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lunes, septiembre 25, 2023

Los técnicos tributarios de Baleares presentan alegaciones a la supresión del impuesto de sucesiones


IBIZA.- Joan Torres TorresPALMA.- La Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APttCB) ha presentado ya un escrito de alegaciones sobre el Decreto Ley 4/2023, de la supresión y recorte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así lo anuncia Joan Torres Torres, presidente de la APttCB: «Creemos que estos cambios ayudarán a que la economía crezca», ha dicho al Periódico de Ibiza y Formentera.

El punto número uno del escrito elaborado por los Técnicos Tributarios engloba los beneficios en materia del ITP. El Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023, de 18 de julio, contempla la supresión del ITP para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad en la compra de la primera residencia habitual en inmuebles cuyo coste no supere los 270.151,20€, y una bonificación del 50% del mismo impuesto para jóvenes menores de 36 años, familias con personas con discapacidad a su cargo, familias numerosas y monoparentales en la compra de la primera residencia habitual si su precio no supera los 350.000 euros.

«Nosotros nos oponemos a estos topes», explica Torres, recordando los altos precios de la vivienda en las Baleares. «Según el decreto, si el inmueble supera esos precios, las personas no pueden beneficiarse de la rebaja fiscal. Desde la APttCB decimos que, como los precios están tan altos, la diferencia del límite marcado al precio de la vivienda se deba tributar», comenta el ibicenco.

 Es decir, abrir la posibilidad de poder beneficiarse de la supresión del ITP en más ocasiones, no solo con los inmuebles que rebajen esos 270.151,20€ o los 350.000€, dependiendo del caso, pero solo hasta esos límites. Lo que exceda del precio tributará como hasta ahora.

 «En el caso de Ibiza y Formentera», dice Torres, «los precios son mucho más elevados, por eso pedimos que el importe límite suba en las Pitiusas hasta los 350.000 euros en todos los casos».

Además, en este aspecto, los Técnicos Tributarios solicitan que las bonificaciones fiscales se apliquen también a las viviendas de nueva construcción, no solo a las de segunda mano. «Las viviendas nuevas van sujetas al IVA, no al ITP. Claro, la comunidad autónoma no tiene competencias en IVA, es el Estado», expone Torres, anticipando el problema a la vista. 

Sin embargo, este colectivo propone una solución: «Cuando hacen declaraciones vinculadas a las operaciones de primeras copias de escrituras y actas notariales con la primera escritura, van por Actos Jurídicos Documentados y se paga al 1,2%. Pedimos que este acto, que sí que es competencia de la autonomía, se bonifique al 100%». 

El artículo tercero del Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se centra en la bonificación en las adquisiciones de sujetos pasivos incluidos en los grupos I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes). 

«La ley dice que el límite para la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) es que no se supere el valor real, pero este ya no existe según la Ley Antifraude», indica Torres. El valor real, según explica el ibicenco, es un «valor hipotético que te podrían llegar a pagar» mientras que el valor de mercado es «el que realmente te pagan».

La APttCB cree entonces que el concepto de valor real debería cambiarse a valor de referencia. Este valor, sin embargo, está reducido para que no llegue al valor de mercado: «La Ley Antifraude dijo que se aplicase un factor de minoración, que consiste en multiplicar el valor de mercado por 0,9». 

«Aquí ahora es al revés: como no se paga en sucesiones, beneficia hinchar los precios», afirma el ibicenco. Para ello, los asesores fiscales proponen que se incremente el valor referencial multiplicándolo por 1,111 y así consiguiendo que sea lo más equiparable al valor de mercado posible.

«La discusión es que mucha gente podría decir: ‘No, si me haces poner el valor de referencia y luego vendo, me estás perjudicando porque realmente podría poner un valor mayor, ya que la ley me lo permite, y venderlo al mismo valor que he puesto sobre el ISD. Por lo tanto, no habría ganancia patrimonial», aclara Torres. 

El presidente de la APttCB explica que, entonces, el Govern limita de cierta manera la bonificación del 100% hasta el valor de referencia. «Nosotros decimos que se deje el valor de referencia pero que se dé la posibilidad de incrementarlo, sin obligación, hasta el valor del mercado», reitera.

En el supuesto que no que no exista valor de referencia, se aplicaría la instrucción 1/2019, de 4 de octubre, del Administrador Tributario de la ATIB incrementado, con el objetivo de equiparar el valor lo máximo posible al precio de mercado. El valor resultante de la instrucción sería incrementado entonces entre un 40 y un 60%. 

Sobre que en el Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se especifique que todo deberá quedar en escritura pública, el documento de alegaciones recomienda que en los casos de que haya un solo heredero no sea obligatorio. Torres explica que, haciendo de la escritura pública un requisito, puede que al heredero le toque pagar más incluso beneficiándose de la supresión del ISD. «Sería injusto, por eso creemos que debería ser obligatorio tan solo en los casos que una norma legal así lo disponga».

El punto tres del documento de alegaciones se enfoca en las bonificaciones de herencias de sujetos pasivos del grupo III (hermanos, sobrinos y tíos). En el caso de que personas del grupo III coincidan con descendientes o adoptados del causante, entendiendo que ninguno de estos esté desheredado, los asesores fiscales ven correcta la bonificación del 25% en el ISD. 

En el caso de que no haya personas del grupo I y II, o que estas estén desheredadas, la APttCB propone aumentar la bonificación de los sujetos del grupo III e incluso del grupo IV del 50% al 100%: «Cuando tengan consideración de pariente más próximo, que no haya otro antes, se deberán beneficiar de la supresión total del ISD».

«¿Qué quiere decir esto? Si no hay hijos pero sí sobrinos, y tiene que heredar el sobrino, que este tenga la bonificación del 100% como tendrían los hijos», ejemplifica Torres, recordando que hay muchas parejas o matrimonios que no tienen hijos.

 «Nosotros decimos que se pase del 50% de bonificación marcado en el Proyecto de Ley hasta el 100% para así poder aceptar la herencia y seguir con el desarrollo económico», expresa el presidente de la asociación.

El último apartado del escrito gira en torno a las reparticiones de las herencias. En los casos en los que hay un testamento, los bienes quedan repartidos conforme así lo estipule el escrito. «Cuando no hay testamento, sin embargo, todos heredan por igual», explica Torres.

 Esto puede generar conflictos porque, según indica el ibicenco, es muy difícil dividir en partes iguales una herencia: «Imagínate que son dos hermanos y tienen que heredar una casa, es imposible. O, por ejemplo, que hay dos pisos y uno cuesta más que el otro».

«Pongamos que a uno de los hijos su padre le pagó la carrera y por eso se conforma con el piso barato. Esta renuncia lleva a que el hermano tenga que pagar el ISD y que quizá el otro obtenga ganancia patrimonial», expone el presidente de la APttCB. 

Por esta razón, alegan que este exceso que se da en los acuerdos de partición, debido a la imposibilidad de conseguir partes iguales para todos los herederos, se bonifique al 100% en el Impuesto de Donaciones. 

«Entendemos que, cuando hay acuerdos, no se deberían pagar excesos de adjudicación por temas de estos, cuando es imposible partir las herencias», afirma Torres.

Torres aprovecha la ocasión para recordar a Benjamin Franklin: «Decía que hay dos cosas que están claras: la muerte y los impuestos. Sin los impuestos, un Estado no funciona». 

El ibicenco reitera la idea de la APttCB de que el ISD va en contra del desarrollo económico: «Fuera del grado I y II hay que pagar burradas. Puede haber casos, por ejemplo, del grupo IV que van a recibir la herencia de un tío abuelo de 600.000€ y tienen que pagar casi 240.000€.

 ¿Esto qué puede provocar? Pues que renuncien a la herencia, que ocurre mucho. Esto no ayuda al desarrollo económico».

 «Por eso creemos», continuó, «que la supresión del ISD puede ayudar mucho al desarrollo económico: si es una empresa, la pondrás a funcionar; si es una casa, la podrás reformar, etc. Todo esto a efectos de IVA e IRPF genera ingresos. Lo que deja de recaudar la comunidad por un lado lo recauda del otro».

miércoles, abril 04, 2018

“Fuera paraísos fiscales”, una jornada contra “el robo” a la educación o las pensiones

MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.

Este 3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo en la creación de sociedades offshore
La publicación de esta información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales, una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios países. 
La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros.
“Los medios de comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García, miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. 
Todas las empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado Oxfam Intermón.
Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz. 
La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países, muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”. 
Esto les permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma artificial sus beneficios.
Es un problema global, que requiere de soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…– y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos. 
Sin embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros, mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.

La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal
El primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado. El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que sustituirá  a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre
En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.
La UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un firme compromiso de acabar con la situación. 
“Se va por una por buena dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con otros países”, explica Ruiz. 
Sin embargo, la lista europea parte de la exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda, mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Además de vigilar el proceso de la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal –denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude. 
“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.
“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”, señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de que “nos están robando”, añade.