PALMA.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Palma ha condenado en el marco del caso Scala a 16 años de prisión al
consejero de Comercio, Industria y Energía durante el último gobierno
de Jaume Matas (2003-2007), Josep Juan Cardona, por liderar una trama
por la que fueron desviados más de cinco millones de euros públicos a
través del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB). Se
trata de la pena más elevada impuesta a un político de Baleares y de las
más altas en el conjunto del país.
En concreto, sobre el
exalto cargo, para quien la Fiscalía solicitaba hasta 21 años de
prisión, pesan un delito de asociación ilícito (tres años de cárcel), un
ilícito continuado de malversación en concurso con prevaricación,
falsedad en documento oficial por funcionario, falsedad en documento
mercantil y fraude a la administración (siete años y medio) y un delito
continuado de cohecho (cinco años y medio). Además, ha sido condenado a
treinta años y diez meses de inhabilitación.
Mediante una
sentencia de 637 páginas, el tribunal condena asimismo a cinco años y
cinco meses de prisión al exdirector general de Promoción Industrial del
ejecutivo balear Kurt Viaene, cuatro años y dos meses a la exgerente
del CDEIB Antònia Ordinas, y a tres años y nueve meses al empresario,
exconcejal de Lloseta y sobrino político de Matas, Felipe Ferré, quienes
han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que pactaron
las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos días en el
centro penitenciario de Palma.
Según la resolución judicial,
los exaltos cargos urdieron el expolio del CDEIB mediante la creación de
entidades mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o
testaferros y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de
empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de
comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en
las que participaba el Consorcio.
Junto a todos ellos, también
ha sido sentenciado a un año y once meses el empresario Arnaldus Van
Der Hurk; un año y medio a la cantante de ópera Isabel Rosselló -esposa
de Ordinas-; cuatro meses de prisión a Daniella Beaumont; un año y un
mes al publicista Joan Rosselló; un año y medio a Francisco García, a
Sergio Pereletegui y a Jaime Gil; un año y tres meses a Pedro Veny; tres
meses a Manuel Carmelo Sáez; seis meses al abogado Juan Enrique Riera y
Francisco Miguel Mauri, y cinco a Antonio Munar.
Los acusados
deberán asimismo indemnizar a la Comunidad Autónoma con el pago de más
de 1,7 millones de euros al declarar nulos todos los contratos que
fueron rubricados de forma irregular entre el CDEIB y distintas
empresas, entre las que se encontraban las que Cardona, Viaene y Ordinas
controlaban mediante testaferros.
Entre los contratos declarados nulos se encuentra el suscrito entre el
CDEIB y Comarca Global por un proyecto dirigido aparentemente a
potenciar la industria turística balear con bodas en China, pero que en
realidad se planteó como cobertura para desviar 243.600 euros del
consorcio, cantidad en la que presupuestaron la iniciativa.
De
hecho, en su declaración en el juicio celebrado el pasado mes de abril,
Ordinas explicó que el proyecto, denominado 'Honey Moon', se enmarcaba
dentro de las acciones promocionales del gobierno balear en el país
asiático y desde el CDEIB fijaron en la anterior cantidad el dinero que
se iba a destinar al mismo. "Era el cuento de la lechera: uno de los
maravillosos planes del proyecto era lo que íbamos a percibir cada uno",
admitió la acusada.
Es más, Felipe Ferré aseveró en su
comparecencia que Cardona y otros altos cargos de su departamento
pretendían participar en el anterior proyecto para poder cobrar "una
comisión de 200.000 euros". Una iniciativa que fue impulsada por la
Consejería de Turismo a instancias de Matas, según recordó.
Del
mismo modo, la Sala ha acordado el comiso del dinero intervenido en el
marco de esta causa y de los 820.195 que los tres exaltos cargos habrían
percibido en concepto de comisiones. Por su parte, han sido absueltos
los empresarios Jaime Julio Fernández Abad y Antonio Vicens, dos de las
17 personas que en total se sentaron en el banquillo de los acusados por
estos hechos.
Ya en sus alegatos finales durante la vista
oral, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el "saqueo sistemático" y el
uso de la Administración "para intereses bastardos debe de ser una
enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de
este caso". Y en el epicentro de esta causa, el exconsejero de Comercio,
al que el fiscal se refirió como "el jefe de la banda", con "indicios
múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una
trama dirigida a saquear las arcas públicas".
En una
contundente intervención ante el tribunal, Horrach aludió al "historial
político" de Cardona, desplegando los numerosos indicios incriminatorios
que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el funcionamiento del
grupo delictivo y participó en la manipulación de los procedimientos
administrativos. "Yo tardé dos segundos en conocer estas reglas básicas
de este tipo de procedimientos, ¿y él no las conocía?", espetó al
respecto.
Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio
al exconsejero, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia,
dirigiéndose al acusado, que "no le voy a decir cuántos casos llevo,
pero me los miro todos", después de que el inculpado aseverase que no
podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través
del Consorcio que él presidía.
El fiscal acusó además al PP balear de atacar sistemáticamente al
Ministerio Público haciendo uso de una "teoría de la conspiración" como
una secuencia que se repite "hasta la saciedad" en los numerosos casos
de corrupción abiertos en las islas, destacando cómo determinadas
personas del partido han lanzado mensajes constantes en defensa de sus
ex altos cargos imputados y en contra de la Fiscalía hasta que logran
"hacer calar" en la sociedad.
Uno de los momentos más tensos
del juicio se produjo cuando Kurt Viaene confesó que en el CDEIB, con el
conocimiento de Cardona, "se hacía un reparto 'africano' de
comisiones", entre otras irregularidades, lo que le llevó a estar a
punto de dimitir en 2006 porque "la bola era cada vez mayor".
El acusado aseveró que quien recibía las comisiones por parte de
diversos empresarios era Ordinas, quien luego las repartía, mientras que
él mismo llegó a entregar personalmente al exconsejero cinco sobres con
20.000 euros cada uno "en su despacho de Son Rapinya" -donde estaba
ubicada entonces la sede de la Consejería de Comercio.
Controlaba todo en el CDEIB
El tribunal de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Baleares, que ha condenado a 16 años de cárcel
al consejero de Comercio durante el último mandato de Jaume Matas, Josep
Juan Cardona, por un desvío de más de cinco millones de euros públicos,
desmonta los argumentos esgrimidos durante el juicio por el acusado al
recalcar que "no sólo no desconocía lo que acontecía en el Consorcio de
Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), sino que ordenaba y ejercía
activamente un control sobre todo lo que se hacía".
Así lo pone de manifiesto en su sentencia, de 639 páginas, en la
que la Sala asevera no poder dar "credibilidad alguna" al exalto cargo
del PP cuando alega un "absoluto desconocimiento" sobre lo que sucedía
en el CDEIB, que él presidía. Un desconocimiento que, según el tribunal,
"sería bastante difícil de creer en atención al volumen de
contratación, de fondos que se manejaban y a la repetición de contratos
con las mismas empresas", expone la resolución entre otros motivos.
Y es que, según el tribunal, tanto Cardona como el exdirector
general de Promoción Industrial del Gobierno balear, Kurt Viaene, y la
exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -ambos han confesado los hechos y
han pactado sus penas-, "de común acuerdo, valiéndose de sus respectivos
cargos" y guiados por el "ánimo de obtener beneficio económico",
idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron una serie de
actuaciones dirigidas a apoderarse de "ingentes" cantidades de dinero
público del que tenían poder de disposición.
Una trama que se desarrolló a lo largo de cuatro años, de 2003 a
2007, durante los cuales se aprovecharon de la falta "total y absoluta"
de controles administrativos y financieros efectivos sobre su gestión, y
que "ellos mismos contribuyeron a mantener".
Así, la Sala relata que para lograr tal finalidad de lucro
personal, el primer paso fue la elección del CDEIB como organismo a
través del cual podía desarrollarse la actividad que les permitiría
desviar los fondos, por ser un organismo en el que concurrían "las
condiciones ideales para desarrollar la actividad delictiva": la
ausencia de controles, la actividad del Consorcio de asistencia a ferias
y eventos y encargo de estudios e informes, y la posición de los
acusados en esta empresa pública.
A partir de ahí, los exaltos cargos establecieron una estructura
de control en la que Cardona "ostentaría la posición de líder o
jefe-director de la misma" al fijar las "líneas maestras" del
funcionamiento del entramado, impartiendo las correspondientes
instrucciones a sus subordinados (Viaene y Ordinas), y dada su posición
como consejero, "cuidando de nutrir económicamente al CDEIB" mediante el
traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Consejería de
Comercio o bien desde el Instituto de Innovación Empresarial (IDI).
En el escalón inmediatamente inferior, como mano derecha de
Cardona, según la sentencia, se hallaba Viaene, encargado de transmitir y
ejecutar las órdenes del anterior con funciones asignadas como la de
dar cobertura legal a los traspasos de fondos públicos al CDEIB desde la
Consejería de Comercio y desde el IDI; establecer los estudios que el
CDEIB debía contratar; exigir a los proveedores el pago de la comisión
por la adjudicación de contratos, o recibir los fondos sustraídos y las
comisiones y repartirlos.
Por su parte, Ordinas se encargaba de la organización de ferias y
eventos, así como de la elección de los proveedores; la manipulación y
alteración de los procedimientos administrativos del CDEIB; el control
de los proveedores; de exigir a los mismos el pago de una comisión por
su contratación, y controlar la creación de participaciones de las
empresas utilizadas para recibir los fondos públicos del CDEIB.
Entre las fórmulas ejecutadas para delinquir, el tribunal aludea
la organización de en los que participaba el CDEIB, para lo cual
conformaron un equipo de personas formado por los también acusados
Felipe Ferré, Arnoldus Mateo Van Den Hurk, Isabel Rosselló, Daniella
Francisca Beaumont y Joan Rosselló, con quienes se diseñaba la
organización y colaboraban con Ordinas en preparar el procedimiento
administrativo con el que se vestía jurídicamente la adjudicación y se
enmascaraba el sobreprecio pagado.
Asimismo, se procedió a crear entidades mercantiles al frente de
las cuales usaban hombres de paja o testaferros, como Comarca Global
Consulting, Gourmet and Boutique Island, IAS Hong Kong, Sayju 2005
y Gabinete Alays, a las que otorgaban numerosos contratos de
prestaciones de servicios; se utilizaban empresas ya existentes que
pasaron a controlar, y exigieron y cobraron comisiones a los
particulares y empresas proveedoras de servicios al CDEIB
Petición de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la
celebración de una vista inmediata para solicitar el agravamiento de las
medidas cautelares, por riesgo de fuga, que pesan sobre el exconsejero
de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona, tras haber sido
condenado por la Audiencia Provincial de Baleares a un total de 16 años
de prisión por el desvío de más de cinco millones de euros públicos a
través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante
el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).
El tribunal de la Sección Primera debe decidir ahora si acuerda
que llevar a cabo la vistilla contra el exalto cargo del PP, quien se
enfrenta a la pena más elevada impuesta para un político en Baleares y
una de las más altas en todo el país.
Mientras tanto, otros tres de los acusados que han sido condenados
en el marco del caso Scala, el exdirector general de Promoción
Industrial del Govern Kurt Viaene -cinco años y cinco meses de prisión-,
la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -cuatro años y dos meses- y el
empresario y exconcejal de Lloseta Felipe Ferré -tres años y nueve
meses-, han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que
pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos
días en el centro penitenciario de Palma.
En concreto, la Audiencia ya acordó el pasado mes de mayo, a
petición de la Fiscalía, retirar el pasaporte al exconsejero así como su
personación en dependencias de la Guardia Civil el día 1 de cada mes,
prohibiéndole además salir del territorio nacional sin previa
autorización judicial, al considerar que sobre él pesan indicios
suficientes de criminalidad que pueden conllevar un elevado riesgo de
fuga.
