La compraventa de vivienda por parte de extranjeros sigue en aumento

MADRID.- La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros ascendió a 49.553 operaciones en el segundo semestre de 2017, lo que supone un incremento del 14,1% en relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Notariado.

Así, las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el 19,5% del total de las operaciones de compraventa realizadas en el semestre, con lo que rondan por quinto año consecutivo el 20% del volumen de mercado.

Diferenciando entre extranjero residente y no residente, el 46,9% de las compraventas fueron realizadas por extranjeros no residentes, que aumentaron un 8,8%, frente al alza del 6,5% en la primera, en tanto que las operaciones de extranjeros residentes supusieron el 53,1%.

Todas las comunidades autónomas mostraron avances en el número de transacciones de vivienda libre por parte de extranjeros. Once autonomías registraron incrementos superiores a la media nacional (+14,1%), destacando Extremadura (+54,9%), Cantabria (+38,3%) y Navarra (+34%).

Con ascensos de entre el 20 y el 30%, y de más a menos, se situaron Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, País Vasco, Murcia y Asturias, mientras que en la Comunidad Valenciana (+19,8%) y Castilla y León (+15,7%) las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros avanzaron algo menos del 20%, pero por encima de la media nacional.

En cambio, se registraron incrementos inferiores a la media nacional (14,1%) en las seis autonomías restantes: Andalucía (+12,8%), Galicia (+9,8%), Canarias (+8,7%), Baleares (+5,3%) y Aragón (+2,8%). 

Por último, se sitúa Cataluña (+2,5%), que refleja un notorio enfriamiento desde el 19,8% registrado durante la primera mitad del ejercicio.

Las regiones con mayor peso de las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros fueron Baleares (40,5%), Canarias (37,6%), Comunidad Valenciana (37%) y Murcia (28,4%), mientras que supusieron un 10% o menos en el centro peninsular y la Cornisa Cantábrica: Aragón (+10%), Navarra (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,9%), País Vasco (+5,5%), Asturias (+5,4%), Cantabria (+5%), Castilla y León (+4,8%), Galicia (+4,5%) y Extremadura (+3,8%). Andalucía (+19,2%) y Cataluña (+18,4%) vuelven a situarse nuevamente en torno a la media y Madrid (+12,2%) varios puntos por debajo.

Suben los precios

De su lado, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros se situó en 1.717 euros, lo que supone un incremento del 5,7% en tasa interanual, casi el doble que en el primer semestre.

En concreto, el precio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 8%, hasta los 2.027 euros el metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas compradas por extranjeros residentes creció un 4,6%, hasta los 1.420 euros.

El mayor precio medio pagado por los extranjeros no residentes respecto a los residentes viene sucediendo ininterrumpidamente desde principios de 2014, y ambos se situaron por encima del alza del precio del comprador nacional (+3,8%).

Mientras que el número de compraventas por parte de extranjeros creció en todas las comunidades en la segunda mitad del año, la evolución de los precios fue mucho más dispar, al caer en tres autonomías –La Rioja (-7%), Castilla-La Mancha (-6,7%) y Navarra (-3,3%)– y subir en las 14 restantes, destacando Extremadura (+44,8%).

Las nacionalidades con mayor dinamismo en el mercado de vivienda libre, durante el segundo semestre, fueron Marruecos (+35,6%), Ecuador (+32,9%) y Portugal (+32,6%) y se constató la recuperación de la actividad de los británicos (+7,8%), que tras el referéndum de salida de la UE habían reducido notablemente sus compras (23,6% en el segundo semestre de 2016 y una caída del 16,1% en el primer semestre de 2017).

En cuanto a los precios, se produjo una notable variabilidad entre países. Entre los extranjeros residentes se observaron incrementos de precios en general –destacando argentinos (15,6%) e italianos (14,1%)–, pero disminuyeron entre suecos, daneses y, sobre todo, irlandeses (-21,2%) suizos (-14,5%) y holandeses (-10,2%).

Entre los no residentes se dispararon los precios pagados por ecuatorianos (107,0%) y, en menor medida, argentinos (29,1%) y daneses (23,1%), mientras que cayeron entre portugueses (15,0%), estadounidenses (-9,3%) y rusos (-1,6%).

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.

La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 

De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.

El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.

Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.

“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.

Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.

Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.

Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.

Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".

Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.

A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

Rivera supera a Podemos en la defensa del soldado-funcionario de más de 45 años

MADRID.- Albert Rivera, después de encabezar las causas salariales de guardias civiles y policías, también se ha puesto al frente de las aspiraciones del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al asumir en el Congreso postulados de asociaciones de militares hasta ahora solo amparados por Podemos. Ciudadanos va incluso más allá y propone la figura del soldado-funcionario, al defender que los contratos de larga duración se prolonguen más allá de los 45 años y que los interesados, aunque no asciendan ni se especialicen, tengan garantizado un puesto de trabajo con cargo al Estado hasta su jubilación ordinaria, según relata hoy El Confidencial.

La subcomisión creada en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas registra las primeras consideraciones de los grupos parlamentarios, basadas la mayoría en mejorar las condiciones de la carrera para soldados y marineros, pero dejando en segundo plano las necesidades operativas de los ejércitos. Podemos pretende 'cuadrar' las subidas salariales y el problema del envejecimiento de las tropas con una posterior reducción general de sus efectivos que, a su juicio, debería abordar la Cámara antes de que termine la legislatura.

En el caso de Ciudadanos, sus aportaciones se basan en las propuestas de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Ambos grupos plantean al Ministerio de Defensa la suspensión de la normativa vigente en el límite de edad (45 años) para permanecer en las FAS cuando el soldado o marinero no logra una plaza permanente por el pase a una escala superior o consigue acceder a una de "compromiso permanente" (hasta los 58 años) reservada para especialistas.

El 85% de los 76.000 soldados y marineros con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas tiene contratos temporales o de larga duración con el tope en los 45 años. Las pocas plazas de ingreso ofrecidas durante la crisis, más las escasas salidas voluntarias por la situación laboral, han disparado la edad de la tropa hasta los 33 años de media y existe la amenaza de superar los 35 en breve. Es una tendencia que alarma en el Estado Mayor, desde donde piden de entrada rebajar la edad máxima de acceso a las FAS hasta los 25 años.

El ministerio trabaja en un plan de formación profesional, titulaciones y reserva de plazas en otros ámbitos de la Administración para paliar las salidas forzosas de soldados sin posibilidades de entrar en el mercado laboral 'civil' que se tienen que conformar con los 7.200 euros anuales que reciben los acogidos a la fórmula de la reserva "de alta disponibilidad". Pero al mismo tiempo consideran letal para el modelo de Ejército y la operatividad de las unidades alentar la idea del soldado-funcionario.

En el texto presentado en la subcomisión, Ciudadanos propone eliminar el tope de los 45 años y abrir la posibilidad de que "la tropa y marinería alcance con carácter general la edad necesaria para pasar a la reserva, al igual que ocurre con oficiales y suboficiales". En cualquier caso, el partido de Albert Rivera sostiene que el Gobierno debe ocuparse de "implicar" a otros ministerios y "otras administraciones públicas" para garantizar una salida laboral a los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas.

El alineamiento de los 'riveristas' con Podemos en la reforma del régimen profesional de los militares ha obligado a los representantes del Grupo Popular en la subcomisión a apelar al tradicional consenso que han mantenido con el PSOE en materia de Defensa en las últimas legislaturas, tanto con gobiernos del PP como socialistas. De hecho, el régimen de personal de las Fuerzas Armadas actual data de 2006, cuando era ministra Carme Chacón.

Fuentes del partido en el poder confían en llegar a un acuerdo con los socialistas, "que sí tienen sentido de Estado", para que la citada reforma se haga sin perjuicios para la seguridad nacional y la operatividad de los ejércitos.

Julio Rodríguez, el ex JEMAD de Podemos: "Las Fuerzas Armadas son insostenibles"

MADRID.- Julio Rodríguez (Orense, 1948), Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), relata hoy en www.vozpopuli.comcómo se incorporó a Podemos en 2015 después de haber ocupado el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del Rey. 

En el libro que acaba de publicar 'Mi patria es la gente' (Península, 2018) relata su trayectoria vital y profesional, desde los tiempos de su juventud cuando votó al PCE en las primeras elecciones democráticas  de 1977 y le apodaban Julito, el Rojo' por sus ideas políticas. 

Además, narra episodios desagradables que le han ocurrido desde que decidió aceptar la propuesta de Pablo Iglesias para ingresar en el partido con el que concurrió como candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016 sin lograr escaño.

En la entrevista que concede a Vozpópuli plantea una reducción progresiva del personal de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades actuales; analiza el futuro de Podemos tanto en Madrid como a nivel estatal y la relación con el PSOE; y desgrana su visión de la monarquía y del rey Felipe VI.

- Usted conoce bien las Fuerzas Armadas por dentro. ¿Cree que sobra personal?

- Yo hablo de que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tanto en capacidades de personal como en capacidades operativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo son unas Fuerzas Armadas insostenibles. Tenemos una deuda tremenda y no se puede ir alargando la solución hacia el futuro. Como son alimentadas por los Presupuestos Generales del Estado, hay que establecer prioridades. Y el debate de la seguridad hay que abrirlo de una manera transversal. La sociedad civil, si quiere sentirse más segura con el instrumento militar, tiene que poner recursos. Y esos recursos los tiene que detraer de otro sitio.

- ¿Pero habría que rebajar el número de militares?

- Hay que redimensionarlas. Ahora en los conflictos se utilizan instrumentos distintos a los que se utilizaban hace cinco o diez años. En cuanto a sistemas de combate, aviones, profesionales, drones, pilotos o sistemas de armas.

- Es que en su libro plantea que hay que pasar de los 140.000 efectivos máximos actuales a una horquilla de entre 103.000 y 108.000, distribuidos entre 70.000 y 80.000 soldados y marineros, y entre 33.000 y 36.000 mandos.

- Pienso que todo el sistema de personal es un proceso que requiere diez años como poco. No puedes pasar de 140 a 100 en un año. Es un proceso que empieza por la entrada en las academias y acaba con la cúpula. Es un proceso que tienes que empezar reduciendo y eso requiere programas y mentalidad a largo plazo. Es algo que hay que hacer con progresividad.

- No le gustó el discurso que pronunció el rey en octubre con la crisis de Cataluña. En su libro repasa el papel de don Juan Carlos en el 23-F. ¿Son comparables?

- Critico el discurso pero no lo comparo con el 23-F. Yo siempre valoro las circunstancias y el contexto. La del 23-F fue una actitud que era la que se debió tomar. Había unos poderes fácticos que existían claramente. Luego, la conducta del rey emérito que le llevó a abdicar fue otra decisión que podríamos entrar a valorarla; es verdad que entraron nuevos aires a la monarquía. El mismo Pablo Iglesias lo dijo.

Y cuando juzgamos la actitud desde el punto de vista personal que tomó con respecto al discurso de Cataluña, hago más una crítica al Gobierno. Como los discursos del rey los debe escribir el Gobierno, si eso fue una decisión del Gobierno del PP, fue una decisión que utilizó a la institución. 

Pero (al rey) yo le critico el lenguaje personal que tuvo, el no ocupar el papel que le correspondía de mediador –que hubiera sido más útil-. Desde ese punto de vista, lo considero como un error.

- A renglón seguido dice en el libro que otra "metedura de pata" podría poner encima la mesa el debate sobre la monarquía.

- Digo que la institución, igual que tenía una cierta credibilidad con el anterior rey, hay riesgo de que errores de este tipo la pongan en riesgo. Es un debate que está ahí pendiente. Una institución que puede jugar un papel como en otros países, si entra a marcarse políticamente, puede poner en riesgo la institución. En una institución democrática, alguien podría poner en duda cómo el rey -el jefe del Estado- no es elegido democráticamente. Si encima actúa políticamente…

- ¿Qué propondrían?

- En un proceso constituyente hay que modificar la Constitución. Igual que hace unos años se planteó por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que llevo cuatro asuntos al Consejo de Estado. Este proceso puede ampliarse y puede que ese debate se abra.

- Usted dice que si se volviera a redactar ahora el artículo 8 de la Constitución, probablemente se enunciaría en otros términos.

- Yo siempre digo que hay que leer la Constitución entera y también hago referencia al artículo 97, que dice que están sometidas al poder civil. Eso es lo que ya ha calado, el espíritu del constituyente. Pero si existe alguna ambigüedad, hay que modificarlo para clarificar. Este no es un motivo por sí sólo para cambiar la CE, pero si se producen cambios, hay que hacerlos formalmente y resolver ambigüedades. Y si este es uno de ellos, habrá que hacerlo.

- ¿Pero las Fuerzas Armadas deben garantizar la unidad territorial, no?

- Están sometidas al poder civil. Si se lee como me está insinuando, que ellas pueden actuar, hay que leer la Constitución entera. Y está claro que no pueden actuar de una forma autónoma, por sí solas. Si el poder civil decide utilizar el instrumento militar porque hay un invasor extranjero, o porque decide poner un estado de excepción o de sitio, es una responsabilidad política, pero no una responsabilidad que autónomamente puedan tomar las fuerzas armadas.

- Critica al Gobierno por el discurso del Rey. Pero en su libro también reprocha duramente cómo gestionó el Ejecutivo su baja como general de la Reserva tras fichar por Podemos. ¿Hay un cierto ajuste de cuentas con Pedro Morenés?

- No es un ajuste de cuentas. Explico cómo se produjo el cese. No quise explicarlo en aquel momento en que estábamos en campaña, porque no quería utilizar como había hecho el Gobierno una decisión para utilizarla como denuncia. Yo creo que fui leal. Lo hice dentro de la legalidad. En este sentido, le critico su reacción visceral, que puede tener cualquier ciudadano individual, pero él era un representante del Gobierno; era un ministro. 

Por tanto, la visceralidad tenía que haberla puesto a un lado. Que le produjera un efecto sorpresa, lo entiendo, pero que reaccionó visceralmente como diciendo 'algo hay que hacer', para alguien que había pedido la baja de forma voluntaria; que se diga que se le cesa por 'falta de idoneidad' era algo totalmente fuera de lugar.

Hacienda fracasa en la fusión de ayuntamientos: hay seis más que en 2013

MADRID.- 'La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado'. Así de tajante se muestra un artículo publicado en Reala, una revista editada por el propio Ministerio de Hacienda. El trabajo cuestiona la escasa eficacia de la ley, aprobada en su día por el ministro Montoro, que pretendía acabar con el minifundismo local en España, donde conviven 8.124 ayuntamientos, de los cuales nada menos que el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, algo que, en muchos casos, los hace insostenibles. En 14 provincias, incluso, más del 80% de los municipios no pasa de 1.000 habitantes, lo que pone de relieve la naturaleza del problema.

El artículo, escrito por Eloísa Carbonell, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Jaén, recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretendía incentivar la fusión de municipios para ganar tamaño y aprovechar las economías de escala que generan ayuntamientos más grandes, pero la realidad ha sido muy distinta.

Desde que se aprobó la ley estatal, en medio de una formidable crisis económica, apenas han nacido dos municipios fruto de la fusión de cuatro ayuntamientos: los coruñeses de Oza y Cesuras, con un resultado algo más que discreto, y los pontevedreses de Cerdedo y Cotobade, que es el municipio más joven de España (2016). La prensa local, de hecho, ha considerado que la primera fusión, bendecida por las autoridades gallegas como una especie de banco de pruebas de un proceso de concentración de municipios a escala nacional, "no ha cambiado nada", más allá de una simple agregación de nombres. 

El ayuntamiento se llama ahora Oza-Cesuras, pero poco más, como ha puesto de relieve un estudio de la Universidad de La Coruña.

El artículo editado por Hacienda considera que el fracaso en la fusión de municipios se debe a que la reforma (realizada bajo la presión de la recesión) fue "precipitada" y motivada por una perspectiva "estrictamente económica sin valorar otras posibles soluciones que había puesto de relieve la doctrina". La profesora Carbonell se refiere a la "posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado". Y el futuro no parece que vaya en esa dirección.

Según el estudio, "no parece previsible" que se produzca una reducción significativa de municipios ni por la aplicación del convenio de fusión que recoge la ley de 2013 ni por la formulación de propuestas al amparo del plan económico-financiero que prevé el artículo 116 bis. "A lo sumo", se dice, "se habrá conseguido que no se creen nuevos municipios por segregación".

Tampoco se ha logrado ese objetivo. Si en 2013 había registrados 8.118 municipios, a 1 de enero de 2018 son ya 8.124 ayuntamientos, pese a que se han producido tres fusiones. Dos en Galicia y una en el País Vasco al amparo de las leyes forales.

Nuevos municipios

En los últimos años se han creado municipios como Domingo Pérez (Granada), por segregación del término municipal de Iznalloz; Játar Granada), por escisión del término municipal de Arenas del Rey; Balanegra (Almería), por segregación de Berja; Montecorto (Málaga), antes ligado a Ronda; Dehesas Viejas (Granada), por segregación de Iznalloz o Serrato (Málaga), por escisión del término municipal de Ronda (Málaga). También en este tiempo, el municipio de Itsaso (Gipuzkoa) del municipio Ezkio-Itsaso.

La proliferación de municipios en Andalucía tiene que ver con el hecho de que la Junta aprovechó el tiempo hasta que la nueva ley entrara en vigor para dar carta de naturaleza a nuevos núcleos urbanos.

El artículo 13.4 de la Ley de Bases de Régimen Local habilita a los municipios colindantes dentro de una misma provincia, con independencia de su población, a acordar una fusión mediante un convenio. Eso sí, la norma deja bien claro que el municipio resultante de la fusión "no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión".

Esta salvaguarda está relacionada con la reciente historia del municipalismo en España. En los años 60, se pusieron incentivos para la fusión de ayuntamientos, pero al cabo de un tiempo muchos de esos ayuntamientos acabaron de nuevo por segregarse debido a que la integración no acabó de cuajar. Como dice uno de los autores de la reforma de la ley de bases de régimen local, por la ausencia de una política de Estado mantenida en el tiempo. 

Por el contrario, como ha sucedido en la reforma de 2013, se optó por el voluntarismo del legislador "en una noche de efervescencia", en lugar de actuar con gradualismo y con incentivos más potentes. El resultado es que, en estos momentos, el 61% de los municipios españoles concentra a tan solo el 3,15% de los habitantes del país.

La ley de 2013 prevé que la creación de nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 

Estos requisitos son exigibles a la creación de un nuevo municipio por segregación de ese núcleo de población diferenciada, pero no cuando el nuevo municipio es consecuencia de un proceso de fusión.

¿Cuál es el resultado? Como sostiene un informe de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca. 

El número de municipios, sin embargo, continúa creciendo en otras provincias. La ley es papel mojado, según El Confidencial.

El Gobierno se atasca con la venta de Bankia (ni mayo ni 2019)

BARCELONA.- Bankia es una patata caliente para el Gobierno y el nuevo ministro de Economía, Román Escolano. Tiene el compromiso de privatizar totalmente el banco a finales de 2019, pero debe encajarlo con el de recuperar el máximo de ayudas públicas, y es ahí donde se atasca, según Economía Digital.

Todo apunta a que este mayo, por segunda vez, el Gobierno y el FROB aplazarán la que debía ser la primera colocación de Bankia del año. En diciembre vendió el 7,5%, quedándose con el 60,6% y se programó para marzo la siguiente colocación. Pero el mal primer trimestre en bolsa obligó a abortarla.

Entonces se habló de mayo, cuando se volvía a abrir lo que llaman una “ventana de oportunidad”, y se barajó vender una participación mayor, de hasta el 15%, de manera que el FROB dejaría de tener más de la mitad de las acciones. Pero el Gobierno no sacará al mercado ni un 7,5% ni un 15% de Bankia, según las fuentes financieras consultadas. Economía evitó hacer comentarios.

Ahora estamos en una de estas ventanas, puesto que legalmente existe la opción de vender. Tienen, en realidad, hasta finales de junio, ya que a menos de un mes para la presentación de los resultados no pueden hacerse colocaciones, y a finales de julio está previsto que Bankia presente sus cuentas del primer semestre.

Pero la legalidad no es la única condición para vender, de hecho solo es el punto de partida. Hay otras condiciones, como el apetito existente en el mercado, que marca la demanda, y la cotización de las acciones. Para encontrar el mejor momento y barajar todas las opciones, el FROB ha contratado a 17 bancos de inversión, según informó Expansión.

El fondo de la cuestión, no obstante, es que Bankia está sufriendo en bolsa este año, lo que obligaría al Estado a vender más barato que en diciembre y perder más de lo previsto. Y eso que hizo una segunda mitad de semana espectacular, pero el balance de año sigue siendo todavía negativo, en más de un 6% –hasta el pasado martes caía más del 10%–.

El Gobierno colocó el 7,5% a 4,04 euros por acción, con descuento respecto a los 4,17 euros a los que cotizaba en ese momento. Y eso que veníamos de la crisis catalana post 1-O. Este viernes cerró a 3,74 euros, y las fuentes consultadas apuntan que el FROB no se lanzará a vender por debajo de los cuatro euros, por lo que si no hay un rally en la segunda mitad de mayo, ni se estudiará.

Hay otro factor que tampoco juega a favor. Bankia presentó a finales de febrero su plan estratégico e hizo un road show entre analistas e inversores para explicarlo y venderlo, pero su acogida no fue lo buena que José Ignacio Goirigolzarri y José Sevilla, presidente y consejero delegado de Bankia respectivamente, así como el propio Román Escolano, habrían querido.

Hay apetito inversor, pero no lo suficiente como para aventurarse ahora a una colocación, especialmente si la acción está baja, apuntan desde el sector. No juegan a favor los resultados de Bankia, que no gustaron a los inversores: tras la presentación de los de 2017, inició una caída que rozó los dos dígitos en dos semanas. Después de los trimestrales también bajó… hasta el rebote de esta semana.

Tampoco jugó a favor, apuntan, el malentendido de Gorigolzarri en Financial Times: su frase, pronunciada precisamente durante el road show con los analistas, sobre el “encaje perfecto” que tendría Bankia con los grandes bancos españoles, especialmente BBVA, se leyó como un canto de sirena al que nadie acudió. Al contrario, Francisco González dijo que no estaba interesado en “bancos físicos”. Días después, Goirigolzarri se retractó.

Si no puede aprovechar esta ventana, lo que parece poco probable, ya debería irse a septiembre… por lo que estaría en riesgo el objetivo de salir de Bankia en 2019. Quizá por ello, a modo de advertencia, Escolano ya avisó hace unos días de que el Gobierno no se siente “presionado” para vender el banco y añadió que los plazos pueden alargarse.

Parece que Mariano Rajoy eligió a alguien más parecido a él para sustituir a Luis de Guindos. Tranquilo, sin prisa, y con un horizonte político incierto –sólo hay que ver las dificultades para aprobar los presupuestos y la pugna actual con Ciudadanos por Cataluña–, Escolano ha calibrado bien los riesgos políticos.

Es decir: en el Congreso y en la calle se van a castigar más las posibles pérdidas, si se venden paquetes a precios poco atractivos, que tener un banco público, y el Gobierno no necesita imperiosamente los más de 6.500 millones que vale actualmente su participación. Así que mejor esperar. Rajoy en estado puro.

Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones

VALENCIA.- La Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa, vuelve a recorda www.eldiario.es 

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. 

Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.
Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. 

Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. 

Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. 

También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.
Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. 

Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. 

Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.
También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. 

Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.

El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. 

Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.
En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz. 

En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. 

También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.
Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

El expresidente de la CAM se declara culpable por el cobro de 600.000 euros en dietas indebidas

ALICANTE.- El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. 

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.

Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. 

A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12 de junio, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

La CUP resuelve el enigma / José Antich *

La CUP ha resuelto el enigma y sus cuatro diputados se abstendrán este lunes en la sesión de investidura del diputado Quim Torra, facilitando así que sea elegido por el Parlament de Catalunya como 131º president de la Generalitat de Catalunya. La votación favorable de 40 síes y 24 noes deja claro que una amplia mayoría de sus dirigentes estaban por esta opción, que no es, en ningún caso, un cheque en blanco. 

De hecho, la CUP inicia la legislatura como grupo de la oposición y el nuevo Govern tendrá que ofrecer algo más que palabras si quiere contar con sus votos, que son imprescindibles para sacar adelante proyectos de ley e iniciativas políticas. 

El candidato Quim Torra fue claro en este aspecto el sábado desde la tribuna de oradores al verbalizar que el proyecto independentista es de 70 diputados y que, aunque estos cuatro votos no fueran imprescindibles, querría contar con ellos y les seguirá pidiendo ayuda.

Quim Torra ha desbrozado el último impedimento parlamentario para ser president, a la espera de la sesión formal de este lunes. Como acostumbra a suceder en la política catalana, después de muchas semanas en que el bloque independentista aparecía como deshilachado y sin un rumbo predeterminado, toda la presión política se ha desplazado de golpe a Madrid. 

Allí convergen, en una batalla electoral sin cuartel, el pragmatismo (no exento de amenazas) del PP y el PSOE por levantar el 155 y el ataque furibundo de C's, intentando mantener el mayor tiempo posible la supresión de la autonomía catalana y exprimir el colapso político que tanto daño está causando a muchas entidades sociales de Catalunya.

Lo más sorprendente del momento aquí y allá, leyendo artículos y más artículos sobre el desenlace de la elección del candidato, es la suma de sorpresa, perplejidad, enfado y alta irritación que uno puede llegar a encontrar. Sorprende que Torra sea el futuro president y sorprende lo que dice, y, obviamente, no me estoy refiriendo a los tuits, por los que ya se ha disculpado.  

Quim Torra es un independentista y por eso ha sido escogido por Junts per Catalunya, con una influencia alta de Carles Puigdemont. ¿A quién iba a escoger? ¿A uno para rectificar el rumbo? No se puede ser tan lelo para creer en serio que la elección iba a suponer un cambio profundo del rumbo de los últimos años.

Artur Mas escogió a Carles Puigdemont en 2011 para que continuara su legado y se apartó de la primera línea política. Ahora Puigdemont hace lo mismo en lo que se refiere a buscar a una persona que tenga un encargo parecido, aunque, a diferencia de Mas, él no se aparta, sino que quiere seguir pilotando las líneas estratégicas y los pasos a dar por el independentismo. Por ahora, desde Berlín y con la confianza de que antes de un mes podrá ser desde Bruselas. 

Quim Torra ha aceptado la provisionalidad de la legislatura, pero, obviamente, su peso en las decisiones de la política catalana no va a ser ni mucho menos menor. El rol de uno y otro están perfectamente definidos, como se empezará a ver inmediatamente. Así como los de Elsa Artadi y de Albert Batet. La primera como interlocutora ordinaria del conseller de Economia, Pere Aragonés, y Batet, que deberá entenderse en el Parlament con Sergi Sabrià y los diputados de la CUP. 

El nuevo tablero de la política catalana está a punto de desplegarse.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-la-cup-resuelve-el-enigma_267891_102.html