lunes, junio 04, 2018

La juez ignora el informe médico que rechaza el encarcelamiento de Zaplana

MADRID.- La juez que instruye la llamada Operación Erial ha confirmado la prisión incondicional de Eduardo Zaplana. La defensa del exministro había solicitado una atenuación de la medida cautelar hacia la libertad provisional o, al menos, el arresto domiciliario. Ignorando un informe del médico forense que advierte del peligro de la situación por el delicado estado de salud del exdirigente, la titular del Juzgado de Instrucción nº8 ha insistido en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva como justificantes.

Zaplana recurrió el encarcelamiento por motivos sanitarios. Mencionó el estrés que supone la prisión "para personas que nunca se han visto privadas de libertad", ante lo que la instructora sostiene que "quien comete un delito es el único responsable de las consecuencias de sus actos". 
La juez no toma en consideración un informe del Instituto de Medicina de Valencia que recoge las siguientes conclusiones:
Que Zaplana, a los 62 años, padece una grave enfermedad y precisa de tratamiento diario y control de constantes. Ha necesitado varios ingresos hospitalarios y, por ello, cada dos semanas "se le realizan analíticas" y asistencia en centros de salud. "A la exploración clínica, se observa un importante deterioro…", apunta el informe.
El cuadro médico de Zaplana "le condiciona una situación mayor de riesgo de sufrir infecciones oportunistas que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa (hasta incluso riesgo de muerte) su situación clínica", avisa el forense sobre la estancia en prisión. 
Y añade: "la atención y el control sanitario en la cárcel son totalmente correctos, encontrándose ingresado en el Módulo de Enfermería, pero las condiciones de falta de asepsia del entorno condicional al paciente una morbilidad significativa muy alta".
"Por tanto, su estancia en el centro penitenciario incide de forma muy negativa en la patología que sufre el informado".
Aunque la defensa de Zaplana, de acuerdo con el informe del médico, describen el módulo de enfermería como un medio hostil para la salud del exministro, la juez responde que "como se ha observado de las vigilancias que se le han estado efectuando, su vida ha sido muy activa, dando conferencias, acudiendo a restaurantes, desplazándose de un sitio a otro sin llevar ningún tipo de mascarillas, siendo la vida en sí y los círculos en los que se mueve ‘un medio hostil’ donde se pueden coger cualquier tipo de virus".
"El riesgo de contagio existe en su vida cotidiana y más aséptico que una enfermería no es un restaurante, por poner un ejemplo". 
La instructora subraya que el centro penitenciario ha informado de que Zaplana "ha solicitado acudir al gimnasio para poder realizar ejercicio físico, solicitud que le ha sido autorizada, lo que evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece, y no tiene ningún miedo a acudir a unas dependencias que no pueden ser consideradas tan asépticas como una enfermería".
De acuerdo con el auto, "el hecho de estar sometido a revisiones no va en modo alguno a ser impedido, como en todos los casos en los que es necesario".

El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos

MADRID.- El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como Aena, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo deja en suspenso, según adelanta hoy El País.

Y es que, a diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría y es difícil esperar que salgan adelante— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen barra libre, ya que dependen directamente de departamentos como el Ministerio de Fomento, el de Energía o el de Economía.
Previamente, con el cambio en La Moncloa se producirá un relevo obligado en la cúpula directiva de todas estas empresas. Los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado o Lotería Nacional abandonarán el cargo en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo y serán sustituidos por otros designados por el Gabinete socialista.
Más dudas suscita el presidente de Aena, participada por el Estado en un 51% y la única de las sociedades de Fomento que cotiza en Bolsa, por lo que se supone que la designación de su máximo responsable depende del consejo de administración y no solo de una decisión política. 
No obstante, se da por seguro que el actual presidente, el murciano Jaime García Legaz, pondrá su cargo a disposición en cuanto se constituya el Gobierno socialista, para que éste designe un nuevo responsable de la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, informaron a El País fuentes conocedoras de la decisión.
Aena es la mayor patata caliente para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.
Pese a haber pasado el plácet del consejo de Aena, los nuevos gestores pueden dar marcha atrás o reformar las líneas maestras del plan. Por lo pronto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha suspendido la presentación pública que iba a tener lugar este lunes, y la propia Aena ha aplazado “hasta nueva fecha” la presentación a analistas prevista para el próximo 7 de junio. En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Compra de trenes de Cercanías

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que anunció en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Se trata de la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos, informaron a El País fuentes conocedoras del mismo.
El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.
También queda pendiente la adjudicación del doble contrato de mantenimiento de trenes que Renfe ha sacado a concurso, que supone realizar estos trabajos en un total de 420 vehículos de Cercanías y Avant durante cinco años por un importe total de 450 millones de euros, según informaron fuentes de la empresa. El doble contrato actualmente en liza abarca casi una tercera parte (el 30%) del parque total de trenes de la compañía ferroviaria pública, que suma unas 1.360 unidades.
El único consuelo en materia ferroviaria es que, con los presupuestos generales del Estado aprobados, se asegura la inversión de 3.000 millones en la Alta Velocidad (AVE).

Autopistas de peaje

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de Toledo.
El Ejecutivo confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, según consta en la última actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.
Además, tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas.

El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble. Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.

El 'banco malo' se pone las pilas y trocea su cartera por regiones para vender más


MADRID.- El viento parece estar empezando a cambiar en el mercado inmobiliario. La presión al alza de los precios y la mayor escasez de activos de calidad en los dos mercados que han liderado el resurgir del sector en los últimos cuatro años - el madrileño y el barcelonés- están llevando a los inversores a otear oportunidades en otras localizaciones, en busca de rentabilidades que justifiquen su apuesta por España. En los últimos meses, el fenómeno se ha concretado en la dinamización de otros mercados como el de la Costa del Sol o el de Levante, a juicio de La Información.

Los cazadores de tendencias de Sareb, el 'banco malo' creado en 2013 para extraer del balance de la banca española más de 200.000 activos inmobiliarios considerados tóxicos por aquel entonces y gestionar su eventual recolocación en el mercado durante los siguientes 15 años, lo han visto claro y han ordenado un nuevo giro en la estrategia comercial de la entidad para priorizar su dimensión territorial que se concretará, a grandes rasgos, en dos líneas de actuación, según señalan fuentes del banco malo: la extensión de la red comercial de Sareb por toda España para impulsar las ventas en el segmento minorista (ventas a particulares) y el diseño de carteras de activos con criterios territoriales para dar acceso al ingente patrimonio inmobiliario del banco malo no sólo a los grandes fondos de inversión oportunista, como los Blackstone, Cerberus, etcétera, sino también a operadores de menor tamaño e intereses más restringidos a un determinado ámbito territorial.
El paso supone un nuevo enfoque en la estrategia de mercado del banco malo. Al calor de las grandes operaciones de desinversión inmobiliaria cerradas el año pasado por Santander y BBVA con grandes gigantes internacionales como Blackstone o Cerberus, Sareb decidió probar suerte también en la comercialización de 'macrocarteras' y encargó a Goldman Sachs testar el interés real de los grandes fondos internacionales por quedarse con alguna de las grandes carteras de activos inmobiliarios que el banco malo había puesto en mano de los 'servicers', concretamente por la gestionada por Haya Real Estate, compuesta por 59.300 activos y cuyo valor de mercado se estima en el entorno de los 13.000 millones.
Fuentes de la entidad confirman que el prestigioso banco de inversión continúa rastreando el mercado en busca de potenciales compradores para alguna de las macrocarteras de activos que Haya, Altamira, Solvia y Hábitat mantienen en gestión, pero avanzan que la intención de la entidad es buscar un enfoque comercial más territorial "para ampliar el rango de mercado y abrir la cartera de Sareb a inversores con interés más regional". ¿Cómo? Diseñando carteras de activos territorializadas, de menor tamaño, pero que puedan despertar el interés de un perfil de inversores diferente al interesado en las 'macrocarteras'.
Los cinco mercados del banco malo en España
La base de este nuevo planteamiento estratégico lo presentó la directora de la red de servicers del banco malo, Marisela González, en una jornada organizada por Idealista en el marco del último SIMA, y pasa por la segmentación de la cartera de activos de Sareb por cinco grandes espacios territoriales (Ver gráfico): la Zona Noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, dónde se concentran el 19,6% de los activos del banco malo, pero apenas el 14,5% de las ventas); la Zona Catalano-Aragonesa, más Baleares (24,7% de los activos, 28,1% de las ventas, gracias a Cataluña y Baleares); la Zona Centro (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, más Canarias (19,5,% de los activos, 20,89% de las ventas, con grandes diferencias entre el rendimiento de las carteras canaria y madrileña y el resto); la Zona de Levante (18,7 de los activos; 16,3% de las ventas), y Andalucía (10,6% de los activos, 16,3% de las ventas).
Para cumplir estos objetivos el siguiente paso que dará Sareb es ampliar su red comercial territorial, que hasta ahora se limitaba a su presencia en Madrid y Barcelona y a la oferta presentada a través del portal web. En las próximas semanas, Sareb abrirá una nueva oficina en Valencia, para dar servicio al mercado de Levante, y la intención es tener presencia física en cada una de las áreas definidas en el plan estratégico antes de que finalice el presente ejercicio.
Sareb entiende que este esquema permitirá gestionar mejor el amplísimo portfolio que no sin dificultades gestiona la institución, que aún tiene por evacuar cerca de dos terceras partes de los activos recibidos en su día, porque hará que los potenciales inversores conozcan mejor el producto, permitirá afinar más la estrategia de ventas a través de la red comercial y facilitará una gestión más activa de la cartera por parte de los gestores. 
La nueva estrategia del 'banco malo' también permitirá dar soporte a uno de los objetivos marcados por el directorio encabezado por Jaime Echegoyen en orden a facilitar la transformación de préstamos fallidos y crédito promotor en inmuebles. El año pasado el banco malo consiguió convertir más de 1.000 millones de activos financieros en activos inmobiliarios y para este año el objetivo no sólo es mejorar esa cifra sino cerrar una sociedad con un socio industrial (una promotora) para impulsar la actividad del banco malo como promotor inmobiliario. 
El proceso sigue abierto y, después de caerse Via Célere, Aelca y Aedas Homes son los candidatos a conformar la sociedad promotora del banco malo, según confirman desde la entidad.

´Así será la “venganza” del PP


MADRID.- Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa después de vencer en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero en el PP no se dan, ni mucho menos, por derrotados. Desde la ejecutiva nacional se prepara una contundente respuesta contra todos los que han provocado la marcha del ex presidente: desde el PSOE a Podemos... pasando también por la Audiencia Nacional, anuncia hoy El Confidencial Digital.

Ya tenemos los cañones preparados”. Con estas palabras relata un alto cargo de Génova 13 la reacción del Partido Popular tras la pérdida del Gobierno a manos de Sánchez con el triunfo de la moción de censura. Una victoria, la del líder socialista, que ha escocido muchísimo en las filas populares, desde donde avisan: “Esto no va a quedarse así”.
Cargos del PP consultados por El Confidencial Digital anuncian: “Muchos, incluido el nuevo presidente del Gobierno, van a arrepentirse de lo ocurrido el viernes”. Tanto por las consecuencias negativas del llamado “Gobierno Frankenstein”, como sobre por la reacción del Partido Popular: “Vamos a pasar la factura a todos lo que han hecho esto posible”.

Amago de moción de censura a Díaz

Desde la dirección nacional del PP confirman a ECD que una de las primeras respuestas que ya estudia el partido, tras el triunfo de la moción de censura, es “devolvérsela al PSOE en Andalucía”. El procedimiento es una moción de censura a Susana Díaz.
Esta medida, de la que ya se hablaba a mitad de la semana pasada, cuando aún no se sabía qué iba a ocurrir en la votación del viernes, se basaría en el proceso abierto contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: “A ellos sí se les imputan delitos. No a como nosotros, y la condena implicaría al Gobierno autonómico”.
Los populares no tienen tomada una decisión definitiva sobre la presentación de la moción. Entre otras cosas, añaden, porque “somos absolutamente conscientes de que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante”.

Retratar a Ciudadanos

Pese a ello, el partido se lo está pensando “seriamente”, por el desgaste que puede provocar en todos sus adversarios. Primero en el PSOE, “al que retrataríamos con sus propios argumentos”, pero fundamentalmente en Ciudadanos y Podemos.
Recordarán a la formación naranja que, pese a haber votado en contra de la censura, justificaron la moción diciendo que el Gobierno era “censurable” por la sentencia de la Gürtel. Ahora, el PP les exigirá que “actúen en consecuencia y censuren a una Junta de Andalucía responsable de los ERE”.
En cuanto a Podemos, el PP es consciente de que “el sector de Kichi quiere enredar”, y la moción puede provocar una división interna: “Iglesias impondría a Teresa Rodríguez el 'no' en la votación, pero los afines al alcalde de Cádiz podrían amotinarse”...

Auditoría a las propiedades de Pablo Iglesias

Si la operación contra Podemos puede arrancar en Andalucía, la gran ofensiva del PP contra el partido morado se centrará en Pablo Iglesias, aprovechando la polémica generada con la compra del chalet de Galapagar por 660.000 euros.
Los dirigentes del PP consultados cuentan: “Vamos a hacerle toda una auditoría sobre esa adquisición”, ya que “el precio se sitúa casi 200.000 euros por debajo del valor de mercado y puede haber irregularidades”. Sostienen, además, que “hay informaciones que apuntan a que la operación se cerró hace dos años, y no ahora”.
Dos años, añaden, en los que Iglesias, tal y como él ha asegurado, ha estado viviendo “en un chalet de alquiler en Rivas”, sin ocupar, por tanto, su piso en Vallecas.
Los populares advierten: “Habrá que comprobar si es cierto que no ha vivido allí. Le pediremos hasta el consumo eléctrico en el Senado... Porque, si lo ha tenido vacío, sin alquilar y sin nada, se lo tendría que haber cedido al Estado, según la ley que ellos mismos querían aprobar sobre viviendas vacías”.

Trabas en la tramitación de los Presupuestos

Además de estas dos ofensivas, el PP, tal y como algunos cargos advirtieron durante el debate de la moción de censura, no se lo va a poner en absoluto fácil a Pedro Sánchez para poder usar unos Presupuestos que habían sido impulsados por el Gobierno Rajoy y que él mismo rechazó:
--“Querremos cambiarlos. El Cupo Vasco ya no nos parece tan bueno... y habrá que tocarlo, entre otras cosas”.
El PP, por tanto, tiene prácticamente decidido presentar enmiendas en el Senado al texto enviado desde el Congreso de los Diputados. Tanto es así, que ya el viernes importantes senadores del partido se reunieron para ir dando forma a la oposición del partido a unas cuentas que el Grupo Popular había aprobado en la Cámara Baja.
Con todo, explican, los Presupuestos se aprobarán, pero no antes de septiembre: “Será un sinsentido que, además, provocará que la negociación del PSOE con todos sus posibles socios para las cuentas de 2019 se retrase”.

Ofensiva judicial contra De la Rosa

En Génova, advierten cargos, no solo se la tienen “guardada” a los partidos que han hecho posible la caída de Rajoy, sino también al juzgado de la Audiencia Nacional que ha condenado al PP como beneficiario a título lucrativo de la trama Gürtel.
Explican que en la sede nacional existe “gran indignación” por la participación del juez José Ricardo de Prada en la práctica totalidad del procedimiento, por ser una persona “abiertamente hostil al PP”.
Recuerdan, en este sentido, que “es muy próximo a Izquierda Unida y a Baltasar Garzón”. Dos afinidades que el PP va a tratar de explotar en los próximos días: “Vamos a demostrar que no hemos recibido una instrucción justa, lo que ha provocado una sentencia que hemos recurrido y por la que nos han echado del Gobierno”, concluyen.

El 'procés' toma Baleares: proyecto de referéndum para 2030


PALMA.- Una calle peatonal en el centro de la ciudad. Es sábado por la mañana. A un lado, hay una carpa blanca con dos grandes carteles en los que se lee 'Madrid nos roba' y 'Otro país es posible'. Bajo la carpa hay una estelada y una sábana de 'Libertad presos políticos'. Voluntarios con camisetas amarillas hablan con los transeúntes y les explican que España es un país opresor que les está expoliando, se relata hoy en El Confidencial

Unos 20 metros más allá hay otra carpa, esta de color verde. En su interior, hay una gran bandera española con una corona monárquica. También hay voluntarios hablando con la gente. Aquí les dicen que viven bajo una dictadura catalanista que odia a los españoles. 
A un lado se reciben donativos por la independencia y se venden pines con un lazo amarillo. Al otro, se recogen firmas para derogar el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Son 20 metros que reflejan el proceso de ruptura de una sociedad. En este caso no la catalana sino la balear, porque todo esto ocurre en el centro de Palma.
Lejos del ruido de Cataluña, la batalla entre independentistas y constitucionalistas avanza en Mallorca. Está comenzando a tomar los espacios públicos, las conversaciones privadas y también el Parlamento. Se replican el discurso de Cataluña ("Madrid nos roba" contra "el supremacismo catalanista") y también las entidades nacidas al calor del ‘procés’. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) es aquí la Asamblea Soberanista de Mallorca (ASM); Sociedad Civil Catalana es Sociedad Civil Balear, sucursal establecida hace solo unos días.
 Òmnium Cultural es la Obra Cultural Balear (OCB), entidad que se remonta a 1962 pero ha tomado en los últimos años el mismo discurso rupturista que su hermana catalana. Se crean partidos políticos con el argumento único de la lengua, como Actúa Baleares, y aparecen plataformas ciudadanas para frenar el nacionalismo pancatalanista que promueve parte del Gobierno balear. En definitiva, germina la semilla de la batalla por la identidad ocho años después de que empezase a florecer en Cataluña.
En el horizonte de todos, una fecha: año 2030. Es el objetivo del soberanismo balear para organizar un referéndum por la independencia. Por delante, pues, 12 años de campaña para que el actual 13% de apoyo social al soberanismo ascienda al 47% que ha sostenido el proceso catalán. O para que se desplome a las tasas marginales que ha tenido en los últimos 40 años.
"Nos da miedo lo que ha pasado en Cataluña y vemos que algunos partidos políticos y entidades quieren replicarlo aquí. Con lo que pasó en octubre en Cataluña se ha ido el celofán que cubría el discurso de que solo se trata de cultura y lengua, que es lo que llevan diciendo los nacionalistas en Baleares desde hace 30 años. Ahora ya sabemos que en cuanto puedan se van a saltar la Constitución, lo demuestran dando apoyo a todo lo de Cataluña. Ceden locales públicos para promocionar el secesionismo o a gente que odia a España, como Valtònyc, y vemos que esto solo puede ir a más", resume Antonio Daudero, miembro de la asociación Convivencia Balear.
Esta entidad cívica ha aprovechado el impulso de la plataforma Mos Movem, que tomó con gran éxito las calles de Mallorca y Menorca en febrero en contra del decreto sanitario que quería obligar a los médicos de Baleares a tener un título de catalán. Finalmente, tras la presión del sector sanitario y de parte de la ciudadanía, el Govern balear concederá a los profesionales una moratoria de dos años para acreditar un nivel básico si quieren prosperar como funcionarios. Este paso atrás, claro está, ha sido muy criticado por los círculos catalanistas.

Colonización lingüística

"Jamás en Mallorca ni en las islas había habido un problema así, pero este Gobierno del pacto (PSOE-PSIB, los ecosoberanistas de Més y Podemos) ya ha demostrado de qué lado está. Hay familias peleadas y gente discutiendo en los bares, te insultan y amenazan si te pronuncias en redes sociales. Aquí hay mucha gente que se siente colonizada por Cataluña y que no puede más, ha sido un proceso a cámara lenta y ahora ya es muy difícil hacerle frente", indica Manuela Cañadas, también de Convivencia Balear, quien reconoce que su relación con su familia política se ha resentido por su defensa abierta del castellano en las escuelas y en las instituciones públicas.
Margalida Miquel, presidenta de la Asamblea Soberanista de Mallorca (ASM), se indigna ante esta llamada de alarma: "Aquí solo ven un conflicto quienes quieren imponer otra cosa. El estatuto de autonomía dice que el catalán es la lengua propia de las Islas Baleares y se aprobó por unanimidad una ley de normalización lingüística. Nunca nadie, ni el PP, puso en duda algo tan básico. ¿Cómo va a ser una imposición defender lo que te es propio?", se pregunta. "Los mallorquines, por carácter e historia, somos muy poco conflictivos. Quienes buscan conflicto son otros. Quien diga que aquí la gente está peleada desconoce el carácter mallorquín".
Unos y otros miran hacia el Govern balear tratando de descifrar en qué aguas navega, si en las de la solidaridad con el independentismo catalán o en las de la Constitución. Días atrás, el presidente del Consell Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat, asistió al 'sopar groc' (cena amarilla) en favor de los políticos catalanes presos, al que también acudieron familiares de estos venidos de Barcelona, y levantó ampollas en parte de la sociedad balear. En la cena se recaudaron unos 13.000 euros para la caja de solidaridad de Òmnium y la ANC.
La vicepresidencia del Govern y cuatro consejerías están en manos de Més, una coalición que respalda públicamente a Carles Puigdemont, Quim Torra y al independentismo catalán, y que reclama el "derecho a decidir" de Baleares. A la presidenta autonómica, Francina Armengol (PSOE-PSIB), también se le ha recriminado repetidamente su buena sintonía con la actual Generalitat catalana.

Expolio fiscal

Para Josep de Luis, presidente de la OCB y organizador de la cena amarilla, es poco menos que un deber democrático apoyar a los políticos encarcelados y al 'procés'. Es más, cree que lo que está pasando en Baleares es precisamente lo que “encendió la chispa” en Cataluña. Una supuesta opresión de la cultura propia por parte del Estado unida a un expolio fiscal.
 “Aquí pasará lo mismo si España no logra exterminar esa carcoma uniformizadora. El problema está en la Castellana, y hay que verlo desde allí. España debe decidir si quiere ser diversa, plural e integradora o seguir siendo como es. Aquí estamos sufriendo un expolio del 15% del PIB, es una barbaridad, es lo que se hacía con las antiguas colonias de ultramar. Una cosa es compartir y otra que te roben", indica.
El expolio fiscal es otro símil con Cataluña que está calando hondo. La misma consejera de Cultura balear, Fanny Tur (Més), lo explica a este diario. "Que haya que pagar de nuestros impuestos todos los AVE con estaciones desiertas y aeropuertos y que tengamos un sistema de comunicaciones tan precario en Mallorca y Menorca es muy grave. Es curioso que los tres territorios que conforman los Països Catalans tienen las balanzas fiscales más en negativo, y Baleares muy por encima del resto. Existe un expolio del Estado, nos tratan como a colonias quitándonos los recursos sin que haya retorno. Usan los territorios [de los Països Catalans] como botines de guerra para ganar votos en otros lugares. La gente empieza a ser consciente de esto. Luego se extrañan de que no haya sentimiento de Estado".
Según pregona la ASM en su parada callejera de los sábados, el 48% de los impuestos que pagan los baleares termina en Madrid, "3.500 millones de euros cada año que no vuelven", mientras los servicios públicos, aseguran, se desmoronan. De repente, un afable anciano se acerca a la carpa callejera de la ASM. "Un poquito para la causa", dice antes de depositar 10 euros en la hucha. "¿Y lo de Valtònyc, como lo tenemos?", pregunta. Luego se despide y se va.
Sa Fundació, una entidad creada en 2013 para defender la lengua y cultura baleares, ve este combate político con resignación. Ellos son el elemento autóctono que no tiene equivalente en Cataluña, pues defienden la promoción de su lengua y cultura, que ellos entienden como balear y en ningún caso catalana, a la vez que reconocen su apego a España.
"Lo de Cataluña ha hecho aflorar lo que algunos decíamos que estaba pasando y muchos no creían, que tras la unidad de la lengua está el objetivo de la unidad política. Cuando se puso en marcha el proyecto nacionalista de Jordi Pujol, se empezó a alimentar un movimiento pancatalanista en Baleares, Valencia y el Alguer (Cerdeña) a través de una red clientelar financiada desde Barcelona. Se subvencionaba la lengua siempre que fuera la normalizada catalana, es decir, la forma de hablar de Cataluña, y la cultura si antes era aprobada por ellos", afirma Gari Durán, vicepresidenta de Sa Fundació y exsenadora por el Partido Popular.
"Hablamos de un negocio bastante importante del que comen muchas familias, y en el momento en que se ha visto amenazado, ha habido una reacción", insiste Durán. “Profesores, cursos, acreditaciones de catalán, premios literarios, editoriales, periódicos, la universidad, los sindicatos de enseñanza, todo eso es mucho dinero y puestos de trabajo”.
Joan Pons, director de Sa Fundació, añade: "Lo que parece increíble es que digan que España es un país opresor cuando son ellos quienes llevan 30 años oprimiendo al pueblo balear sin que nadie, empezando por Madrid, les haya parado los pies. En el estatuto ya pusieron que el catalán es la lengua propia de Baleares, y con la ley de normalización lingüística, que promueve solo la forma de hablar de Barcelona, han hecho que estemos perdiendo hablantes de mallorquín y menorquín a marchas forzadas. En una década, hemos perdido más de un 10% de hablantes de nuestras modalidades".

Adoctinamiento en las escuelas

Tanto los balearistas como las plataformas en favor del castellano coinciden en un punto: el adoctrinamiento en las escuelas públicas. Según denuncian, los profesores enseñan un catalán normativo impuesto desde Cataluña con libros de Lengua e Historia editados en Barcelona. Los profesores, o son catalanes o se han formado en universidades catalanas, y transmiten a los niños el sentir nacionalista catalán en el marco cultural de los Països Catalans, denigrando el mallorquín y menorquín a dialecto menor para usos informales.
"Durante 30 años se ha ido alimentando este ogro del odio a España y a todo lo español. Esos niños que empezaron a estudiar bajo las tesis catalanistas, con mapas de los Països Catalans en las paredes y libros editados en Barcelona, son los que ahora están gobernando. Solo quieren borregos que hablen un idioma porque viven de ese negocio clientelar de la enseñanza de catalán subvencionada. Son 1.700 personas en el entorno directo de las academias y las titulaciones obligatorias para ser funcionario y más de tres millones de dinero público", aseguran desde Convivencia Balear.
"No puedes tener una educación aséptica", responde el presidente de la OCB. “Las escuelas deben educar a niños con espíritu crítico, capaces de criticar nuestra reivindicación por la lengua y también instituciones ancladas en la Edad Media como la monarquía. Los mismos que hablan de adoctrinamiento veían muy bien un concurso en las escuelas de hace años que preguntaba '¿qué es para ti un rey?'. ¿Pues por qué no se puede hacer un concurso de 'qué es para ti una república'?".
La directora general de Política Lingüística del Consell de Mallorca, Aina Sastre, niega que se discrimine el uso propio del mallorquín e interpreta ese argumento como un ataque a la cultura común de Baleares, Cataluña y Valencia. 
"En la anterior legislatura del Partido Popular [2011-2015], pasamos de un presupuesto de 200.000 euros a solo 500 en política lingüística. Eso demuestra la obsesión contra la normalización del catalán en esos sectores. A la gente que viene de fuera debemos darles herramientas para que aprendan el idioma, y existe un estándar de catalán como lo hay en castellano. Están usando la lengua para sacar rédito electoral y ahora tienen la fijación de que la lengua y cultura catalanas son malas". 
Las escuelas baleares, reivindica Sastre, no adoctrinan sino que cohesionan, y así lo demostraron los padres apoyando masivamente la educación en catalán.
Cristòfol Soler es el político que propició esa ley de normalización lingüística tan polémica como mano derecha del primer presidente balear, Gabriel Cañellas (1983-1995). El caso de Soler es único en España. Un expresidente autonómico por el Partido Popular (1995-1996) que abandona el partido en 2014 para ser, un año más tarde, presidente de la Asamblea Soberanista de Mallorca. 
"Aquí en la isla no se quiso entender la etapa de 1715, pero fue entonces cuando nosotros empezamos a depender de Madrid. De Barcelona no habíamos dependido nunca, los historiadores confirman que cada isla disponía de un autogobierno total. No hemos dejado de depender de Madrid desde entonces. Yo estuve en la Consejería de Hacienda un tiempo y pude comprobar el expolio a nuestras islas. Eso, junto a otras muchas cosas, me hizo convencerme de que el soberanismo es la única solución", confiesa bajo la carpa de la ASM, luciendo una camiseta amarilla.
Soler lo tiene claro: con la mitad más un voto, Mallorca será independiente el día que haya un referéndum. Y luego Menorca, Ibiza y Formentera deberán decidir su futuro. "Tratamos de aprovechar el 'know how' de la ANC y ver qué podemos cambiar nosotros allí donde ellos han tenido problemas", indica. Por ahora, es solo una aspiración, pero en el lado constitucionalista se la toman muy en serio en tanto que parte del Govern balear está en esa sintonía.
Así lo cree Convivencia Balear: "Se está manipulando a la gente desde el Gobierno autonómico y las escuelas con ideas como el expolio o la represión de España para llevarlos al independentismo. Vivimos en unas islas abiertas a todo el mundo y mandamos a nuestros hijos afuera para que se formen en un mundo global. No queremos que esto se convierta en un gueto de catalanohablantes donde todos piensan igual y donde los profesores buscan a los niños en el patio de la escuela para decirles que hablen en catalán, como está pasando. La situación es muy preocupante".
La Consejería de Cultura trazó una Ley de Consultas para que cualquier cuestión pueda ser debatida en referéndum en Baleares y que el resultado sea vinculante. La misma presidenta, Francina Armengol, aseguró a finales del año pasado que saldría adelante y que sería "pionera" en España. 
El Consejo Consultivo de Baleares ha declarado días atrás inconstitucional ese anteproyecto de ley, aunque sus dictámenes no son vinculantes para el Gobierno autonómico.

El mapa político dificulta cualquier decisión sobre el futuro de Bankia

MADRID.- La puesta en marcha de un nuevo Gobierno bajo la presidencia de Pedro Sánchez vuelve a plantear dudas sobre cuál será la orientación que el Estado quiera dar a Bankia, en la que conserva el 61% del capital a través del Frob, y que el Gobierno anterior se había comprometido a privatizar totalmente antes de que termine el próximo ejercicio, aunque dejando la puerta abierta a retrasar el proceso si las condiciones del mercado así lo aconsejaran, según Expansión.

Si bien hasta ahora los socialistas no se habían manifestado claramente sobre la cuestión, lo cierto es que algunos de los grupos políticos que les han apoyado en la moción de censura, especialmente Unidos Podemos, sí han reiterado su opinión de que debería ser el germen de una nueva banca pública. Planteamiento al que se han opuesto de forma total los actuales máximos responsables de la entidad, el presidente José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, José Sevilla.
El Gobierno de Mariano Rajoy, además de comprometerse a recuperar todas las ayudas dadas para el saneamiento y recapitalización de los bancos en crisis, trató de cumplir el compromiso de privatización llevando a cabo dos colocaciones parciales de Bankia en estos años.
¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo más probable es que en el tiempo que dure la actual legislatura apenas haya cambios. Son varios los motivos. El primero de ellos, y muy relevante, es que la cotización de Bankia está en 3,35 euros por acción, por lo que hacer una colocación supondría ahondar en las pérdidas respecto a las ayudas comprometidas. Y el nuevo Gobierno lo último que va a desear es que se le diga que también él vende Bankia con pérdidas.
Otra posibilidad, también difícil, es que el Ejecutivo, por las presiones de sus aliados circunstanciales o por convicción propia, algo que no parece ser, decidiera intentar durante este tiempo de legislatura modificar el compromiso de privatización y caminar hacia la puesta en marcha de una banca pública. No parece que pudiera alcanzar los votos necesarios en el Parlamento para hacerlo, además de que, si ocurriera, es muy probable que tanto Goirigolzarri como Sevilla decidieran dejar sus puestos, lo que sin duda provocaría una cierta crisis interna en la entidad de compleja solución.

El exdirector general de la CAM defiende los pagos a Crespo en 'Tinser' por "dedicación full time"

ALICANTE.- El exdirector general de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha defendido hoy el pago de 600.000 euros en dietas al último presidente de la entidad, Modesto Crespo, por su labor en la sociedad participada Tinser Cartera SL debido a su "dedicación full time".

Era el presidente ejecutivo y va a dedicar tiempo y esfuerzo. A don Modesto Crespo se le contrata para trabajar, él se compromete en que va a dedicar todo su tiempo, esfuerzo y dedicación", ha asegurado López Abad durante la segunda sesión del juicio que se sigue en este caso en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante.
Previamente, el propio Crespo ha ratificado el acuerdo al que llegó con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular por el que admite la ilegalidad de esos emolumentos, se compromete a devolver el dinero y acepta 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida agravada.
Sin embargo, López Abad -para quien el fiscal mantiene su petición inicial de 4 años de cárcel y 120.000 euros- ha negado que esas dietas escondieran una retribución por ejercer la presidencia de la CAM, algo que estaba expresamente prohibido por los estatutos de la caja, salvo gastos por asistencias a reuniones y viajes.
Según Anticorrupción, la dedicación de Crespo a la sociedad participada entre 2009 y 2011 en Tinser "fue inexistente", mientras que la derivada de presidir la propia CAM era "gratuita por disposición legal".
El ex director general ha negado la hipótesis de que ese pago fuera en realidad por la presidencia de CAM, tras mantener que el propio Crespo se postuló a sí mismo para "encargarse de Tinser" porque pensaba que podía "aportar valor y reactivar un proyecto que llevaba seis años atascado".
Es nombrado presidente de la CAM el 8 de junio de 2009 y él manifiesta públicamente que se incorpora con ánimo de dedicarse en cuerpo y alma a la entidad, por lo que abandona todos los cargos en empresas familiares, en la CEOE y IFA, ya que quiere dejar su impronta?, ha relatado.
A preguntas del fiscal, ha restado importancia a la inexistencia de actas que reflejen la asistencia de Crespo a consejos de administración de Tinser en esos dos años, entre 2009 y 2011, y ha señalado que el consejo era "puramente formal" y que las decisiones se adoptaban, por el contrario, mediante "un contacto diario".
"No pongamos las actas como un ejemplo del trabajo realizado, en absoluto. Son formales y poco más", ha precisado durante su interrogatorio de más de dos horas que se ha reanudado tras un receso.
En todo momento, el exdirectivo de la CAM ha querido trazar una división muy clara entre las retribuciones de los cargos rectores de la entidad, en los que figuran todos los consejeros generales, y los de las sociedades participadas.
"Todo el mundo tenía conciencia de que eran cosas diferentes", ha dicho, al tiempo que ha calificado de "decisión consensuada" entre él y la comisión de retribuciones de la entidad la idea de crear un consejo de administración en Tinser Cartera SL.
López Abad ha defendido que las retribuciones en la CAM siempre estuvieron por debajo de las que se abonaban en el mercado, por ejemplo en las empresas que cotizan en el IBEX, lo que obligó a revisarlas y actualizarlas en consonancia con las recomendaciones de auditoras externas.
"La caja tenía un sistema de retribuciones arcaico y la comisión de retribuciones lo dejó todavía alejado de lo que practicaban empresas del sector. Hubo prudencia en no dar saltos temerarios en ningún sentido", ha asegurado.
También ha calificado de "concepto superado" el de las dietas y ha reconocido que olvidó incluir en la propuesta sometida al consejo de administración que Crespo cobraría con carácter retroactivo a ejercer la presidencia en Tinser, durante el primer semestre de 2009.
Ya a preguntas de la acusación particular y de algunos abogados, ha negado que la CAM creara más de cien empresas participadas para eludir el control del Banco de España sobre las inversiones, así como cualquier confabulación con los consejeros respecto al supuesto fraude de las dietas de Crespo.
La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado a las 10 horas los interrogatorios a los 21 antiguos consejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la segunda sesión del juicio por el 'caso Tinser', relativo al cobro de 600.000 euros en dietas de su expresidente Modesto Crespo.
Este último llegó el pasado mes a un acuerdo previo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular por el que se ha declarado culpable de un delito de apropiación indebida agravada y ha aceptado nueve meses de prisión, una multa de 9.000 euros y la devolución de los 600.000 euros cobrados en concepto de dietas.
El primero en comparecer en el banquillo de los acusados ha sido el exconsejero Aniceto Benito, en deferencia a su avanzada edad y los problemas de salud que padece, aunque se ha negado a prestar declaración y los magistrados le han permitido abandonar la sala.
A él le sigue Crespo, que se ha comprometido también a devolver el dinero percibido entre 2009 y 2011 en Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la CAM.
También ha declarado los otros 20 sospechosos, entre los que figura el ex director general de la caja Roberto López Abad, que se han negado hasta el momento a aceptar este supuesto fraude y para los que se solicitan penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros.
Los abogados defensores han formulado protestas al inicio de esta jornada por la desestimación de las cuestiones previas que habían planteado en la primera sesión.

La negativa a dimitir de Rajoy desató las iras en el PP / José Hervás *

Aunque de poco sirve mirar al pa­sado, en el Grupo Parlamentario Popular cada vez son más los que con­si­deran ne­ce­sario ana­lizar el que ca­li­fican de grave error de no haber uti­li­zado la di­mi­sión del pre­si­dente del Gobierno para haber se­guido go­ber­nando. La ba­talla sór­dida entre Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal fue el de­to­nante del aban­dono de Mariano Rajoy. 

Frente a la tesis defendida por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, de que resultaba estéril la dimisión de Rajoy porque llegado el momento de una nueva investidura no contarían con los apoyos necesarios para conseguir el Gobierno, están los partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría. Estos mantienen que una vez dimitido el presidente, el PNV cumpliría con su compromiso de apoyar al PP durante toda la actual legislatura.

Y por eso difundieron la idea de la conveniencia de la dimisión del expresidente Mariano Rajoy. Recuerdan que el equipo negociador de los Presupuestos Generales del Estado: Sáenz de Santamaría, Montoro y Fátima Báñez acordaron con los representantes del PNV que las importantes concesiones incluidas para el País Vasco conllevaban su apoyo para el resto de la legislatura.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel, aunque es recurrible ante el Supremo, llevó a la directiva del PNV a condicionar este apoyo a los populares a la dimisión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Así se lo transmitió Andoni Ortuzar al presidente del Gobierno, quien lo dio a conocer tanto a Sáenz de Santamaría como a María Dolores Cospedal.

A partir de ese momento las opiniones se dividieron. El equipo de Santamaría daba por hecho que el presidente dimitiría, permanecerían en el Gobierno y entraría en funcionamiento el artículo 99 por el que el Rey evacuaría consultas y propondría un candidato.

En base al acuerdo presupuestario, con el equipo liderado por Santamaría, el PNV seguiría apoyando a un PP, ya sin el presidente, cuyo testimonio había sido citado en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel como no “suficientemente creíble”.

Los diputados recibieron mensajes de ánimo de Montoro y Báñez y les pedían que dejaran de estar tristes hasta minutos antes de que el PNV dijera que su portavoz en el Congreso anunciaría su apoyo a la moción de censura. Incluso después de esto, mantenían la posibilidad de utilizar la vía de la dimisión del presidente para conservar el Gobierno en manos del Partido Popular e intentar mantenerlo hasta las próximas elecciones, una vez que el Rey les encomendara formar Gobierno. Todo con el compromiso que había asumido el PNV de apoyarles durante toda la legislatura.

Todas las esperanzas populares se desvanecieron cuando la secretaria general del Partido Popular anunció desde el Congreso que Mariano Rajoy no dimitiría porque su dimisión resultaría estéril. No tenía por qué ser así. Desde el PNV se asegura que comunicaron al presidente su disposición a mantener el pacto de legislatura si el nuevo candidato no estaba implicado en la Gürtel

Los partidarios de Soraya consideran que ella era la menos afectada, lo que no podría asegurarse de Cospedal de cara a la opinión pública, sobre todo por las diferencias que ha mantenido con Bárcenas en los tribunales. Diferencias con Bárcenas que siempre la Justicia ha saldado a favor de Cospedal.

Los partidarios de Cospedal insisten en que era estéril la dimisión de Rajoy. Y lo era porque sabían que los antiguos convergentes, que habían alcanzado un acuerdo en el Hotel Vinci de las proximidades del Congreso de los Diputados con el PSOE para apoyarle en la moción de censura, convencieron a su vez al PNV para que también lo hiciera.

Los socialistas se comprometieron a garantizar el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios que los jeltzales habían conseguido con el PP. A saber, subida de las pensiones, respeto del Cupo Vasco e inversión de más de 500 millones de euros anuales. 

Además, apoyarían las propuestas del PNV en Navarra. No en vano, según representantes del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, quien había negociado en el Hotel Vinci de Madrid con Marta Pascal, era el Secretario Ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán.

Agua pasada no mueve molino, pero de cara a la reestructuración del Partido Popular todo lo sucedido tendrá mucha importancia en los próximos meses. Los datos comentados tendrán sin duda relevancia, aunque los protagonistas todavía no han ofrecido su versión de lo sucedido y por qué actuaron así. El caso es que se han dejado arrebatar el gobierno.

De cara a poderlo recuperar tendrán que actuar con más generosidad entre ellos mismos. Tiempo habrá para analizar las exigencias que han planteado quienes han apoyado la moción. Es una alternativa que está en la Constitución y por lo tanto no cabe en principio ningún reproche. Si sirviera para normalizar las relaciones con Cataluña, mejor que mejor.

Aunque en este caso no hay que olvidar la reflexión de Ortega y Gasset: “El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar”.



(*) Periodista