Es el caso de Berta Guijarro, una vecina de Baena que ocupa la secretaría de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca (Ateava) y que pone voz a todos los damnificados: quieren dar visibilidad a su situación y que se reconozcan sus derechos laborales y de salud.
Empezaron siendo un grupo de tres personas, después siete y en la actualidad son ya más de 60, si bien saben que “en breve, y por desgracia, vamos a ser muchos más”.
“Nos vacunamos por responsabilidad civil y por el bienestar común, cuando los políticos nos lo pidieron ante la necesidad de trabajar con garantías. Nos asignaron AstraZeneca independientemente de nuestro sexo, antecedentes sanitarios o medicación habitual”, recuerda.
E insiste en que los integrantes de Ateava no son “negacionistas ni tampoco antivacunas”, sino que fueron de los grupos poblacionales convocados más tempranamente a la vacunación, de ahí que “los efectos causados sean fruto de esta premura, ya que con el tiempo las autoridades españolas desaconsejaron vacunar con AstraZeneca por el riesgo que ello entrañaba a personas cuyos perfiles compartimos”.
“Somos ese sector de la población que nos vacunamos como así nos lo indicaban los organismos públicos a pesar de que no nos correspondía por edad, pero sí como trabajadores esenciales”, incide.
Y cuenta que hubo compañeros de Valencia que estaban esperando a que los vacunaran cuando, se repente, les dijeron que retiraban AstraZeneca, cuando segundos antes otros docentes acababan de recibir su dosis correspondiente. “Muchos de ellos hoy sufren efectos secundarios graves”, lamenta.
Guijarro destaca que entre los socios hay personas, como ella, que sufren aún secuelas que le impiden llevar su vida normal, y en muchos casos “aún peores”, aunque “desgraciadamente” se han tenido que incorporar a trabajar sin que su situación sea reconocida y sin estar en condiciones para ello. Otros, directamente, han perdido sus empleos, según denuncia.
La asociación se creó en septiembre de 2021 y su presidente es un profesor de Barcelona, Pedro García. Actualmente está formada por personas de toda España que se han visto “olvidadas y silenciadas”.
“Hemos sufrido lo que nos ha pasado en nuestras casas y sin atención”, lamenta. “Nuestra vida se paró hace algo más de un año y ahora queremos recuperarla”, sentencia.
Ante esta situación, desde Ateava solicitan que se reconozca su patología como enfermedad laboral, que se registre a todas las personas que han desarrollado efectos secundarios graves tras la vacunación, que el Sistema de Farmacovigilancia Española realice un seguimiento de los casos, se creen unidades específicas de estudio y tratamiento sanitario y se hagan públicos los datos relativos al seguimiento.
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