domingo, abril 08, 2018

El racismo alemán humilla a España y destroza la UE / Federico Jiménez Losantos *

No, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal informada por el Gobierno de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia socialista la que en una rueda de prensa, tan innecesaria que sólo podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras de los países miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a invadir y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. 

No ha sido la "decisión judicial" que acataron cobardemente Soraya y Catalá, porque la sentencia antiespañola fue respaldada y ampliada por el Gobierno. Y tampoco unas declaraciones "desafortunadas" como musitó penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que humilla a España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en los casos más importantes.

La Rieffenstahl socialista de Merkel

Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí me recuerda a Leni Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó a deificar a su admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el fanatismo del pueblo alemán. 

Tras escapar de las ruinas del Reich Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza superior, en este caso negra, masai, en Africa Central; y murió casi centenaria, discretamente venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta y racista ministra socialista Katarina Barley no tendrá su talento, pero sí su arrogancia. Lo que dijo fue nada más y nada menos que esto:


1. Que ya conocía antes de ser pública, y que compartía plenamente los argumentos de la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. O sea, que el tribunal, sabedor de su importancia y gravedad, la había adelantado al Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y deslealmente al Gobierno español. No fue, pues, una decisión independiente, sin prever su efecto político. Los jueces de esa región tuvieron previamente el respaldo del Gobierno alemán.


2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de rebelión -lo único que debía hacer el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los acuerdos de la UE, "no le será fácil" al Gobierno español "probar el delito de malversación". Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, el encargado de calificar los delitos de un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase Gobierno alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del Estado Español: que no es una democracia. 

Si no lo es y no respeta los principios fundamentales de la UE, sorprende que la ministra pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que respeten, sin embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un protectorado alemán para considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán, evidentemente, sí. Y para sus jueces, también.

3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica al Estado racial y políticamente inferior -la aceitosa colonia sureña llamada España- que si no demuestra -y ya ha adelantado que le será muy difícil- la malversación de fondos públicos, Puigdemont "será libre en un país libre, que es la República Federal Alemana". Está claro que para la máxima autoridad en materia de Justicia del Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un país, así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique todo su esfuerzo a destruirlo. Como el propio Pigdemont.

La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo


Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la exposición que esta semana presentó María Elvira Roca sobre Lutero en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo es también del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga hasta Katarina Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el secular desprecio de los países reformistas a los católicos, cuyo gran exponente era España. Aquí no quedan casi católicos ni allí protestantes, pero el racismo contra el Sur sigue intacto.


El racismo protestante -ferozmente antisemita desde Lutero y Calvino- contra los españoles no era sólo por ser católicos, sino por tener sangre judía, lo mismo que decían los padres del nacionalismo catalán, que los españoles somos muy judíos. Hace poco escribía Junqueras que los catalanes tenían un ADN más parecido al francés que al español. No se atrevió a decir que eran arios puros. Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la desmembración de Europa que el III llevó al paroxismo. 

En Memoria del Comunismo cuento que una de las hazañas hitlerianas que desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los Sudetes, fue saludada por Companys y Aguirre como "un triunfo de la autodeterminación de los pueblos", y le enviaron un caluroso telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia no se repite, pero a veces se parece horrores.

¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo puro? Porque para la izquierda europea la libertad y la democracia, cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los países o razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos Rangel explica en Del buen salvaje al buen revolucionario cómo anglosajones, alemanes y franceses defienden para Iberoamérica las dictaduras comunistas que para sus países rechazan. 

Creen que para Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho son productos exóticos para los que nunca estaremos realmente preparados. Una dictadura con toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que suficiente.

El recuerdo político-legal de Sosa Wagner


La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea, perfectamente representado por la socialista Barley, explica la miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein -insisto- sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal constitucional de Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco para que un juez pueda olvidarlo, un referéndum para la independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el eurodiputado Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El horror de Schleswig-Holstein, del que transcribo estos párrafos esenciales:
(…) ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han considerado que un proyecto de secesión como el de Cataluña que implica violar el texto constitucional y además -¡una bagatela!- alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que desde luego no es motivo para mantener en prisión a su autor y entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas, sobre la inexistencia de violencia que ustedes por supuesto no aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara.
¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe zanjó la pretensión de celebrar un referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se revolviera: "En la República Federal de Alemania, Estado nacional fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional".
Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar que su disparatada decisión -sea dicho con el máximo de los respetos- es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que significan España y el orden establecido en los Tratados europeos; por otro, del hecho de que viven ustedes en una burbuja periodística y televisiva en la que prácticamente no han tenido cabida más que las tesis de los secesionistas catalanes.
Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: y porque ustedes son unos racistas siniestros, que desprecian para España lo que defienden para Alemania: fronteras seguras, orden constitucional y defensa de la integridad nacional garantizados por la cooperación internacional de la UE. 

¿No apoyó España la reunificación de Alemania pese a la oposición de las Francia y Gran Bretaña? ¿Y así nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay violencia? ¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre democracias o repugnante racismo político? 

Para mí no hay duda: puro racismo, desprecio del grande al chico, del rubio al moreno, del izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser franquista, en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de los arios civilizados.

Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich


Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto, que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si tuviera decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política ante el golpismo catalán, dimitiría de un cargo del que pocos dudan que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. 

La oposición con una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en marcha no sólo una moción de censura para echar al Gobierno y convocar elecciones, sino una campaña internacional -aquí quiero ver a Macron- para que la UE desautorice a Alemania y defienda nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten otros del IV Reich. Al final, si no nos defendemos nosotros, en esta Europa nadie nos defenderá.


(*) Columnista


 https://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/el-racismo-aleman-humilla-a-espana-y-destroza-la-ue-84806/amp.html

El independentismo quiere ahora llegar hasta la provincia de Alicante por ser Países Catalanes

VINAROZ.- El Ayuntamiento de Vinaroz (Castellón), que gobierna un tripartito encabezado por Tots Som Vinaròs  (Podemos), PSPV-PSOE y Compromís, ha organizado este sábado una jornada por "els Països Catalans" con el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardà como ponente. El acto, bajo el nombre “Vinaroz, presente y futuro de la unión entre Cataluña y el País Valenciano”, se ha celebrado en el Auditorio Municipal de la citada localidad, cedido por el consistorio para la ocasión, según www.esdiario.com

El diputado en el Congreso por Esquerra Republicana de Cataluña ha hablado sobre la declaración unilateral de independencia de Cataluña y su efecto sobre lo que los separatistas denominan "Països Catalans"
En su exposición ha abogado por el independentismo catalán y ha incluido en esa 'lucha', a las tres provincias de la Comunidad Valenciana: la propia Castellón, Valencia y Alicante
La jornada, presentada por el concejal de Acuerdo Ciudadano (una coalición integrada por Esquerra Republicana del País Valenciá, IU y Los Verdes) Lluís Batalla, ha acabado con la salida de Tardà por la puerta trasera del Auditorio, ante la presencia de numerosos ciudadanos, residentes en Valencia y Castellòn, que han protestado por la celebración del acto organizado por ERC.
Con banderas de España y de la Comunidad Valenciana, han querido dejar claro que Valencia no forma parte de los Países Catalanes: “Han venido a provocar. Es un insulto a nuestra historia” y han recibido a Tardà con gritos de "Traidor", "Som valencians, mai catalans" o "No nos engañas, Cataluña es España".
En su intervención, Joan Tardà ha comentado que "el País Valencià debe unirse con Cataluña para hacer frente a la injusticia que está protagonizando el Estado español. Debemos unirnos para luchar contra la represión de España”. 
Tampoco ha dudado en afirmar  que “nuestra causa es la causa de los pueblos" y al grito de "¡Viva el Republicanismo!”, ha lamentado que “en el País Valencià se sepa lo que es sufrir al PP”.
El acto ha contado también con la intervención de Josep Barberà, presidente de Esquerra Republicana del País Valencià; quien ha afirmado que "en estos momentos vivimos en la quiebra del Estado del  78 que nació con el estigma de la impunidad", para reafirmar al final de su intervención, las palabras de Tardà afirmando que “son muchos los valencianos que defienden a los Países Catalanes. Es una realidad histórica que no puede ser ignorada. El País Valencià debe unirse a Cataluña para formar un país común”.

sábado, abril 07, 2018

Madrid roza la burbuja inmobiliaria mientras el precio cae en 23 capitales

MADRID.- La España a dos velocidades se acentúa. Mientras en la ciudad de Madrid hay barrios donde los precios apenas se encuentran un 10% por debajo de los máximos del boom, hay 23 capitales en las que los precios siguen cayendo, según el último informe de Tinsa.

La tasadora apunta que casi la mitad de las capitales españolas sigue sin mostrar signos de reactivación, dándose los descensos más acusados Ciudad Real (11,9%), la ciudad de Cáceres (9,2%) y Guadalajara (6,3%).
"El problema de incremento de precios está muy focalizado en Madrid, aunque también está en parte en Baleares, pero con otras connotaciones", explica Pedro Soria, director comercial de Tinsa, que asegura que otros mercados, que también tiraron bastante al principio de la recuperación ya están llegando a un horizonte de moderación de precios, con crecimientos menos desmedidos.  
Se trata de Cataluña, Málaga y Alicante, "que van en la senda de las previsiones que teníamos para este año, en el que esperamos que el precio de la vivienda crezca de forma moderada debido a que las que están tirando con más fuerza bajen un poco el ritmo de crecimiento", aunque en Cataluña se ha producido por otras circunstancias políticas. 
Por otro lado está Baleares, donde Palma de Mallorca se sitúa en el primer trimestre del año como la segunda capital con mayores incrementos interanuales, por detrás de Madrid, con un 14,5% de subida.
En este caso, el directivo destaca el impacto de la inversión extranjera, "que está produciendo esta subida de precios, pero en este caso el mercado lo absorbe perfectamente", reconoce.
El problema se está detectando en ciudades como Madrid, donde el bloqueo de grandes desarrollos urbanísticos como el de Distrito Castellana Norte, que plantea el desarrollo de unas 11.000 viviendas y los Desarrollos de Sureste, con 100.000 unidades, agravan notablemente el problema.
Esta situación de inactividad de la Administración sumada a una demanda creciente, ha llevado a la Capital española a registrar un incremento medio interanual al cierre de marzo del 17%.
"El concepto que tenemos de la burbuja a nivel profesional no se está produciendo, ya que la financiación está controlada y a nivel de promotor inmobiliario no se está tratando de descontar expectativas futuras, salvo alguna operación más vinculada a suelo", explica Soria.
Sin embargo, si nos centramos solo en precios "ya es otra cosa". 
 "La gente que está comprando lo hace como reposición y, por lo tanto, tiene patrimonio o una propiedad que quiere mejorar y, por otro lado, está el inversor. 
En este último caso, el comprador, básicamente, está asumiendo ese incremento de precios porque busca una rentabilidad ligada a los alquileres que, de hecho, se la están dando. Hasta ahora, aparentemente no había demasiado riesgo, pero ahora ya empieza a haber ciertas señales de alerta", reconoce el experto.
"Lo que puede pasar es que gente que está comprando como inversión descontando esas expectativas futuras de incremento de rentas y rentabilidad, acabe pagando precios elevados y que después no haya capacidad por parte de la demanda de alquiler. En ese caso te quedas con un inmueble que cuando lo quieras vender ya no es líquido", explica.

Cerca de niveles del 'boom'

El foco del problema se encuentra principalmente en la almendra central de Madrid, en distritos que se acercan peligrosamente a los máximos del boom como es el caso de la zona Centro, Salamanca y Moratalaz, que han registrado incrementos interanuales del más del 20%. Igualmente, Chamberí (16,6%), Retiro (19,2%), Vicálvaro (19,4%) y Arganzuela (15,8%) son zonas muy calientes.
"Quizás no sea en todo el distrito, pero algunos códigos, los más centrales, están muy cercanos a los que fueron los precios de máximos, habiendo solo una diferencia del 10 o 15%, y esto ya nos da una cierta señal de alerta", explica Soria.
Barcelona, que permanecía estancada debido al efecto combinado de un descenso en la demanda a causa de la crisis política y el aumento de la oferta, ha retomado la senda de crecimiento de precios en el primer trimestre y se sitúa como la tercera capital con mayores incrementos interanuales de precios, con el 11%.
En este caso, los distritos que han registrado los mayores incrementos en el último año son Sant Martí (18,4%) y Sants-Montjuïc (18,2%), lejos de los incrementos del 28,5% y del 26% que se observaban, respectivamente, en Ciutat Vella y en Sants-Montjuïc en el tercer trimestre de 2017.
Si hablamos de precios medios por distritos, el de Salamanca en Madrid, lidera el ranking con 4.734 euros/m2 de precio medio y amplía la diferencia con el Sarriá-Sant Gervasi , el distrito más caro de la Ciudad Condal, que ha estabilizado su valor medio en 4.182 euros/m2. Éste es el único que supera la barrera de los 4.000 euros/m2 en Barcelona, mientras que en Madrid ya están por encima también Centro y Chamberí. 
Con estas cifras, para adquirir una vivienda de 50 metros cuadrados en los distritos más caros de Madrid y Barcelona habría que abonar 236.000 euros y 209.100 euros, respectivamente. Con este dinero, se podrían comprar cinco viviendas del mismo tamaño en Castellón, la capital con el precio medio más barato de España (851 euros/m2).
Esta diferencia abismal entre capitales lleva a una cifra media de crecimiento en España del 3,8%, frente al 17% de Madrid. "Cuando te vas a las medias todo queda un poco difuminado. En Madrid, hemos notado que el precio se ha recuperado desde mínimos más o menos un tercio, pero en los distritos destacados la recuperación es del 85%", explica Soria, que apunta que estas zonas "tienen mucha presión turística, mucho Airbnb, mucho alquiler de plataformas y mucha inversión extranjera".

Mayor esfuerzo financiero

Desde el valor máximo que tuvimos en el ciclo anterior, que se dio en el cuarto trimestre de 2007, el precio medio en España ha llegado a caer un 41%. Eso fue hasta el primer trimestre de 2015, desde entonces empezó a crecer y desde ese suelo se ha recuperado un 7,2% de media en los últimos tres años. De este modo, el precio actual todavía podría crecer un 37,2% hasta alcanzar máximos precrisis.
El directivo cree que incrementos tan acelerados como los que se están registrando hasta ahora "no son sostenibles. Si siguen creciendo a estas tasas interanuales probablemente empecemos a expulsar la demanda", advierte Soria.
En la parte de esfuerzo financiero, hay algunos distritos en Madrid y Barcelona -aunque en este caso se ha ralentizado el crecimiento- que están tocando el límite.
En la capital española, la media de esfuerzo es de un 24%. Comparando con el ciclo alcista anterior, "creemos que a partir del 25% es señal de alerta y si supera el 30% ya entramos en un situación muy complicada". En el Barrio de Salamanca el esfuerzo está en el 39,8%, mientras que en Barcelona, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi alcanza el 41%.
"En estos casos la gente que compra tiene unos ingresos más altos y también suele contar con un patrimonio detrás, por lo que nos preocupa algo menos, pero es cierto que estamos llegando casi a los máximos asumibles y que hay un crecimiento de los precios desmedidos", destaca el directivo.

Sólo once bancos aplican ya las transferencias inmediatas dos meses después de su estreno

MADRID.- El 14 de abril se cumplen dos meses de la puesta en marcha de las transferencias inmediatas en España. En lo que llevamos de año, Iberpay ya ha procesado más de un millón y medio de transferencias inmediatas, aunque su importancia en términos relativos es escasa: solo suponen el 1% del total de transferencias realizadas durante este período, publica hoy www.libremercado.com
 
La culpa del escaso impacto de este nuevo medio de pago, que en Europa se lanzó oficialmente el pasado 21 de noviembre, hay que achacársela a varias causas, explican los expertos del comparador de productos bancarios HelpMyCash.com. Primero, la escasa publicidad que han recibido por parte de las entidades; segundo, el hecho de que solo permitan transferir 15.000 euros, lo que deja de lado a los clientes que necesitan transferir importes elevados; y, tercero, el hecho de que tras dos meses solo una decena de bancos permitan a sus clientes realizarlas, a pesar de que hay unas 90 entidades españolas adheridas al sistema.
A pesar de lo revolucionario del nuevo esquema (las transferencias inmediatas se procesan en tiempo real y liquidan el importe en un máximo de 10 segundos cualquier día de la semana), la inclusión de este tipo de transferencia está llegando a cuenta gotas. Desde el Día de San Valentín "está en marcha en toda su capacidad la infraestructura interbancaria prevista para que las entidades financieras nacionales puedan intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas", recuerda Iberpay; sin embargo, el día de su estreno solo tres bancos las introdujeron: BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
Tras ellos se fueron sumando nuevas entidades a cuentagotas: Abanca, Banca March, Banco Pichincha, Banco Santander (solo para empresas), KutxaBank y EVO Banco (solo en oficinas), y Liberbank. Las últimas entidades en sumarse al nuevo esquema de pagos diseñado por el European Payments Council han sido las cajas rurales, que ya permiten hacerlas a través de Ruralvía.

Transferencias con comisión

Pero hay otra razón que puede justificar el deslucido estreno de este tipo de transferencias. Su precio. Mientras que Bankia, Banco Sabadell, Pichincha o EVO permiten hacerlas gratis, otros cobran comisiones. BBVA aplica una tarifa fija de 90 céntimos y Abanca, de un euro. En Banco Santander el coste es del 0,50 % con un mínimo de diez euros y en CaixaBank, de un 0,60 % con un mínimo de ocho euros. 
Caja Rural ha anunciado que este servicio "puede conllevar una comisión del 0,10 % con un mínimo de dos euros". No cabe duda de que muchos españoles optarán por seguir haciendo transferencias SEPA ordinarias, que en la mayoría de los casos salen gratis, antes que abonar esas tarifas.

¿Se esperan nuevas incorporaciones?

Lo cierto es que sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 90 entidades españolas adheridas a este esquema y que algunas, aunque no permiten realizarlas, sí permiten recibirlas. Lo que se desconoce es el calendario. ING anunció recientemente en Twitter que todavía estaban en "fase de implementación" y que esperaba comenzar a ofrecer este servicio a corto plazo. EVO Banco, por su parte, también usó twitter para comunicar que "próximamente" implementarían la posibilidad de realizar transferencias inmediatas desde la app y desde la banca electrónica.
Lo que está claro es que la implementación será progresiva. De hecho, esta es la opinión del European Payments Council. "El EPC siempre ha esperado una implementación de las transferencias inmediatas progresiva alrededor de Europa, ya que los proveedores de servicios de pago necesitan hacer mayores inversiones y cambios operaciones antes de poder procesar pagos en tiempo real", afirma Javier Santamaría, presidente del EPC, en una entrevista realizada por el comparador HelpMyCash
Santamaría añade que "el calendario de implementación de las transferencias inmediatas depende de la inversión y de los planes de marketing de cada proveedor".

viernes, abril 06, 2018

Hallan en Cala San Vicente, Pollensa, el cadáver del patrón del velero hundido en aguas baleares


PALMA.- La Guardia Civil recuperó ayer en Cala San Vicente, en Pollensa, el cadáver de César Alberto Cedermaz, el patrón desaparecido cuando navegaba en un velero de Barcelona a Ibiza. El cuerpo sin vida fue localizado por cuatro amigos de la víctima que se trasladaron a Mallorca tras el hallazgo en esa zona de los restos hundidos de su embarcación, el ´Semental III´, para participar en la búsqueda. Está previsto que hoy se practique la autopsia al cuerpo de Cedermaz quien, según su perfil de Facebook, residía en Ibiza. 

La víctima, argentino de 37 años, zarpó el pasado viernes de madrugada del puerto barcelonés de El Masnou y puso rumbo a Ibiza. El hombre se topó con un fuerte oleaje y no estaba familiarizado con el velero, ya que lo acababa de comprar. Además, había obtenido recientemente la titulación necesaria para ponerse al timón. El barco quedó a la deriva por una avería en el motor y la rotura de las velas por el vendaval.
El pasado viernes por la noche, sobre las 23 horas, la víctima envió un mensaje a través de su teléfono móvil a su pareja, comunicándole el percance e indicándole que avistaba la costa de Mallorca. Esta fue la última vez que se tuvo noticias del tripulante del ´Semental III´, que en un principio navegaba con otra persona que abandonó el barco en la localidad alicantina de Altea.
Los servicios de emergencias pusieron en marcha un operativo de búsqueda el pasado sábado. Desde ese día, efectivos de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil y del Ejército del Aire rastrearon por mar y aire en busca del barco desaparecido. El pasado lunes, un avión avistó restos de velas en las inmediaciones del Cabo Formentor. 
Allí acudió una embarcación y un helicóptero de Salvamento Marítimo, pero no encontraron nada. Ya por la noche, un aficionado a la pesca submarina comunicó que se había topado con los restos de un velero en Cala Sant Vicente.
Los buzos de la Guardia Civil comprobaron que se trataba de la embarcación del desaparecido, pero no hallaron al hombre. El operativo de búsqueda siguió activo hasta que los amigos de la víctima localizaron su cadáver ayer por la tarde en los acantilados de la zona y dieron aviso a los servicios de emergencias.

jueves, abril 05, 2018

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 
Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 
Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.
En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).
El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 
Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).
Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.
La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.
Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

El 77% de los baleares, dispuestos a desplazarse por trabajo

MADRID.- La inestabilidad política también le está pasando factura a Cataluña a nivel laboral. Así, de ser la tercera comunidad autónoma preferida por los españoles para trabajar ha pasado a ser la octava, según la Guía del Mercado Laboral 2018 del grupo de selección de personal de Hays. Por el contrario, Madrid lidera el ránking, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, publica hoy El Mundo

Factores como la magnitud de la ciudad, la concentración de empresas, la posibilidad de una mayor oferta laboral, de servicios, de acceso a la vivienda, el clima o la calidad de vida son los principales argumentos esgrimidos por los profesionales para escoger una u otra región para trabajar, además, por supuesto, del proyecto laboral en sí.
Pese a que Cataluña cumple muchos de estos requisitos (de hecho, hasta hace poco era la ciudad preferida por las grandes compañías para establecer sus centro de servicios compartidos), la inestabilidad política de los últimos meses ha jugado en su contra y le ha hecho perder más de 15 puntos y situarse por detrás de regiones como el Principado de Asturias, Cantabria y las Islas Baleares.

Movilidad laboral

En España todavía la movilidad laboral es muy reducida, sobre todo, dentro del país. De hecho, en el último año sólo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, un porcentaje, no obstante, ligeramente superior al de 2016 (27%), según revela el estudio.
Quienes más se desplazaron, con un porcentaje muy superior a la media (50%) fueron los profesionales de más de 67 años, seguidos por los más jóvenes menores de 34 años, con un 36%. Por contra, los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 66 años fueron los que menos cambiaron de región en el último año, tan solo un 21%.
Sin embargo, aunque las cifras de desplazamientos sean bajas, el número de personas dispuestas a cambiar su lugar de residencia por un proyecto laboral interesante es mucho mayor, el 65% de los trabajadores encuestados.
Por otra parte, si se analizan los datos por sexos, un 68% de los hombres asegura estar dispuesto a dejar su ciudad y moverse a otra localidad, frente a un 61% de mujeres.
Mientras, por franjas de edad, de nuevo son los más jóvenes, con menos de 24 años, y los mayores de 67 los más dispuestos a desplazarse con un 75%, 10 puntos por encima de la media. En cambio, el porcentaje baja al 61% en los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años, coincidiendo con la época en la que se tienen más responsabilidades familiares, lo que, sin duda, condiciona un posible traslado.
En cuanto a la procedencia, los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja (86%), seguidos de Castilla y León (80%), Extremadura (77%), Baleares (77%), Galicia (76%), Andalucía (76%), Castilla la Mancha (73%), Cantabria (71%), Aragón (70%) y Murcia (70%).
Y, por el contrario, los que menos interesados están son aquellos que viven en las comunidades más atractivas para trabajar. Así, el País Vasco lidera la cola con 8 puntos por debajo de la media (57%), precedido por Cataluña (58%), el Principado de Asturias (58%), Navarra (61%), la Comunidad Valenciana (65%), Islas Canarias (66%) y la Comunidad de Madrid (66%).

miércoles, abril 04, 2018

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

“Fuera paraísos fiscales”, una jornada contra “el robo” a la educación o las pensiones

MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.

Este 3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo en la creación de sociedades offshore
La publicación de esta información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales, una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios países. 
La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros.
“Los medios de comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García, miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. 
Todas las empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado Oxfam Intermón.
Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz. 
La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países, muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”. 
Esto les permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma artificial sus beneficios.
Es un problema global, que requiere de soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…– y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos. 
Sin embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros, mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.

La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal
El primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado. El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que sustituirá  a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre
En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.
La UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un firme compromiso de acabar con la situación. 
“Se va por una por buena dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con otros países”, explica Ruiz. 
Sin embargo, la lista europea parte de la exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda, mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Además de vigilar el proceso de la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal –denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude. 
“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.
“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”, señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de que “nos están robando”, añade.