Los rusos disparan su compra de vivienda en España, y los marroquíes son los terceros que más adquieren

 

MADRID.- La compraventa de vivienda libre por extranjeros en España ha disminuido un 7,5 % interanual en la primera mitad de 2023, pero en algunos casos se ha disparado. El ejemplo más evidente es el de los rusos: han aumentado un 50,2 % su adquisición de viviendas respecto a los seis primeros meses del año pasado, según los datos del Consejo General del Notariado.

Los rusos son quienes más han incrementado la compra de viviendas en España respecto al primer semestre de 2022, por delante de los ucranianos (un 41,6 % más) y los estadounidenses (un 13,6 % más).

 

No son, sin embargo, quienes más viviendas han comprado en España hasta junio. El ranking lo encabezan los británicos (6.498 viviendas adquiridas, el 9,6 % del total), seguidos de los alemanes (8,1 %) y los marroquíes (7,3 %).

 

Los mayores precios por metro cuadrado los abonaron los suecos (3.036 euros por metro cuadrado), daneses (2.930), estadounidenses (2.921), suizos (2.812), alemanes (2.724) y noruegos (2.584). Los menores precios fueron pagados por marroquíes (689 euros por metro cuadrado), rumanos (1.086) y ecuatorianos (1.335).

 

Entre los extranjeros residentes, los nacionales de Marruecos y Rumanía han sido los principales compradores en casi todo el país, salvo en Galicia y los archipiélagos. Allí ha sido mayor la cuota de compradores portugueses, alemanes e italianos.

 

Los franceses han superado en este semestre a los alemanes y estadounidenses y lideraron la cuota de compraventas entre extranjeros no residentes en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

 

Los alemanes han sido los principales compradores en Baleares, Canarias y han empatado con los estadounidenses en Cantabria, que tuvieron el liderazgo en la compra de vivienda también en Castilla la Mancha y La Rioja.

 

Los británicos fueron los que más adquirieron inmuebles en Andalucía y Murcia.

Los argentinos, belgas, chinos y portugueses fueron los principales compradores en Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, respectivamente.

 

La compraventa de vivienda libre por compradores extranjeros aumentó en solo cuatro comunidades autónomas y disminuyó en las trece restantes. Los incrementos se dieron en Asturias (27,7 %), Galicia (14,8 %), Murcia (5,5 %) y Comunidad Valenciana (1,3 %).

Con mejor desempeño que la media nacional (-7,5 %) pero con retroceso se quedaron Castilla y León (-4,8 %), Cataluña (-4,2 %) y Aragón (-3,3 %).

 

Las mayores caídas se observaron en Baleares (-32 %), Navarra (-19,7 %) y Andalucía (-15,3 %). País Vasco (-13,3 %), Canarias (-12,6 %), Castilla-La Mancha (-12,5 %), Comunidad de Madrid (-11,5 %), La Rioja (-11,1 %), Cantabria (-9,9 %) y Extremadura (-9,2 %) registraron descensos más controlados.

 

La evolución de los precios registró un avance positivo en catorce autonomías y disminuyó en las tres restantes. Los incrementos alcanzaron tasas de dos dígitos en: Extremadura (12,3 %), Cantabria (11,1 %) y Murcia (10,2 %). 

 

Con un crecimiento más moderado pero mayor que la media nacional (1,3 %) están Canarias (8,4 %), Cataluña (7,9 %), Madrid (7,7 %), Castilla y León (6,1 %), Comunidad Valenciana (5,2 %), País Vasco (4,2 %), La Rioja (4,1 %), Andalucía (3,2 %) y Baleares (1,9 %). 

 

Por otro lado, Galicia (1 %) tuvo un crecimiento menor que la media nacional pero mayor que Aragón (-7,4 %), Navarra (-2,6 %), Castilla-La Mancha (-1,5 %) y Asturias (-0,4 %), que registraron caídas.

 

Los precios que más crecieron fueron los de las compraventas realizadas por rusos (15,2 %) seguidos de los suecos (11,9 %) y ecuatorianos (11 %). Los países que tuvieron un descenso en los precios pagados fueron Noruega (-4,3 %), Países Bajos (-2,7 %), Rumanía (-1,1 %) Marruecos (-0,6 %) y Portugal (-0,5 %).

La vivienda en Baleares alcanza un precio histórico

PALMA.- El precio medio de la vivienda usada se ha situado en Baleares en 4.034 euros/m2 en el tercer trimestre del año, el mayor precio de la serie histórica, con un incremento del 2 % respecto al trimestre anterior, e interanual del 13,4 %, según el último informe del portal inmobiliario Idealista.

En los municipios del archipiélago el comportamiento ha sido mayoritariamente alcista el último trimestre. La mayor subida se ha producido en Cala Millor con un 11,6 %, seguida de Puigpunyent (10 %) y la Colònia de Sant Jordi (7,8 %).

Por el contrario, Muro ha sufrido la mayor caída con un 7,5 %. El precio en Palma subió un 3,2 %, hasta los 3.909 €/m2, el mayor precio de la vivienda en la capital desde que idealista tiene registros.

Formentera sigue siendo el municipio más exclusivo de las islas, con 8.659 €/m2 , seguido por Sant Joan de Labritja (7.106 €/m2).

El municipio más económico de los analizados por idealista en Baleares es Muro, donde los propietarios piden una media de 1.481 €/m2, seguido de Porreres (1.496 €/m2 ) y Sa Pobla (1.504 €/m2).

Por otra parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes que el decreto para promover viviendas a precio limitado aprobado por su ejecutivo permitirá la salida al mercado de pisos en alquiler un 40 % más baratos que los que se comercializan ahora.

En respuesta a una pregunta del líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en el pleno del Parlament, Prohens ha incidido en aludir al decreto ley como "el primero" de más decretos para tratar de contener el alza de los precios de la vivienda.

La líder del PP ha señalado que en las dos últimas legislaturas, con la izquierda en el Govern, el precio medio de los alquileres casi se ha duplicado, lo que, a su juicio, evidencia el fracaso de las "políticas intervencionistas".

"Hemos hecho más en tres meses que ustedes en ocho años", ha enfatizado en referencia a los efectos beneficiosos que tendrá la creación de la figura de las viviendas de precio limitado.

Apesteguia ha celebrado que el PP haya cambiado de criterio y apoye ahora la regulación del mercado inmobiliario.

El diputado nacionalista ha considerado demasiados altos los precios de alquiler estimados para las viviendas de precio tasado amparadas por el decreto del Govern, de hasta 1.070 euros mensuales para viviendas de obra nueva, y le ha pedido a Prohens que, mientras la nueva regulación se despliega, aplique la Ley de Vivienda estatal.

El Govern aprueba el decreto para abaratar la vivienda en Baleares

PALMA.- El Consell de Govern ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, enfocadas al objetivo de aumentar la oferta de viviendas disponibles en los municipios de las Baleares a precios asequibles y sin consumir territorio, en edificios existentes y parcelas no edificadas en suelo urbano, y a facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven, a través de la nueva figura de la vivienda de precio limitado (HPL).

El Decreto habilita un conjunto de medidas para generar la creación de nuevas viviendas de precio limitado por la Administración y no a un precio libre.

Tal y como ha expuesto la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, el objetivo del Decreto ley es poner al alcance nuevas medidas para dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda de amplios segmentos de la población en las Islas, con un consumo cero de territorio, ya que afectan a las áreas urbanas de los municipios, y con un coste cero para las finanzas públicas, dado que cuentan con la iniciativa privada para su ejecución bajo una regulación pública.

Incluyen también medidas para reforzar la lucha contra el alquiler turístico ilegal con el fin de recuperar para el mercado residencial las viviendas destinadas clandestinamente a un uso turístico.

El Decreto ley habilita, con carácter temporal, diversas actuaciones con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas disponibles en las Islas, como el cambio de uso de locales existentes (comerciales, administrativos, etc.), tanto de plantas bajas como de plantas de piso, para su reconversión en viviendas de precio limitado (HPL), y la división de viviendas existentes para crear nuevas viviendas de precio limitado (HPL), mediante un aumento de las densidades máximas, tanto en edificaciones existentes como parcelas sin edificar con usos residenciales plurifamiliares permitidos y unifamiliares entre medianeras.

También contempla el aumento de la edificabilidad en altura en edificaciones existentes o parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, para la creación de nuevas viviendas de precio limitado (HPL); la creación de viviendas en terrenos de equipamientos y aún sin desarrollar, para crear nuevas viviendas de precio limitado (HPL) en el caso de los equipamientos privados, o viviendas protegidas si se trata de parcelas para equipamientos públicos.

Además, el Decreto ley habilita la posibilidad del cambio de uso a residencial de establecimientos turísticos obsoletos para que se destinen a crear viviendas de precio limitado (HPL).

También amplía el régimen especial ya vigente que permite la creación de viviendas protegidas en edificaciones inacabadas con licencia caducada, en estado ruinoso o en situación de inadecuación, a fin de recuperar estas estructuras hoy inservibles para generar nuevas viviendas de precio limitado (HPL) .

Asimismo, se prevé la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección y alojamientos dotacionales, una posibilidad ya prevista en la normativa autonómica vigente sobre la cual, con el nuevo Decreto, se amplía el plazo máximo de concesión —de 50 a 75 años— del concurso público.

El Decreto ley introduce la definición de alojamiento con espacios comunes complementarios (coliving y cohousing), nueva tipología residencial que da respuesta a nuevos modelos de convivencia (por ejemplo, para estudiantes o personas de la tercera edad).

Además, desvincula la situación urbanística de una edificación existente de sus condiciones de habitabilidad, a fin de facilitar la concesión de cédulas de habitabilidad a las viviendas que cumplan estas condiciones, con independencia de la situación urbanística, que seguirá el régimen establecido en la Ley de urbanismo de las Islas Baleares.

Para la implantación de la nueva figura, el Decreto ley prevé la creación del Registro autonómico de viviendas de precio limitado con carácter administrativo, autonómico y público con el fin de garantizar la efectividad, el control y la información pública de estas viviendas.

Este Registro, en el que se tendrán que inscribir las viviendas que reúnan los requisitos previstos en la normativa, permitirá facilitar la gestión y el control del uso de estas viviendas —uso propio, venta, alquiler o alquiler con opción a compra — a fin de eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones.

En cuanto a los beneficiarios de las viviendas de precio limitado, se establecen una serie de requisitos: debe ser una persona mayor de edad, debe tener la residencia permanente en las Islas Baleares, no puede acceder una persona que ya sea propietaria de pleno dominio de otra vivienda y la nueva vivienda deberá constituir su domicilio habitual y permanente.

El beneficiario deberá presentar a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por el registro de entrada o mediante el trámite electrónico que se habilite al efecto, una declaración responsable firmada por el comprador o arrendatario, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato privado, en la que debe declararse que la vivienda HPL se destinará a domicilio habitual y permanente y que el comprador/arrendatario cumple los requisitos establecidos.

Las condiciones de los HPL establecen que deben tener una superficie útil de un máximo de 90 m2; se pueden destinar a uso propio, a la venta, al alquiler o al alquiler con opción a compra, y se establece que estas viviendas mantendrán su condición de HPL de forma permanente. Se permiten las transmisiones de propiedad y uso en cualquier momento, mientras se cumplan las condiciones de acceso exigidas.

En relación con los precios, se establecen dos tipos de precios para esta nueva figura: un tipo (HPL-1) para las actuaciones en edificaciones existentes, la mayoría de las medidas previstas en este Decreto ley, para el que el precio máximo se calcula multiplicando por 1,10 el precio vigente de la vivienda protegida, y otro tipo de precio limitado (HPL-2) para las actuaciones de construcción de obra nueva, de mayor coste de construcción, para el que el precio máximo multiplica por 1,30 el precio vigente de la vivienda protegida.

Como ejemplos de precios de compra, en los casos de viviendas de 60 m2 y 80 m2, las diversas franjas de precios de los HPL, según el municipio y la etiqueta de eficiencia energética de las viviendas, los precios limitados de compra irían entre los 102.000 euros de los tramos de precio más reducidos hasta un máximo de aproximadamente 241.000 euros en el caso de las actuaciones en edificaciones existentes. En los casos de obra nueva, entre unos 121.000 y unos 285.000 euros.

En el caso del alquiler, en viviendas de 60 m2 y 80 m2 útiles, los precios limitados se situarían entre los 385 euros en los tramos más bajos hasta un máximo de unos 905 euros, en el caso de las actuaciones en edificaciones existentes, la mayoría de las previstas en el Decreto ley. De tratarse de obra nueva, los precios de alquiler de estos dos ejemplos oscilarían entre unos 455 euros y unos 1.070 euros. 

Estas franjas de precios se establecen en función del municipio y de la etiqueta energética de las viviendas, y los ejemplos reflejan los precios aproximados aplicando la actualización de precios de 2023, que será próximamente aprobada.

Además, a fin de garantizar la no especulación con el suelo y para la completa efectividad de las medidas previstas en este Decreto ley, también se aplica un control de precio del suelo o de la edificación sobre la que se actuó y se limita el precio de venta del suelo para estas actuaciones.

El Decreto ley incorpora un régimen sancionador con el que se complementa el régimen sancionador ya previsto en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, con nuevos tipos infractores que dan respuesta a los incumplimientos relativos a los HPL . Las cuantías de las sanciones son las mismas que se establecen en la Ley 5/2018 para las infracciones leves (de 60 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 30.000 euros) y muy graves (de 30.001 a 90.000 euros) euros).

Entre las infracciones muy graves, se incorporan hechos como dedicar las viviendas de precio limitado a usos no autorizados o alterar el régimen de uso y utilización de la vivienda; percibir un sobreprecio o prima, tanto en las primeras transmisiones como en las posteriores, para suelo destinado a viviendas de precio limitado, así como de las viviendas de precio limitado,

En cuanto al alcance de las nuevas medidas para crear viviendas, las actuaciones previstas permitirán crear hasta un máximo de una vivienda por cada 60 m2 de superficie edificable residencial de la parcela -como dato de referencia para calcular el número de viviendas que se pueden crear—, en los casos de reconversión de locales y de aumento de las densidades en edificios plurifamiliares, y un máximo de una vivienda por cada 90 m2 de superficie edificable residencial, en el caso de las viviendas unifamiliares entre medianeras de planta baja y dos plantas más, que actualmente no se pueden subdividir.

El crecimiento en altura, bajo unas limitaciones, permitirá hasta una vivienda por cada 60 m2 de la superficie construida por la actuación, y en los cambios de uso de terrenos de equipamientos privados y establecimientos turísticos, hasta una vivienda por cada 60 m2 de superficie destinada a uso residencial, en ambos casos también tomando este dato como referencia para calcular el número de viviendas que pueden crearse.

Las actuaciones a las que faculta este Decreto ley tienen carácter temporal, con el fin de impulsar un carácter incentivador, y se establece un plazo de solicitudes de licencias de hasta dos años desde la entrada en vigor del Decreto ley a partir del día siguiente de su publicación en el BOIB— y, para la ejecución de las actuaciones, un plazo de hasta tres años desde su inicio (sin perjuicio de las prórrogas que se puedan otorgar de acuerdo con la normativa urbanística).

Con este Decreto, el Govern pone al alcance de los ayuntamientos un conjunto de actuaciones encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a todos los municipios de las Islas respetando las competencias municipales, dado que los ayuntamientos, mediante acuerdo del Pleno municipal, podrán limitar de forma parcial o dejar sin efecto las actuaciones previstas en el Decreto ley por cualquier circunstancia que se acuerde dentro de su competencia municipal.

El Govern también introduce en el Decreto ley una modificación de la Ley del turismo de las Islas Baleares para reforzar la lucha contra la oferta ilegal, la actividad clandestina y el intrusismo en el alquiler turístico de viviendas, a fin de poder actuar de manera efectiva, y con el fin de poder devolver al mercado residencial viviendas que se destinan de manera irregular a un uso turístico.

Se trata de un primer paso para corregir los efectos provocados por la Ley 6/2017, en relación a la comercialización de estancias turísticas en viviendas y, en particular, en viviendas residenciales sometidas al régimen de propiedad horizontal o edificios plurifamiliares.

El Decreto ley dota a la inspección turística competente de la facultad de adoptar medidas provisionales para la paralización de la actividad ilegal en el ejercicio de las estancias turísticas en viviendas. 

Así, dentro del capítulo del procedimiento sancionador previsto en la Ley de Turismo, entre las medidas provisionales, se establece como nueva medida provisional la clausura temporal del establecimiento o vivienda de uso turístico.

El Govern balear estima que hasta el 90 % del alquiler turístico real es "clandestino"

PALMA.- La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha señalado este lunes que su departamento estima que en Baleares puede haber hasta nueve inmuebles que se alquilan ilegalmente para uso turístico por cada uno comercializado con licencia.

Vidal ha aludido a esta cifra al explicar que el decreto ley de vivienda aprobado por el Consell de Govern incluye una modificación de la Ley de Turismo que habilita a los inspectores de los consells insulars a precintar los inmuebles alquilados a turistas de forma clandestina.

La Ley de Turismo contemplaba hasta ahora, ha indicado la consellera en rueda de prensa, la clausura de establecimientos que infringieran de forma grave la normativa, y con la modificación incluida en el decreto esta opción se extiende a las viviendas alquiladas sin licencia a turistas.

A pesar de la afirmación de la consellera, fuentes de su departamento han puntualizado más tarde que la estimación del 90 % de viviendas de alquiler turístico ilegales es un cálculo realizado por el Consell de Mallorca en 2020 y referido únicamente al área metropolitana de Palma, por lo que no se puede extrapolar de forma directa al conjunto de las islas.

En la rueda de prensa de presentación del decreto ley, que el Govern prevé que se tramite como proyecto de ley en el Parlament, el portavoz del Govern, Toni Costa, ha afirmado que el decreto representa "un cambio total y absoluto de las políticas fracasadas que se han hecho durante ocho años".

Costa ha acompañado a la Vidal en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, una reunión extraordinaria después de que el pasado viernes la norma quedara sobre la mesa para introducir el endurecimiento de la persecución del alquiler vacacional clandestino.

La consellera ha apelado a la prudencia para evitar hacer una estimación de cuántas viviendas de nueva construcción o reacondicionadas podrán ponerse en el nuevo mercado de precio tasado a partir de la implantación del decreto, aunque ha aludido a que constructores y promotores calculan que podrían ser unas 3.000.

El departamento de Vidal trabaja en la elaboración de un plan de vivienda más amplio en el que se contempla el seguimiento de la implementación efectiva de este decreto, que en buena medida depende de su acogida por parte de los ayuntamientos.

La consellera ha señalado que espera que en medio año podrá tener datos reales para hacer una proyección sobre el número de viviendas de precio limitado que se incorporarán al mercado.

A partir de este viernes se permitirá precintar pisos que se alquilen a turistas en Ibiza

 IBIZA.- La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció el miércoles la aprobación «inminente» de la normativa que permitirá el precinto de pisos turísticos ilegales, una medida muy reclamada por parte del Consell d’Eivissa pero que hasta ahora había caído en saco roto. 

Prohens fue la invitada del programa Bona nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF), donde aseguró que ella y sus consellers «estamos para tomar decisiones valientes».

«En Ibiza hay un problema con los que se aprovechan de un nombre tan potente. El Consell tendrá este marco jurídico para empezar a precintar pisos ilegales. Es ir en contra de una actividad económica ilegal, como precintar cualquier negocio que no tenga los permisos correspondientes. Este intrusismo hace muchísimo daño y tensiona el mercado de la vivienda», añadió Prohens.

La presidenta Prohens también se refirió al decreto de medidas urgentes validado el martes por el Parlament y que elimina el requisito del catalán para los sanitarios que trabajen en la sanidad pública balear. «Lo del catalán nos lo decían los sindicatos de todos los colectivos sanitarios y en informes del Govern anterior se decía que era un ‘requisito disuasorio’», apuntó 

Prohens, quien añadió que, sin embargo, la obligatoriedad del catalán «no es el único problema» con el que se encuentran los sanitarios a la hora de trabajar en Balears. Y enumeró los siguientes: «la carrera profesional congelada, la falta de programación, el coste de la vida o el acceso a la vivienda».

Prohens recordó que en su primera visita a Eivissa se reunió con las asociaciones contra el cáncer y se comprometió con ellas a que los servicios sanitarios se ofrecieran con equidad, porque «no es de recibo que los pacientes oncológicos reciban una peor atención por vivir en Ibiza». 

La presidenta balear recordó que el decreto de medidas urgentes regula la creación de playas de muy difícil cobertura – «y las de Oncología de Can Misses lo son» – que tendrán suplementos salariales de hasta 20.000 euros anuales con el objetivo de atraer más profesionales. a Ibiza y Formentera. 

Otro de los asuntos tratados en el Bona nit Pitiüses de ayer fue el acceso a la vivienda. Marga Prohens aseguró que muy pronto se aprobará un primer decreto de emergencia habitacional que permitirá el crecimiento en altura y la conversión de locales comerciales en viviendas. 

«El objetivo de este primer decreto es aprovechar lo que ya está hecho sin que sea necesario consumir más territorio y sin necesidad de gastar dinero público, sino dando facilidades a la iniciativa privada», destacó Prohens. 

Prohens también adelantó la creación de la figura de vivienda a precio limitado y la cesión de solares públicos a promotores privados pero con precios limitados, porque «aquí nadie tiene que venir a hacer negocio con lo que es de todos. No queremos sea un decreto que vaya a la especulación y que se haga negocio cuando la administración te da una serie de ventajas, pero necesitamos este tipo de viviendas para rentas medias, familias y jóvenes».

La presidenta del Govern también explicó que su Ejecutivo trabaja en otras medidas de emergencia para colectivos como docentes, sanitarios y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad. «Estamos a la espera de informes jurídicos pero esperamos sacar estas medidas antes de final de año», apuntó.

Prohens señaló que el Govern continuará con la construcción de VPO, «pero también contaremos con la iniciativa privada, «que son los que tienen la capacidad para construir vivienda, en vez de criminalizarlos». 

La presidenta balear insistió en que «el problema de la vivienda es tan grave que nos interpela a todos como sociedad. La vivienda es un problema de familias con ingresos estables y de jóvenes con sueldo pero que no les basta para emanciparse. De salud pública, seguridad ciudadana y de competitividad empresarial: faltan trabajadores y profesionales y esto afecta a la competitividad de nuestras empresas».

Los promotores señalaron en su día que con las medidas del primer decreto de emergencia habitacional pueden llegar a construirse hasta 3.000 nuevas viviendas, mientras que Prohens apuesta por incentivar a los propietarios para que salgan al mercado las 80.000 viviendas que ahora hay vacías en el archipiélago balear. 

La presidenta recordó que el Govern ha eliminado el impuesto por la compra de primera vivienda para menores de 30 años y reducido al 50 % para los menores de 35 años, familias monoparentales y numerosas.

Cuestionada por el caso de la sanitaria que vive en una tienda de campaña en Formentera, Prohens aseguró que estos testimonios «nos sacan los colores, me dan vergüenza como presidenta. No tendríamos que permitir que los docentes, con una de las profesiones más importantes en nuestra sociedad y a quienes dejamos a los que más queremos, tengan que vivir en estas condiciones».

Marga Prohens recordó que hace un par de semanas el conseller de Educación, Antoni Vera, visitó varios centros educativos en Ibiza y «volvió totalmente impactado. Me llamó cuando estaba en Ibiza y me dijo que estaban muy peor de lo que nos habían contado».

La presidenta balear señaló que si no se ha llevado a cabo el mantenimiento necesario en los institutos de Ibiza y no se han construido los nuevos centros previstos no es por culpa de falta de financiación. 

«(Las infraestructuras) están peor cuando hay más recursos que nunca, con un plan de infraestructuras hecho y que no se ha ejecutado habiendo dinero. No se ha hecho por falta de gestión y por una dejadez total con Ibiza», destacó Prohens, quien añadió que si se ha precintado un edificio anexo en el IES Xarc ha sido «porque la seguridad de los niños, de los profesores pasa por delante de cualquier crítica política. Y precintaremos todos aquellos que no sean seguros».

En este sentido, Prohens prometió que ejecutarán el plan de infraestructuras «con urgencia y, en paralelo, aprobaremos un plan de climatización con ocho planes piloto. Los efectos del cambio climático son evidentes y los alumnos empiezan y acaban el curso con temperaturas más extremas».

Hoy entra en vigor el decreto que impulsa pisos a 160.000 euros en Baleares

PALMA.- Este viernes entra en vigor el decreto de emergencia habitacional impulsado por el Govern de Marga Prohens, con el que pretende poner en el mercado viviendas a precio limitado por la administración, con precios que van desde los 160.000 euros para viviendas a la venta de unos 60 metros cuadrados o un alquiler desde 603 euros mensuales. Unos precios que hace cinco años eran habituales en el mercado inmobiliario insular y hoy soy un milagro.

Este viernes se da luz verde a la medida que se lleva a cabo gracias a la colaboración público-privada y apuesta por no consumir territorio. El Ejecutivo balear facilitará a partir de hoy la información en su web para que promotores, constructores y propietarios puedan inscribir sus propiedades en el registro de viviendas de precio limitado.

¿Cómo llegarán éstas a los interesados? Un vez que estén finalizadas se pondrán en el mercado, para lo que se prevé una espera de unos 22 meses en el mejor de los casos. Las viviendas de precio limitado serán anunciadas por promotores, constructores y propietarios, por lo que empezarán a salir en los anuncios y portales inmobiliarios.

Una vez que los nuevos inquilinos hayan contactado con los anunciantes y opten a una de estas viviendas, deberán entregar en la Conselleria d’Habitatge una declaración responsable y la documentación que acredite que pueden optar a ellas. Para ello, deberán cumplir los siguientes requisitos: no podrá ser titular al 100 por cien de una vivienda, deberá ser mayor de edad y tendrá que ser su domicilio permanente y habitual. 

Con estos requisitos se quiere dejar fuera de este nicho de mercado a los inversores y aquellos que cuentan con más de una vivienda, para así permitir el acceso a las clases medias y trabajadoras. En caso de no cumplir con los requisitos, podría haber sanciones.

La horquilla de precios que esgrime el Govern para estas viviendas de precio limitado son casi un 50 por ciento inferiores al mercado libre, que en los últimos años se ha desbocado. Así, a modo de ejemplo, un piso de 60 metros cuadrados está en el mercado libre a 262.683 euros y de alquiler alcanza los 1.118 euros al mes.

Si entra dentro de la categoría de precio limitado en edificaciones existentes, los pisos de esta superficie estarían a la venta por 160.680 euros y se alquilarían por 603 euros mensuales. Todo esto si entra dentro de la categoría A de municipios, en la que entran 44 de toda Balears, es decir, la mayor parte, y cuentan con una etiqueta energética C-D.

¿Qué ocurre con las viviendas de 80 metros cuadrados? Si en el mercado libre su precio escala a los 350.244 euros, en el caso del precio limitado se quedaría en 214.240 euros. En cuanto al alquiler, en la actualidad está en una media de 1.491 euros y con el precio limitado se quedaría en 804 euros mensuales. De esta manera, según los cálculos del Govern, el precio máximo de venta de precio limitado es un 39 por ciento inferior al mercado libre, mientras que el de alquiler se abarata un 47 por ciento.

Otro asunto es si los baleares podrán acceder a hipotecas con estos precios limitados. En el caso de un piso a 160.680 euros, de 60 metros cuadrados, el comprador deberá adelantar un mínimo del 10 por ciento del valor de la vivienda y sumar otro 10 por ciento en concepto de gastos e impuestos. Es decir, necesita una entrada de 35.000 euros. Si el préstamo hipotecario es de tipo variable y se coloca al 4,37 por ciento, pagaría una letra mensual de 807 euros durante los próximos 30 años. Está por ver si los insulares pueden acceder a estos préstamos.

Con todo, resulta una medida que intenta paliar la escasez de vivienda al alcance de las clases medias y trabajadoras. Los promotores calculan que podrían sumarse entre 2.000 y 3.000 viviendas al mercado a precios más asequibles aunque solo Mallorca «tiene un déficit de 14.000 viviendas, de las que 10.000 harían falta en Palma», según Luis Martín, presidente de la asociación Proinba.

La consellera de Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha impulsado esta medida en poco más de dos meses en los que el PP lleva gobernando en Baleares. Y lo hace con una medida que, ha afirmado en otras ocasiones, se ha consensuado con organizaciones y colegios profesionales con los que se ha reunido las últimas semanas. Se trataría del primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda.

Habrá que esperar al Consell de Govern de este viernes para conocer la letra pequeña del decreto de emergencia habitacional. El Govern balear pone así al alcance de los ayuntamientos insulares un conjunto de medidas que facilitarán el acceso a la vivienda en todos los municipios de las Islas. 

Eso sí, respetando las competencias municipales, ya que los consistorios, gracias a un acuerdo del pleno municipal, podrán limitar de forma parcial o dejar sin efecto las actuaciones previstas en el decreto ley que por cualquier circunstancia se acuerde dentro de su competencia. Habrá que esperar al año 2025 para ver los efectos de este decreto urgente en el mercado de vivienda balear.

La firma de hipotecas en Baleares vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 4,51% en julio

PALMA.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares en julio ha aumentado un 4,51% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 18,82% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 857 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 5,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 196,28 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 5,18% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 16,48%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.107 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 287,89 millones de euros. De ellas, 31 fueron sobre fincas rústicas y 1.076 sobre urbanas.

De las 1.076 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Baleares, 857 fueron sobre viviendas; 8 en solares y 211 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 6 y en 2 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 272 hipotecas con cambios en sus condiciones, 264 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.199 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 778 correspondieron a viviendas, 56 a fincas rústicas, 350 a urbanas y 15 sobre solares.

El precio de la vivienda se dispara más de un 75% en Palma desde el suelo de 2014

MADRID.- El precio de las casas en España se ha transformado en un monstruo imposible de controlar. Hay regiones en las que el valor de compra se ha disparado un 70% respecto al mínimo alcanzado en 2014, según la estadística de valor tasado de la vivienda que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y recoge Cinco Días. 

A partir de ese año, los precios empezaron a repuntar hasta alcanzar cifras que en algunos casos prácticamente duplican el valor de hace una década. El caso más paradigmático es Palma de Mallorca, donde el metro cuadrado ha pasado de 1.466 euros a 2.626 euros en el segundo trimestre de 2023.

Esta capital de provincia no es la única que padece el tensionamiento del mercado inmobiliario. En Málaga también se ha incrementado el precio de la vivienda libre en un 75% en los últimos diez años, pasando de 1.264 euros a 2.213 euros el metro cuadrado. Ambas ciudades se han convertido en los últimos años en referentes para el turismo de lujo, lo que ha obligado a que se atiendan dos demandas: la habitual de familias y la de inversores que están en busca de altas rentabilidades. 

Hace una década, tras el boom inmobiliario, las casas vacías en la costa se multiplicaron y los precios cayeron hasta un 10% interanual en el litoral mediterráneo, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles publicado por Tinsa. Pero a día de hoy, Palma y Málaga se han hecho atractivas para los fondos de inversión extranjeros pese a que la oferta de pisos es pequeña.

Valencia, Madrid y Barcelona son las otras capitales en las que también se deja notar con fuerza el alza en los precios de la vivienda desde el suelo alcanzado en 2014, cuando el mercado se empezó a recuperar de la crisis de 2008. Se han encarecido entre un 50% y un 60%, según los datos del Ministerio. 

En el caso de la capital española, esto significa que una persona ha pasado de pagar 2.372 euros el metro cuadrado a desembolsar 3.727 euros, una cifra imposible de pagar para todas las familias que apenas ganan el salario mínimo inter profesional -1.080 euros al mes-. En la capital catalana la diferencia supone pagar casi 1.200 euros más por el metro cuadrado y en Valencia unos 713 euros.

Mientras los precios se hacen imposibles de asumir, el mercado inmobiliario de lujo se sigue expandiendo en estas provincias. De hecho, Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona concentran el 70% de todos los inmuebles disponibles por encima del millón de euros, según datos del portal inmobiliario Idealista. La proporción es incluso mayor cuando se habla de casas superiores a los tres millones.

La preocupación por estos incesantes incrementos se extiende a todo el país. En estos 10 años el coste de la vivienda libre ha repuntado en promedio un 24%; unos 342 euros. Sin embargo, el salario medio apenas ha subido un 10% en el mismo periodo, lo que supone unos 200 euros más que en 2014, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. 

Si se analiza el ingreso medio de las comunidades en las que más ha repuntado el coste de las casas, se hacen más evidentes las dificultades a las que se tienen que enfrentar las familias para asumir el sobrecoste. 

En Baleares, por ejemplo, el salario medio bruto anual hasta 2021 -último dato actualizado- era de 29.022 euros. Esto significa que un trabajador promedio de esa localidad necesitaría dedicar su salario de ocho años para comprar una casa de 80 metros cuadrados en Mallorca. Su inaccesibilidad ha llevado este mes al Govern balear a plantearse un decreto sobre emergencia habitacional que tiene como objetivo sacar al mercado casas a precios más bajos.

En Andalucía la situación es similar. A día de hoy el salario medio es de 26.047 euros anuales, así que un empleado necesita siete años de su sueldo para comprar una casa promedio, que cuesta según los datos del Ministerio, casi 180.000 euros.

Los precios también están impactando en el tamaño de los pisos. Un informe publicado esta semana por la tasadora UVE Valoraciones muestra que en los últimos tres años ha disminuido la superficie media de las viviendas vendidas como consecuencia de las “dificultades de compra de los usuarios-propietarios que han tenido que renunciar” a varios metros cuadrados para poder comprar. 

Los datos recopilados por la tasadora muestran que en 2021, la superficie media registrada por los notarios era de 119 metros cuadrados, mientras que para el segundo trimestre de este año es de 110 metros cuadrados.

En paralelo, los precios han evolucionado mejor en las zonas turísticas que en las grandes ciudades porque en las primeras la proporción de inversores, que son los menos afectados por la subida de los tipos de interés, es mayor.

El número de viviendas vacías aumenta en Baleares un 23,9% en 10 años

PALMA.- Baleares tenía en 2021 un total de 105.434 viviendas vacías, lo que supone un 23,9% más que las 85.062 que había una década antes, según datos de Tinsa.

Según los mismos datos, en cambio, la vivienda vacía en las capitales de provincia se ha reducido un 32% desde el año 2001, mientras que el parque sin uso ha aumentado un 24% a nivel nacional.

El documento 'Situación de la vivienda vacía en España' destaca también que en las seis capitales principales del país (por volumen de parque residencial), este ritmo de caída se intensifica, con un descenso del 40% en el número de viviendas vacías en los últimos 20 años.

La última estadística del INE, referida a 2021, estima el número de viviendas vacías en España en 3,8 millones de unidades.

La mitad de las viviendas vacías se concentra en 14 provincias que tienden a situarse en zonas de costa, mientras que la otra mitad se halla altamente dispersa.

Tinsa señala como principales causas de la existencia de vivienda vacía en España la despoblación en el interior y noroeste peninsular, la obsolescencia de la oferta construida pasada que compite con la actual y los extensos plazos en la tramitación jurídica para la puesta en el mercado de los inmuebles que avalaban créditos resultado de la crisis de 2008.

El disparatado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que aprobó Armengol hunde el mercado inmobiliario balear

PALMA.- El disparatado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que aprobó Francina Armengol hunde el mercado inmobiliario en Baleares. El Govern que dirigía la ahora presidenta del Congreso incrementó hasta el 13% el impuesto por la compraventa de viviendas.

Según un informe del Colegio de Registradores de España, Baleares lidera la bajada de ventas de viviendas a extranjeros en el segundo trimestre de 2023. De un total de 3.688 operaciones de compraventa inmobiliaria, 1.120 fueron realizadas por personas extranjeras. Es decir, la cuota de compra de extranjeros es del 30,38% en las Islas.

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI) ha analizado este informe, constatando que Baleares es la segunda comunidad con una mayor cuota de venta a extranjeros, sólo por detrás de Canarias, pero es la región donde más bajan las ventas a compradores internacionales.

ABINI destaca que si se analizan los datos desde principio de año, Baleares ya empezó el primer trimestre con una bajada general del 4,5% de compraventas realizadas y un desplome del 31% en ventas a extranjeros. En el segundo trimestre ha sumado otra reducción del 28%.

Por ello, desde esta asociación inmobiliaria aseguran que «son datos que empiezan a ser alarmantes porque dibujan una tendencia que no favorece la economía de las Islas». 

«Se presenta un escenario desconocido en los últimos diez años donde el mercado extranjero ha generado una robusta industria que genera más del 20% del PIB en Baleares», advierte el presidente de ABINI, Hans Lenz.

Entre las causas de esta caída de ventas de casas a extranjeros, Lenz aduce las consecuencias del Brexit en el Reino Unido y la pérdida de fortaleza económica de los países del centro y norte de Europa, como Alemania, principal mercado en Baleares y en la antesala de la recesión, o Suecia, que ha perdido una capacidad de compra de casi el 20% en los últimos dos años.

Asimismo, el presidente de ABINI lamenta la política impositiva impulsada por el anterior Govern del pacto de izquierdas, situando a Baleares como la comunidad con los impuestos de compra y patrimonio más altos de toda España.

 «Si lo comparamos, por ejemplo, con Madrid, la capital de España mantiene un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales lineal del 6%, independientemente del valor del inmueble. En Baleares se paga prácticamente el doble», afirma Lenz.

ABINI advierte de que en el momento actual de cambio político en las Islas se debe hacer un «esfuerzo como sociedad para adaptarse a una bajada de demanda extranjera que tendrá múltiples efectos, tanto en las expectativas que ha generado el tirón de demanda que supuso el covid, como una notable bajada de recaudación de impuestos autonómicos que sin duda va a llegar».

El PP afea al PSIB que "ahora que está en la oposición detecte que hay un problema grave" de vivienda en las Islas

PALMA.- El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha afeado al PSIB, en relación a la Proposición No de Ley presentada por los socialistas sobre vivienda pública para el pleno de este martes, que "ahora que están en la oposición, al menos, detecten que hay un problema grave".

"Celebramos que, al menos, entiendan esto ahora que ya no gobiernan", ha ironizado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, este lunes en rueda de prensa, avanzando que votarán en contra de la PNL socialista.

Por otro lado, en relación a la Proposición No de Ley presentada por los 'populares', ha defendido que sirve para "reconocer la discriminación que han sufrido en Mallorca los colectivos de judíos conversos" y ha esperado que la propuesta salga adelante el martes "por unanimidad".

Baleares anuncia un decreto habitacional que permite aumentar alturas o adaptar pisos a diferentes propiedades

PALMA.- La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado la aprobación "en las próximas semanas" de un decreto de emergencia habitacional que supondrá "un coste cero para la administración y cero consumo de territorio", y que permitirá el cambio de usos, el aumento de alturas o la adaptación de pisos a diferentes propiedades.

Así lo ha explicado este martes la líder del Ejecutivo autonómico tras la reunión mantenida en Consolat de Mar con representantes del sector de la vivienda de las Islas. También ha participado en el encuentro la consellera Territorio y Movilidad, Marta Vidal.

"Hemos visto como el precio de la vivienda ha aumentado en un 80 por ciento y el del alquiler un 90 por ciento en los últimos años en Baleares", ha lamentado Prohens, advirtiendo que el acceso a la vivienda "es un problema social".

En esta línea, ha incidido en este cambio de política en "colaboración clara y sincera con todos los sectores", porque son unas medidas que no se quieren hacer "solo desde la administración pública". Por ello, ha insistido en no "criminalizar la iniciativa privada cuando se habla de vivienda" porque "es una responsabilidad compartida".

El decreto, que será llevado este mes a Consell de Govern, incide, según ha detallado la presidenta, sobre viviendas ya construidas y da herramientas a otras administraciones y a la iniciativa privada para adaptar estas viviendas a la emergencia habitacional.

Además, respeta la "autonomía municipal", hablando incluso de "cooperación municipal" porque serán los propios ayuntamientos quienes decidan de qué manera adaptan este decreto.

Por otro lado, la medida permite el crecimiento en altura en tramos urbanos con unas características muy concretas, "respetando la idiosincrasia y las alturas máximas establecidas".

De igual modo, permite la reconversión de locales comerciales en viviendas, la identificación de suelos públicos disponibles para hacer esta cesión a la iniciativa privada para que construyan vivienda a precio limitado o la adaptación de grandes pisos en diferentes propiedades.

Sobre esto último, tendrán que ser de un mínimo de 60 metros cuadrados, y en caso de viviendas unifamiliares que tengan planta baja y dos plantas más, de 90 metros cuadrados.

El precio del alquiler sube en Baleares un 0,4% durante agosto, siendo la región más cara

PALMA.- El precio del alquiler ha subido en Baleares un 0,4 por ciento durante agosto, haciendo que la región sea la más cara del territorio español, con un coste medio de 16,5 euros por metro cuadrado.

Idealista ha publicado este lunes su último informe de precios en alquiler en España, que refleja el liderazgo de las Islas en cuanto al precio más alto, mientras que Madrid se queda en segundo lugar, con 15,9 euros por metro cuadrado, y Cataluña el tercero, con 15,6 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, si el dato se mira por provincias, Baleares se queda el segundo puesto, ya que Barcelona registra un precio medio de 16,6 euros por metro cuadrado.

Por capitales, Palma experimenta una subida del precio del alquiler del 1,6 por ciento, ocupando el noveno lugar por debajo de Alicante (3,5 por ciento); Santa Cruz de Tenerife (3,1 por ciento); Segovia y San Sebastián (ambos 3 por ciento); Lugo (2,6 por ciento); Barcelona (2,5 por ciento); Madrid (2,1 por ciento); y Valencia (1,7 por ciento).

En el lado contrario, Teruel es la ciudad donde más ha disminuido el coste del alquiler en agosto con una bajada del 4 por ciento; seguida de Huelva (-3,4 por ciento); Ceuta (-2,8 por ciento); Almería (-1,4 por ciento); y Zamora (-1,3 por ciento).

A nivel nacional, el último mes se ha cerrado con una subida mensual del 0,5 por ciento hasta establecerse en 12 euros por metro cuadrado.

En esta línea, la cantidad ha crecido un 2,7 por ciento en el último trimestre, mientras que el último año la subida es del 9,5 por ciento.

Los metros mínimos que debe tener una vivienda según cada comunidad autónoma

 

MADRID.- La vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles este 2023. Según el barómetro de 40dB para El País y la SER, la inflación es la principal preocupación de los españoles, seguida de la desigualdades sociales y del coste de la vivienda.Muchos jóvenes tienen problemas para hacer frente al alquiler e incluso a la hora de adquirir una casa.

Además, en redes sociales podemos ver cómo muchos usuarios denuncian alquileres de viviendas con precios abusivos y condiciones que dejan mucho que desear. Por ejemplo, la cuenta de Twitter @elzulista recoge las ofertas de alquiler más desoladoras del territorio nacional: casas pequeñas, precios desorbitados.

Sin embargo, para que a un inmueble se le conceda la cédula de habitabilidad (documento que acredita que una vivienda reúne los requisitos técnicos e higiénico-sanitarios mínimos) debe cumplir con una serie de exigencias. Una de ellas es una superficie mínima que permita una vida en condiciones.

Cada una de las comunidades autónomas de España exige una superficie mínima diferente. Si bien la media española se encuentra en torno a los 30 m2, expertos citados por Antena 3 aseguran que la superficie mínima para unas buenas condiciones de habitabilidad debería ser de 45 m2. Ahora bien, ¿cuánto pide cada autonomía?

Medidas mínimas por comunidad

• Andalucía- 24 m2 útiles
• Aragón- 37 m2 útiles
• Asturias- 28 m2 útiles
• Islas Baleares- 26 m2 útiles
• Islas Canarias- 25 m2 útiles
• Cantabria- 30 m2 útiles
• Castilla y León - 30 m2 útiles
• Castilla-La Mancha - 30 m2 útiles
• Cataluña - 36 m2 útiles
• Ceuta - 20 m2 útiles
• Extremadura - 25 m2 útiles
• Galicia - 26 m2 útiles
• Comunidad de Madrid - 38 m2 útiles
• Melilla - 30 m2 útiles
• Región de Murcia - 40 m2 útiles
• Navarra- 30 m2 útiles
• La Rioja - 30 m2 útiles
• Comunidad Valenciana - 30 m2 útiles
• País Vasco - 35 m2 útiles

Pero para conseguir la cédula de habitabilidad no solo es necesario cumplir con una superficie mínima. También hay otros factores que entran en juego. Por ejemplo, la altura mínima debe ser de 2,5 metros excepto en cocinas, baños y aseos y zonas de paso, donde la exigencia se reduce a los 2,2 metros.

Los extranjeros compran dos de cada diez viviendas pero no arrasan en Baleares

MADRID.- Los extranjeros siguen recuperando su espacio en el mercado residencial español. La demanda foránea para comprar vivienda creció un 30% en 2022 mientras que la nacional lo hizo un modesto 2,2%. Son datos de la tasadora Euroval, que cifran en un 18,7% las operaciones protagonizadas por extranjeros en el último año. El porcentaje es un 1,8% superior al de 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus. Por territorios, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña concentraron el 65% de todas las transacciones.

A pesar de la importante recuperación el porcentaje es todavía algo inferior al máximo registrado en 2015, cuando una de cada cinco viviendas (el 19,3%) fue adquirida por un foráneo. No obstante, si en lugar de porcentajes se utilizan cifras absolutas la realidad es diferente. El texto apunta que en 2015 se vendieron 77.530 viviendas a extranjeros, el pasado año la cifra llegó hasta las 133.221 unidades, casi el doble.

"La recuperación de la demanda extranjera se produce un momento delicado para el mercado residencial de nuestro país, en que ya se acusa cierta contracción como resultado de la incertidumbre internacional y el encarecimiento del acceso al crédito hipotecario por el alza de los tipos de interés", apuntan los expertos. 

Por territorios, destaca el comportamiento de la la Comunidad Valenciana, donde la compra de extranjeros repunta un 7,4%, mientras que en el archipiélago canario lo hizo un 6,2%. Un segundo grupo lo forman aquellas comunidades con crecimientos en el entorno de la media nacional (3,4%). Este es el caso de Andalucía (3,2%), Madrid (2,7%), Murcia (2,7%) y Cataluña (2,5).

El resto presentan incrementos más moderados, siempre por debajo del 2% e incluso apuntando a cierta estabilización. En ese grupo están Baleares (1,8%), Asturias (1,2%), Castilla-La Mancha (1%) o Castilla y León (0,9%). 

Los porcentajes absolutos reflejan, por su parte, el peso específico que la demanda extranjera tiene en algunas comunidades. Así, cuatro de cada diez viviendas que se vendieron en Baleares el pasado año fueron compradas por extranjeros. Una cantidad muy similar en Canarias (3,7) y la Comunidad Valenciana (3,6).

El número se reduce en las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, pero aun así sigue siendo muy significativo: 1,9, 1,7 y 0,9, respectivamente. A nivel nacional, los extranjeros adquirieron casi dos casas (1,9) de cada diez que se vendieron en 2022.

De los datos anteriores, el análisis concluye la fuerte concentración de las compras extranjeras en nuestro país. De hecho, solamente tres comunidades concentran el 65% de estas. A la cabeza, y muy por delante de las demás, se sitúa la Comunidad Valenciana: el 30% de las casas compradas por los extranjeros en nuestro país se encuentran aquí. Otro 21% está en Andalucía y el 14% restante en Cataluña.

Canarias, con un 9% de compras extranjeras, ocupa la cuarta posición en este ranking, seguida de la Comunidad de Madrid (6%), Baleares (6%), Murcia (5%), Castilla-La Mancha (2%), Castilla y León (2%) y Aragón (1%). El resto comunidades (Galicia, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja y Extremadura) suman en conjunto un 5%.

La Fiscalía, contra el 'boom' de casas prefabricadas: defiende que no hay vacío legal y que necesitan licencia

 

MADRID.- Colocar una casa prefabricada en un terreno sin licencia urbanística –ya sea un huerto, una parcela en el campo o en la sierra– puede suponer penas de cárcel. Ese es el aviso que ha dado la Fiscalía a las empresas que vendan estas viviendas, así como a las personas que quieran comprarlas. 

El Ministerio Público señala que no existe “vacío legal” en cuanto a los permisos para colocarlas, como aseguran algunas compañías, y argumenta que la normativa es clara: a ojos de la Justicia, son viviendas como las fabricadas de ladrillo y cemento, según Público. 

Antonio Vercher, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, ha enviado un decreto al resto fiscales delegados en el que insta a investigar algunas prácticas relacionadas con las denominadas ‘mobile homes’, como situar estas construcciones en zonas que no cuentan con las licencias necesarias para edificar con la excusa de ser transitorias o móviles, algunas incluso sin conexiones de agua o electricidad precisamente para intentar evitar los juzgados. 

El fiscal de Sala recopila diferentes sentencias que apuntan en la misma dirección: cualquier vivienda, sea prefabricada o no, necesita permisos. El escrito expone que no es relevante ni siquiera el carácter de temporalidad al que aluden algunas empresas. Es decir, da igual que la casa esté destinada para vivir temporalmente o no o que vaya a ser desplazada.

 “Una edificación sería toda obra o construcción destinada a albergar personas, bien para servir de morada permanente o transitoria o para otros fines”, recoge el texto, que también incide en que “toda estructura habitacional requiere licencia”. 

El problema va más allá cuando se trata de terrenos protegidos. En 2017, el Tribunal Supremo confirmó condenas de un año y medio de prisión a un grupo de personas que colocaron casas de este tipo en la cuenca del río Guadarrama, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

 La condena fue finalmente de un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por poner construcciones “absolutamente prohibidas” en un parque con un “valor ecológico de indudable constancia”, de manera que “urbanizaron” y “desnaturalizaron” el terreno, según la sentencia.  

El Ministerio Público cita otra sentencia de 2016 que recoge que este tipo de prácticas podrían tratarse de un “nuevo intento de burlar la ley” para poder obtener una segunda residencia, incluso primera, “a bajo coste sobre terreno no urbanizable”.

Este modelo de negocio en crecimiento, precisa el texto de Vercher, cuenta con “grandes proporciones e ingentes ganancias”.

La pandemia destapa la crisis de la vivienda en la España rural

 

MADRID.- Son los pueblos españoles de menos de 5.000 habitantes más cercanos a las ciudades los que están desatando el interés inmobiliario. La pandemia y la oportunidad del teletrabajo han impulsado a cientos de familias a buscar refugio y seguridad en las pequeñas localidades. Un cambio de vida radical lejos de las grandes urbes, del peligro al contagio y la amenaza del confinamiento, a juicio de RTVE.

Eso fue lo que impulsó a Alberto Ruiz, fotógrafo de profesión, a mudarse con mujer e hija de seis años a Albendiego, una población de 50 habitantes en la Sierra Norte de Guadalajara. “El confinamiento para mucha gente fue un periodo de reflexión”, nos dice, “y es lo que hicimos, reflexionar. Hemos dado el paso y dejamos Madrid porque nos hemos dado cuenta de que hay otras realidades más allá de la urbana”.

El problema viene después de tomada la decisión: “En estos pueblos no hay muchas casas. Y las que hay normalmente arrastran herencias con varios familiares y ponerles de acuerdo es muy difícil”.

Escasez de viviendas en pueblos vacíos

La paradoja se vive en toda la España despoblada. Hay un mar de casas vacías pero no están libres, ni para alquilar ni para vender. “Todas tienen propietario”, nos cuenta Mario Gallego, alcalde de Albendiego. “Este pueblo tendrá unas 80 casas y habitadas solo 15. Pero nadie alquila, ni vende. Unas están en ruinas, otras están cerradas porque son segundas residencias, pero si alguien quiere quedarse a dormir o a vivir en el pueblo no tiene dónde. Eso sí, les abrimos las puertas del ayuntamiento y les dejamos pernoctar, porque somos muy solidarios”, afirma. 

Albendiego forma parte de esa España rural desierta, con índices de población que rondan el habitante por kilómetro cuadrado. Su situación se repite en muchos pueblecitos de la comarca que han visto incrementar su censo desde que empezó la crisis sanitaria del coronavirus.

“En Albendiego ha subido un 24%. Antes éramos 39 y ahora somos 50. Estamos a un niño para que nos den escuela municipal”, comenta con orgullo Mario, uno de los neorrurales del pueblo. “Llegué en 2013 y ya me quedé a vivir aquí. En realidad ahora la mayoría de los habitantes de Albendiego somos neorrurales, repobladores que buscamos vivir de forma alternativa al mogollón económico y capitalista de la urbe”.

La esperanza de repoblar la España vacía

En la Sierra Norte de Guadalajara, donde está muy vivo el movimiento de repoblación de pueblos abandonados, se analiza con escepticismo el fenómeno poblacional provocado por la pandemia. “No creo que se consolide, que se traduzca en la salvación de la España vaciada”, resume Isaac Alcázar, repoblador en el pueblo de Ujados.

“Hay dos factores que complican la llegada de nuevas familias a estos pueblos: la disgregación de la propiedad de las viviendas, lo que dificulta la posibilidad de alquilar o comprar cuando hay que poner de acuerdo a seis o diez copropietarios, y que las pocas oportunidades que van saliendo casi siempre son copadas por personas que no quieren vivir aquí, lo que quieren es una segunda residencia para las vacaciones”, señala. 

Aprovecha Isaac para decir que es necesario romper con el modelo del pueblo-segunda residencia, porque en nada beneficia a las zonas abandonadas. Para él, hay que ayudar a la gente joven que tiene pocos recursos y quiere crear un hogar en el mundo rural: “Es necesario que en cada pueblo se haga un censo de casas vacías o en ruinas que permita contactar con los propietarios y haga posible su venta o alquiler. Porque, para repoblar lo primero que hay que hacer es ofrecerle vivienda a la gente… y luego ya hablamos del 5G”.

El precio de la vivienda nueva caerá y la de segunda mano (más todavía)

MADRID.- El sector inmobiliario se está reactivando y mantiene el calendario de entregas en el mercado residencial de obra nueva. Pero la consultora CBRE prevé que el precio de estas viviendas puede ceder entre el 2% y el 4%, una caída aún más marcada en el caso de los activos de segunda mano. 

Hay que tener en cuenta que la demanda residencial mostró signos de ralentización previo a la llegada del covid-19, como consecuencia de un entorno de maduración del mercado. En el primer trimestre de 2020 se observó una caída del 16% con 116.000 viviendas vendidas.

Según las estimaciones de CBRE, en 2020 las transacciones totales de vivienda podrían caer en torno a un 20-25% respecto al año anterior, por lo que el total de viviendas vendidas este año rondarían las 425.000/450.000 (inicialmente estimadas en 600.000 viviendas en situación precovid).

En concreto, se prevé un mayor impacto en la vivienda de segunda mano que en obra nueva, y especialmente en la segunda residencia en determinadas ubicaciones como Costal del Sol y Levante. Además, Madrid y Barcelona tendrán un menor impacto en la demanda y se esperan ajustes a nivel provincial de entre el 10% y 15% en el número de transacciones.

El impacto la crisis sanitaria en el precio del residencial dependerá de la ubicación y la tipología de producto. Desde la consultora estiman una caída de los precios de la vivienda nueva de entre el 2% y el 4%.

Mientras que, en el caso de la vivienda de segunda mano, creen que se reajustará de forma más pronunciada, en torno al 6-7%, como consecuencia del deterioro del mercado laboral, la necesidad de venta por parte de los propietarios para conseguir liquidez y la mayor oferta existente.

Sin embargo, estos datos chocan frontalmente con los mensajes que trasladan las principales promotoras de este país, que reiteran que no se producirá una caída en el precio de la obra nueva.

Por otro lado, la provincia de Madrid observará un ajuste en precios en la segunda mano de un 4-5% y un impacto menor en la obra nueva, que rondaría una caída del 1-2%. Mientras que la provincia de Barcelona presentará un ajuste en precios en la segunda mano de un 5-6% y un impacto menor en la obra nueva, con un descenso del 2-3%.

En cuanto a la oferta, la garantía de continuidad y ejecución de las obras en curso, así como las entregas comprometidas son muestras de que el número de viviendas terminadas no sufrirá un impacto por el parón del confinamiento.

Sin embargo, es probable que el número de visados de obra nueva descienda durante 2020 debido a la parálisis de las Administraciones durante el confinamiento, así como a la evolución del comportamiento de la demanda pos-covid.

La evolución del mercado de suelo tras la pandemia dependerá fundamentalmente de su localización geográfica. En este sentido, continuará la actividad inversora en suelos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra y Valencia.

Las comunidades o provincias que empezaron a tener una mayor actividad antes de estallar la pandemia, como La Coruña, Asturias, Cantabria y Zaragoza, podrían recuperar esa tendencia tras el impacto de la crisis económica.

En cuanto a las costas e islas, van a registrar un descenso de la actividad para las promociones destinadas a público extranjero y segunda residencia. Y el impacto del covid-19 se agudizará con el efecto del Brexit.

Por otro lado, desde CBRE aseguran que la mayor oferta de producto terminado y suelo limitará el interés de los inversores. “Veremos ajustes tanto en la estructura de operaciones como en el precio, la oferta y la demanda de suelo. La escasez de oferta de producto de suelo finalista en los principales mercados hará que una parte relevante de la demanda inversora se concentre en suelos en gestión y nuevos desarrollos”, explican.

La continuidad de las operaciones tras el periodo de confinamiento es un signo de que se mantiene el interés inversor. Una de las tendencias que se observa como consecuencia del covid-19 es el cambio de estrategia de algunos proyectos inicialmente destinados a la venta y que, como consecuencia del posible aumento de la demanda en alquiler, están virando a proyectos Build to Rent (BTR).

Uno de los grandes retos en el multifamily es el aumento del parque de vivienda en alquiler actual para poder satisfacer la demanda existente. Para ello, se hacen necesarios acuerdos de colaboración público-privada y pactos comunes entre las administraciones que establezcan una mayor seguridad jurídica y mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias vinculados a la gestión de suelo y edificación residencial.

C's-Baleares exige al Govern que elabore un Plan Autonómico que frene y evite la ocupación ilegal en las Islas

PALMA DE MALLORCA.- La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, ha registrado una proposición no de ley en el Parlament mediante la que se insta al Govern a impulsar medidas para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas contra la ocupación ilegal de viviendas en las Islas.

Según ha informado la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, este viernes en una nota de prensa, "se debe elaborar un Plan Autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas que tenga como objetivo la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios".

Además, ha añadido Guasp, "debe incluir medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de todos los inmuebles abandonados y que sean susceptibles de una ocupación ilegal"; así como "facilitar servicios de asesoramientos y orientación jurídica a los propietarios afectados".

Al respecto, ha apuntado, "nuestro fin es dotar a los propietarios de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas" además de "dotar a las Administraciones de los medios necesarios para combatir este grave problema".

"Es un problema gravísimo que las mafias se aprovechen de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas" ha añadido la diputada de Cs y, además, "no podemos perder de vista que estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones y que han pagado su vivienda con el sudor de su frente".

Por ello, ha denunciado Guasp, "no podemos seguir permitiendo que los afectados acudan a la justicia para recuperar sus viviendas y se encuentren, irremediablemente, con un proceso largo y complejo que permite al okupa quedarse durante años en la vivienda a la espera de que un juez decida".

En este sentido, ha indicado "se debe potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia de esta lucha entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Municipales y la Administración de Justicia".

Finalmente, ha afirmado, "es responsabilidad del Gobierno y de las Cortes Generales la promoción de todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada" y, urge, ha concluido, "introducir modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, esta problemática".

Siete de cada diez profesionales prevén una bajada de los precios de la vivienda

MADRID.- El sector inmobiliario no ha escapado de la crisis del Covid-19. Con la economía paralizada y España en crisis, la compraventa de vivienda también se detuvo prácticamente en seco durante los meses de confinamiento. Ahora la tendencia invita a pensar ya en cierta estabilidad del mercado, con una novedad: siete de cada diez profesionales inmobiliarios prevén que los precios de la vivienda bajarán en los próximos meses, según Abc. 

Así se desprende del IV Barómetro Inmobiliario «El sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios», realizado por UCI y SIRA, en el que también se pone de manifiesto que tres de cada diez profesionales considera que el descenso de precios será superior al 10%; es decir, una tendencia a la baja moderada, alta o muy alta.

En términos de número de compradores, el 25% considera que se han mantenido estables y un 14% que se han incrementado de forma moderada. En cuanto al número de vendedores, el panorama que indican los expertos apunta a la estabilidad, con un esperado aumento de cara a corto plazo.

La pandemia detuvo las operaciones, pero ahora el pensamiento del sector es bien distinto, pese a que España se ve ahora sumida en una profunda crisis. «Los profesionales inmobiliarios se muestran más optimistas con la "nueva realidad": un 21% apunta ya a un crecimiento moderado en ofertas tramitadas y casi un 30% se reafirma en la estabilidad. Respecto al cierre de operaciones, cinco de cada diez profesionales creen que se ha mantenido estable o aumentado ligeramente en este último mes; constante que se mantendrá en los próximos 3 meses», reza el barómetro.

En suma, el pensamiento de los profesionales inmobiliarios pasa por el optimismo en relación a la evolución del mercado. Pero las cifras varían por regiones. Del uno al diez, el optimismo de la media nacional se sitúa en el 6,7. Por comunidades, en Canarias (7,6), Extremadura (7,4) y la Comunidad de Madrid (6,9%) se muestran más optimistas que la media. Y en el lado contrario, en Castilla y León (6,0), La Rioja (6,0) y Baleares (6,1) son las autonomías que peores expectativas tienen.