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus
investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de
distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se
dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
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