Ratifican que un hombre residente en Palma, y no reconocido por su padre, reciba una herencia millonaria

SEVILLA.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que acordaba que un camarero mallorquín de 60 años de edad que no fue reconocido por su padre, natural de Utrera, pueda recibir una herencia millonaria, valorada en más de dos millones de euros, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado contra la citada sentencia.

El demandante nació fuera del matrimonio tras la relación entre su padre y una sirvienta que trabajaba para él en su casa. El abogado del camarero, Fernando Osuna, expuso anteriormente que "los familiares adinerados, con mala fe, destruyeron los restos óseos que estaban enterrados en el cementerio para evitar la prueba del ADN porque temían que diera positiva", mientras que "tampoco se presentaron" en el Instituto de Toxicología de Sevilla para comparar su ADN con el de su cliente.
"Se trata de un curioso caso en virtud del cual no heredó en su momento un hijo por haber nacido fuera del seno del matrimonio", explicó el abogado, que agregó que su padre, "con un buen patrimonio", murió hace ya unos 15 años, "se negó a reconocerlo como hijo y a ayudarle económicamente", de forma que hizo testamento y no dejó bienes para el hijo extramatrimonial.
De esta forma, su cliente se tuvo que marchar a Baleares hace muchos años "a ganar dinero para poder vivir", residiendo actualmente en Palma de Mallorca, apuntó el abogado, que indica que la herencia se compone al menos de una finca rústica y viviendas. "Es posible que haya más patrimonio, pero puede ser que esté oculto", aseveró Osuna.

La Audiencia, entonces, rechazó el recurso de los hermanos de su cliente contra la sentencia de un Juzgado de Utrera que, tras cinco años de juicio, reconoció la condición de hijo biológico a este camarero mallorquín.
En la sentencia, la juez de Utrera destacaba el "extraordinario parecido físico" existente entre el camarero y los hijos reconocidos del fallecido y asevera que éstos tuvieron una actitud "claramente obstruccionista", reprochándoles el hecho de que mantuvieran una "negativa absolutamente injustificada" para no hacerse las pruebas de ADN.
Contra la sentencia de 20 de junio de 2017 de la Audiencia se presentó recurso de casación, que ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo, como se recoge en el auto de 4 abril de 2018 y contra el que no cabe recurso alguno.
El Supremo argumenta que el recurso de casación no puede prosperar por incurrir en causa de inadmisión por incumplimiento de los requisitos del recurso de casación. Además, incurre en causa de inadmisión por inexistencia de interés casacional, por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo invocada por depender de las circunstancias concurrentes en cada caso y cuya aplicación sólo podría conllevar "una modificación del fallo omitiendo los hechos declarados probados y eludiendo su razón decisoria.

Porque la Audiencia considera acreditadas las relaciones íntimas entre el padre y la madre del demandante, quien trabajó como sirvienta en la casa de aquél en la época de la concepción, a quien no se conoce ninguna otra relación y quien fue citada en el año 1964 para recibir indemnización por estupro contra éste, todo ella con negativa injustificada de los demandados a someterse a las pruebas biológicas, medio probatorio esencial, fiable e idóneo".

¿Cómo supervisan las universidades españolas los títulos de máster?

MADRID.- Cada año las universidades ofertan miles de másteres para que los alumnos puedan perfeccionar sus conocimientos y se especialicen en ámbitos concretos, pero ¿cómo supervisan las facultades que los alumnos han cumplido sus obligaciones para obtener el título? Varios centros consultados responden.

Estos títulos están de actualidad tras el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que investiga la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en sus notas.

La vicerrectora de Docencia de la Universidad Pompeu Fabra, Cristina Gelpí, explica que en el caso de su centro cada máster establece sus condiciones para superarlo, está formado por un conjunto de asignaturas y cada una de ellas tiene un "plan docente" que recoge los objetivos de las materias.

En ese plan se detallan "las reglas de juego" para superarlo y, aunque "no hay una fórmula única, por supuesto se garantiza que en todos hay un seguimiento de la actividad que realizan los estudiantes".

La autorización para impartir un máster, indica Gelpí, la realiza en su caso la Dirección General de Universidades y solamente se autorizan los que está previamente verificados, es decir, los que han pasado auditorías internas y externas.

"Si le preguntas a cualquier universidad, por lo menos catalana, te dirá que el control de calidad que se exige a un máster es muy alto, porque estamos auditados externamente", sostiene la vicerrectora de Docencia.

Señala que en la Pompeu Fabra, universidad que es de las pocas españolas que suele quedar en puestos relevantes en las listas internacionales, los másteres "no se modifican en función de la persona". Hay unas normas comunes en la universidad y unas específicas de cada máster, pero, insiste, "no hay adaptaciones ad hoc por la situación personal".

Subraya que las obligaciones de los estudiantes de másteres de la universidad catalana son las mismas que las de cualquier estudiante del centro, determinadas en la normativa académica publicada y aprobada por el consejo de gobierno.

Asistir a clase, si la enseñanza es presencial; un comportamiento "ético por encima de todo"; la producción y elaboración de los trabajos previstos; en definitiva, "unos derechos y deberes establecidos en cualquier normativa o estatuto, nada raro", indica Gelpí.

Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid afirman que la expedición de cualquier título oficial "se efectúa una vez que el sistema y el gestor del título verifican el cumplimiento de todos los requisitos académicos y administrativos por parte del estudiante, incluyendo, obviamente, el pago de las tasas de expedición del mismo".

Asimismo, sostienen que todos los títulos oficiales de la Autónoma "están aprobados antes de su implantación por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca), y cada uno de ellos cuenta con una memoria de verificación, que recoge todos los requisitos exigibles".

Las mismas fuentes resaltan que la normativa establecida para conseguir el título se detalla "exhaustivamente" en las guías docentes de cada título, que se encuentran disponibles en la web de la universidad madrileña.

Gelpí defiende la calidad de los másteres que se imparten al menos en el sistema universitario catalán. "Todos los que han pasado por un proceso de acreditación y verificación externos son de calidad, porque en eso estamos como sistema universitario catalán todos de acuerdo, ya que no nos hacemos ningún favor si nuestros productos no son buenos", añade.

Según la estadística del informe Universidades, centros y titulaciones curso 2017-2018 del Ministerio de Educación, los másteres han pasado a ser 3.540, cuando el pasado año eran 3.772. De ellos, 2.780 son de universidades públicas, y 779 de privadas.

Si se compara con el curso anterior, el número de másteres impartidos disminuyó en las universidades públicas (3.015 impartidos en 2016-17) y aumentó ligeramente en las privadas (776 impartidos en 2016-2017).

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).

Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.

Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).

En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.

Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).

Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.

En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.

En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 

Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 

“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.

Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 

Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.

Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.

De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 

El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?

Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.

Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Los ahorros no son suficientes

La previsión de gasto del Gobierno para 2018 se cifra en el 40,5% del PIB, cerca de los 490.000 millones. Según datos de la Intervención General del Estado, casi 130.000 millones se destinan a nóminas de las Administraciones; otros 200.000 millones para pensiones, desempleo y transferencias sociales; unos 30.000 millones van a intereses de la deuda; otros 30.000 para inversiones, y la cifra de subvenciones roza los 8.000 millones. 

Además, se desembolsan unos 60.000 millones para consumos intermedios, esto es bienes y servicios para la Administración. Gobiernos y expertos alegan que aunque se gaste con más eficiencia, los ahorros no son suficientes para atender las crecientes necesidades del Estado de Bienestar.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).

De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.

Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.

El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.

Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.

Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.

Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.

Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.

Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.

No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.

En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.

Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com. 

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.

Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 

El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.

Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente

Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.

Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.

El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.

La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 

Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 

Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

Todo lo que se necesita saber sobre las oposiciones de Correos

MADRID.- Este año tendrá lugar una nueva convocatoria para optar a una plaza en Correos y Telégrafos de España y aquí se puede consultar los requisitos para poder hacerse con una de las 1.869 plazas ofertadas, sumadas a las 2.345 acumuladas del año pasado. Se trata de una oposición general de ámbito nacional que convoca la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos para formar parte de su personal operativo. 

La oferta comenzó el pasado 28 de diciembre y las fechas se irán indicando en cada oferta de carácter local. 

Cuando se publiquen las convocatorias provinciales, se presentará el plazo de presentación de instancias, por las que habrá que pagar 10 euros. Ya se puede consultar en este enlace las Bases del Proceso de Consolidación de Empleo publicadas por Correos.

El temario consta de 16 unidades

- Unidad didáctica 1. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
- Unidad didáctica 2. Productos postales. Línea básica.
- Unidad didáctica 3. Productos postales. Línea urgente.
- Unidad didáctica 4. Productos postales. Paquetería.
- Unidad didáctica 5. Productos postales: línea económica.
- Unidad didáctica 6. Productos postales. Servicios financieros.
- Unidad didáctica 7. Productos postales: servicios de telecomunicaciones.
-Unidad didáctica 8. Productos postales: otros servicios y productos.
- Unidad didáctica 9. Procesos postales: admisión.
- Unidad didáctica 10. Procesos postales: clasificación.
- Unidad didáctica 11. Procesos postales. Distribución.
- Unidad didáctica 12. La calidad en los servicios postales.
- Unidad didáctica 13. Herramientas ofimáticas corporativas.
- Unidad didáctica 14. Aspectos básicos en Correos en materia de Seguridad en la información (LOPD), Prevención de blanqueo de capitales, Prevención de riesgos laborales, Igualdad y Relaciones laborales.
- Unidad didáctica 15. Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal.
- Unidad didáctica 16. Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Goirigolzarri se muestra «orgulloso del proceso de integración con BMN»

MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este lunes que la posible fusión de Bankia con BBVA o el Banco Sabadell, «es una leyenda urbana». «Nunca me he sentado con ningún colega ni español ni extranjero a negociar ningún tipo de fusión», ha aseverado.

Así, el directivo ha descartado cualquier operación de fusión a corto plazo de la entidad financiera nacionalizada, pero «uno nunca sabe lo que va a pasar a medio o largo plazo» y «en el mercado no se puede decir que no vaya a ocurrir», ha puntualizado.

Goirigolzarri ha realizado estas declaraciones durante un almuerzo informativo previo a la Junta de Accionistas que se celebrará este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, en el que también se ha referido al proceso de privatización de la entidad y ha señalado que el escenario que se plantean es el de «cumplir con la ley», que marca Bankia ha de finalizar su privatización a finales de 2019.

En este sentido, ha alabado el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que dispone de «muy buenos profesionales», y ha apuntado que es a ellos a quienes corresponde decidir si «hacer un proceso más acelerado con paquetes --accionariales-- más amplios, pero tienen que buscar el momento».

«Tienen un mandato, tienen que optimizar el precio y tienen un criterio profesional», ha insistido. El banquero ha señalado que aunque en septiembre-octubre la cotización de las acciones parecía «algo deprimida», este año comenzaron con ratios importantes y espera «en los próximos meses una mejora».

De hecho, se prevé un aumento de los tipos de interés para el segundo trimestre del año próximo por lo que cree que la privatización «se puede adelantar algo».

Inversores interesados en paquetes grandes

En este punto, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha agregado que «muchos inversores están interesados en entrar en paquetes grandes» y habrá que ver las «oportunidades de realizar descuentos».

Si en 2012 Bankia era un «activo marginal que no interesaba a nadie», ahora es una «franquicia excelente», ha asegurado el presidente de la entidad, quien ha explicado las líneas maestras del Plan de Estratégico para los tres próximos años que presentará este martes a los accionistas y con el que Bankia «aspira a convertirse en el mejor banco de España, el más rentable, el más eficiente y el más sólido».

Con este plan, prevé incrementar en tres años el nivel de la satisfacción sus clientes hasta el 92% y ganar 400.000 nuevos clientes; desarrollar su nivel tecnológico, hacer una buena gestión de riesgos y ganar relevancia en el mercado empresarial de las pymes.

Repartir 2.500 millones en dividendos

De este modo, en 2020, prevé tener unos beneficios de 2.300 millones de euros, una rentabilidad de doble dígito y generar capital de forma orgánica para repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros.

Esta hoja de ruta, que supone «el fin de una etapa y el comienzo de una nueva», ha subrayado, se basa en tres motores de crecimiento: aumentar las cuotas de productos de alto valor añadido, la fusión con BMN y el cumplimiento de todos los objetivos del Plan de Reestructuración que finalizó en diciembre de 2017, gracias a lo cual se verán «liberados» de las limitaciones que este establecía.

Situación en Cataluña: «Cuanto antes se normalice mejor»

En cuanto al traslado de las sedes de Caixabank y Sabadell a raíz de la incertidumbre política de Cataluña, Goirigolzarri considera que se trata de una «buena noticia para la Comunidad Valenciana», tanto desde el punto de vista de la imagen como por el potencial económico. «Me alegré mucho», ha admitido, porque «todo lo que es bueno para la Comunidad es bueno para Bankia», que tiene en esta región el 20% de su negocio.

En su caso, ha dicho, apenas notaron durante «una semana» el impacto de la crisis catalana. «Y desde el punto de vista bancario no estamos viendo nada extraño, es un momento de gran normalización», ha señalado.

No obstante, ha manifestado que «cualquier solución a la situación en Cataluña debe pasar por el respeto de la ley, del Estado de derecho y de la Constitución Española», y desea que «cuanto antes se normalice» la situación, porque «sería mejor para todos, para España y para Cataluña».

En cuanto a la devolución de los más de 22.000 millones en ayudas públicas que Bankia recibió del Estado, Goirigolzarri ha asegurado que se están «dejando la piel» para que los contribuyentes las recuperen y ha señalado que Bankia habrá devuelto 2.863 millones tras el dividendo que se abonará este mes.

No obstante, ha hecho notar que «la gente parece olvidar lo que pasó hace seis años» cuando se solicitó el rescate bancario. Todas las ayudas pasaron por un procedimiento «reglado», ha dejado claro.

«Orgulloso del proceso de integración con BMN»

Finalmente, José Ignacio Goirigolzarri se ha mostrado «orgulloso del proceso de integración con BMN» y no solo ha descartado la pérdida de clientes, sino que ha confiado en que «va a haber 500.000 clientes de BMN encantados porque a partir del segundo trimestre no van a pagar comisiones».

En este punto, preguntado por las «quejas» que se han recibido en Baleares durante los últimos días en cuanto a banca online y en la atención en oficinas, Giorigolzarri ha defendido que «una integración es siempre muy compleja» tanto desde el punto de vista técnico como humano.

En este caso, se han cambiado miles de dispositivos y cajeros, además de modificarse claves de clientes, por lo que, «por supuesto» que se han creado colas durante unos días y hay mecanismos que han registrado incidencias, por no ha habido un «aumento significativo» de los problemas, ha aseverado.

Andalucía y Baleares, dispuestas a prescindir de los préstamos de Montoro

MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.

Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".

Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 

Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.

El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 

A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.

Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.

En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 

Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.

Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 

Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Indignación en 'Aena' con el portazo de 'Prosegur' a sus principales licitaciones

MADRID.- Las condiciones del nuevo pliego para la contratación del servicio de seguridad de AENA se han presentado esta semana con bastante polémica. El líder del mercado Prosegur ha cerrado la posibilidad de optar a estos concursos alegando sus precios tan bajos que no los hacen rentables mientras que el gigante sueco Securitas, que gestiona aeropuertos por todo el mundo, tampoco se ha presentado y abandonó los aeropuertos españoles en 2016. Eulen, tercera en discordia que sufrió una huelga en El Prat en pleno agosto 2017, ha reducido drásticamente su interés, según revela www.vozpopuli.com.

Las críticas de las grandes al precio ofertado por AENA han sentado mal en el operador aeroportuario, algunos de cuyos directivos han manifestado al resto de compañías de seguridad el cabreo con el portazo -injustificado según su punto de vista- que ha dado Prosegur al operador semipúblico. 

Actualmente la compañía de la familia Revoredo es la adjudicataria de Barajas, Alicante, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Ibiza... las adjudicaciones más grandes excepto Barcelona, Málaga y Palma. 

Maneja un tercio del presupuesto de AENA para seguridad privada, por valor de 155 millones. Ahora sólo se ha presentado a dos lotes de Alicante y Sevilla.

Prosegur ha asegurado que "nos encantaría habernos presentado a más, pero no ha sido posible". AENA no ha querido confirmar la indignación que sí han manifestado sus directivos en reuniones con compañías del sector. 

Y mientras tanto, el resto de empresas observan este plantón de las grandes y ven como en los concursos pueden entrar algunas compañías con menos pulmón financiero y sin experiencia en aeropuertos.

Algunas de las compañías que sí se han presentado por ejemplo a Barajas y El Prat son Ilunion (de la ONCE), Ombuds, Eulen, Sureste, ICTS o la empresa mallorquina especializada en blindados Trablisa.

Muchos riesgos

Fuentes empresariales consultadas aseguran que la huelga de vigilantes de Eulen del año pasado ha puesto a las grandes sobre aviso: una gran concesión puede convertirse en un gran problema reputacional si se sigue el ejemplo de la huelga de Eulen el pasado verano, que produjo un caos en uno de los picos de trabajo del año. "Simplemente han pensado que a este precio no les compensa tomar el riesgo con todos los problemas que supone la gestión de un gran aeropuerto". 

Consultada por este diario, AENA recuerda que ha incrementado un 26% el presupuesto de los concursos con respecto actual "para incorporar los pluses que acordaron los sindicatos" tras el conflicto en el aeropuerto de Barcelona en el que se pactaron mejoras salariales para los vigilantes, con sueldos base próximos a los 1.000 euros mensuales. Pero las grandes piensan que aunque la licitación ha aumentado, el incremento de precio no cubre los incrementos de coste que va a haber. "Hay una parte técnica y luego una subasta donde se va a precio", argumentan.

Los sindicatos avisan

Desde los sindicatos también señalan que de facto AENA está incumpliendo los acuerdos llegados con los sindicatos y la patronal en una mesa de trabajo durante el otoño pasado. Alternativa Sindical ha señalado que AENA "contrata 100% a precio y que pone en situación de vulnerabilidad "a los más de 6.000 vigilantes que trabajan en sus instalaciones. No es posible que sea la propia administración pública la que esté generando precariedad laboral", argumentan.

Por su parte UGT ha enviado una carta a Jaime García-Legaz, presidente del operador público, para advertirle de esta situación. El directivo murciano entró en la compañía en octubre de 2017 tras haberse curtido durante años primero como economista de doctrina liberal en la Fundación FAES de José María Aznar, como diputado del PP y finalmente como secretario de Estado de Comercio. Tras su llegada AENA, aseguran, ha endurecido sus criterios.

Este "puño cerrado" de AENA se produce además, destacan los sindicatos, en unos años en que sus resultados son óptimos. En febrero cumplió tres años en Bolsa en los que la acción ha subido un 176%. 

Es ahora mismo una de las joyas de la corona del sector empresarial público español y cada anuncio de nuevos récords en el turismo español, cada nueva línea que Ryanair abre desde los aeropuertos españoles supone dinero automático en su caja a través de las tasas aeroportuarias. En 2017 AENA ganó 1.232 millones y aumentó su dividendo un 70%, del que el Estado se embolsó 500.

"La previsión es de que el tráfico en los aeropuertos siga subiendo y todo ello quiere hacerse sin mejorar las condiciones de los que velan por la seguridad", concluyen.

Pensionistas, egoístas y demagogos / Julio Carabaña *

Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes. En estos mismos años, la pobreza de los pensionistas ha venido a menos mientras la pobreza del resto de la población iba a más, llegando esta a doblar la de los pensionistas.

Las pensiones de jubilación pueden verse como transferencias de los que están en situación de trabajar (potencialmente activos) a los que no lo están, la mayor parte por su edad. Los que piden una subida general de las pensiones están diciendo que los pensionistas tienen derecho a más y los potencialmente activos, a menos. ¿Es esto así? Consideremos primero la cuestión de derecho (¿cuánto debe transferirse?) y luego la cuestión de hecho (¿cuánto se está transfiriendo?).

¿Cuánto deberían recibir los retirados de los potencialmente activos? Como punto de partida, parece razonable estipular que los dos grupos tienen derecho al mismo nivel de vida, y que, por tanto, las pensiones deberían igualar la renta media de unos y otros. No solo es este un criterio razonable, sino que se aproxima mucho a lo que ocurre en Europa, nuestro modelo habitual.

Eurostat nos pone fácil comprobarlo. La oficina europea de estadística ofrece estimaciones de la renta disponible equivalente desde mediados de los años noventa para diversos grupos de edad. La renta disponible equivalente, o por unidad de consumo, se considera un indicador preferible a la renta per capita porque tiene en cuenta el tamaño de los hogares; Eurostat cuenta el primer miembro del hogar como 1, el segundo como 0,7 y el resto como 0,5 (escala OECD). Al tomar grupos de edad, asumimos un error ignorando a la gente entre 16 y 64 años que no puede trabajar, pero aun así es una aproximación razonable.

Y bien, ¿qué encontramos? A mediados de los años noventa, en la Europa de los Quince las personas mayores de 64 años tenían una renta media igual al 87% de la renta de las personas entre 16 y 64 años; en Reino Unido esa cifra era del 73%; en Finlandia, del 82%; en Alemania, del 90%. 

Hace unos diez años, justo antes de la crisis, en el conjunto de la zona euro la renta media de los mayores también equivalía al 87% de la renta de los de 16 a 64 años; en Reino Unido la razón era del 75%; en Finlandia, del 74%; en Alemania, del 87%. En 2015 (último año para el que hay datos), las cifras han cambiado a 96% en la zona euro, a 86% en Reino Unido, al 86% en Finlandia y al 85% en Alemania. 

Es decir, durante los últimos veinte años parece haber dominado en Europa el criterio de que los maduros cumplen con transferir a los mayores una renta algo menor que la suya.

¿Se aparta más España del criterio de igualdad que Europa? Las mismas tablas de Eurostat nos lo dicen. En 1996 la renta de los mayores de 65 años era el 92% de la renta de maduros, por encima de la media europea. Desde entonces, ¿ha habido cambios perjudiciales para los pensionistas? 

En los años siguientes hasta 2007, es decir, en el período de mayor crecimiento económico, la renta media de los maduros aumentó más que la renta media de los mayores, reduciendo la ratio entre ambas al 85%, más o menos en la media de la zona euro. Durante los años de crisis la renta media de los mayores se ha mantenido constante, mientras la renta de los maduros ha descendido, quedando incluso un poco por debajo; para 2015, las cifras exactas que da Eurostat son 16.086 euros por cada mayor de 64 y 15.842 por cada persona entre 16 y 64 años. Es decir, aproximadamente una razón de uno a uno.

Para completar el panorama, podemos tener en cuenta a los menores de 16 años; durante todo el período que va de 1996 a 2015, la renta disponible de los estos jóvenes se ha mantenido en torno al 90% de renta de los maduros y en 2015 era un 10% inferior a la renta de los mayores.

Puede objetarse que los pensionistas no protestan por el nivel medio, sino por la desigualdad, y en particular por las pensiones más bajas. Pues bien, es sabido que la desigualdad entre los pensionistas es menor que entre la población potencialmente activa. Ello se debe a que hay menos pensionistas ricos, pero también a que hay menos pensionistas pobres.

Veamos otra vez los datos de Eurostat, que muestran las siguientes tasas de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) por edades. Entre 16 y 64 años: 18% a mediados de los años noventa, 17% a mediados de la década pasada, 23% en los años posteriores a la crisis. Para la población mayor de 65 años: 16% a mediados de los años noventa, 29% en los años anteriores a la crisis, 12% en los años tras la crisis. El 23% es la tasa de pobreza más alta de los últimos veinte años para los potencialmente activos y el 12% la más baja para los retirados. 

Exactamente al contrario ocurrió antes de la crisis, cuando las tasas de pobreza de los jubilados llegaron al 29%. En cuanto a los menores de 16 años, su riesgo de pobreza estuvo en torno al 25% desde los años noventa a la crisis, pero con esta subió al 29%, tan alta como la de los mayores de 64 en sus peores momentos.

A nadie se le ocurrió pedir más para los pensionistas en los momentos en que su situación relativa empeoraba (los de la burbuja); quizás fuera porque al compararse consigo mismos sentían que iban mejor, sin importarles que a los jóvenes les fuera mejor todavía. Pero justo cuando su poder adquisitivo medio es más o menos igual que el de los activos y hay entre estos muchos más pobres, los pensionistas llenan las grandes avenidas reclamándoles más. Parecen bastante egoístas, pero también debe de haber ingenuos que se dejan manipular por demagogos. 

A estos, a los demagogos, les corresponde una mayor responsabilidad por el desatino, pues saben, o deberían saber, que si la renta relativa de los pensionistas empeora cuando las cosas van bien y mejora cuando van mal es porque los gobiernos protegen las pensiones del ciclo económico. Y saben también que eso mismo es lo que harían ellos si gobernaran.

Los pensionistas han quedado al margen de la crisis; deberían esperar un tiempo hasta beneficiarse del crecimiento. Podrían esperar, por ejemplo, hasta que los niños los igualen en rentas medias y en tasas de pobreza.

(*) Catedrático de Sociología (emérito) en la Universidad Complutense de Madrid.

 https://elpais.com/elpais/2018/04/08/opinion/1523188481_698247.amp.html

El master de Cifuentes hunde la convención del PP / José Hervás *

Decenas de dipu­tados po­pu­lares que han asis­tido el fin de se­mana a la con­ven­ción del Partido Popular en Sevilla están in­dig­nados con la to­davía pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Critican en pri­vado con du­reza que no haya adop­tado la de­ci­sión de di­mitir ante el gra­ví­simo pro­blema de imagen que ha pro­vo­cado en el par­tido. 

Les parece un intento suicida tratar de buscar pistas en las redes del que los colaboradores más próximos de Cristina Cifuentes califican de ‘montaje’ contra la presidenta de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com, este intento solo serviría para alargar el proceso, mientras Ciudadanos sigue cosechando votos populares. Cuanto más se hunda Cifuentes más crecen ellos.

El problema no está en saber quien ha difundido todo lo que se sabe sobre las irregularidades del master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuando la Universidad admite que se ha falseado el título, que las firmas que lo acreditan son falsas, que el tribunal no existió, que dos asignaturas suspendidas figuran después con notable, que el director del curso dice en una entrevista a la SER que se vio obligado por el Rector a buscar una salida digna para la presidenta, que Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de que se iniciara el curso, que no asistió a las clases cuya presencia era obligatoria, que no hubo exámenes, que el tribunal que firma el título denuncia que no existió tal tribunal, y cuando no ha aparecido el trabajo fin de máster, trabajo que lleva acreditado la parte fundamental de los créditos del mismo, de poco vale quien haya ‘mecido la cuna’ para que se conozcan todas estas irregularidades.

La conclusión para un destacado grupo de líderes populares es que un servidor público no puede mantenerse por más tiempo en estas condiciones en su cargo. Añaden el temor adicional ahora, de que cuando aparezca el trabajo, si es que aparece, evidencie que está lleno de plagios.

No lo descartan porque, añaden, que para una persona con el nivel de ocupación como el de una delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacer un trabajo de 60-80 páginas no resulta sencillo.

El daño se está haciendo no solo a las expectativas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sino a todo el partido que estaba empeñando todo su esfuerzo y compromiso en transmitir una nueva imagen de regeneración y lucha contra la corrupción.

Este desmoronamiento de la imagen llega en un momento de agudización de la crisis catalana en la que hace falta el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas cuyo enfrentamiento en Madrid hace imposible ningún acuerdo de ámbito nacional.

El tuit que emitía, Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a mediodía del domingo amenazando tanto al equipo de Gabilondo como al de Pedro Sánchez asegurando que “tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía”, no pasa de una amenaza a la desesperada.

Su conclusión en el mencionado mensaje de que “la moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama” no pasa de ser otro intento más por no afrontar la equivocación mayúscula de la presidenta desde una posición de humildad y de asumir que cuando se comete un error existe la palabra dimisión.

Permitir que durante semanas, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, sigan hurgando en la herida de esta equivocación del ‘máster fantasma’ supondría añadir más equivocaciones a las muy graves ya cometidas. Como ha resumido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ‘si no tiene el máster, nos ha mentido’, y la conclusión sería más que evidente. A buen entendedor con pocas palabras basta. Alguien tendría que decirle ‘basta ya’.

(*) Periodista