SEVILLA.-
Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos
de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla),
donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la
independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de
reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas.
La
que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales...
asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial
«apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera
investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado
hechos «sumamente graves».
En sus intervenciones
públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está
amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí
de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el
principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la
garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos
fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que
resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos
rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos...
En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es
el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más
concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del
poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía
sin apenas control alguno y rige el principio
de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte
lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo
y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.
En los primeros años de la democracia se
acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen
estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el
órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la
independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20
vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos,
como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales
serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto,
entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos
juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de
relevancia. Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.
Teniendo
en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos
altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a
renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente.
Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio
Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos
contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la
conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la
ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser
la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que
tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora
de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos
procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con
eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de
los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que
seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del
Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el
fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo
que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los
investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el
contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las
partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos
neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el
principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a
Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del
Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio
del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta
absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el
Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados,
realizara su función instructora con total independencia. Allí la
diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos
dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se
queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien
pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la
Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a
la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era
muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional,
como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en
cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo
recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales
superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la
Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la
comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las
macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una
autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión
de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas
que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas
personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué
pasos tenía que seguir.
El presidente de la
Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo
acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido
después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente
complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso
después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima
de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida
de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de
servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando
me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales
del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe
favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de
dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no
fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba
íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a
empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer
más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue,
desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando
el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas
asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque
había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se
mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de
sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las
ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose
en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no
gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de
investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que
investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo
era sumamente grave, como era que una Administración impidiera
físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los
cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles
posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se
impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente
previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la
Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos
no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el
tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad
Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder
nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se
concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de
empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones
recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además
estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos
hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a
mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de
Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA,
de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era
presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje
distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a
las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a
otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar
ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del
tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las
diligencias de investigación que debían practicarse.
Si
hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para
acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la
Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado
porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de
investigación que había formado con la UCO, con los interventores del
Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de
Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial
con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por
el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba
disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en
aquel momento.
Se le ha criticado por querer
acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla
con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado
los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las
causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un
juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los
asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera
dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y
a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi
juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me
incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me
podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían
ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de
millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había
instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las
actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de
esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez
sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA.
Dicho y hecho.
Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque
se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un
magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y
además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas
guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a
la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el
personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue
cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que
nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las
estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que
ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o
me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me
quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por
delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo
que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo
más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.
