PALMA DE MALLORCA.- La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs)
Baleares, Patricia Guasp, ha registrado una proposición no de ley en el
Parlament mediante la que se insta al Govern a impulsar medidas para
defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad
ciudadanas contra la ocupación ilegal de viviendas en las Islas.
Según ha informado la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, este
viernes en una nota de prensa, "se debe elaborar un Plan Autonómico
contra la ocupación ilegal de viviendas que tenga como objetivo la
devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios".
Además, ha añadido Guasp, "debe incluir medidas de refuerzo de la
seguridad y la vigilancia de todos los inmuebles abandonados y que sean
susceptibles de una ocupación ilegal"; así como "facilitar servicios de
asesoramientos y orientación jurídica a los propietarios afectados".
Al respecto, ha apuntado, "nuestro fin es dotar a los propietarios
de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal
de viviendas" además de "dotar a las Administraciones de los medios
necesarios para combatir este grave problema".
"Es un problema gravísimo que las mafias se aprovechen de familias
vulnerables para engañarlas y extorsionarlas" ha añadido la diputada de
Cs y, además, "no podemos perder de vista que estamos hablando de
familias que cumplen a diario con sus obligaciones y que han pagado su
vivienda con el sudor de su frente".
Por ello, ha denunciado Guasp, "no podemos seguir permitiendo que
los afectados acudan a la justicia para recuperar sus viviendas y se
encuentren, irremediablemente, con un proceso largo y complejo que
permite al okupa quedarse durante años en la vivienda a la espera de que
un juez decida".
En este sentido, ha indicado "se debe potenciar la coordinación y
la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo
común de actuación, para reforzar la eficacia de esta lucha entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Municipales y la
Administración de Justicia".
Finalmente, ha afirmado, "es responsabilidad del Gobierno y de las
Cortes Generales la promoción de todas las reformas legales que sean
necesarias para defender la propiedad privada" y, urge, ha concluido,
"introducir modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que
afronten, en su integridad, esta problemática".
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