Ayudar e incitar al abuso sexual infantil y la trata de menores

 

 NUEVA YORK.- Una investigación encontró que el gigante del aborto Planned Parenthood no revela la sospecha de tráfico sexual de niños a las autoridades y ni siquiera cumple las promesas de capacitar a los miembros del personal para denunciar casos de tal abuso.

Esto ha estado sucediendo durante años. En 2011, una investigación reunió evidencia de ocho miembros del personal de Planned Parenthood en siete clínicas que parecían estar dispuestos a ayudar e instigar el tráfico de menores. Haciéndose pasar por traficantes sexuales de niños, los investigadores de Live Action visitaron instalaciones en varios estados, preguntando sobre la obtención de abortos, anticoncepción y pruebas de ITS para niñas menores de edad.

La investigación mostró imágenes de empleados que ayudan a los “traficantes” al describir las mejores formas de obtener abortos y control de la natalidad para las víctimas de 14 y 15 años. El personal dijo que las clínicas siempre ignorarían las leyes de consentimiento de los padres y practicarían abortos a niñas menores de edad involucradas en el trabajo sexual. 

También explicaron los métodos ilegales para obtener de las clínicas tanto métodos anticonceptivos como abortos para menores sin seguro médico.

Después de que se descubrió esto, la organización dijo a los medios que capacitaría a todos los trabajadores de la clínica para detectar y revelar sospechas de abuso sexual de menores. En una carta al entonces fiscal general Eric Holder, la presidenta hasta 2018 de Planned Parenthood, Cecile Richards, afirmó que su grupo investigó las denuncias de tráfico y las informó a las autoridades policiales pertinentes.

Según el sitio web de Planned Parenthood, las personas que no dan su consentimiento para tener relaciones sexuales o que se ven obligadas a hacer algo que puede considerarse contacto sexual no deseado tienen derecho a decidir qué sucederá con sus propios cuerpos.

Si bien el sitio web se enfoca en la prevención de agresiones, abusos o violaciones y explica lo que se puede hacer después del evento, no tenían nada en su sitio web principal sobre cómo ayudar a las víctimas agredidas . En su lugar, le piden a la persona que “obtenga ayuda de un experto” enviándolos a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, que se dice que ofrece apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También ponen como responsabilidad de la víctima decidir si quiere hablar con la policía, diciendo que es su elección hacerlo, esencialmente dejando libres a los abusadores.

En un estudio reciente, se descubrió a través de entrevistas con ex empleados que Planned Parenthood tiene una tendencia inquietante de guiar a las niñas jóvenes a través de la explotación en múltiples etapas, comenzando con su programa de educación sexual.

Investigadores encubiertos que se hicieron pasar por niñas de tan solo 15 años grabaron en secreto conversaciones en clínicas donde les enseñaron, junto con sus “novios”, sobre relaciones de esclavitud y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo (BDSM).

En cada una de estas clínicas, los empleados les dijeron a las niñas que cualquier tipo de actividad sexual era perfectamente aceptable siempre que dieran su consentimiento y nunca hicieran preguntas, como la edad de sus novios. 

Los empleados tampoco pidieron detalles de su relación ni dieron consejos sobre cómo evitar el embarazo en primer lugar.

Esto juega directamente en el proceso de preparación de los abusadores sexuales, particularmente en relación con el contacto insensibilizante y el abuso en el que un delincuente puede condicionar a las víctimas para que piensen que el tipo de contacto que están recibiendo es normal y aceptable.

Otra investigación de Live Action mostraba a investigadores encubiertos haciéndose pasar por niñas de 13 a 15 años que ingresaban a las instalaciones de Planned Parenthood para ocultar sus relaciones con hombres mayores que sus padres, y en cada operación encubierta, los empleados aseguraban a las niñas que no serían informadas a sus padres. .

También las asesoraron sobre cómo obtener una derivación judicial para abortar y les ofrecieron consejos sobre qué procedimientos serían los mejores para ocultarlos a los padres, como mentir o viajar a un estado diferente sin leyes de consentimiento de los padres.

Si bien Planned Parenthood afirma que denunciar sospechas de tráfico sexual es una prioridad, el hecho de que muchos trabajadores de la clínica estén dispuestos a pasar por alto o incluso llegar a facilitar el abuso continuo de menores sugiere que la organización está más preocupada por su imagen que por el bienestar de los menores, sus clientes.

Nueva denuncia por presuntos abusos sexuales a una menor tutelada por la Comunidad de Madrid

MADRID.- Una nueva denuncia por abusos sexuales a una menor tutelada se suma a la presentada por otra menor de la Residencia Infantil Chamberí, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, como ya publicó Diario16.

El pasado 28 de febrero de 2022, la menor de 13 años registró dicha denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid contra la dirección del centro y varias educadoras por los hechos acaecidos.

Según relata la madre, el 24 de Febrero de 2022, recibió una llamada telefónica de un psicólogo del centro «que me dice que mi hija me tiene que contar algo muy importante, sin explicar el motivo. Cuando llegué al centro, salió una educadora a decirme que me pensara bien lo que iba a hacer, que no había sido para tanto y que ya habían tomado medidas. A lo que respondo que hablaría con mi abogado y que tomaríamos las medidas que hubiera que tomar». Al ponerse en contacto con su letrado, éste le recomendó que denunciara inmediatamente en Comisaría.

Ese mismo día, a las 21:05, la madre acude con su hija a las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de la Policía de Madrid para «oír en exploración» a la menor. En su declaración, ésta pone en conocimiento los hechos ocurridos «con un compañero del centro, de origen español, con el que se encuentra en el Grupo Mixto», y que no es otro que el presunto autor de los abusos sexuales de la primera denuncia sobre la que informó Diario16.

«Te voy a pegar»

La menor afirma en la denuncia que su compañero comenzó a acosarla un año antes, «siguiéndola por el centro, aprovechando siempre que tenía ocasión y no había vigilancia de los educadores para acorralarla y tocarle la zona de los pechos, la vagina y los glúteos por encima de la ropa», mientras le insultaba «gorda puta». El presunto agresor, según la joven, en ocasiones le decía: «Te voy a pegar y voy a poner a todos en tu contra».

Estos comportamientos se habrían repetido de forma constante. De hecho, fue sorprendido por las educadoras, siendo castigado sin salir de su habitación y sin paga. Según explica la menor, el presunto agresor le habría llegado a decir que no le contara nada a su hermano -también residente- «porque esto podría acarrear problemas».

Asimismo, como recoge el escrito, «tras los castigos, el centro estableció unas reglas especiales hacia el menor, tales como que no podía compartir espacios donde estuviesen chicas». Pero después de un tiempo sin provocar incidentes volvió a adoptar el mismo comportamiento. No sólo la joven habría sido víctima de los presuntos abusos sexuales, sino al menos otras dos menores, además de la primera que denunció los hechos.

La situación que fue el detonante para que la menor presentara la denuncia es que el citado menor «se metía en la habitación de la joven mientras ella dormía y le realizaba tocamientos por encima de la ropa. En algunas ocasiones se despertaba y le echaba, pero en otras no, siendo informada por su compañera de habitación, y hasta en dos ocasiones por las educadoras que le ordenaban salir e informaban a la menor de lo que había pasado, ya que ella no se había percatado».

El 22 de febrero de 2022, en torno a las 19:00 horas, cuando la menor se encontraba sola en su habitación, el menor entró, motivo por el que ésta le dijo que se fuese, negándose a ello. El joven se sentó en la cama, agarró por la cintura a la denunciante y le empujo encima de éste, realizando tocamientos en pechos, vagina y glúteos. En ese momento apareció un amigo en el pasillo y al percatarse, el menor denunciado cesó en su actitud y la menor consiguió salir de su habitación.

La menor manifiesta que son tres amigos quienes le animan a contarles, a sus dos educadoras de referencia, lo sucedido, «a pesar de que estas ya tenían conocimiento de alguna de las cosas que habían estado ocurriendo».

Tras este capítulo, las educadoras condujeron al menor a la sala de visitas e informaron a la menor que el castigo «lo iba a poner dirección, como ya han hecho en otras ocasiones». Una de las dos educadoras «dijo que quien contase algo de lo ocurrido a mi familia iba a estar castigado mucho tiempo».

La denunciante afirma, asimismo, que «las educadoras nos dicen a las niñas que si nos hacen algo de ese tipo que podíamos meterles un guantazo, una patada o un empujón. Pero cuando lo hacemos nos lo devuelven, por lo menos el denunciado, y tengo varios compañeros que saben que es verdad».

Como consecuencia de estos hechos relata que «he estado durmiendo mal durante mucho tiempo, con pesadillas de que alguien se metía en mi cama y no podía moverme, sólo mirar, pero el chico no hacía nada. Cuando les expliqué esto a las educadoras no me hicieron caso. Sólo me dijeron que se me pasaría, pero no, se repitieron muchas veces más».

En su declaración también expresa que «tengo mucho miedo de que vuelva a suceder esto. Y estamos coaccionadas y amenazadas por parte de las educadoras el equipo directivo para no contar nada a nuestras familias y que no tomen medidas».

Por todas estas razones, la joven, que sigue residiendo en el centro, ha solicitado medidas cautelares urgentes, la revocación de la medida de desamparo, ser escuchada por la Fiscalía de Menores, reconocida por un médico forense y un equipo psicológico fuera del centro Chamberí, así como la guarda temporal con su madre hasta que se resuelva la medida de desamparo.

Denuncian un entramado encubierto por la Administración para el lucro a costa de los 50.000 menores tutelados en España

 

MADRID.- Los casos que se investigan en nuestro país sobre redes de tráfico de drogas y prostitución que explotan a menores tutelados se han convertido en el resorte para que las familias afectadas salgan a las calles a denunciar un sistema de protección a la infancia que, como señalan las organizaciones convocantes de una manifestación celebrada este fín de semana en Madrid, «demuestran que algo está muy podrido en los Servicios Sociales y la red privada de centros que se reparten miles de millones de euros de los fondos europeos», según recoge Diario16.

El sufrimiento de niñas y niños apartados de sus progenitores tiene diversas formas, sostienen. «Violencia vicaria, adolescentes en situación de calle, expedientes que tardan años en resolverse, escasas horas de visita al mes en los centros, informes sesgados de las inspecciones de los técnicos a las viviendas cuando se acepta el plan de reintegración, miles de arrancamientos injustos, separación de hermanos de por vida» y una larga carrera de obstáculos. Todo con el denominador común, denuncian, de «un sistema de atención a la infancia que es un fiasco y un entramado para el lucro a costa de menores encubierto por la Administración y la legislación».

Según Fernando Barredo, presidente de la Fundación democraciActiva, esta situación es fruto de «leyes injustas e infames que, además, se aplican de forma torticera por personas sin escrúpulos, tanto dentro de los Servicios Sociales, a todos los niveles de la Administración -local, regional y estatal-, como por parte de personas intermediarias en esto que podemos llamar privatización de los servicios públicos y que no es nada más que un buitreo que permite que se estén arrancando miles de menores a sus familias indefensas, en momentos de vulnerabilidad, cuando la propia Constitución en su artículo 39 dice que habría que auxiliarlas legal y económicamente. Lo que hacen es aprovecharse de esa coyuntura, destrozar familias, maltratarlas y para colmo, muchos de estos menores, sabemos, que acaban en redes de prostitución y drogas».

Silencio cómplice

Barredo explica que se desconoce la magnitud de esta situación en España «por un silencio que hace cómplice a gran parte de la población, por la inacción de los políticos y por la implicación de jueces, policías, fiscales, abogados y todo tipo de profesionales, sin duda también técnicos de los Servicios Sociales. Cuando algún día se sepa, va a haber mucha gente que no va a saber explicarlo. Y sólo esperamos que haya posibilidad de adoptar todo tipo de acciones penales contra ellos. Porque esto es un auténtico robo organizado de niños en nuestro país».

Herencia del franquismo

Detrás del negocio de los menores y adolescentes tutelados dice que se esconden «las mismas sectas del poder, de orientación nacional-católica y de la Administración, que ya robaban niños en la Dictadura, y que son las propietarias de más del 80% de los centros privados donde se está maltratando a los niños y, a veces, incluso, no se les deja ver nada más que media hora al mes a una madre o un padre que no paran de llorar. Esto es execrable. 

Hay toda una organización para desarraigar a los menores de forma que, cuando los consiguen recuperar, ya no se reconocen entre hermanos, ni padres e hijos. Esto es lo mismo que hacían Sor María, aquella repugnante señora vestida de monja. O el doctor Vela del Opus Dei. Ahora lo están haciendo encubiertos por la Administración y leyes obscenas. Y por supuesto, tapándose los ojos aquellos que tienen que tapárselos», concluye. 

Por su parte, José Borja, de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha expresado su preocupación por el futuro de los menores. «Queremos tabicar esos centros, porque ni son centros ni son nada. Ahí lo que consiguen es que las criaturas salgan más rebeldes y que el día de mañana sean delincuentes. Tienen que estar con sus familiares. No sabemos cómo los Servicios Sociales tienen tanto poder. La Constitución dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y que proclama fundamentalmente en su ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Para estos niños no hay ni libertad, ni igualdad, ni democracia».

Aumento de casos en los juzgados

El manifiesto hecho público por los colectivos apunta que las cifras de niñas y niños tutelados no dejan de crecer, aumentando los casos en los juzgados. «Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender a tantos, y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción, dando siempre por válidos los informes de los Servicios Sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias, ni sus certificados médicos aunque sean de la Seguridad Social».

Si bien reconocen que «hay casos extremos en los que es necesario apartar a los menores de sus padres, son muy pocos comparados con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con las niñas y los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les presionan, amenazan, golpean y hasta violan».

Son muchas las sentencias a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar «salvo con abogados de oficio frente a jueces, en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder».

Primero te tratan de loca y luego te mandan al psiquiatra

Rosa Aguilera portavoz de las asociaciones ADENI e Infancias Robadas relata cómo puede ser el punto de partida para terminar en la espiral del sistema de protección a la infancia. «Ha llegado un momento en el que denuncias violencia de género, sufres un desahucio o has decidido ser madre soltera como yo y, cuando pides una beca de comedor, pasas a ser un expediente. Y empiezas a ser investigada sin que tú sepas nada. Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario.  

Las trabajadoras sociales tienen presunción de veracidad y eres tú, que esto no pasa en ningún tipo de delito, la que tiene que demostrar que no eres culpable, enfrentándote a todas las instituciones, que lo primero que hacen es tratarte de loca y luego te mandan al psiquiatra. Tienes que aceptar el desamparo, porque si no lo aceptas dicen que no se puede trabajar contigo, con lo cual no te dan visitas. 

Pero claro, si yo he puesto una demanda judicial, cómo voy a aceptar el desamparo. Porque además, si lo aceptas, luego te dicen que lo has aceptado. Entonces, es una impotencia…Te sientes tan maltratada y humillada, tan pequeñita. Yo me he leído mi expediente y no me reconozco en él. Son todo mentiras».

Cambio de paradigma

En palabras de Victoriano Fernández de la Asociación de Familias para el Siglo XXI, el modelo alternativo al actual sistema «pasa por que los Servicios Sociales en vez ver qué explicación hay para llevarse a las niñas y los niños, fueran servicios ambulatorios. Es decir, deberían entrar en las casas a ayudar. Ahora no se sabe cuales son los protocolos, que no los dicta la autoridad municipal, que es la que inicia los expedientes». 

Y añade que para aflorar las irregularidades que se detectan en los centros «siempre ha sido necesario que personas que están dentro conecten con personas que estamos en el activismo, porque si no, sencillamente, los directores de los centros y todo el aparato que hay alrededor lo tapan y no sale».

Por el bien superior del menor

Por ello, las organizaciones reclaman un Pacto de Estado que revise el actual modelo, así como que se depuren las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores tutelados. 

Exigen también los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección a la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades.

Asimismo, demandan la implicación de los políticos de todos los partidos «que se esconden para no ver lo que ya es evidente: las tutelas no son un beneficioso servicio público sino un negocio privado».

Y por último, piden «a los directores de los medios hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños españoles las víctimas».