Salud desmiente que vaya a negar la asistencia a migrantes sin recursos

PALMA.- La Conselleria de Salud ha negado que vaya a retirar la asistencia sanitaria a los migrantes en situación administrativa irregular o a los que vaya a caducar la tarjeta sanitaria y ha garantizado que se les prestará la atención médica.

Así, el IBSalut ha querido desmentir la acusación de MÉS per Mallorca, en la que afirmaba que se "obligaba" a las personas en situación administrativa irregular a pagar unas cuotas mensuales, de hasta 157 euros, para suscribir un convenio para la prestación de determinados servicios en la sanidad pública.

La Conselleria ha aclarado que se trata de un convenio que también se proponía con anteriores Ejecutivos en Baleares, con el cual se facilita la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud a extranjeros que tienen contratados seguros privados. De esta manera, Salud ha explicado que este tipo de convenios han estado en vigor desde el año 2011.

Asimismo, Salud ha garantizado que una persona en situación administrativa irregular puede solicitar una tarjeta médica acreditando que no dispone de recursos mediante una declaración jurada, un certificado de residencia o el informe de algún asistente social. 

De esta manera, desde MÉS per Mallorca han argumentado que el Govern terminaría "con la sanidad pública y universal" y han señalado que se trata de "una medida xenófoba, racista y aporofóbica, que bebe del marco ideológico del pacto de investidura PP-Vox, que generará un problema de salud pública", según ha apuntado el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, en un comunicado.

Además, el también coordinador de la formación ecosoberanista ha añadido que, si con esta medida el Govern del PP de Marga Prohens pretende reducir el gasto público, "provocará el efecto contrario porque patologías que podrían ser atendidas, medicadas y controladas en los centros de Atención Primaria se agravarán y acabarán por colapsar y generar un gasto mayor en los servicios de urgencia y hospitalarios", donde "no se puede dejar de atender a nadie por una cuestión de derechos humanos", ha argumentado.

Por último, Apesteguia ha recalcado que se trata de una medida que "ya fue impulsada por el último Govern de José Ramón Bauzá y que acabó con la muerte de Alpha Pam", por lo que ha considerado que "este Govern es un peligro".

El partido sustenta esta afirmación en un documento enviado supuestamente por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, en el que se hace una promoción de "un convenio especial que tiene por objeto la prestación de asistencia sanitaria a personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias mediante el Sistema Nacional de Salud, según los términos establecidos en el Real Decreto 576/2013".

El escrito señala que la persona que suscriba "este convenio especial podrá acceder, pagando una contraprestación económica, a las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud regulada en el artículo 8bis de la Ley 16/2003, en las mismas garantía de extensión, continuidad asistencia y cobertura que disfrutan las personas que tiene la condición de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud dentro del ámbito de Baleares".

"La suscripción de este convenio especial está sujeto al abono de una cuota mensual de 60 euros, en el supuesto de menores de 65 años, y de 157 euros en el caso de mayores de 65 años", y el documento añade que "dicha cantidad se actualizara anualmente".

En el mismo escrito se incluye un número de teléfono para suscribir este convenio y "una vez realizada la llamada al número anterior, [las personas] deberán enviar por registro la documentación solicitada. Pasados unos días (le avisaran telefónicamente) irán a recoger el convenio al Hospital de Can Misses, edificio D, en la primera planta, departamento de Tarjeta Sanitaria". 

Cristina Granados, nueva gerente de 'Son Espases' de Palma

PALMA.- La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, han presentado este lunes a Cristina Granados como nueva directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, en sustitución de Josep Pomar.

La nueva directora gerente es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, facultativa especialista en Admisión y Documentación Clínica y cuenta con una dilatada trayectoria profesional dedicada a la gestión sanitaria, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

A lo largo de su carrera, Granados ha dirigido el Hospital Universitario de Torrejón, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Complejo Hospitalario de Toledo, el Área Integrada de Guadalajara y el Hospital Universitario de Móstoles.

También ha ocupado otros cargos directivos en la Fundación Hospital de Alcorcón, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y en el Hospital General de Albacete. Actualmente, era la directora territorial de Hospitales de Madrid en Quironsalud. Ha sido inspectora médica del Insalud y coordinadora de centro de salud.

Asimismo, es Máster en Economía de la Salud y Gestión de Áreas Sanitarias por la Universidad de Alicante; Diplomada en Metodología de Evaluación y Mejora de la Calidad por la Universidad Autónoma de Barcelona; Especialista Universitario en Cooperación Sanitaria Internacional por la Universidad Católica San Antonio, y ha cursado el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias en el IESE y tiene el Diploma de Especialización en Liderazgo y Transformación de Organizaciones y Sistemas sanitarios (LED) en la Deusto Business School.

La Conselleria ha hecho hincapié en que el nombramiento de la nueva directora gerente "constata la firme voluntad y el compromiso de apostar por profesionales con perfiles técnicos y conocedores del sector sanitario en profundidad".

Sanidad recoge hasta diciembre 14.000 efectos graves y 500 muertes por las vacunas covid

 

MADRID.- Las vacunas contra la covid han provocado reacciones adversas en miles de españoles. El último Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID del Ministerio de Sanidad recoge, hasta diciembre de 2022, 84.650 notificaciones de acontecimientos adversos, 14.003 consideradas graves y 500 con desenlace mortal.

De hecho, un estudio publicado en el British Medical Journal en septiembre de 2022, con pacientes de EEUU y cinco países europeos –entre ellos, España–, vincula la inmunización contra la covid-19 con mayor riesgo de trombosis con trombocitopenia.

ATEAVA, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, cuenta entre sus 93 socios con militares, guardias civiles, policías, docentes, fisioterapeutas, bomberos, enfermeros, funcionarios de prisiones, veterinarios, asistentes de familia, trabajadores sociales. Son de todas partes de España y una media de edad de 35-40 años. Alrededor del 50% todavía no se ha podido incorporar al trabajo.

Sus patologías incluyen trombosis, encefalomielitis miálgica –EM/SFC–, trastornos neurológicos, inflamación sistémica, cardiopatías, cuadros autoinmunes y un complejo entramado de síntomas severos que la medicina todavía no sabe cómo tratar ni catalogar.

Los dolores fuertes son algo que tienen en común muchos de ellos, igual que ocurre con los 115 socios que en la actualidad tiene otra plataforma a nivel nacional, APAVaC19 –Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19, que incluye a inoculados con Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

Algunos no tuvieron tanta suerte. "Hay compañeros que murieron por esos efectos secundarios", dice Celia Piquer, de 47 años, veterinaria, vacunada el 29 de marzo de 2021.

Una de ellas fue M. C. G. H., auxiliar educativa en Aldeas Infantiles SOS de Tenerife y madre de una niña de un año. Se vacunó el 10 de marzo de 2021 y empezó a quejarse de que le dolía la cabeza. "En el centro médico no le dieron importancia. Pero yo la veía cada vez peor", relata su hermana.

La noche del 21 de marzo, "estaba como zumbada, se le caían las cosas, se mareaba, no podía hablar. Entonces, llamé a una ambulancia y se la llevaron de urgencias". Falleció a las pocas horas, doce días después de la inoculación, por un derrame cerebral y bajada drástica de las plaquetas. Según el informe que recibieron del Servicio Canario de Salud, "puede haber correlación con la vacuna". 

Lorena Montesinos, comercial de 47 años, con dos hijos de 10 y 16, y presidenta de APAVaC19, asegura: "Una semana después de la segunda dosis de Pfizer, el 14 de julio de 2021, "empezaba a ir a rastras del cansancio y los dolores articulares".

Fue empeorando hasta que, al año, una internista de la Seguridad Social le dio el diagnóstico: "Postcovid vacunal con posible desregulación del sistema inmunológico".

"La gente no quiere saber nada, prefiere mirar hacia otro lado. Yo me he sentido muy abandonada por los médicos. ¿Por qué tienen tanto miedo de reconocerlo? Las vacunas han salvado vidas, pero, como muchos medicamentos, tienen efectos secundarios", nos dice, tras dos años de lucha.

"Dentro de las reacciones postvacunales, un grupo de pacientes ha desarrollado encefalomielitis miálgica (EM/SFC)", cuenta a Público la doctora Eva Martín, médico especialista en esta enfermedad que no tiene cura y que limita, al menos, al 50% las capacidades físicas y mentales del paciente. ¿Cómo puede establecerse la correlación? La clave, para esta experta, está en el timing, cuando vacuna y enfermedad "son factores coincidentes en el tiempo".

"Hay mucha reticencia a hablar del tema, porque la pandemia nos ha dejado un trauma", indica a Público el doctor Francisco Mera, director de la unidad de investigación y asistencial de covid persistente en una clínica madrileña.

Mera nos describe el "síndrome postvacunal" como un proceso inflamatorio sistémico, con envejecimiento celular acelerado, dolor neuropático, fatiga crónica, calambres. Un cuadro muy parecido al síndrome postcovid, con la diferencia de que pueden darse en pacientes vacunados que nunca tuvieron el virus.

Lo mismo apuntan dos artículos publicados en Science en enero de 2022 y en julio de 2023 con el titular: "Las vacunas de coronavirus pueden causar síntomas parecidos a los del covid persistente".

Según el afectado Pedro García, , de 49 años, profesor de Física y Química en un instituto de Barcelona y padre de dos hijos de siete y cuatro años, el Ministerio de Sanidad "solo saca estadísticas, no estudia los casos para validarlos y hacer seguimiento". 

"A mí nadie me ha llamado", dice. El Ministerio no ha respondido a la consulta de Público para contrastar esta observación.

"Es inédito que, después de una pandemia en que se ha vacunado casi el total de la población, no se hayan empezado a estudiar aún los efectos secundarios. No se están recogiendo datos. A la gente que ingresa con un cáncer o con un infarto no se le pregunta cuántas dosis se puso", nos dice el cardiólogo Esteban García Porrero, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital de León.

Por lo pronto, en su especialidad, "en los últimos dos años, ha aumentado la incidencia de infartos en personas jóvenes".

La ministra española de Sanidad confirma una cuarta dosis de la "vacuna" para toda la población española en otoño

 

MADRID.- La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este jueves que habrá una cuarta dosis de vacunas contra la covid-19 para toda la población, y no solo para los mayores de 80 años, como habían aprobado hasta ahora las autoridades sanitarias. 

Darias ha asegurado que la medida cuenta con el visto bueno de la Comisión de Salud Pública, pero este organismo no ha aprobado aún la extensión de la segunda dosis de recuerdo a todos los grupos de edad. 

En su reunión del jueves pasado, Salud Pública luz verde al cuarto pinchazo únicamente a los mayores de 80 años, pero no «a toda la población», como ha señalado la ministra en una entrevista en La Sexta, apenas unas horas después de presidir un Consejo Interterritorial en Valencia en el que dijo que la segunda dosis de recuerdo todavía estaba en estudio.

«Habrá cuarta dosis para toda la población. Así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente, una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño, y también porque estamos esperando para esas fechas la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes como así está en los contratos que hemos firmado el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas», han sido las declaraciones textuales de la ministra.

El anuncio de la ministra, que ha causado sorpresa entre los expertos en vacunas, llega en un momento en que los casos de covid se mantienen en niveles bajos (la incidencia acumulada en los mayores de 60 años, la única que se mide en la fase de 'gripalización', se sitúa en 590 casos, nada que ver con los 3.400 de las navidades pasadas).  

Además, la ocupación hospitalaria por covid en España «se encuentra tremendamente estable», dijo la ministra, en la horquilla del 5% y recordó que las variantes de ómicron BA.4 y BA.5 ganan terreno en las últimas semanas «sin que ello conlleve una mayor gravedad en los casos». 

Y ese éxito es gracias a la campaña de vacunación. De hecho, el riesgo de hospitalización en los mayores de 60 años se redujo un 63% en los primeros dos meses de 2022 y el de fallecimiento, en un 57% gracias a las inyecciones.

Desde el pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad estudiaba extender la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 a los más de tres millones de españoles de más de 80 años o que viven en residencias de mayores. En aquel momento la Ponencia de Vacunas planteó la posiblidad de que el segundo pinchazo de recuerdo comenzara a administrarse en mayo. 

Ahora la ministra ha informado de que será a partir de otoño «y toda la población», es decir, varios millones de personas más. Para esas fechas ya podría haberse aprobado la primera vacuna española, la del laboratorio Hipra.

Previamente, unas 350.000 inmunodeprimidos (personas transplantadas, en tratamiento por cáncer o mayores de 40 años con síndrome de Down) ya han recibido esa cuarta dosis.

El Ministerio desata una ofensiva contra la Sanidad privada al abogar por la supresión de Muface

MADRID.- El Ministerio de Sanidad ha puesto en su punto de mira a la industria farmacéutica y a las clínicas privadas. A los laboratorios les culpa del crecimiento del gasto farmacéutico, «que supone más del 25% del gasto sanitario total, y que sería mayor si no se hubiera trasladado parte del gasto a los pacientes», algo que «puede poner en riesgo la estabilidad económica del sistema», según recoge La Razón. 

Según Sanidad, «este problema va a aumentar por los elevados precios que reclama la industria farmacéutica para los nuevos medicamentos». El Ministerio estima que «el gasto por sobreprecio (por encima de los costes de fabricación y de investigación) supone en España más de 8.000 millones de euros, que deberían revertir en el Sistema Nacional de Salud para cubrir diferentes necesidades».

Con respecto a la Sanidad privada, el Ministerio aboga por abordar, «en el sentido que orienta la Ley 1471986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud», algo que se interpreta en el sector como un intento de suprimir este modelo del que se benefician más de un millón de empleados públicos. 

También se interpreta como un intento de eliminar las desgravaciones de hasta 500 euros de las que se benefician las empresas por el seguro sanitario privado de cada empleado. Esto afectaría a unos tres millones de españoles. El fin de Muface implicaría por su parte la desaparición de la sanidad privada al completo en algunas provincias españolas.

Éstas y otras recomendaciones figuran en un borrador que ha elaborado el departamento que dirige Salvador Illa en colaboración algunos expertos muy vinculados a la izquierda, al que ha tenido acceso La Razón, y que se denomina «Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19». 

El texto, un «documento dinámico» cuya quinta versión data de este martes, ha sido impulsado por el secretario general y número dos de Illa, Faustino Blanco, alto cargo casi desaparecido durante la pandemia antes de sufrir una enfermedad y que no ha comparecido ni una sola vez ante la Comisión de Sanidad del Congreso. Además, pretende servir de base para el informe sobre la reconstrucción sanitaria que deberá votar la Cámara Baja el 22 de julio.

El departamento de Illa dedica el capítulo 7 a elucubrar sobre el gasto. Después de intentar culpar a los supuestos recortes del gasto aplicados desde 2008 de la situación actual, aboga por una financiación suficiente sin explicar de dónde vendrá, especialmente tras la caída de la recaudación impositiva por la crisis provocada por el coronavirus. 

En el capítulo se alude de forma genérica a la necesidad de «herramientas potentes» que garanticen e impulsen la equidad, la cohesión y la calidad de los servicios sanitarios y encuadra las acciones sobre los laboratorios farmacéuticos en las medidas para lo que denomina, «la eficiencia en el gasto».

Según expone el Ministerio, las líneas estratégicas en política farmacéutica pasan además por «potenciar la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares y alcanzar precios justos basados en los costes de desarrollo y producción de los medicamentos y un beneficio razonable para estimular la innovación». 

También propone «evaluar sistemáticamente las prestaciones, tecnologías y medicamentos incluidos en la cartera de servicios del SNS con criterios de eficacia, efectividad, eficiencia, seguridad clínica (no hacer) y equidad», así como «potenciar la economía de escala mediante las compras centralizadas». Sanidad incluye lo expuesto sobre Muface e «integrar la evaluación económica como medida transversal para evaluar la eficiencia de las decisiones sanitarias».

El documento alude también a la necesidad de promover la formación continuada desde el entorno público. «La formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público», subraya.

Todos los españoles ya podrán comprar sus medicinas con receta en cualquier farmacia del país

MADRID.- La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado que esta semana la Comunidad de Madrid se incorporará al sistema de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud, la última que faltaba, con lo que todos los españoles ya podrán retirar sus medicamentos en cualquier farmacia del país.

 

Esta es una de las cuestiones sobre las que ha informado la ministra en el Consejo Interterritorial de Salud, después de que Madrid haya cumplido todos los requisitos técnicos exigidos para completar definitivamente el mapa de la interoperabilidad del sistema público sanitario, que permitirá además acceder a los ciudadanos, también desde cualquier zona de España, a su historia clínica y “desplazarse por tanto con tranquilidad”.

Un proyecto que, ya culminado en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), permitirá además acceder a los ciudadanos, también desde cualquier zona de España, a su historia clínica y “desplazarse por el país con tranquilidad”.

Cataluña había sido la última comunidad en incorporarse a la interoperabilidad de la historia clínica digital, según ha indicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, al que no han acudido el representante catalán, ni los correspondientes de Murcia, La Rioja, Valencia, y Ceuta.

Cuando Madrid active el servicio, cualquier ciudadano podrá retirar ya los medicamentos que tiene prescritos desde la farmacia de cualquier autonomía, con lo que, según la ministra, se asegurará la continuidad asistencial ante los problemas de salud que le puedan surgir durante sus desplazamiento.

“Este es un paso muy importante para la cohesión del sistema”, ha incidido la ministra, quien ha explicado cuál es la base de la interoperabilidad: un sistema común de identificación personal que está centralizado en el Ministerio de Sanidad, en el que se recoge la información de todas las tarjetas sanitarias de las comunidades y asigna a cada persona un código de identificación único para el SNS.

Este código es la clave que permite vincular toda la información sanitaria de una persona generada en cualquier servicio de salud, independientemente del lugar de procedencia de la tarjeta o de los diferentes formatos que tengan en cada comunidad, que la emita. 

El código y la base de datos son el soporte tanto del sistema de receta interoperable como el de la historia clínica electrónica compartida.

Y la historia clínica interoperable permite que los sanitarios autorizados por cada consejería y dotados de un sistema de identificación digital seguro accedan a los datos clínicos relevantes para atender a los pacientes desplazados. 

Así se consigue que la información clínica del paciente viaje con él y esté disponible allá donde necesita asistencia del SNS.

Los expertos recomiendan vacunarse contra el papiloma a los hombres homosexuales

BARCELONA.- El Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, que ha elaborado la primera Guía internacional de vacunación contra el virus del papiloma humano, "recomienda fuertemente" a los hombres homosexuales vacunarse contra este virus.

Los expertos que han elaborado la guía también incluyen como grupo de riesgo a personas con el sistema inmunológico debilitado a causa del VIH o aquellas mujeres que hayan recibido un trasplante.

En condiciones normales, el 90 % de las personas consiguen combatir el virus y eliminarlo de forma natural; no obstante, en el 10 % de casos restantes el papiloma persiste y, en un 1 % de los casos acaba provocando un cáncer en la zona afectada, ha explicado una de las creadoras de la Guía, la doctora Magda Campins.

Asimismo, el 90 % de los tumores provocados por el papiloma son cánceres de cuello de útero, también conocido como cérvix, por lo cual solo lo sufren las mujeres.

"El papiloma es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales, por lo que es importante poner la vacuna antes de que las niñas sean sexualmente activas", ha afirmado Campins.

En esta línea, la regulación estatal establece que sólo las niñas preadolescentes recibirán la vacuna en los colegios, a menos que los padres se nieguen, escenario que no suele darse en España ya que la tasa de vacunación contra el papiloma supera el 80 %, lo que la doctora ha achacado a "una gran concienciación social".

Además, según ha explicado Campins, "es más fácil detectar el virus de forma preventiva en mujeres, ya que en las citologías se puede ver, pero en el caso de los hombres no existe, lo que hace imposible detectarlo precozmente".

Así, las relaciones heterosexuales tienen menos peligro ya que si la mujer está protegida también lo estará el hombre, pero al no vacunar a los niños a una edad temprana no quedan protegidos los hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres.

Por este motivo, los hombres homosexuales entre 9 y 26 años forman parte del grupo de alto riesgo, junto con las personas infectadas de VIH entre la misma franja de edad, mujeres que han recibido un órgano y supervivientes de cáncer, entre otros.

La recomendación para hombres homosexuales y personas infectadas de VIH llega hasta los 26 años debido a los pocos estudios que se han hecho en personas de edades superiores.

No obstante, el doctor del Vall d'Hebron Xavier Martínez-Gómez ha indicado: "Creemos que las personas mayores de 26 años también pueden beneficiarse de la vacuna pero no podemos afirmarlo con tanta certeza por la falta de investigación".

Los doctores también han recomendado vacunarse a aquellas personas que tengan diversas parejas sexuales, ya que en ocasiones hay personas que no saben que son portadoras del virus.

Campins también ha alertado del creciente número de cánceres de lengua, boca y faringe causados por el papiloma y ha explicado que la causa está en las prácticas sexuales actuales, ya que es mucho más frecuente el sexo oral y la gente se infecta a través de las mucosas en la boca y el cuello.

Los usuarios del Sistema Nacional de Salud mantienen su valoración positiva de la atención recibida en los centros sanitarios

MADRID.- Los usuarios de los diferentes servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud en el año 2018 se muestran satisfechos de la atención recibida. Así se desprende del Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las personas que acudieron a los centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud manifiestan, en un 86,5% de los casos, una valoración muy positiva de la atención recibida. Las expectativas previas sobre la Atención Primaria son, además, altas ya que siete de cada diez personas señalan que la atención recibida fue más o menos igual a como esperaban que fuera.

El 84% de los pacientes destaca que la atención prestada fue buena o muy buena en las consultas de especialistas. Del mismo modo, el 88,6% de los pacientes ingresados en los hospitales del SNS evalúan positivamente la atención sanitaria recibida y un 35,3% de los pacientes se encontraron con una atención mejor que la esperada,  frente a un 9,2% que  considera que fue peor de lo esperado.

A su vez, el 77,5%  de las personas que utilizaron los diferentes dispositivos y servicios de urgencias del SNS consideran que recibieron una buena atención.

Respecto a la opinión general de la población (usuarios y no usuarios),  el 68,3% manifiesta que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien aunque necesite algunos cambios, mientras que  el 26,2% piensa que necesita cambios fundamentales y un 4,7% que hay que rehacerlo completamente.

En una escala de puntuación de 1 a 10, la satisfacción general de la ciudadanía con el sistema sanitario público se sitúa en 6,57 puntos.

La mayoría de las personas se manifiestan partidarias del uso del sistema sanitario público frente al privado. 

Así ocurre en las distintas opciones analizadas por el estudio:

• Consultas de atención primaria (68,2%).
• Consultas de atención especializada (56%)
• Ingreso en hospital  (67%)
• Urgencias (64,4%)

En las consultas de atención primaria son muy apreciados aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico (7,68 puntos sobre 10) y el personal de enfermería (7,64), los cuidados y la atención por parte del personal médico (7,63) y de enfermería (7,64)  y la información recibida sobre el problema de salud (7,53).

Respecto a las consultas de médicos especialistas son especialmente valorados el trato recibido del personal sanitario (7,56), la confianza y seguridad que transmite el personal médico (7,43) y la información recibida (7,45)

En la opinión sobre el funcionamiento de los hospitales destacan el equipamiento y medios tecnológicos que ofrecen (7,74), los cuidados y atención del personal de enfermería (7,89), la atención del personal médico (7,89) o la información que reciben los pacientes sobre la evolución de su problema de salud (7,65). El hecho de estar ingresado en una habitación compartida con otros pacientes se valora con 6,69 puntos.

Entre los aspectos susceptibles de mejora en los diferentes servicios asistenciales se identifican, fundamentalmente, los relacionados con los tiempos de acceso a los servicios: la obtención de cita el mismo día que se solicita, si así se desea, en Atención Primaria (solo un 47,7% la para el mismo día o el día siguiente) y los tiempos de espera hasta ser visto por el especialista (solo un 35,7% son vistos antes del mes).

De igual modo, la percepción sobre la evolución de las listas de espera, como en anteriores ediciones, es negativa: el 47,7% piensa que sigue igual y el 24,3% que ha empeorado. Un 8,1% piensa que ha mejorado.

La mayor parte de la población seleccionaría el sistema público en sus diferentes servicios si pudiera elegir entre éste o el privado,  situándose cerca del 70% en el caso de la atención primaria y la hospitalización. Desde 2010 se ha incrementado de forma gradual el número de personas que prefieren el Sistema Sanitario Público.

Entre los temas coyunturales que se han explorado en esta edición del Barómetro Sanitario destacan los bloques relacionados con los cuidadores de personas con necesidades especiales por padecer enfermedades crónicas, demencias u otros tipos de discapacidades y el tema de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares.

El 34,8% de los entrevistados dicen que conocen a algún familiar o amigo cercano que necesita cuidados especiales por estar en alguna de estas situaciones. Cuando a estas personas se les pregunta por cuales serían las medidas que podrían tomar las administraciones para ayudar a los cuidadores, las más frecuentemente citadas son: "los servicios de atención a domicilio" (46,1%) y el "apoyo económico en forma de salario mensual a las/os familiares cuidadoras/es" (45,6%). Otras medidas incluyen los "centros de día" (20,85), las "residencias y otro tipo de alojamientos" (15,4%) o la reducción de jornada para las/los familiares cuidadoras/es (15,4%).

En relación a los cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión, el 85,9% de los entrevistados ha oído hablar de los primeros y un 18,9% del segundo. De entre los que conocen alguna de esta dos formas de fumar, el 62,2% considera que debe regularse su consumo en lugares públicos de igual forma a como se ha hecho con el tabaco tradicional.

Finalmente, se pregunta a todos los entrevistados si consideran que debe ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar. El 41,3% opina que sí, el 46,3% que no y el 12,3 % no sabe. Entre los lugares citados por aquellos que dicen que debería ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar destaca el coche particular cuando viajan menores (72,9%) o incluso cuando viajan otras personas, independientemente de su edad,   distintas al fumador (64,6%) y los estadios de futbol y otros espacios deportivos al aire libre (61,4%).

Como en ediciones anteriores, el Barómetro recoge las personas mayores de 18 años que, en el último año, dejaron un tratamiento médico recetado por el Sistema Nacional de Salud por motivos económicos. 

En 2018 se situó en el 3%, por debajo del porcentaje registrado en 2017 (4,7%) y la cifra más baja de los últimos años, un punto de inflexión de este indicador que se espera se mantenga en esta  tendencia decreciente.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

MADRID.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. 

Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid), recoge El País.

En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido "un gran efecto" en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas alternativas de acceso a la atención médica.

Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no ha sido afectada por la reforma. 

Para ello, se han servido de información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece. 

En 2012 hay un punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según ha explicado a El País Judit Vall, coautora del informe e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia y Salut (CRES-UPF).

La científica advierte que los resultados obtenidos son una estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular, se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles.

"Sabemos que este grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan información sobre el estado administrativo", detalla Vall. 

"Y aún así, encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber".

El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que rebasen esa edad. 

Gracias a las excepciones marcadas por el Real Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a 39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%. 

Por continente de origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.

Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer. 

"En algunos tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer, muchas veces, no da signos de alerta", explica. La experta recuerda que, si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia.

 "Y en el caso del cáncer, es carísima", incide. En el caso de otras dolencias que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero no significativo.

Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la reforma. "Ha sido complicado encontrar datos porque la población inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada", afirma Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares. 

No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2013 haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.

El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros. Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta sanitaria. 

La reforma estableció que debían estar en posesión de un permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país. Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.

Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención médica por el temor a revelar su situación irregular. 

"Se ven como perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser deportados o denunciados", explica la investigadora.

El IbSalut empezará a expedir la nueva tarjeta sanitaria a partir de mañana lunes

PALMA.- El Servicio de Salud de Baleares empezará a expedir a partir de mañana lunes la nueva tarjeta sanitaria individual en los centros de salud, que documento que permitirá acreditar el derecho a recibir asistencia sanitaria y acceder a los servicios sanitarios del sistema nacional de salud, así como a las prestaciones adicionales que garantiza el sistema sanitario público balear.

   Las personas interesadas pueden concertar una cita llamando al 902 079 079 o inscribiéndose en su centro de salud correspondiente. No obstante, para facilitar el proceso de implantación de la nueva tarjeta, la vigencia de todas aquellas que hayan caducado durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 quedará prorrogada automáticamente por un plazo de seis meses.

   La nueva tarjeta se emitirá con un nuevo formato, que incorpora una fotografía de la persona titular y un chip de proximidad. El documento tendrá una validez de cuatro años desde la fecha de emisión o de cualquiera de las renovaciones. No obstante, la validez del documento estará supeditada a la condición de persona asegurada o beneficiaria reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

   Las ventajas principales de la tarjeta son que asegura la identificación inequívoca de la persona titular con la inclusión de su fotografía y con el identificador único del chip de proximidad. Además, garantiza que se haga un uso racional, eficiente e individualizado de los recursos sanitarios a los que da acceso y facilita la localización de los pacientes a los sistemas de información.

   Además, en el futuro mejorará la seguridad de los pacientes, ya que permitirá asegurar que la historia clínica electrónica pertenece al paciente que acude a la consulta y evita el uso fraudulento de la tarjeta sanitaria.

   A partir de este lunes 16 de septiembre, los centros de salud expedirán las nuevas tarjetas, tanto a las personas que tienen que renovar la tarjeta sanitaria como a las que ya pagaron la tasa por la renovación.

   La vigencia de las que se sustituyan será de cuatro años desde la fecha de esta nueva emisión si se solicita antes del 1 de julio de 2014, mientras que si se tramita después, la tarjeta tendrá una validez de cuatro años desde la fecha de emisión de la tarjeta anterior.

   Los usuarios que ya hayan renovado su tarjeta y tengan que sustituirla por la nueva, deben aportar el DNI o el NIE y una fotografía en color reciente de la cara de la persona titular y en el mismo formato que la del DNI.

   Mientras, quienes tengan que renovar la tarjeta deben aportar igualmente el DNI o el NIE, una fotografía y el certificado de empadronamiento, el comprobante de haber pagado la tasa y la documentación que acredite el tipo de seguro. El pago de la tasa por renovación de la tarjeta sanitaria se puede efectuar telemáticamente desde la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma, accediendo a ella desde el portal del Servicio de Salud (www.ibsalut.es).

   En la tarjeta figurarán el número del documento de identidad, el código de identificación personal del sistema nacional de salud y el código de identificación personal autonómico. En este nuevo formato no se incluirá el número de afiliación a la Seguridad Social.

   El IbSalut ha detallado que, desde el pasado 1 de enero de 2012 y hasta el 1 de septiembre, se han emitido 411.877 tarjetas sanitarias. Por islas, 318.449 de ellas en Mallorca, 37.650 en Menorca y 55.778 en las Pitiusas.

   Durante todo el 2012, el Servicio de Salud bonificó con un 50 por ciento de descuento a las personas que renovaron la tarjeta sanitaria antes de que caducara, por lo que 4.575 personas pagaron cinco euros.

   Para el año en curso, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma prevén una bonificación del 30 por ciento de la tasa para las familias con tres o cuatro hijos, una ventaja de la que se han beneficiado 2.859 personas. También hay una bonificación del 50 por ciento para las familias que tienen más de cuatro hijos, de lo que se han beneficiado 158 personas.

Las farmacias de Baleares realizarán test rápidos del VIH/sida

PALMA.-  Las farmacias de Baleares realizarán test rápidos del VIH/sida. El pistoletazo de salida a este programa de cribado, similar al existente en País Vasco, Cataluña y Castilla y León, será el 25 de julio, fecha en la que el consejero de Sanidad regional, Martí Sansaloni, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, lo presentarán.

Baleares se convierte así en la cuarta autonomía que ofrece este servicio sanitario desde sus farmacias, según informa El Global. Cataluña fue la región pionera, en 2009, en implantar estos test rápidos del VIH en 45 establecimientos de Barcelona. En todo este tiempo, se han realizado más de 1.200 pruebas, una cifra que el Catsalut estima que aumentará hasta los 1.650 test a finales de 2013. Las farmacias participantes reciben una remuneración en torno a los 8 euros por prueba realizada, y está previsto que se implanten próximamente en todas las boticas de municipios catalanes con más de 30.000 habitantes.

Meses después del inicio de estas pruebas en Cataluña, también llegaron al País Vasco. En esta región, son una treintena de farmacias las que están acreditadas para prestar el servicio, con una remuneración de 11,29 euros por test. Castilla y León es la autonomía que precedió a Baleares en la implantación de estos test. Desde diciembre de 2010, fecha en la que se puso en marcha este programa, más de un millar de castellanoleoneses se han sometido a estas pruebas en alguna de las 16 boticas participantes.

El Govern aprueba un gasto de cerca de 10 millones de euros para equipamiento de Son Espases y Can Misses

PALMA.- El Consell de Govern ha aprobado un gasto de cerca de 10 millones de euros en equipamiento para los hospitales de Son Espases y Can Misses.

   La portavoz del Ejecutivo balear, Núria Riera, ha detallado que de esta cantidad total se destinarán 4,63 millones de euros al suministro, montaje y mantenimiento del equipamiento para Can Misses.

   Además, se ha aprobado un gasto de cerca de 4 millones para el suministro de reactivos, material y equipos para los laboratorios clínicos de Son Espases para el periodo 2013-2015; y de 1,5 millones al suministro, montaje y puesta en marcha del equipamiento de endoscopia de los dos hospitales, con cargo a las partidas presupuestarias del 2014-2020.

   Por otro lado, también en el Consell de Govern, en materia de salud, se ha autorizado un acuerdo con el Ministerio del ramo e Ingesa para fijar las condiciones básicas de la adquisición agregada de factor VIII de coagulación recombinante.

   De esta manera, se formalizará la vinculación voluntaria del Servicio de Salud al acuerdo marco que debe tramitar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la compra de factor VIII de coagulación recombinante, conjuntamente con diferentes autonomías y entidades del Estado.

El Área de Salud de Menorca acoge a la vigésima promoción de médicos residentes

MAHÓN.- El Área de Salud de Menorca acoge desde finales de mayo a cuatro nuevos residentes que realizarán su periodo de formación como médicos de familia en el Hospital Mateu Orfila de Mahón y los centros de salud acreditados.

   Evelyn Horvath, Alfonso Benavides, Andrés Gaviria y Bachir Nsiri forman la nueva promoción de MIR justo cuando se cumple el veinte aniversario de la llegada de los primeros residentes a Menorca.

   Los cuatro facultativos ya se han incorporado a los equipos de Dalt Sant Joan de Maó, Es Banyer de Alaior, Es Castell y Canal Salat de Ciutadella en la primera fase del programa de especialización que, durante los próximos cuatro años, les aportará conocimientos y experiencias a través de su paso por los centros de Atención Primaria y por los distintos servicios del Hospital Mateu Orfila, tal y como han informado este lunes fuentes del Área de Salud de Menorca.

   En estos veinte años, bajo la tutela de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria (UD MFyC) de Menorca se han formado un total de 80 nuevos médicos de familia, 26 de los cuales permanecen en la isla y se han incorporado a la red asistencial del Área de Salud de Menorca.

   El 30% de los MIRes han sido extranjeros, de lugares como Perú, Colombia, Cuba, Argentina, República Dominicana, Marruecos. Siria, Sáhara, Corea del Sur, Rumania, Ucrania, México, Venezuela y Hungría. Esta variedad de procedencias ha aportado una riqueza cultural añadida al programa de especialización, tal y como comenta el actual jefe de estudios y coordinador de la Unidad Docente,  José Antonio Vidal Ruiz.

   Con sede en el Centro de Salud Verge del Toro de Mahón, la Unidad Docente cuenta además con el técnico de salud pública, Matíes Torrent, y la secretaria Carmen Preto como equipo encargado de desarrollar el programa oficial de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la isla.

El PSOE lamenta que el PP no extienda el registro de cáncer a Menorca

MAHÓN.- El PSOE-Menorca ha lamentado que el Grupo Popular se haya negado a extender en las islas de Menorca, Eivissa y Formentera el “registro poblacional de cáncer” que se elabora desde hace años en Mallorca.

Según han informado fuentes del PSOE, los registros poblacionales de cáncer “no son una mera estadística de los casos diagnosticados, sino que se revisan las historias clínicas de todos los casos de cáncer en una zona geográfica para conocer su incidencia y realizar proyecciones”.

Esta actuación forma parte de la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que -según señalan fuentes socialistas- destaca la importancia de los registros poblaciones de cáncer para la investigación epidemiológica de esta enfermedad con el objetivo de elaborar una planificación y evaluación de los servicios sanitarios oncológicos.

El Grupo Socialista ha instado a la Conselleria de Salud a efectuar la dotación adecuada en recursos materiales y humanos para el Registro Poblacional de Cáncer de Mallorca, lo que ha votado a favor el Grupo Popular, mientras que ha votado en contra del segundo punto, que instaba a crear este mismo registro en las otras islas del archipiélago.

La diputada del PSIB-PSOE por Menorca Cristina Rita ha anunciado que solicitará a Salud “las razones por la que no es importante conocer y analizar, tal como ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, los registros del cáncer en las islas de Menorca, Eivissa y Formentera porque al ser Baleares un territorio insular, los resultados de las investigaciones no tienen porqué ser extrapolables”.

Los oncólogos de Menorca editan una guía de recomendaciones sobre la quimioterapia

MAHÓN.- El Hospital General Mateu Orfila de Mahón ha publicado una guía, con  una tirada inicial de trescientos ejemplares, en la que se recogen  recomendaciones para los pacientes que siguen un tratamiento de  quimioterapia en los hospitales de día del Hospital General Mateu  Orfila de Mahón y del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella.
Esta publicación ofrece a los pacientes a quienes se haya  diagnosticado cáncer y deban someterse a sesiones de quimioterapia  toda la información que deben tener en cuenta. En concreto, se  facilitan de manera práctica y concisa las respuestas a las numerosas  dudas que se puedan plantear.

El trabajo, titulado 'Recomendaciones para el tratamiento con  quimioterapia', ha sido editado por el personal especializado de  oncología, tanto médico como de enfermería, de dichos hospitales de  día, bajo la dirección y la coordinación de la supervisora de  Enfermería del Hospital Mateu Orfila, Margalida Adrover.

El objetivo de esta iniciativa es minimizar la angustia de los  pacientes ante la imposibilidad de retener toda la información que  les facilitan los especialistas en la consulta en el momento del  diagnóstico, tal y como han explicado Adrover y la oncóloga Yashmin  Afonzo.

«Con esta guía, los pacientes oncológicos y sus familiares pueden  consultar las recomendaciones generales, los aspectos psicológicos  que deben tener en cuenta, la alimentación recomendada y los posibles  efectos secundarios del tratamiento, así como saber en qué  circunstancias deben acudir urgentemente a la consulta», han  indicado.

La guía es el resultado de la experiencia del servicio de atención  telefónica permanente que se ofrece a los pacientes oncológicos en  los hospitales de día de Mahón y de Ciutadella.

La presencia de médicos de Son Espases evita 341 viajes de menorquines a Palma

MAHÓN.- La presencia periódica en Menorca de médicos especialistas en neurocirugía del Hospital Universitario Son Espases en el Hospital Mateu Orfila evitó el desplazamiento a Mallorca de 190 pacientes de la Isla durante el año pasado. Así lo anunció el conseller de Salud, Martí Sansaloni, durante la visita que realizó al centro de referencia de Menorca acompañado por el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y del gerente del hospital, Manuel Yebra, y que recoge el diario 'Menorca'.

Estas cifras han sido posibles gracias al traslado de facultativos del Servicio de Neurocirugía que el ejercicio pasado atendieron, con estos casi 200 pacientes, un 68,1 por ciento más que en 2011, cuando pasaron consulta a 113 personas. Asimismo, Sansaloni resaltó que durante los cinco primeros meses de este año el servicio de Neurocirugía ya ha atendido a 151 pacientes. Por lo que, desde 2012 y hasta la actualidad se han evitado 341 traslados.

Con el objetivo de paliar los efectos de la insularidad y de que esta situación no deje a los enfermos de las islas menores n una clara desventaja respecto a quienes no tienen este agravante, Sansaloni anunció ayer que el Hospital Mateu Orfila contará a partir del mes de junio con un especialista en cardiología infantil del Hospital de Son Espases, que se trasladará de forma periódica al complejo hospitalario menorquín. Esta especialidad se suma así a los facultativos que ya llevan ofreciendo sus servicios de forma periódica en neurocirugía en el hospital de Menorca.

Sansaloni manifestó que estas cifras son el resultado del acuerdo de colaboración suscrito entre Son Espases y las gerencias del Àrea de Salut de Menorca y de Eivissa y Formentera impulsado por el Servei de Salut de Balears. “Gracias a este apoyo asistencial de Son Espases a los hospitales de las islas menores evitamos el desplazamiento de pacientes a Mallorca y se les facilita una atención más próxima además de ahorrarse las incomodidades de tener que viajar para ser atendidos e incluso, tener que pernoctar fuera de casa”, señaló.

Sansaloni resaltó que el servicio se implanta “cuando detectamos que hay demanda suficiente para abrir una agenda”. Asimismo, destaca que respecto al nuevo servicio de cardiología infantil, el facultativo se desplazará con mayor o menor frecuencia según la demanda y las necesidades. Es más, reveló que “no cerramos la puerta” a la implantación de otros especialistas. Y es que, según el conseller del ramo, “intentamos incrementar la cartera” cuando detectamos que el volumen de demanda es “suficiente” y “adecuado” para ello.

Esta mejora asistencial contribuye a que las listas de espera se reduzcan de forma considerable al poder atender al paciente con mayor rapidez.
más en eivissa

Martí Sansaloni aprovechó la visita a Menorca para informar a su vez de los especialistas atendidos en Eivissa. En la isla pitiusa cuentan con facultativos desplazados de las especialidades de cirugía pediátrica, inmunología, neurocirugía, traumatología infantil y cirugía plástica. Estos especialistas evitaron el desplazamiento a Mallorca de un total de 1.184 pacientes en 2012, lo que supone un incremento del 43,5 por ciento respecto a 2011 durante el que se atendieron 825 personas. En lo que llevan de año, los especialistas desplazados  han pasado consulta a 393 personas.

Entre las dos islas, el Govern evitó en 2012 el desplazamiento a Mallorca de 1.374 pacientes. Esta cifra supone un incremento de un 46,5 por ciento. En 2011 los especialistas de Son Espases atendieron a 938 personas mientras que en 2012 la cifra pasó a 1.374. Durante los primeros meses de este año los pacientes atendidos han sido de 544.

Sansaloni dijo que se trata de una medida de eficiencia puesto que ha representado un ahorro de unos 260.000 euros durante el ejercicio pasado.

Menorca tiene colegiados hasta 119 médicos menos que la media nacional

MAHÓN.- Menorca tiene 75 médicos menos de los que debiera para situarse en la media balear y hasta 119 menos que la media nacional. Esto supone que el déficit de médicos en la Isla es del 17,5% respecto del conjunto de la comunidad autónoma y del 24% en comparación con el resto de España, según datos aportados por 'Última Hora'.

Pese a que la cifra de profesionales de la medicina colegiados en Menorca no ha dejado de crecer -ha pasado de 338 a 355 en apenas dos años- la estadística insular es sensiblemente inferior a todas las comunidades del Estado, con la excepción de la ciudad autónoma de Melilla, que se sitúa en la cola.
Los 355 médicos colegiados en la Isla equivalen a 372 para una población de referencia de 100.000 habitantes, una cifra que se encuentra muy por debajo de los 451 de Balears y los 497,6 de la media nacional.
El ranking lo encabeza Madrid que, con una ratio de 623 médicos por cada 100.000 habitantes, supera en un 67,5% la dotación de profesionales sanitarios existente en Menorca.
La percepción del Colegio de Médicos es que aquí hay menos profesionales censados porque, regularmente, especialistas de Mallorca o la Península se desplazan a la Isla para pasar consulta bien en el hospital o en la Clínica Juaneda. Además, sostienen estas mismas fuentes, la Isla tan sólo cuenta con dos grandes centros sanitarios, mientras que en Mallorca es sensiblemente superior el número de clínicas privadas complementarias de la sanidad pública.
Aún así, afirma el colegio, el número de médicos residentes en la Isla sigue en aumento pese a las restricciones en la contratación de personal que el IB-Salut ha puesto en marcha en los centros dependientes de la red pública. El motivo no es otro que el incremento de consultas privadas tanto en los hoteles como en las urbanizaciones con el objeto de atender las necesidades asistenciales de los turistas que nos visitan en verano.
En el conjunto de España, el número de médicos colegiados ha crecido un 1,1% en el último año, hasta alcanzar los 228.917 galenos. Son 2.493 personas más de las que se contabilizaban en 2012. Según esta misma estadística, todas las profesiones sanitarias, menos la de enfermería, tienen más efectivos en ejercicio. Los colectivos que han experimentado un mayor incremento anual son los dentistas (7,5%), podólogos (4,1%), fisioterapeutas (3,1%), farmacéuticos (0,8%), ópticos-optimetristas (0,5%) y, en último lugar, los veterinarios (0,1%).

MÉS critica un concurso sobre prestación sanitaria del Govern 'por su estrategia privatizadora'

PALMA.- MÉS ha criticado este lunes que el Govern haya sacado un concurso para la prestación de servicios sanitarios por ocho millones de euros -para los años 2013, 2014 y 2015- cuando en estos dos años de gobierno ha despedido a 1.200 trabajadores. Además, ha considerado que este hecho forma parte de la "estrategia" del Ejecutivo para privatizar servicios.

   Los portavoces de los econacionalistas, Biel Barceló y Fina Santiago, han lamentado en rueda de prensa que el Ejecutivo "empiece a externalizar servicios" y han explicado que con estos ocho millones de euros se podrían contratar entre 45 y 60 profesionales sanitarios.
   "Es absurdo que un Govern eche a 1.200 personas cualificadas que ellos mismos han formado y luego empiece a externalizar servicios", ha indicado Santiago, antes de añadir que cuando en anteriores legislaturas se externalizó fue porque "estaban al máximo los quirófanos" y no se había "echado" a nadie.
   Santiago, quien ha detallado que el Govern publicó en el BOIB este concurso el pasado 23 de mayo, ha revelado que preguntarán al conseller, Martí Sansaloni, sobre esta materia porque "es un sinsentido sacar a profesionales y justificar ahora que tengan que concertar".
   La econacionalista ha indicado que esta "estrategia ya fue utilizada en Valencia y Madrid" y ha señalado que, según el concurso, se destinarían dos millones en el 2013, cuatro en el 2014 y dos en el 2015 y, además, se establecerían "una serie de precios para determinados servicios".
"Desmantelan toda la estructura pública y luego deben externalizar", ha añadido.
   Por su parte, Barceló ha reprochado al Govern que, mientras no utiliza los recursos públicos -"quirófanos que no se usan y profesionales en la calle-, saque concursos parciales".
 "Si no se están usando los recursos públicos no tiene explicación -el concurso- si no es ir a la privatización".

La edad media de inicio en el consumo de alcohol es de 13,7 años en Baleares

PALMA.- La edad media de inicio en el consumo de alcohol es de 13,7 años en Baleares, mientras que la media de edad de los jóvenes que beben semanalmente es de 15,6 años, según ha informado este domingo el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) en un comunicado.

   La entidad, que ha analizado los datos aportados por el estudio de la Fundación Pfizer, ha asegurado que los padres tienen un "importante grado de desconocimiento" de los hábitos que tienen sus hijos en relación al alcohol.

   Así, ha apuntado que, mientras el 45 por ciento de los padres cree que sus hijos ha bebido alguna vez en su vida, en realidad lo ha hecho el 68,2 por ciento. Por otro lado, si los progenitores son preguntados por el último año que sus hijos han bebido, dicen que lo han hecho el 39,3 por ciento cuando en realidad ha sido el 56,8 por ciento.

   El IPFB destaca que se debe tener en cuenta que el 80,3 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años de Baleares ha consumido alcohol alguna vez en la vida, el 71,2% en el último año y el 54,1% en el último mes, en las islas. Además, el 58% se han emborrachado alguna vez en la vida, el 47,3% durante el último año el 47,3% y el 25,3% durante el último mes.

   Según la entidad, los jóvenes de las islas beben "porque asocian alcohol con diversión, para desinhibirse y porque alcanzan un estado de ánimo positivo". No obstante, el IPFB ha añadido que este consumo tiene "graves consecuencias".

   En este sentido, el IPFB ha asegurado que diversos estudios realizados en adolescentes entre 13 y 17 años que consumían alcohol en exceso demostraron que tenían un 10% menos de capacidad para recordar la información aprendida previamente, mayor lentitud para procesar la información, problemas de atención y dificultades para realizar tareas de planificación, organizarse, controlar los sentimientos o tomar decisiones con criterio.

   "No solo ha cambiado la forma de relacionarse de los jóvenes con el alcohol respecto a cómo lo hacen los adultos, sino que además se ha intensificado el tiempo que dedican a la fiesta y al ritual del 'botellón'", indica la nota, que añade que "el horario de la fiesta se ha ido prolongando hasta romper el límite de la madrugada, incrementándose el tiempo dedicado a ingerir mayores cantidades de alcohol".

   Ante esta situación, el IPFB ha reclamado políticas con perspectiva de familia como la realización de una guía práctica para una diversión sana de los hijos dirigido a los padres y, de esta manera, contar con un instrumento "para que la familia pueda enfrentarse a la bebida de alcohol de los más jóvenes".