PARIS.- Después de un histórico Primero de mayo
con una participación masiva en las manifestaciones, una contestación
difusa a la reforma de las pensiones ha seguido tomando la calle durante
el último mes. Esta semana vuelve a agudizarse el conflicto. La minoría parlamentaria de los neoliberales está siendo compensada con una utilización autoritaria de los poderes presidenciales del sistema político francés. La decimocuarta jornada de huelga general y manifestaciones de ayer
quiso poner el foco sobre la batalla parlamentaria que se esta dando
alrededor de la proposición de ley del grupo parlamentario LIOT
(acrónimo de Libertés, Indépendants, Outre-Mer y Territoires), que
pretende principalmente eliminar el paso a los 64 años como edad mínima
para jubilarse y volver a los 62 años que había antes de la última
reforma.
Por lo pronto, la jornada de huelga general del martes dejó varios titulares. En primer lugar, queda claro que la juventud ha venido
para quedarse en el movimiento social, no solo por las docenas de miles
de nuevas afiliaciones a los sindicatos, sino también por la
continuidad que movimientos como el estudiantil y el ecologista están teniendo en la duración e intensificación de las protestas.
Otro
aspecto a destacar es la creciente diferencia en la contabilidad de las
personas que participaron en las manifestaciones entre la Policía y los
sindicatos, que contabilizaron solo en París entre 31.000 y 300.000
manifestantes según uno y otro contador.
En
cualquier caso, los 900.000 participantes en las movilizaciones
reivindicados por la CGT –280.000 según el Ministerio de Interior– dan
muestra de un cierto descenso respecto a las numerosas convocatorias
anteriores, ninguna de las cuales se había situado por debajo del millón
de personas, sumando las docenas de convocatorias por todo el país.
Como
en las anteriores jornadas de huelga general, líderes políticos y
sindicales nacionales acudieron de forma descentralizada a las
manifestaciones, por ejemplo el Secretario General del Partido Comunista
de Francia Fabien Roussel (hoy integrado como el resto de fuerzas de
izquierdas en la
NUPES)
participó en la manifestación de Montpellier. Esto añade a la
continuidad del movimiento social su distribución territorial mucho más
equilibrada y repartida por todo el territorio.
Reforma adoptada por la fuerza
Tras
las primeras huelgas de enero y con el debate sobre el modelo de
jubilación en primera plana, el recorrido parlamentario de la ley estuvo
marcado por el uso acumulativo de medidas del pretendido
“parlamentarismo racionalizado” de la Constitución de la V República
francesa.
La reforma de las pensiones, cuya medida principal sube la
edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, fue finalmente adoptada el 20 de marzo
mediante el uso del artículo 49.3 de esa misma Constitución, que
permite al ejecutivo considerar la ley adoptada por el Parlamento sin
que las cámaras la voten.
En aquel momento, solo faltaron nueve votos
para que prosperara una moción de censura que hubiera derrocado al
Gobierno de la Primera ministra Élizabeth Borne, alineado con las
posiciones del presidente de la República, Emmanuel Macron.
Para entonces, ocho jornadas de huelga general y manifestaciones
habían ya tenido lugar bajo el liderazgo de las organizaciones
sindicales unidas.
En cada ocasión se agruparon entre un millón y 3,5
millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, o
entre 400.000 y 1,3 millones según el Ministerio del Interior. Una tras
otra se fueron así alcanzando niveles de contestación no conocidos en
las generaciones actuales de trabajadores y trabajadoras, aunque las
huelgas no llegaron a ser tan multitudinarias como para bloquear el país
de forma permanente, pese a las huelgas indefinidas en sectores
estratégicos, como las refinerías de petróleo, los transportes o la
recogida de basuras.
Contestación histórica ninguneada
Aún
así, un hecho se impuso tras la aprobación de la ley en marzo: la
intensificación de las protestas en las calles, que se desató en una ola
de manifestaciones no declaradas, no tan masivas como las anteriores
demostraciones de fuerza de los sindicatos, pero más jóvenes y
dinámicas, al tiempo que radicalizadas en sus formas de acción.
Este
aumento de la tensión social se ha enfrentado a una fuerte represión
policial, incrementada a medida que se intensificaban las
movilizaciones. Custodias policiales masivas para asfixiar las
manifestaciones, casos de violencia sexista contra mujeres detenidas en
comisarias de Paris, humillaciones con amenazas contra jóvenes
manifestantes, prohibiciones de toda congregación de personas en amplias
zonas de la capital o el recientemente aprobado control de
manifestantes mediante drones, son solo algunos de los ejemplos
constatados.
Estos hechos han generado investigaciones y denuncias por
parte de estamentos profesionales y sociales varios.
La intersindical que reúne las ocho principales organizaciones
sindicales del país tampoco se ha rendido y ha seguido convocando
jornadas de huelga general. Trece jornadas de huelga general y
manifestaciones masivas en total, entre el 19 de enero
y el pasado Primero de mayo. 2,3 millones de personas acudieron a las
convocatorias de este día internacional de lucha para los derechos de
las trabajadoras y trabajadores (800.000 según la policía), no se
trataba de un Primero de mayo normal, ya que no se había visto una
afluencia tan importante en este día desde 2002, manifestaciones que se
habían dado entonces en un contexto especial, justo antes de la segunda
vuelta de la elección presidencial que había visto enfrentarse al
presidente Jacques Chirac y, por primera vez, al entonces líder de la
extrema derecha Jean-Marie Le Pen.
Las caceroladas que persiguen
desde mediados de abril el presidente Emmanuel Macron y sus ministros
durante cada uno de sus desplazamientos continúan hasta hoy, aunque
hayan perdido visibilidad mediática. Esto ha provocado que las agendas
de los ministros sean cada vez menos públicas y las prohibiciones
policiales cada vez más generalizadas, incluso excéntricas. De este
modo, algunos prefectos (equivalentes a delegados del gobierno) han
llegado a prohibir los “dispositivos de amplificación sonora” o los
“dispositivos sonoros portátiles”, o sea las cacerolas.
A finales
de mayo, unos militantes de la ciudad borgoñona de Dijon, que habían
participado en una cacerolada el 7 de mayo, recibieron en sus buzones
una multa de 68 euros por “emisión de ruido atentando contra la
tranquilidad del vecindario o a la salud humana”. Más allá de la multa,
el problema es que ninguno de ellos había sido identificado por la
policía el 7 de mayo, lo que plantea la cuestión de cómo han sido
identificados.
A pesar de que el fiscal de Dijon lo niega, la
Liga de los derechos humanos considera que “la ausencia de control
durante la manifestación demuestra que las multas han sido formuladas a
posteriori fundándose en observaciones por videovigilancia”, aunque,
según la ley, la infracción imputada no se puede constatar por ese
método.
Los esfuerzos de los poderes públicos no han conseguido consolidar los
cien días de apaciguamiento requeridos por el presidente Macron. Más
bien, ha continuado una perturbación cotidiana permanente, tal como lo
muestra la página internet 100 jours de zbeul, creada por el sindicato de informática de la Unión sindical Solidaries,
que sigue contando los puntos de una competición entre los diferentes
departamentos de Francia para medir quién es capaz de interrumpir más
desplazamientos de los miembros del Ejecutivo.
El
Hérault (en Occitania) y la Seine-Saint-Denis (en la región parisina),
que lideraban hace un mes la competición, se encuentran ahora en quinta y
cuarta posición. Hay un empate en cabeza entre Paris y Lyon, mientras
que les sigue de cerca el Nord, el departamento más septentrional del
Hexágono.
Las prohibiciones de manifestaciones y de concentraciones también han
sido ampliamente utilizadas para intentar acallar al movimiento
popular, especialmente en el caso de oportunidades con una visibilidad
tan relevante como la del Festival de Cannes.
En esa cita crucial del
cine a nivel internacional, Justine Triet, ganadora este año de la Palma
de Oro, criticó al gobierno desde el escenario del Palacio de los
festivales. La realizadora francesa de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)
reivindicó, frente al auditorio y las cámaras de todo el mundo, que
“este año el país ha estado atravesado por una contestación histórica,
extremamente poderosa, unánime, de la reforma de la jubilación”,
contestación que “ha sido negada y reprimida de forma chocante”, y
también que “este esquema dominante cada vez más sin complejos ha
estallado en varios ámbitos”, citando acto seguido los problemas de los
que adolece la política cultural.
La intersindical no se rinde
La
lucha sigue repartida por ciudades grandes y pequeñas de toda Francia.
Este martes, 9.000 manifestantes caminaron en las calles de Montpellier
(Hérault, Occitania) según los sindicatos, en un ambiente que seguía
siendo de carácter combativo. En el Hérault, además, hubo cinco ciudades
donde acudir a manifestarse. Las múltiples citas del martes y su
nutrida
afluencia dan testimonio de que un alto nivel de movilización sigue en
marcha.
Detrás del camión de la Unión sindical Solidaries,
algunos eslóganes relacionaban la lucha para la jubilación y en defensa
del clima, argumentando que “no habrá pensionistas en un planeta
quemado”. Se ha hecho también un homenaje a Clément Méric, joven
militante antifascista del sindicato Solidaries estudiantes, muerto un 5
de junio hace diez años a manos de un grupo de skinheads de extrema
derecha.
Esta primera semana de junio podría ser la de las últimas maniobras
de esta batalla contra la reforma de la jubilación impulsada por Macron.
El secretario general de la Confederación francesa democrática del
trabajo (CFDT) así lo afirmaba desde la manifestación parisina, que será
“la última con este formato contra la reforma de la jubilación”, a
pesar de que persiste “siempre una ira y un resentimiento”.
Una
movilización con la cual habrá que “seguir trabajando sobre los
salarios, el poder adquisitivo, las condiciones del trabajo y del
dialogo social”, concluía.
Sophie Binet, la nueva secretaria
general de la Confederación General del Trabajo, coincidía por su parte
en considerar que quería “verdaderas negociaciones” sobre los salarios,
los “decretos-leyes Macron”, sobre el código del trabajo y “la igualdad
entre mujeres y hombres”. Estimaba por su lado, también desde el cortejo
parisino, que era “probable que haya otras manifestaciones al ver la
ira en el país” y que “la intersindical va a quedar unida”.
