MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto este
jueves juzgar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer
Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar una organización criminal
para enriquecerse durante décadas a través de actividades relacionados
con la corrupción.
En un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente a
procesamiento), el juez considera acreditado que los Pujol Ferrusola
aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida
política, social y económica catalana durante decenios, "para
acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con
percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
Y subraya que parte de esas actividades coincidieron cuando Pujol
ostentaba la Presidencia de la Generalitat (1980-2003) al tiempo que
ejercía el liderazgo de la organización criminal junto a su mujer.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les procesa por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
No duda de la organización criminal, porque destaca que reúne todos
los requisitos con diversos niveles jerárquicos, una estructura
planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las
primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia
cerró sus últimas fundaciones en 2014.
A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla
todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y
que les reportaron cantidades multimillonarias sin razón alguna, porque
la finalidad no era otra que "obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas".
De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba
encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, detalla, se
autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Por debajo, Jordi Pujol Ferrusola, denominado "el capellán de la parroquia", cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos. Él era el responsable de la recepción y distribución de dinero, según el juez.
De hecho, el primogénito ha admitido que todas las operaciones en las
cuentas de Andorra y buena parte de los "negocios" en que invirtió
durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio
económico que gestionaba para sí y su familia.
También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de los miembros de la familia,
Otras personas, además, colaboraron estrechamente con la
organización, con carácter transversal, permanente y sistémico,
aportando sus estructuras mercantiles y fingiendo como intermediarios
para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los
auténticos beneficiarios de las operaciones.
La procedencia del patrimonio, señala el juez, deriva de distintas
fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien no existen indicios
sólidos que acreditan que no proviene, como alega la familia, de una
herencia procedente del abuelo Florenci Pujol.
"A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que
permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha
suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de
las personas investigadas de esta familia", precisa.
Paradójicamente, explica De la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado;
la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue
administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o
productos financieros en que estuvo invertido.
Respecto al origen de los fondos, el juez lo sitúa en pagos ilícitos
de terceras personas, en su mayor parte vinculadas con empresas, que
realizaban pagos millonarios a la familia disimulados bajo estructuras
societarias y utilizando paraísos fiscales.
Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas
operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados,
dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, "cuya
existencia real no ha quedado acreditada", señala, sino más bien lo
contrario, la inexistencia del supuesto negocio.
A cambio de estos contratos simulados, la familia Pujol
Ferrusola les correspondía con "favores políticos" en adjudicaciones,
cambios de calificación urbanística y concesiones en toda Cataluña.
Y a aquellos contratos de intermediación que sí se engranaban en
operaciones económicas reales, se les agregaba el coste asociado al pago
irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola, añade el auto.
Para el juez, todos estos actos se hicieron con el único ánimo de
ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero que se hacía llegar a la
familia directamente en "negro", en metálico.
De todo esto, De la Mata subraya la estrategia defensiva de los
investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso
sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales
que se repartieron entre todos, "de modo que la confabulación y la
organización se extiende hasta el día de hoy".
Al margen de la familia Pujol Ferrusola al completo, procede contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales,
entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los
empresarios Luis Delso y Carlos Sumarroca. En cambio, archiva la causa
para Ramón Gironés, Ana Vidal y Amelia Barrigón.
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