Los agricultores y pescadores españoles piden detener la ley europea de Restauración de la Naturaleza

 

MADRID.- Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas: la ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los Estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los caladeros por parte de un plan "irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario".

La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de Restauración de la Naturaleza, introduciendo nuevos objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que también influyen en los sectores de producción del sector primario. El objetivo según la UE es "restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, ecosistemas marinos y entornos urbanos de la UE y las especies que albergan".

Según un comunicado publicado por Asaja, "la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad". O lo que es lo mismo, propone cambios drásticos en el campo y en el mar sin haber echado cuentas de las pérdidas económicas que podría suponer.

Además, señala Asaja, la Comisión "espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".

Las comisiones de pesca y agricultura rechazan la ley

En un movimiento sin precedentes, las Comisiones de Agricultura (AGRI) y Pesca (PECH) del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, "poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos" de los agricultores y pescadores en la UE, según recoge www.libremercado.com.

Aún así, la decisión no depende de ellos. Será la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo la encargada de tomar la decisión final este jueves 15 de junio. Los agricultores y pescadores piden desesperadamente que se les escuche y se les respete y también exigen a la Comisión que reanude el proceso desde cero porque estos sectores se están enfrentando "a políticas medioambientales radicales de la UE que están afectando profundamente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria de la UE."

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Desde el sector de la pesca, Javier Garat, presidente de Europêche, comentó: "La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE. Del mismo modo, las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza. 

Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el que la protección es sinónimo de exclusión. Debemos intentar compatibilizar la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa. La nueva Ley sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria".

¿Qué propone la ley de Restauración de la Naturaleza?

En unos términos muy poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley "desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza, como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza".

Con respecto al impacto económico, las autoridades europeas señalan que "la restauración no excluye la actividad económica. La restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".

Los objetivos propuestos incluyen que haya más poblaciones de polinizadores (reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas para 2030), que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos y que haya una cubierta mínima de árboles del 10% en todas las ciudades para 2050, así como "espacios verdes integrados en edificios".

Con respecto a las tierras de cultivo, no especifica nada en absoluto sobre la producción. La prioridad es el "aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas".

También insiste en la destrucción de presas y embalses a través de la "eliminación de las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030". Con respecto al mar, el objetivo es restaurar "las praderas marinas o los fondos sedimentarios, y restauración de los hábitats de especies marinas emblemáticas, como delfines y marsopas, tiburones y aves marinas".

Según el sector rural, el "turbulento" debate sobre la nueva ley ambiental dejó una cosa clara: "Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?"

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La futura Ley contra el Alcohol pide sanciones para los padres de los menores que beban

MADRID.- El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Para que se pueda condonar la sanción, los padres deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa, basadas en la evidencia y con objetivos de prevención y reeducación.
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurados.
Otro de los apartados, propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; e incluso se considera la posibilidad de que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.
Además, se recomienda establecer regulación de horarios de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los 'happy hour' en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras.
Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico - teniendo en cuenta la Directiva Europea - una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud.
Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos, es decir colegios, institutos, centros sanitarios o salas de cine o teatro durante los espectáculos dirigidos a menores, y pone como ejemplo que se establezca el límite en torno a 100 metros lineales del perímetro de centros escolares.
Restringir el patrocinio, o cualquier otra forma de financiación, de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, "beer runners", consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, etc.
En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de bebidas con alcohólico se pide que se establezca un horario infantil en el que no se podrá insertar publicidad de ningún tipo ni en programas emitidos una hora antes o después de ese horario.
El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestran "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".
En informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".
Esto implica "sensibilizar" a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Principales medidas

• El texto se fundamenta en diez ámbitos siendo el familiar uno de los más importantes, ya que se pretenden establecer mecanismos especiales de detección e intervención en familias con antecedentes de consumos abusivos de alcohol.
• La futura ley de menores sin alcohol debe tener un carácter "educativo y pedagógico", pero también debe garantizar la protección de los menores, por eso esta ley debe tener un régimen sancionador cuya orientación punitiva y recaudatoria se dirija hacia aquellas personas jurídicas y físicas mayores de edad, que permitan o fomenten el consumo de alcohol por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio.
• Se propone realizar campañas de concienciación social acerca de los abusos del alcohol y otras adicciones; fomentar otras formas de celebración en fiestas culturales y patronales, con el fin de modificar, pese a su dificultad los hábitos culturales relacionados con el consumo en espacios de ocio, valorando políticas de precio especial de alternativas de ocio para menores y de tal manera, que se faciliten hábitos alternativos.
• Modificar el logo de "consumo moderado o es tu responsabilidad" por logos más adecuados que no inciten al consumo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota"; y cambiar la consideración de consumo moderado por campañas que adviertan de que el abuso del consumo de alcohol puede provocar adicción y el consumo habitual es nocivo para la salud.

El Parlament amplía el plazo para la aprobación de la Norma Transitoria de Menorca

PALMA.- El Grupo Parlamentario Popular ha apoyado este martes la Proposición de ley, presentada en la Cámara balear por el Consell Insular de Menorca, para la modificación de la disposición adicional novena de la Ley 7/2012 de 13 de junio de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, en lo referente al plazo máximo de un año para la aprobación de la Norma Territorial Transitoria que tramita la institución insular.

Esta iniciativa legislativa ha sido defendida y presentada ante el Pleno del Parlament por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell Insular de Menorca, Cristóbal Huguet, y ha contado con el apoyo del diputado menorquín Antoni Camps, en nombre del Grupo Popular.

Camps ha señalado que la excepcionalidad de la norma y su complejidad ha provocado un retraso en el plazo que fija la ley y para argumentar dicha proposición ha recordado que la modificación del Plan Territorial Insular, la única que ha habido, se llevó a cabo en 3 años, concretamente en 2006, y se pusieron a trabajar en los cambios justo después de la aprobación de forma definitiva del PTI el día 25 de abril de 2003.

"Es curioso que aquellos que tardaron tres años para modificar el Plan Territorial Insular, califiquen ahora de fracaso el hecho de que la Norma Territorial transitoria no esté terminada dentro del año que preveía la ley 7/2012", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado que en el propio redactado del actual Plan Territorial Insular, en su artículo 5.2b), a pesar de que destaca que la vigencia del Plan Territorial insular es indefinida, sí que deja muy claro que tendrá que ser objeto de revisión a los diez años después de la aprobación definitiva. Diez años que se cumplen exactamente en dos días.

"Diez años donde el PTI se ha aplicado con toda su rigidez en Menorca, diez años en que se han demostrado las ineficiencias y contradicciones, y de aquí que ya hoy, en Menorca, sea un clamor la necesidad de modificar el PTI -lo pide como acabamos de escuchar incluso el portavoz menorquín del PSM- y de adaptarlo a las necesidades actuales", ha manifestado Camps.

Durante su intervención, ha asegurado que el PTI se ha convertido en una herramienta estéril para la economía menorquina, sin capacidad de adaptación a las nuevas necesidades y circunstancias, con objeto de estimular y contribuir al crecimiento, en lugar de obstaculizar la creación de riqueza y la reactivación económica de la isla.

"Por este motivo, el PP, tanto en el Parlament, como en el Consell como en el Govern, se ha puesto a trabajar para simplificar las tramitaciones administrativas, para hacer más ágil la gestión de los expedientes, para estimular las inversiones productivas y para crear puestos de trabajo", ha añadido.

Camps ha apuntado que ya desde la aprobación del decreto Ley 2/2012 de 17 de febrero que después se tendría que transformar con la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, el Consell Insular de Menorca presentó toda una serie de medidas y de ideas para que fueran incorporadas a la Ley.

"De hecho, algunas de estas propuestas ya fueron recogidas en la nueva Ley, como es el caso de la incorporación de un régimen transitorio para los núcleos rurales, o la incorporación de un régimen transitorio para las unidades de actuación y sólo urbanizables, entre otros ejemplos", ha explicado el diputado menorquín.