MADRID.- Los diputados y senadores de la próxima legislatura tendrán que
asumir una serie de normas nuevas previstas en el Código de Conducta
aprobado por la Mesa del Congreso, entre ellas la obligación de incluir
cualquier actividad anterior a su toma de posesión y por la que hayan
obtenido beneficios económicos.
A esta medida, según refleja el Código de Conducta, se suman también otras novedades como la obligación de
detallar las donaciones o regalos “no remunerados” que se hayan obtenido
con anterioridad a ocupar al escaño y que no hayan sido hechos por
familiares y amigos.
Todas estas exigencias vinculantes que esperan a los diputados de la
decimotercera legislatura se ponen sobre la mesa después de haber salido
a la luz situaciones como la de la candidata de C's a la Alcaldía de
Madrid, Begoña Villacís, en relación con una sociedad mercantil que
había compartido con su marido, o la de hace unos meses del ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que creó una sociedad
para gestionar una propiedad.
Hasta ahora, los diputados y senadores solo tenían que dar cuenta de
las actividades que desarrollaban en el momento de ocupar su escaño.
Otra de las cosas que plantea este documento, elaborado a partir de
las recomendaciones recogidas en el informe del Grupo de Estados contra
la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, es que los
parlamentarios, antes de iniciar su labor, detallen esas donaciones u
obsequios, incluidos viajes o invitaciones a eventos, que puedan ser
relevantes a la hora de valorar un posible conflicto de intereses.
La declaración de bienes patrimoniales que tienen que hacer al inicio
de la cada legislatura incorpora datos nuevos como el tipo de interés
que se aplica a los créditos que hayan solicitado y la individualización
del saldo existente en las cuentas bancarias que posean.
Novedad es también prever un régimen disciplinario para aquellos que
incumplan el Código que se aplique y será la Comisión del Estatuto del
Diputado o la Comisión de Incompatibilidades del Senado quienes
resuelvan y recomienden, si procede, una sanción.
Incorpora además la creación de una Oficina de Conflictos de
Intereses para resolver las dudas de interpretación que el Código pueda
generar tanto a los parlamentarios, a los que también asesorará sobre lo
que deben o no incluir en el registro, como a las Mesas de las dos
cámaras.
Los parlamentarios deberán también hacer pública su agenda
institucional en el Portal de Transparencia, incluyendo las reuniones
que hayan mantenido con grupos de presión o cualquier otro colectivo o
personas individuales que puedan tener intereses legislativos y eso
incluye, por ejemplo, sindicatos, ONG o patronales.
Antes de ser aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara Baja,
los grupos parlamentarios han podido plantear sugerencias al borrador
que se les presentó antes de la redacción final del texto.
Un texto que se planteó después de que el Consejo de Europa
apercibiera a España porque de las once recomendaciones que hacía para
mejorar la transparencia en el Parlamento solo cumplían siete de ellas y
de manera parcial, por lo que calificaba la situación de “globalmente
insatisfactoria”.
En este Código de Conducta no se ha incluido finalmente una
sugerencia de GRECO, que no gustaba a los partidos porque consideraba
incluir además información patrimonial de los cónyuges y de otros
familiares dependientes, aunque no tuviera que hacerse necesariamente
pública.
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