El campo español se une para protestar ante los ministros de la UE por los "continuos ataques" al sector

 

MADRID.- Los agricultores y ganaderos españoles no se resignan a su situación actual, marcada por los bajos precios, la subida de insumos, la competencia "desleal" de terceros países y las medidas medioambientales impuestas por Bruselas -"imposibles de cumplir", en su opinión- con el beneplácito del Gobierno de España. 

El sector se moviliza este martes en Córdoba en "unidad de acción", es decir, por encima de sensibilidades o tendencias ideológicas. Las tres grandes organizaciones agrarias -Asaja, UPA y COAG- y Cooperativas Agroalimentarias van de la mano y protestarán aprovechando la reunión de ministros de Agricultura de la UE con motivo de la Presidencia de turno española. Entre los presentes, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.

"Protestaremos por los continuos ataques que recibe el sector", denuncian fuentes del sector consultadas. El hartazgo no es nuevo y pretende recoger el testigo de la histórica manifestación que colapsó Madrid en marzo de 2022 debido a que "el diagnóstico desde entonces no es que siga siendo el mismo, es que es mucho peor" y las soluciones aportadas, "ninguna", lamentan.

Los problemas a los que se enfrentan las producciones agrarias españolas son múltiples. "Están tratando de cambiar las reglas de toda la vida, no sólo ya sin contar con los profesionales del campo, que son los que saben de esto, sino que ni tan siquiera nos dan tiempo para ello y, lo que es más grave, no nos ofrecen recursos para afrontarlo", esgrime Pedro Barato, presidente de Asaja. 

Las quejas miran a Bruselas, pero también al Gobierno de España, que ha apoyado, cuando no jaleado, los cambios introducidos y ya aprobados para el nuevo periodo de la PAC (las ayudas europeas), en vigor desde este mismo año.

Las exigencias medioambientales establecidas como requisitos indispensables para recibir los fondos -a través de estrategias como De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza- están en el punto de mira. 

"Es un cambio de modelo, de una forma de trabajar que hemos demostrado durante años que ha sido eficaz, que nos ha puesto en la vanguardia mundial, pero resulta que ahora nos dicen ya no vale lo que hacíamos de generación en generación, cambian las reglas del juego de un día para otro y nos la imponen desde grandes despachos burocráticos", apunta este dirigente agrario. 

"No estamos en contra de las medidas para potenciar la sostenibilidad porque somos los primeros interesados", añade Barato. "Además, nos hemos dedicado a cuidar desde siempre el campo, pero de una forma coherente y con unos plazos razonables y siempre que se asegure primero la rentabilidad". 

En caso contrario, barrunta, las explotaciones agrarias van a sufrir "un problema muy serio a corto plazo y se va a poner en riesgo el sistema alimentario porque van a provocar la caída de miles de productores".

En España, el sector se muestra convencido de que les ha perjudicado mucho en la anterior legislatura el peso que tenían ministerios como el de Transición Ecológica o el de Consumo, por encima del de Agricultura, que quedó en segundo plano y con un responsable, Luis Planas, con menos fuerza política y con poca influencia para frenar leyes que, consideran los agricultores, se diseñaban en contra de la España rural y agraria y desde el más absoluto de los "desconocimientos". 

"Esa adaptación verde requiere de mucho dinero. No es que no la queramos hacer, pero con tiempo, en un plazo más amplio, y con unas inversiones que no supongan que se lleven por delante a muchos de los agricultores y ganaderos por decisiones de burócratas sentados en sus despachos que no tienen ni idea del campo", sentencia Barato. 

Todos piden "una hoja de ruta realista" y medidas de apoyo mucho más ambiciosas para que los agricultores profesionales puedan acometer la transición "de manera justa, equilibrada y rentable".

Los cambios impuestos llegan además en un ciclo productivo marcado por el encarecimiento de los costes de producción (un 35% se ha elevado el precio de los insumos sólo desde el año pasado), por la sequía continuada (que lleva, por ejemplo, a que dos campañas seguidas como la del aceite sólo produzcan la mitad de lo habitual y se disparen los precios) o la creciente "competencia desleal" de terceros países, que no tienen "las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están obligados los países europeos o, simplemente, nos utilizan como moneda de cambio por conflictos comerciales de otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros", se queja Miguel Padilla, secretario general de COAG. 

Sandías, melones o tomates procedentes de Marruecos o arroz y miel de países asiáticos son algunos de los ejemplos más significativos: "Consideramos fundamental intensificar los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad", esgrime.

"Es un tema general, afecta a todos los sectores, no es que uno esté mejor que otros. Y se une la entrada en vigor de la aplicación de la PAC, impuesta desde Europa por encima de los gobiernos, que está produciendo además muchas incidencias que nuestros técnicos intentan resolver, pero está siendo muy complicado", reconoce Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. 

"Es una situación muy dura y además esas medidas que nos obligan están siendo muy difíciles de aplicar porque no se trata ya de dinero o de presupuestos, que hay el que hay, sino de un problema común para el sur de Europa y especialmente para España", apunta. 

En parecida línea se expresa Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía: "Reclamamos un trato igualitario, que haya reciprocidad, lo que se llamamos cláusulas espejo, es decir, que los productos que lleguen a Europa tengan las mismas exigencias y los mismos controles de sostenibilidad que los nuestros".

Este análisis también conlleva un aviso de posible desabastecimiento del sistema alimentario. 

"Como se comprobó en la pandemia, se trata de un asunto de máxima prioridad", por lo que instan a "proteger de manera indispensable el tejido productivo de las explotaciones para que puedan cumplir los agricultores y ganaderos con su función básica de proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios razonables", dentro de un modelo "profesionalizado". Padilla pide reforzar "nuestra soberanía alimentaria que proteja al sector ante las presiones de lobbies que tienen otro tipo de intereses", denuncia.