En total, el Gobierno central asignó a las Islas 1.014 millones de euros destinados a diferentes áreas como agricultura, salud, cultura, vivienda, igualdad, medio ambiente, pymes, turismo, etcétera.
En algunos casos los importes aprobados son de enjundia como en iniciativas para el sector turístico, que suman un total de 250 millones; para educación son 126; energía 262, o vivienda, 98 millones.
A 30 junio, el anterior Govern había movilizado y realizado algún tipo de tramitación presupuestaria, reserva de crédito o autorizaciones de diferentes proyectos, por valor de 670 millones. En consecuencia, a día de hoy, hay 344 millones de euros sin tocar y hay diferentes áreas y departamentos autonómicos donde la situación es más que preocupante.
Para asuntos de digitalización, de los 31 millones asignados, sólo han sido gastados 144.000 euros, apenas el 0,46% del total por lo que, en este caso, el riesgo de perder esos fondos es elevadísimo, así como en iniciativas vinculadas al área de energía, donde sólo se ha ejecutado un 13,9% del montante global.
En otros casos la situación de inoperatividad no alcanza esos niveles dramáticos, como en materia de ocupación donde ya se han destinado a diferentes proyectos el 49% del total millonario asignado; 52% lleva ya empleados el área cultura, o un 65% las iniciativas en materia de movilidad.
En otras áreas el riesgo de perder esas inversiones es muy elevado. El caso más llamativo es en proyectos relacionadas con el sector turístico donde sólo hay movilizados el 31,4% del total de 250 millones. En suma hay 134 millones sin destino alguno.
Esta misma semana el actual Govern de la popular Marga Prohens reconocía que pondrá en marcha toda la maquinaria para intentar que no se pierda un euro, «pero no sabemos si seremos capaces», porque el termino para su tramitación en algunos casos lleva la fecha límite de 31 de diciembre de 2023 y en otros, un año después.
Como admitió el vicepresidente, conseller de Economía, Hacienda e Innovación y portavoz, Toni Costa, en la pasada Comisión de Hacienda, «tenemos que poner en marcha proyectos que sean factibles para no perder un euro. Pero la situación es la que es”.
En el apartado del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial Balear (REB) dentro de los Presupuestos Generales del Estado hay dos anualidades, una de 2022 por un total de 109 millones y otra del presente año de 103 millones (212 millones en total) que se tienen que ejecutar antes de 31 diciembre 2024.
En estos momentos, el nivel de gasto no llega ni a los 40 millones de euros, (un 19% del total) por lo que el riesgo de perder buena parte del montante es incluso más elevado que en los fondos Next Generation.
Costa achacó esta falta de iniciativas y proyectos a la forma de proceder del anterior Ejecutivo. «Asignaban financiación a ideas, no a proyectos, y después para desarrollar ese proyecto puede tardar años. Pero si no hay proyectos, no hay ejecución. Ahora pedimos proyectos a ejecutar para que puedan ser licitados y después buscar financiación, pero no al revés: primero financiación y después proyectos».
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