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viernes, marzo 01, 2019

Procesan a la exdirectora general de la CAM por irregularidades en la participada TIP


MADRID.- La Audiencia Nacional ha decidido procesar a la ex directora general de la CAM Dolores Amorós y a otras tres personas por un presunto delito de administración desleal, por presuntas irregularidades relacionadas con la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Un auto del juzgado central de instrucción nº 3 señala a Amorós y al que fuera director general de Empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil Mallebrera, así como al exdirector general de TIP Vicente Sánchez Asensio, como autores, así como al empresario Rafael Galea, como cooperador necesario.
Según relata el auto, a instancias de Daniel Gil (en la imagen) se creó en 2002 la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para que la CAM pudiera participar en operaciones de desarrollo de suelo; participada al 100 % por la caja, operaba con diferentes empresas, una de ellas Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea.
Todo ello se habría hecho con la intención de aflorar plusvalías en Hansa Urbana y TIP para mejorar el resultado de estas sociedades; en concreto, se detalla una operación en Cabo Cortés (México), con unos terrenos valorados por Tinsa en 443 millones de euros.
Pese a que la CAM contaba también con otra valoración efectuada por Richard Ellis que tasaba los terrenos en 196 millones de euros, se tuvo en cuenta la tasación de Tinsa, aunque no se habían obtenido las licencias preceptivas y por lo tanto no se podía iniciar el proyecto inmobiliario.
Debido a esta valoración, prosigue el auto, la CAM pudo aflorar en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones de euros, que los auditores externos, una vez analizadas las cuentas, rechazaron.
Asimismo, a mediados de 2011 Hansa se encontró con una "crítica posición de liquidez", lo que llevó a la CAM, que tenía "mucha participación en ella", a reestructurar su deuda.
Para ello, se decidió efectuar un canje de la deuda que Hansa tenía en México, tomando como valor de los terrenos la tasación de 443 millones de euros, "sin que se hubiera producido ningún cambio en la concesión de licencias".
Ello ocasionó a la CAM, según el perito del Banco de España que examinó la operación, un perjuicio de 37,7 millones de euros, que posteriormente fue saneado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en total inyectó en la entidad 5.249 millones de euros.

Por todo lo anterior, la juez  María Tardón ha propuesto juzgar por un posible delito de administración desleal a esos tres ex ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la operación de reestructuración de deuda de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana que acometió la entidad basándose en una falsa valoración de los terrenos que esta mercantil poseía y generando un agujero de más de 35,7 millones de euros.
En concreto acuerda el paso a procedimiento abreviado por ver indicios delictivos suficientes para juzgar a  Amorós; Gil Mallebrera; Sánchez Asensio; y Galea Expósito, de Hansa.
Los hechos se remontan a 2002, cuando a propuesta de Gil Mallebrera, la CAM creó TIP para participar en proyectos de desarrollo de suelo con sus clientes creando sociedades conjuntas y facilitando después que la CAM financiara las operaciones. Una de esas empresas 'cliente' era Hansa Urbana, dedicada a la promoción inmobiliaria y en menor medida, a intereses en hoteles.
Cuando a finales de 2010 la CAM afrontaba la amenaza de intervención del Banco de España, acordó con Hansa Urbana una doble operación que buscaba arrojar plusvalías de 40 millones de euros a su cuenta de resultados.
Primero, TIP vendería a Hansa Urbana las participaciones que tenía en dos de sus filiales a cambio de más peso en la matriz. Después, vendería al socio mayoritario de Hansa, Rafael Galea, esos nuevos títulos por recompra.
En esa primera operación se valoraron las participaciones atendiendo a unos terrenos que constituían el principal activo de Hansa, tasados en 443 millones de euros en un informe de 2010 en el que se advertía de que había que estimar el valor comercial de aquel suelo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se dieran licencias urbanísticas que hicieran posible el proyecto. Sin considerar esta situación, la CAM dio por buena la tasación. Los permisos nunca llegaron.
El auto explica que Vicente Sánchez Asensio expuso a la CAM el proyecto en diciembre de 2010 "omitiendo de forma deliberada y consciente que la tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias que aún no habían sido conseguidas".
Dolores Amorós, que defendió la iniciativa ante la comisión económica de la CAM y en presencia de Daniel Gil Mallebrera, tampoco comunicaron a la Caja esta información.
En junio de 2011, Hansa Urbana entró en una situación "crítica" por problemas de liquidez y como la CAM tenía una alta participación en la mercantil, Amorós defendió ante el Consejo de Administración de la caja una reestructuración de su deuda que implicó, entre otras medidas, comprar los mismos terrenos objeto de la primera operación tomando como referencia la tasación de 443 millones de euros, sin que se hubieran dado las licencias necesarias para que tuviese ese valor.
De este modo, "a pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, la CAM, a través de Amorós, Gil Mallebrera, Sánchez Asensio y en connivencia con Galea Expósito, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor muy superior al real", de modo que por el 24,9% de los mismos la caja perdonó 35,7 millones de euros de deuda a Hansa Urbana.
El "valor auténtico" de aquellos terrenos, según explica el auto, era de cero euros.
La juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal en el caso de los tres ex ejecutivos de la CAM y de cooperación necesaria para la comisión de ese hecho en lo relativo a Rafael Galea.
Mientras, archiva las actuaciones para otras personas que fueron investigadas en la fase de instrucción: Roberto López Abad, Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau.

domingo, diciembre 30, 2018

El "gurú" De Guindos cuando vendía las cuotas participativas fallidas de la CAM

MADRID.- Un caluroso día del mes de mayo de 2008 en Alicante, la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) reunía a todos sus directivos y directores de oficina para arengarles ante la crisis que acechaba y presentar el producto financiero estrella que les iba a permitir superar el temporal y "hablar de tú a tú" a la gran banca comercial. Las cuotas participativas, según recuerda el.diario.es

EE UU ya había entrado en recesión y varios de sus bancos habían caído a causa de las hipotecas basura. La tormenta ya hacía temblar los cimientos bancarios de Suiza y Gran Bretaña. Pero en España, la música seguía sonando al son de la batuta de prestigiosos gurús económicos, el Banco de España y el Gobierno del PSOE.
El producto estrella lo presentaban a los directivos de la CAM el economista de Analistas Financieros Internacionales Emilio Ontiveros y el otrora presidente ejecutivo para España y Portugal del también fallido y piedra angular de la crisis Lehman Brothers, Luis de Guindos, entidad que ayudaría en la comercialización de las cuotas participativas por primera vez en la historia de España y gracias a la autorización del Gobierno. Más de 50.000 clientes adquirieron este producto.

¿Qué podía fallar? De Guindos había sido secretario de Estado con Rodrigo Rato y uno de los padres del "milagro español", (amén de posteriormente gran protector político del banquero murciano Egea Krauel). Pero las cuotas participativas -una especie de acciones de las cajas de ahorros pero sin "derechos políticos"- acabaron siendo uno de los mayores pufos de la historia de las finanzas en España que, con el hundimiento de la CAM por su insolvencia, arruinó a miles de pequeños inversores a los que se les vendió el producto como un plazo fijo. 
Este acto triunfalista y su impacto en la historia de la CAM -absorbida por un euro por Banco Sabadell años después tras fracasar en una fusión- se incluye en una de las cuatro partes en que se divide el último libro del periodista Ernesto Ekaizer El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos (Espasa, 2018). 
Eldiario.es ha accedido al vídeo del acto que acompaña a la noticia y cuya conversación se reproduce a continuación por su interés periodístico para entender la magnitud tragicómica de la crisis y a algunos de sus personajes.
La presentación de las cuotas participativas se realizó en la sala principal de la Institución Ferial de Alicante y se planteó como un show al estilo americano. Antes de la charla de Guindos y Ontiveros moderada por una conocida presentadora de televisión, los más altos directivos de la CAM habían animado a la tropa preocupada por la llegada de una crisis financiera que el Gobierno de Zapatero y el Banco de España todavía se empeñan en negar.
El acto sobre las cuotas participativas se planteó como un diálogo entre las dos estrellas invitadas con preguntas teledirigidas de la periodista para sacar el máximo provecho a los expertos. Guindos explica que las cuotas son como acciones, pero sin "derechos políticos". Según el actual vicepresidente del BCE, "son el recurso de mayor valor para los mercados financieros" y que "más crecerá en la actual situación" de inestabilidad.
Tras la presentación inicial llegó la soflama: "Las cuotas participativas será algo que, con el tiempo, tres o cuatro años, será estudiado en las mejores escuelas de negocio del mundo", asegura De Guindos, que antes había sido precedido por Ontiveros llamando a la tranquilidad. "Este producto no te convierte en un rentista de riesgo, sino en participante de los éxitos de la CAM. El paso que faltaba a las cajas para hablarles de tú a tú a los grandes financieros", argumenta el economista.
Y sigue la arenga el exministro: "Estamos haciendo historia económica. Por primera vez se da a terceros la oportunidad de participar en la historia de éxito de la CAM". El resto de la historia de la caja de ahorros alicantina y del "éxito" de las cuotas participativas que miles de clientes llevaron a los tribunales tras perder todo lo invertido ya es conocido y ha sido contado. 
En abril de este año, la Audiencia Nacional archivó la causa penal contra los directivos de la caja alicantina por la comercialización de las cuotas participativas y son ahora los juzgados de lo civil de los partidos judiciales donde había oficinas de la CAM los que atienden las demandas de los afectados. El primer juicio por esta vía se celebró el pasado mes de septiembre. Todos esperan a recibir justicia.

lunes, junio 18, 2018

Lamela sienta en el banquillo a directivos de la CAM por los negocios de la Caja en el Caribe


MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras señaladas.
Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28 millones de euros ocasiones con estas operaciones.
Por su parte, la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.

Hoteles en México y República Dominicana

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.
Entre dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y jurídicos.
Estos estudios, según expuso la juez en su auto de mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal». Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Consentimiento de los exdirectivos de la CAM

Según el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».
Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».
El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.
Además de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet.

lunes, mayo 14, 2018

Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones

VALENCIA.- La Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa, vuelve a recorda www.eldiario.es 

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. 
Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.
Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. 
Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. 
Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. 
También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.
Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. 
Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. 
Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.
También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. 
Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.
El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. 
Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.
En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz
En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. 
También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.
Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

El expresidente de la CAM se declara culpable por el cobro de 600.000 euros en dietas indebidas

ALICANTE.- El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. 

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.
El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.
Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.
La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.
En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. 
A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.
El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12 de junio, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

martes, mayo 08, 2018

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.

sábado, abril 28, 2018

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.
La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.
En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 
Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».
Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 
Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».
El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».
Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.
Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.
Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».
Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

La Audiencia Nacional obliga investigar la compra de suelo que financió la CAM

ALICANTE.- Las operaciones de compra de suelo financiadas por la CAM para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles –entre las que se encuentran Santomera Golf Resort S. L. y La Ermita Resort S. L. (San Javier)– van a seguir investigándose en la Audiencia Nacional después de que un tribunal de la sección Cuarta haya ordenado reabrir la causa que la juez Carmen Lamela cerró el mes pasado por prescripción, según recoge el diario Información.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran el exdirector general de la Caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones en las que la Caja se embarcó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). 
A ellos se suman los responsables de las empresas: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.
Frente a la postura de la juez y de la fiscal, partidarias ambas de la prescripción al considerar los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que caduca a los cinco años, en vez de uno de apropiación indebida, cuyo plazo es de diez, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, estima el recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se adhirió la Fundación CAM y ordena seguir la investigación ampliando además el abanico de posibles cargos.

«Distracción de réditos»

En la resolución, contra la que no cabe recurso, Velasco considera «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones, o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».
El magistrado apunta que, además de la administración desleal y la apropiación indebida, «cabe calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.
El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto es analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».
Para ello, el socio de la Caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que, no obstante, pidió el archivo.
En contra de su interpretación, que hablaba de operaciones aisladas, considera Velasco que no puede descartarse una «continuidad delictiva» y entiende que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».
Para apoyar esta idea el magistrado agrega que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

«Investigados no accesorios»

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».
Y va más allá en esa conexión al concretar que todas las operaciones inmobiliarias que se investigan «exteriorizan una secuencia, una serie de acciones homogéneas que aprovechan un plan preconcebido o un patente defecto de control (...) que, aunque fueron ejecutadas en distintos momentos temporales, obedecen a una misma resolución delictiva (...) que siempre abocan en la misma víctima y que ejecutan unos mismos sujetos activos con una clara homogeneidad del modus operandi».
Esta forma de actuar, concreta el ponente, explica «la irracionalidad económica dentro de la racional que supone la idea criminal de trasvasar los riesgos de la CAM y apropiarse de los réditos rápidos de las plusvalías de los solares, previa creación de sociedades a tales fines, generando en una asimetría de riesgos un enorme perjuicio a la CAM y sus propietarios y unos réditos a sus gestores, que responden a un plan criminal grupal».

viernes, marzo 02, 2018

El expresidente de la CAM declara ante la comisión del Congreso que investiga la quiebra de las cajas

MADRID.- El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo explicaba este miércoles en el Congreso que los miembros del consejo de la entidad no adquirieron cuotas participativas porque no era «ético».

 Durante su intervención ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Crespo explicó que el Banco de España estableció la creación de estos productos, similares a las acciones, para que las cajas pudieran obtener recursos. El que fue presidente de la CAM en los años 2010 y 2011 pidió perdón y dijo que hizo lo que pudo.
Durante la sesión de este miércoles de la comisión, en la que no hubo discurso inicial, Crespo afirmó desconocer el porqué de la decisión de que la entidad fuera «el conejillo de indias» en la comercialización de estos productos. 
De acuerdo con Crespo, ni él ni el resto de los miembros del consejo de administración de la CAM compraron estos productos porque así se determinó con el objetivo de que no pudieran hacer negocio al contar con «información anticipada. No nos parecía ético que entráramos al juego de comprar y vender. Me parece una cosa razonable y así se hizo», indicó en relación con estos instrumentos financieros emitidos por las cajas que ofrecían a los inversores participar en los beneficios de la entidad.
En todo momento Crespo defendió que hizo lo que pudo en la entidad y, como ejemplo, aludió a su participación en la decisión de desinvertir en Terra Mítica, una de las que se siente más orgulloso, según dijo. 
Expresó ante los grupos políticos sus disculpas y señaló que durante su presidencia puso «ganas» y «dedicación. Ni un solo día de ser presidente dejé de estar en la CAM. Hice lo que pude», defendió.
El expresidente de la CAM también explicó que con el equipo de gestión anterior algunas de las reuniones del consejo tenían lugar en otros países, como en Argentina, algo que él intentó parar con su incorporación.
Por otra parte, Crespo defendió que en la CAM «nunca estuvieron presentes las cuestiones políticas», al menos durante los años que fue presidente. «En mi mandato jamás hubo politización ninguna dentro de la Caja», defendió.
Por otra parte, Modesto Crespo defendió que hasta 2010 las cuentas de la entidad fueron auditadas «sin salvedad ninguna y daban beneficios. Otra cosa es que luego se hayan determinado falsas o no», añadió.

lunes, febrero 26, 2018

El PP busca votos para salvar a Guindos en la Eurocámara ante la abstención del PSOE

MADRID/BRUSELAS.- La decisión del PSOE de no votar a favor de Luis de Guindos en la Eurocámara obliga al Partido Popular a movilizarse para que el ministro de Economía supere el examen como candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo. Este tipo de nombramientos son imparables en el Parlamento Europeo cuando hay, como es habitual, consenso entre los populares y socialistas europeos, pero la decisión del PSOE de abstenerse impide un acuerdo entre los dos grandes grupos y hace más incierta la votación, según estima hoy El Mundo.

El PP está intentando recabar apoyos de eurodiputados de otros países y grupos parlamentarios para salvar a De Guindos. El ministro de Economía comparece este lunes al examen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios tras ser designado para el BCE y, los parlamentarios del Partido Popular Europeo no tienen votos suficientes como para asegurar el respaldo a De Guindos. 
«Lo conseguiríamos con el sí de los socialistas», asegura el eurodiputado del PP, Gabriel Mato. Pero no puede contar con el PSOE que, además, puede arrastrar a otros socialistas europeos a no apoyar a De Guindos.
La Comisión de Asuntos Económicos votará mañana martes una opinión sobre De Guindos que será sometida semanas después a una nueva votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Ni uno ni otro voto serán vinculantes para impedir el nombramiento formal del ministro por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, pero el PP y el propio De Guindos quieren evitar un suspenso de la Eurocámara.
La portavoz socialista Adriana Lastra anunció el pasado viernes la «abstención crítica» ante el candidato español, que es el único que se presenta tras ser designado por unanimidad por el Eurogrupo. Sánchez ha descartado finalmente su plan inicial de votar en contra, pero se niega a hacerlo a favor. 
«Guindos no era el candidato que queríamos, pero tampoco es cuestión de boicotearlo», afirma a este diario el eurodiputado socialista español, Jonás Fernández, para explicar la abstención. Éste asegura que está intentando que el resto de socialistas europeos se abstengan también y no voten en contra del español, lo cual, a su juicio, puede facilitar la victoria de Guindos.
En el PP confían en alcanzarla con los eurodiputados euroescépticos del llamado grupo de los conservadores y reformistas europeos, encabezados en la Comisión de Asuntos Económicos por la británica Kay Swinburne. También con la mayoría de los liberales, aunque asumen que el coordinador de este grupo, el eurodiputado catalán del PDeCAT, Ramón Tremosa, votará en contra del español. Fuentes de Ciudadanos aseguran a este diario que el PP les ha pedido apoyo con el grupo liberal europeo y que lo prestarán, aunque su influencia es escasa.
Todo ello se produce en negociaciones mucho más amplias. Tras las elecciones italianas del próximo día 4 es posible que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y el hasta ahora jefe de filas eurosocialistas, Gianni Pittella vuelvan a Roma. El resultado de una comisión no vinculante no es prioritario. 
«Habrá más o menos ruido, el Parlamento se hará valer, reprochará que no haya mujeres en la lista, pero al no tener alternativa da igual, por mucho que protesten», explican fuentes de la Cámara.
Con la ausencia de Pittella, la cabeza del grupo socialista está en el alemán Udo Bullmann, menos hostil al español, pero no se percibe una gran estrategia de los populares europeos, que quieren que todo pase rápido en un voto que será secreto. El grupo Verdes/ALE, representado por el español Ernest Urtasun, sostiene que pedirá el voto en contra porque el nombramiento de Guindos es una «mala noticia».

Rajoy fuerza a Guindos a ir como ministro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado el planteamiento inicial de Luis de Guindos de ser relevado como ministro de Economía antes de su comparecencia de hoy ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
Eurodiputados hostiles al español usan entre otros argumentos que una institución como el Banco Central Europeo debe ser independiente del poder político y no debe acoger en su cúpula a ministros del Eurogrupo. 
De Guindos quiere dejar el mayor plazo posible entre su designación el pasado 19 de febrero y su toma de posesión como vicepresidente del BCE el 1 de junio y quiso dimitir ya el pasado día 21, a su vuelta a Madrid desde Bruselas.
No lo consiguió. Rajoy se negó a tomar la decisión de relevarlo la semana pasada. El ministro planteó como alternativa que, al menos, se anunciara ya la fecha exacta de su relevo antes de ir al Parlamento Europeo. Tampoco lo logró. 
Rajoy se limitó el pasado viernes a apuntar que será sustituido «en próximas fechas» sin explicar las razones del retraso, pero sin alentar tampoco la idea de que esté esperando para hacer una amplia remodelación del Ejecutivo.
El presidente también se resistió a dar nombres de sustitutos de Guindos, aunque sí sostuvo que designará a alguien que «conozca el tema, se lo sepa, y no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa». 
Ese perfil beneficia a algunos de los nombres que están en las quinielas como el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, buen conocedor de un asunto clave como la negociación con Bruselas sobre el déficit. 
También da alas al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, con alto conocimiento de Bruselas y el sector bancario español. En contraste, limita posibilidades a otros como el ex responsable de Iberdrola, Fernando Becker.
Rajoy recordó que Guindos no será nombrado formalmente por el Consejo Europeo del 23 de marzo, aunque es improbable que lo retenga hasta entonces. En todo caso, el PP espera que el hecho de que comparezca en la Eurocámara como ministro no sea un obstáculo excesivo, más allá de ataques retóricos. 
También confía en que la unanimidad que obtuvo Guindos en el Eurogrupo tenga eco entre algunos eurodiputados socialistas. Un ejemplo es el socialista portugués, Pedro Silva, que puede desmarcarse del PSOE en línea con el Gobierno portugués.

sábado, febrero 17, 2018

Los afectados de la CAM, a por Luis de Guindos


ALICANTE.- Los afectados por el pufo de las cuotas participativas de Caja Mediterráneo no se rinden y han presentado ante la Audiencia Nacional nuevas alegaciones para reabrir una causa que ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones por no hallar indicios de delito en la comercialización de un producto que dejó sin ahorros a miles de clientes de la entidad, según revela hoy El Mundo en su edición de Alicante. 

La Plataforma CAM, a través del abogado Diego de Ramón, considera que la emisión de estos títulos -similares a las acciones pero sin derechos políticos- fue una estafa masiva orquestada por la cúpula de la Caja para recapitalizar la entidad en un momento, 2008, en el que se flirteaba con la quiebra.
Y en esa operación, a juicio de los afectados, tuvo un papel relevante el entonces jefe de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía y aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, un puesto que se juega esta misma semana en Bruselas. 
La Plataforma CAM sostiene en sus alegaciones remitidas al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que Guindos, cuya firma ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM, debe ser citado a declarar por su presunta responsabilidad en la «trama».
El colectivo ha presentado como prueba en el juzgado el vídeo del acto celebrado en mayo de 2008 en el recinto ferial IFA que sirvió a los directivos de la CAM para aleccionar e instruir a su red comercial en las tareas de venta y colocación de las cuotas entre su clientela. 
En ese acto, cuyo vídeo fue revelado por este diario, además de los principales directivos de la Caja, participó Luis de Guindos, que entre otras cosas, afirmó aquel día que se trataba de una operación que iba a «hacer historia en la economía española», que iba a quedar «en los libros de texto», que iba a ser «analizada en las escuelas de negocios y las universidades», y que la plantilla de la Caja encargada de vender las cuotas podría «alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo» sus competidores.

La prueba nueva

Para el colectivo que reúne a cientos de personas que perdieron su dinero, el contenido del vídeo, que refleja las instrucciones de María Dolores Amorós (directora general adjunta) al personal para vender las cuotas, «es absolutamente revelador, en el sentido de que acredita la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo, como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad».
De Ramón también ha solicitado a la Audiencia Nacional que vayan a declarar Emilio Ontiveros, presidente en aquella época de Analistas Financieros Internacionales, que intervino igualmente en el acto como asesor financiero de la caja en la operación; el exdirectivo de la CAM, José Pina, y la periodista Marta Fernández, que presentó el evento.
El abogado mantiene en su escrito que «esta nueva prueba -el vídeo del acto de IFA- acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan».

jueves, enero 25, 2018

La juez envía al banquillo a los directivos de la CAM por la venta de preferentes


ALICANTE.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la supuesta comercialización fraudulenta de las preferentes y la deuda subordinada que emitió la extinta caja alicantina, según avanza el diario Información

De esta forma se da la circunstancia de que, aunque la Audiencia no encontró delito en la venta de las cuotas participativas -el tribunal instó a los afectados a reclamar individualmente por la vía civil-, los exdirectivos de la CAM sí deban responder por las supuestas malas prácticas que realizó la entidad para colocar estos otros valores. 
En concreto, según Lamela, los acusados pudieron cometer los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas durante la comercialización y posterior gestión de estas emisiones.
En total, se calcula que unos 75.000 pequeños ahorradores compraron preferentes y deuda subordinada de la CAM pero la mayoría ya fueron compensados por el Sabadell cuando se hizo cargo de la entidad y ofreció canjearlos por acciones del banco. Un canje que aceptó alrededor de 97% de los afectos. Sin embargo, el abogado Diego de Ramón en representación de algunos afectados y, posteriormente, la asociación Adicae decidieron actuar contra los directivos.
Inicialmente la investigación incluyó las preferentes, la deuda subordinada y las cuotas participativas pero se decidió segregar el caso de estas últimas en una pieza separada e incluir también su venta en la pieza principal, donde el tribunal no halló delito en su venta e instó a los afectados a acudir a la vía civil.

Fianza mínima

Por su parte, la pieza en la que se investigó si la comercialización de preferentes y deuda subordinada se hizo con engaño siguió su curso, hasta que se ha producido la apertura de juicio oral. 
El abogado Diego de Ramón (en la imagen) solicitaba inicialmente una indemnización de 11,8 millones para los afectados pero la juez considera que no ha sabido justificar esta cantidad, por lo que sólo reclama una fianza solidaria para Roberto López Abad y María Dolores Amorós de 6.000 euros, de la que también designa como responsables civiles subsidiarios al Banco Sabadell, como heredero del negocio financiero de la CAM, y la Fundación CAM. Además, como responsabel civil directo designa a la aseguradora Caser.
La juez también fija tres días de plazo para que la Fiscalía decida si quiere acusar y sumarse a las acusaciones particulares.
Cabe recordar que, tanto López Abad, como Amorós ya han sido condenados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la CAM, aunque la sentencia todavía no es firme ya que está recurrida ante el Supremo.
Las preferentes son valores de deuda perpetua que la mayoría de las entidades emitieron durante los años iniciales de la crisis para recapitalizarse ante los problemas de liquidez que muchas de ellas empezaban a tener. Se trata de productos complejos pero, en muchas ocasiones, se vendieron a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros para conocer sus implicaciones.
En el caso de las cajas nacionalizadas, el Gobierno articuló un sistema de arbitraje para compensar a los afectados mientras que en la CAM fue el Sabadell el que organizó un canje de preferentes por acciones para que los clientes de la entidad recuperaran el dinero. En total, el banco catalan ofreció canjear 1.630 millones de euros.
Además de la que se sigue contra los directivos de la CAM, la Audiencia Nacional también tiene en instrucción otra causa por estafa por la comercialización de preferentes de Caja Madrid. También se investigaron las emisiones de Caja Duero y Caja España, pero el caso se archivó.

domingo, enero 21, 2018

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo


ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.
Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 
 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 
«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».
De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.
Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 
Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 
Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 
«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.
A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 
Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».

lunes, enero 15, 2018

El ministro de Economía niega que cobrase 100.000 euros, tal como se pregunta el portavoz de Afectados de la CAM

ALICANTE.- Las revelaciones sobre el gran acto que celebró Caja Mediterráneo (CAM) el 24 de mayo de 2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación a sus máximos responsables en toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían a Bolsa, se suceden. Tal y como informó El Mundo el pasado lunes 8 de enero, el principal reclamo en aquel acto fue el hoy ministro de Economía y entonces director general y apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa, Luis de Guindos. 

Él era el encargado de convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad. Su firma era la que había redactado el proyecto de la salida a bolsa, la que había realizado toda la publicidad y papelería, y la que iba a asesorar sobre la venta de este producto. Pero, ¿cuánto cobró por ello Lehman Brothers y cuánto su director general?
Junto a De Guindos, el otro experto invitado fue Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que actuó de asesor financiero de la Caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. Además intervinieron el presidente de la Caja, Vicente Sala, y el director general, Roberto López Abad.
El Mundo ha tenido acceso a documentos oficiales de la caja de ahorros en los que se cifra el pago a Lehman Brothers. Concretamente dos millones de euros por actuar de bookrunner. Un pago que se subdividió en una «comisión de praecipium» de 1.125.000 euros; una «comisión de asesoramiento» de 375.000 euros; y una «comisión de colocación» en la que Lehman Brothers y Ahorro Corporación -la entidad elegida para vender las cuotas entre grandes inversores-, en su condición de «entidades Colocadoras», recibieron 500.000 euros cada una de ellas. 
En ese mismo escrito se explicita que «Gesamed (Gestión de Activos Mediterráneo Sociedad de Valores SA, entidad participada al 100% por la caja)  no percibirá comisión de colocación alguna».
Además, la CAM impone que ambas entidades «colocadoras» no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones mencionadas salvo cuando la cesión se realice a favor de intermediarios financieros (entendiendo como tales aquellos autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores) que formen parte de su grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) o de sus representantes o agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España».
Con estos datos se entienden algunas de las afirmaciones realizadas por De Guindos en aquel acto en el que fue presentado como «uno de los mejores especialistas en cuotas participativas». 
El hoy ministro de Economía llegó incluso a manifestar: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
Y añadió: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de textos, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Preguntado a este respecto el portavoz de la Plataforma de Afectados CAM, Carlos Pena, desliza un nuevo dato. «¿Por qué el señor Roberto López Abad va diciendo por ahí ahora que él no irá a la cárcel habiéndole pagado 100.000 euros a De Guindos más allá de estos dos millones de euros que aparecen en los documentos?». 
En este sentido Pena exige al Banco de España que analice uno por uno todos los movimientos de 100.000 euros realizados por la caja de ahorros entre marzo y julio de 2008 para dilucidar si las palabras que atribuye a López Abad son ciertas y en todo caso incorporarlas a las causas judiciales en marcha. 
No en vano, aquella emisión de cuotas participativas resultó un absoluto desastre económico que unido a las también desastrosas inversiones de la CAM terminaron por provocar una intervención de Banco de España y un rescate por parte del Banco Sabadell. 
Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, el mes en que De Guindos fue nombrado ministro de Economía. El valor de las cuotas se redujo a cero. Miles de pequeños ahorradores perdieron su dinero; tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo. La operación sí fue histórica. 
Frente a esto, meses antes De Guindos no dudó en decir a los vendedores de cuotas: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de un responsable de comunicación del Ministerio, "desmiente rotundamente que cobrase 100.000 euros al margen de lo que cobró la entidad que presidía, Lehman Brothers", tal y como afirma el portavoz dela Plataforma de Afectados de la CAM, Carlos Pena (en la imagen).

sábado, enero 13, 2018

Las cuotas participativas de la CAM arruinaron a miles de inversores tras el falseo de las cuentas de la entidad

MADRID.- Lehman Brothers, el banco de inversión liderado por el actual ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó en 2008  millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes. Esta empresa, que quebró un mes después, fue la principal responsable, coordinadora y colocadora de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una suerte de preferentes que tras la quiebra de la caja, han supuesto la perdida de su dinero para miles de ahorradores, según recuerda El Español.

En 2008 y ante la necesidad de capitalización, la CAM fue la primera caja de ahorros del país en lanzar "cuotas participativas", una especie de acciones de la entidad negociables en el mercado pero sin derechos de voto. El objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers, con De Guindos a la cabeza, planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas participativas: en total, la CAM recaudó por ellos 292 millones de euros. 
Sin embargo, la quiebra de la entidad, que fue comprada solo cuatro años después por un euro por el Banco Sabadell, hizo que 50.000 personas según las asociaciones de afectados perdieran su dinero. Y que se desatara una batalla en los juzgados.


Cantidades cobradas por Lheman Brothers en la emisión de cuotas participativas de 2008. 
 
Las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuotas participativas de la CAM con las cuentas falseadas, pero no ha derivado responsabilidad penal alguna para ningún responsable del banco de inversión que tenía entonces a De Guindos como presidente ejecutivo para Europa.  
Según adelantó El Mundo, en 2008 fue el propio ministro quien, como responsable de Lehman Brothers presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: "Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios", llegó a decir De Guindos. Ahora, lejos de las aulas, está en manos de varios juzgados. 

1.163 millones de pérdidas

El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia condenando a la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas de resultados de la entidad entre 2011 y 2012. Esos números sirvieron de reclamo para que los inversores compraran las cuotas participativas y confiaran en la solvencia y el bienestar económico de la CAM. Nada más lejos de la realidad.
La contabilidad falsa, por la que han sido condenados cuatro de los principales ejecutivos de la CAM, arrojaba beneficios por 39 millones de euros, en lugar de las pérdidas por 1.163 millones que en realidad lastraban a la caja. 
La sentencia de la Audiencia Nacional no contempla sin embargo condenas penales por la comercialización de la cuotas participadas al considerar que no está "suficientemente acreditado" que los ahorradores invirtieran basándose en la "supuesta e irreal situación económica de la entidad". 
Sin embargo, las reclamaciones de cantidades han seguido una vía distinta y muchos clientes han conseguido recuperar su dinero al considerar los tribunales que la distribución minorista debe considerarse nula "por error de vicio y consentimiento". 
Es decir: que la Audiencia Nacional no cree que nadie deba ir a prisión por venderlas, pero los juzgados que regulan este tipo de contratos financieros consideran que estaban viciados al estar sustentados en unas cuentas falsas. Y que por ello, el dinero debe ser devuelto a los ahorradores afectados. 
En una sentencia del 13 de junio de este año, el Supremo decide además que el Sabadell, que compró el banco en 2012, es la entidad encargada de hacer frente además a esas devoluciones. La entidad bancaria intentó rebatir esta doctrina en los distintos procedimientos abiertos, alegando que la CAM era una entidad jurídica distinta al Sabadell, y que por tanto el banco no debía heredar esos compromisos. 
Algo a lo que el Supremo cerró la puerta, declarando como heredero universal al Sabadell de todas las obligaciones que la CAM tuviera frente a terceros. Y por lo tanto, frente a los ahorradores que han perdido su dinero, reconocidos en sentencia.

Cuando De Guindos decía que iba a recomendar hasta a su familia comprar bonos de la CAM

MADRID.- Ocurrió en mayo de 2008. Por aquel entonces Luis de Guindos, actual ministro de Economía, era presidente de Lehman Brothers en España, estaba considerado “uno de los mejores especialistas en cuotas participativas de España” y dirigía la emisión de este producto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), recuerda hoy www.elplural.com

Poco más de un mes antes de que la CAM fuese la primera caja de ahorros española en salir a Bolsa, De Guindos alababa ante los que serían los futuros inversores este producto financiero, la propia plantilla de la entidad, en un acto en el ferial IFA en Elche. 
En él, el actual ministro no dejo de repetir una y otra vez que “las cuotas participativas serán algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo”, recomendando a todos los presentes su compra y la venta a sus clientes.
Incluso, afirmó que él mismo iba a comprar e intentaría “convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única”.
Y lo fue, así como una operación histórica en la economía española, ya que sólo tres años después llegó la quiebra a la caja, su intervención por parte del Banco de España, su venta por un euro al Banco Sabadell y todos los que compraron cuotas participativas, principalmente pequeños ahorradores, perdieron todo su dinero y tuvieron que acudir a los tribunales para recuperarlo. 
Ese mismo año, 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía por Mariano Rajoy.
Se puede ver en la web de La Sexta el vídeo de la intervención de De Guindos en el acto de la CAM en 2008 ante todos los empleados que no veían la que se les caía encima.

El banco de De Guindos se embolsó dos millones gracias a las cuotas participativas de la CAM que arruinaron a miles de inversores

MADRID.- Lehman Brothers, el banco liderado en la actualidad por el ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes en 2008. Según El Español, la empresa fue la responsable de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, recoge hoy www.lagaceta.es

La CAM fue la primera caja de ahorros en lanzar estos productos, basados en las entidades negociables en el mercado pero sin derecho a voto. El principal objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas.
La quiebra de la entidad hizo que 50.000 personas perdieran su dinero. Cuatro años después, el Banco Sabadell compró la CAM y comenzó una batalla en los juzgados que llega hasta estos días. 
De hecho, las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuentos participativas con las cuentas falseadas. Sin embargo no se ha derivado ningún tipo de responsabilidad penal.
Según El Mundo, el actual ministro de Economía presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: “Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios”.
El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas entre 2011 y 2012. Fue precisamente esta operacion la que incitó a los inversores a comprar las cuotas participativas.
Todo era falso, pues la CAM arrojaba pérdidas por 1.163 millones de euros. La sentencia de la Audiencia no contempla condenas penales por la comercialización de las cuotas participadas: “No está suficientemente acreditado”, dice.

lunes, enero 08, 2018

Así vendía Luis de Guindos las cuotas de la CAM


ALICANTE.- Es el 24 de mayo de 2008. Apenas quedan unas semanas para que Caja Mediterráneo (CAM) debute en Bolsa. Es la primera caja de ahorros española en emitir cuotas participativas, un producto similar a las acciones pero sin derechos políticos. El recinto ferial IFA, en Elche, acoge un multitudinario acto de la CAM para su plantilla que sirve para presentar una emisión con la que se pretende hacer historia. La caja vive un momento exultante. Ni el ambiente de crisis financiera frena su aventura bursátil. Es un acto de reafirmación de la marca CAM. Se trata de dar moral a la tropa que tiene que colocar 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, unos 292 millones de euros, para que el proyecto no encalle. 

La prensa no puede asistir a un evento en el que las estrellas invitadas son Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y el presidente de Lehman Brothers España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía. AFI actúa como asesor financiero de la caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerce de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. 
Ontiveros y De Guindos, dos nombres propios de prestigio a los que recurre la CAM como reclamo ante los mercados financieros, están en Alicante para vender las cuotas, para insistir en sus ventajas, su rentabilidad y su acierto como inversión, según recuerda hoy El Mundo en su edición alicantina. 
La maestra de ceremonias del acto es Marta Fernández, por aquel entonces presentadora de Cuatro. Intervienen Vicente Sala y Roberto López Abad, presidente y director general de Caja Mediterráneo respectivamente. Tras sus palabras, la presentadora da paso al hoy ministro y a Ontiveros para que hablen de los detalles de la CAM.  
Las afirmaciones de Luis de Guindos en ese acto, transcurridos diez años de la fatídica emisión, con la caja quebrada, desaparecida y absorbida por un euro por el Banco Sabadell, rescatada con un coste cercano a los 11.000 millones, y con miles de inversores atrapados en las fracasadas cuotas participativas de la CAM, no tienen desperdicio (los vídeos, inéditos hasta ahora, están disponibles en www.elmundo.es).
De Guindos es presentado por Marta Fernández «como uno de los mejores especialistas en cuotas participativas» de España. Ya durante el coloquio, De Guindos empieza con una descripción de lo que son las cuotas participativas y su buena aceptación en los mercados internacionales: «Son el recurso más valorado por los mercados», afirma. 
El acto avanza, y el actual ministro asegura lo siguiente: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
En esta línea continúa De Guindos: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Más tarde, se dirige al personal de la CAM que tiene que colocar las cuotas en el mercado: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».  

Incluso al Ibex-35

El coloquio se desarrolla, y Marta Fernández pregunta a De Guindos si las cuotas de la CAM podrán formar parte del Ibex 35, a lo que responde: «Por supuesto, depende del volumen de cotización, y evidentemente si pasa el listón, entrará a cotizar y a formar parte del Ibex 35».
En la parte final de la presentación Marta Fernández pide a Ontiveros y De Guindos que lancen un último mensaje, como broche, sobre la pionera iniciativa de la CAM. 
Ontiveros se muestra claro, y declara ante el auditorio: «En estas cosas, más que la retórica, es dar la orden [de compra de las cuotas], ¿no? Yo voy a dar la orden inmediatamente. Tengo en mi empresa, en AFI, un par de cuentas abiertas en la CAM y en mi familia otras dos o tres, y voy a ir al máximo que me dejen. Yo creo que una inversión que dé un ROE [rentabilidad sobre recursos propios] del 15 o del 16% no la da nadie actualmente. El único problema es la limitación de ese 5% claro [era el volumen máximo de participación en cuotas que podía acumular un único inversor]».
A continuación , De Guindos toma el testigo: «Yo también por supuesto voy a ir, y voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única». 
 Y el colofón de Guindos: «Esta es una operación que va a hacer historia, que va a hacer historia desde el punto de vista de lo que es la CAM, las cajas de ahorros en genéricos y la economía española. Desde ese enfoque estoy extremadamente orgulloso de haber participado con todos vosotros y con el equipo directivo en lo que creo que va a ser una operación única en la historia del sistema bancario español». 
El resto de la historia es conocido. La CAM debutó en Bolsa el 23 de julio de 2008. Tres años más tarde, fue intervenida por el Banco de España. Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, una vez que el Sabadell se quedó con la CAM por un euro. El valor de las cuotas se redujo a cero. 
Miles de inversores, sobre todo pequeños ahorradores, clientes de toda la vida de la CAM, perdieron su dinero, tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo.Ese mismo mes de diciembre de 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía, cargo que aún mantiene. La operación sí fue histórica.