El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos

MADRID.- El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como Aena, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo deja en suspenso, según adelanta hoy El País.

Y es que, a diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría y es difícil esperar que salgan adelante— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen barra libre, ya que dependen directamente de departamentos como el Ministerio de Fomento, el de Energía o el de Economía.

Previamente, con el cambio en La Moncloa se producirá un relevo obligado en la cúpula directiva de todas estas empresas. Los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado o Lotería Nacional abandonarán el cargo en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo y serán sustituidos por otros designados por el Gabinete socialista.

Más dudas suscita el presidente de Aena, participada por el Estado en un 51% y la única de las sociedades de Fomento que cotiza en Bolsa, por lo que se supone que la designación de su máximo responsable depende del consejo de administración y no solo de una decisión política. 

No obstante, se da por seguro que el actual presidente, el murciano Jaime García Legaz, pondrá su cargo a disposición en cuanto se constituya el Gobierno socialista, para que éste designe un nuevo responsable de la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, informaron a El País fuentes conocedoras de la decisión.

Aena es la mayor patata caliente para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.

Pese a haber pasado el plácet del consejo de Aena, los nuevos gestores pueden dar marcha atrás o reformar las líneas maestras del plan. Por lo pronto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha suspendido la presentación pública que iba a tener lugar este lunes, y la propia Aena ha aplazado “hasta nueva fecha” la presentación a analistas prevista para el próximo 7 de junio. En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Compra de trenes de Cercanías

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que anunció en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Se trata de la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos, informaron a El País fuentes conocedoras del mismo.

El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.

También queda pendiente la adjudicación del doble contrato de mantenimiento de trenes que Renfe ha sacado a concurso, que supone realizar estos trabajos en un total de 420 vehículos de Cercanías y Avant durante cinco años por un importe total de 450 millones de euros, según informaron fuentes de la empresa. El doble contrato actualmente en liza abarca casi una tercera parte (el 30%) del parque total de trenes de la compañía ferroviaria pública, que suma unas 1.360 unidades.

El único consuelo en materia ferroviaria es que, con los presupuestos generales del Estado aprobados, se asegura la inversión de 3.000 millones en la Alta Velocidad (AVE).

Autopistas de peaje

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de Toledo.

El Ejecutivo confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, según consta en la última actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.

Además, tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas.

El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble. Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.

El 'banco malo' se pone las pilas y trocea su cartera por regiones para vender más

MADRID.- El viento parece estar empezando a cambiar en el mercado inmobiliario. La presión al alza de los precios y la mayor escasez de activos de calidad en los dos mercados que han liderado el resurgir del sector en los últimos cuatro años - el madrileño y el barcelonés- están llevando a los inversores a otear oportunidades en otras localizaciones, en busca de rentabilidades que justifiquen su apuesta por España. En los últimos meses, el fenómeno se ha concretado en la dinamización de otros mercados como el de la Costa del Sol o el de Levante, a juicio de La Información.

Los cazadores de tendencias de Sareb, el 'banco malo' creado en 2013 para extraer del balance de la banca española más de 200.000 activos inmobiliarios considerados tóxicos por aquel entonces y gestionar su eventual recolocación en el mercado durante los siguientes 15 años, lo han visto claro y han ordenado un nuevo giro en la estrategia comercial de la entidad para priorizar su dimensión territorial que se concretará, a grandes rasgos, en dos líneas de actuación, según señalan fuentes del banco malo: la extensión de la red comercial de Sareb por toda España para impulsar las ventas en el segmento minorista (ventas a particulares) y el diseño de carteras de activos con criterios territoriales para dar acceso al ingente patrimonio inmobiliario del banco malo no sólo a los grandes fondos de inversión oportunista, como los Blackstone, Cerberus, etcétera, sino también a operadores de menor tamaño e intereses más restringidos a un determinado ámbito territorial.

El paso supone un nuevo enfoque en la estrategia de mercado del banco malo. Al calor de las grandes operaciones de desinversión inmobiliaria cerradas el año pasado por Santander y BBVA con grandes gigantes internacionales como Blackstone o Cerberus, Sareb decidió probar suerte también en la comercialización de 'macrocarteras' y encargó a Goldman Sachs testar el interés real de los grandes fondos internacionales por quedarse con alguna de las grandes carteras de activos inmobiliarios que el banco malo había puesto en mano de los 'servicers', concretamente por la gestionada por Haya Real Estate, compuesta por 59.300 activos y cuyo valor de mercado se estima en el entorno de los 13.000 millones.

Fuentes de la entidad confirman que el prestigioso banco de inversión continúa rastreando el mercado en busca de potenciales compradores para alguna de las macrocarteras de activos que Haya, Altamira, Solvia y Hábitat mantienen en gestión, pero avanzan que la intención de la entidad es buscar un enfoque comercial más territorial "para ampliar el rango de mercado y abrir la cartera de Sareb a inversores con interés más regional". ¿Cómo? Diseñando carteras de activos territorializadas, de menor tamaño, pero que puedan despertar el interés de un perfil de inversores diferente al interesado en las 'macrocarteras'.

Los cinco mercados del banco malo en España

La base de este nuevo planteamiento estratégico lo presentó la directora de la red de servicers del banco malo, Marisela González, en una jornada organizada por Idealista en el marco del último SIMA, y pasa por la segmentación de la cartera de activos de Sareb por cinco grandes espacios territoriales (Ver gráfico): la Zona Noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, dónde se concentran el 19,6% de los activos del banco malo, pero apenas el 14,5% de las ventas); la Zona Catalano-Aragonesa, más Baleares (24,7% de los activos, 28,1% de las ventas, gracias a Cataluña y Baleares); la Zona Centro (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, más Canarias (19,5,% de los activos, 20,89% de las ventas, con grandes diferencias entre el rendimiento de las carteras canaria y madrileña y el resto); la Zona de Levante (18,7 de los activos; 16,3% de las ventas), y Andalucía (10,6% de los activos, 16,3% de las ventas).

Para cumplir estos objetivos el siguiente paso que dará Sareb es ampliar su red comercial territorial, que hasta ahora se limitaba a su presencia en Madrid y Barcelona y a la oferta presentada a través del portal web. En las próximas semanas, Sareb abrirá una nueva oficina en Valencia, para dar servicio al mercado de Levante, y la intención es tener presencia física en cada una de las áreas definidas en el plan estratégico antes de que finalice el presente ejercicio.

Sareb entiende que este esquema permitirá gestionar mejor el amplísimo portfolio que no sin dificultades gestiona la institución, que aún tiene por evacuar cerca de dos terceras partes de los activos recibidos en su día, porque hará que los potenciales inversores conozcan mejor el producto, permitirá afinar más la estrategia de ventas a través de la red comercial y facilitará una gestión más activa de la cartera por parte de los gestores. 

La nueva estrategia del 'banco malo' también permitirá dar soporte a uno de los objetivos marcados por el directorio encabezado por Jaime Echegoyen en orden a facilitar la transformación de préstamos fallidos y crédito promotor en inmuebles. El año pasado el banco malo consiguió convertir más de 1.000 millones de activos financieros en activos inmobiliarios y para este año el objetivo no sólo es mejorar esa cifra sino cerrar una sociedad con un socio industrial (una promotora) para impulsar la actividad del banco malo como promotor inmobiliario. 

El proceso sigue abierto y, después de caerse Via Célere, Aelca y Aedas Homes son los candidatos a conformar la sociedad promotora del banco malo, según confirman desde la entidad.

´Así será la “venganza” del PP

MADRID.- Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa después de vencer en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero en el PP no se dan, ni mucho menos, por derrotados. Desde la ejecutiva nacional se prepara una contundente respuesta contra todos los que han provocado la marcha del ex presidente: desde el PSOE a Podemos... pasando también por la Audiencia Nacional, anuncia hoy El Confidencial Digital.

“Ya tenemos los cañones preparados”. Con estas palabras relata un alto cargo de Génova 13 la reacción del Partido Popular tras la pérdida del Gobierno a manos de Sánchez con el triunfo de la moción de censura. Una victoria, la del líder socialista, que ha escocido muchísimo en las filas populares, desde donde avisan: “Esto no va a quedarse así”.
Cargos del PP consultados por El Confidencial Digital anuncian: “Muchos, incluido el nuevo presidente del Gobierno, van a arrepentirse de lo ocurrido el viernes”. Tanto por las consecuencias negativas del llamado “Gobierno Frankenstein”, como sobre por la reacción del Partido Popular: “Vamos a pasar la factura a todos lo que han hecho esto posible”.

Amago de moción de censura a Díaz

Desde la dirección nacional del PP confirman a ECD que una de las primeras respuestas que ya estudia el partido, tras el triunfo de la moción de censura, es “devolvérsela al PSOE en Andalucía”. El procedimiento es una moción de censura a Susana Díaz.
Esta medida, de la que ya se hablaba a mitad de la semana pasada, cuando aún no se sabía qué iba a ocurrir en la votación del viernes, se basaría en el proceso abierto contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: “A ellos sí se les imputan delitos. No a como nosotros, y la condena implicaría al Gobierno autonómico”.
Los populares no tienen tomada una decisión definitiva sobre la presentación de la moción. Entre otras cosas, añaden, porque “somos absolutamente conscientes de que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante”.

Retratar a Ciudadanos

Pese a ello, el partido se lo está pensando “seriamente”, por el desgaste que puede provocar en todos sus adversarios. Primero en el PSOE, “al que retrataríamos con sus propios argumentos”, pero fundamentalmente en Ciudadanos y Podemos.
Recordarán a la formación naranja que, pese a haber votado en contra de la censura, justificaron la moción diciendo que el Gobierno era “censurable” por la sentencia de la Gürtel. Ahora, el PP les exigirá que “actúen en consecuencia y censuren a una Junta de Andalucía responsable de los ERE”.
En cuanto a Podemos, el PP es consciente de que “el sector de Kichi quiere enredar”, y la moción puede provocar una división interna: “Iglesias impondría a Teresa Rodríguez el 'no' en la votación, pero los afines al alcalde de Cádiz podrían amotinarse”...

Auditoría a las propiedades de Pablo Iglesias

Si la operación contra Podemos puede arrancar en Andalucía, la gran ofensiva del PP contra el partido morado se centrará en Pablo Iglesias, aprovechando la polémica generada con la compra del chalet de Galapagar por 660.000 euros.
Los dirigentes del PP consultados cuentan: “Vamos a hacerle toda una auditoría sobre esa adquisición”, ya que “el precio se sitúa casi 200.000 euros por debajo del valor de mercado y puede haber irregularidades”. Sostienen, además, que “hay informaciones que apuntan a que la operación se cerró hace dos años, y no ahora”.
Dos años, añaden, en los que Iglesias, tal y como él ha asegurado, ha estado viviendo “en un chalet de alquiler en Rivas”, sin ocupar, por tanto, su piso en Vallecas.
Los populares advierten: “Habrá que comprobar si es cierto que no ha vivido allí. Le pediremos hasta el consumo eléctrico en el Senado... Porque, si lo ha tenido vacío, sin alquilar y sin nada, se lo tendría que haber cedido al Estado, según la ley que ellos mismos querían aprobar sobre viviendas vacías”.

Trabas en la tramitación de los Presupuestos

Además de estas dos ofensivas, el PP, tal y como algunos cargos advirtieron durante el debate de la moción de censura, no se lo va a poner en absoluto fácil a Pedro Sánchez para poder usar unos Presupuestos que habían sido impulsados por el Gobierno Rajoy y que él mismo rechazó:
--“Querremos cambiarlos. El Cupo Vasco ya no nos parece tan bueno... y habrá que tocarlo, entre otras cosas”.
El PP, por tanto, tiene prácticamente decidido presentar enmiendas en el Senado al texto enviado desde el Congreso de los Diputados. Tanto es así, que ya el viernes importantes senadores del partido se reunieron para ir dando forma a la oposición del partido a unas cuentas que el Grupo Popular había aprobado en la Cámara Baja.
Con todo, explican, los Presupuestos se aprobarán, pero no antes de septiembre: “Será un sinsentido que, además, provocará que la negociación del PSOE con todos sus posibles socios para las cuentas de 2019 se retrase”.

Ofensiva judicial contra De la Rosa

En Génova, advierten cargos, no solo se la tienen “guardada” a los partidos que han hecho posible la caída de Rajoy, sino también al juzgado de la Audiencia Nacional que ha condenado al PP como beneficiario a título lucrativo de la trama Gürtel.
Explican que en la sede nacional existe “gran indignación” por la participación del juez José Ricardo de Prada en la práctica totalidad del procedimiento, por ser una persona “abiertamente hostil al PP”.
Recuerdan, en este sentido, que “es muy próximo a Izquierda Unida y a Baltasar Garzón”. Dos afinidades que el PP va a tratar de explotar en los próximos días: “Vamos a demostrar que no hemos recibido una instrucción justa, lo que ha provocado una sentencia que hemos recurrido y por la que nos han echado del Gobierno”, concluyen.

El 'procés' toma Baleares: proyecto de referéndum para 2030

PALMA.- Una calle peatonal en el centro de la ciudad. Es sábado por la mañana. A un lado, hay una carpa blanca con dos grandes carteles en los que se lee 'Madrid nos roba' y 'Otro país es posible'. Bajo la carpa hay una estelada y una sábana de 'Libertad presos políticos'. Voluntarios con camisetas amarillas hablan con los transeúntes y les explican que España es un país opresor que les está expoliando, se relata hoy en El Confidencial. 

Unos 20 metros más allá hay otra carpa, esta de color verde. En su interior, hay una gran bandera española con una corona monárquica. También hay voluntarios hablando con la gente. Aquí les dicen que viven bajo una dictadura catalanista que odia a los españoles. 

A un lado se reciben donativos por la independencia y se venden pines con un lazo amarillo. Al otro, se recogen firmas para derogar el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Son 20 metros que reflejan el proceso de ruptura de una sociedad. En este caso no la catalana sino la balear, porque todo esto ocurre en el centro de Palma.

Lejos del ruido de Cataluña, la batalla entre independentistas y constitucionalistas avanza en Mallorca. Está comenzando a tomar los espacios públicos, las conversaciones privadas y también el Parlamento. Se replican el discurso de Cataluña ("Madrid nos roba" contra "el supremacismo catalanista") y también las entidades nacidas al calor del ‘procés’. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) es aquí la Asamblea Soberanista de Mallorca (ASM); Sociedad Civil Catalana es Sociedad Civil Balear, sucursal establecida hace solo unos días.

 Òmnium Cultural es la Obra Cultural Balear (OCB), entidad que se remonta a 1962 pero ha tomado en los últimos años el mismo discurso rupturista que su hermana catalana. Se crean partidos políticos con el argumento único de la lengua, como Actúa Baleares, y aparecen plataformas ciudadanas para frenar el nacionalismo pancatalanista que promueve parte del Gobierno balear. En definitiva, germina la semilla de la batalla por la identidad ocho años después de que empezase a florecer en Cataluña.

En el horizonte de todos, una fecha: año 2030. Es el objetivo del soberanismo balear para organizar un referéndum por la independencia. Por delante, pues, 12 años de campaña para que el actual 13% de apoyo social al soberanismo ascienda al 47% que ha sostenido el proceso catalán. O para que se desplome a las tasas marginales que ha tenido en los últimos 40 años.

"Nos da miedo lo que ha pasado en Cataluña y vemos que algunos partidos políticos y entidades quieren replicarlo aquí. Con lo que pasó en octubre en Cataluña se ha ido el celofán que cubría el discurso de que solo se trata de cultura y lengua, que es lo que llevan diciendo los nacionalistas en Baleares desde hace 30 años. Ahora ya sabemos que en cuanto puedan se van a saltar la Constitución, lo demuestran dando apoyo a todo lo de Cataluña. Ceden locales públicos para promocionar el secesionismo o a gente que odia a España, como Valtònyc, y vemos que esto solo puede ir a más", resume Antonio Daudero, miembro de la asociación Convivencia Balear.

Esta entidad cívica ha aprovechado el impulso de la plataforma Mos Movem, que tomó con gran éxito las calles de Mallorca y Menorca en febrero en contra del decreto sanitario que quería obligar a los médicos de Baleares a tener un título de catalán. Finalmente, tras la presión del sector sanitario y de parte de la ciudadanía, el Govern balear concederá a los profesionales una moratoria de dos años para acreditar un nivel básico si quieren prosperar como funcionarios. Este paso atrás, claro está, ha sido muy criticado por los círculos catalanistas.

Colonización lingüística

"Jamás en Mallorca ni en las islas había habido un problema así, pero este Gobierno del pacto (PSOE-PSIB, los ecosoberanistas de Més y Podemos) ya ha demostrado de qué lado está. Hay familias peleadas y gente discutiendo en los bares, te insultan y amenazan si te pronuncias en redes sociales. Aquí hay mucha gente que se siente colonizada por Cataluña y que no puede más, ha sido un proceso a cámara lenta y ahora ya es muy difícil hacerle frente", indica Manuela Cañadas, también de Convivencia Balear, quien reconoce que su relación con su familia política se ha resentido por su defensa abierta del castellano en las escuelas y en las instituciones públicas.

Margalida Miquel, presidenta de la Asamblea Soberanista de Mallorca (ASM), se indigna ante esta llamada de alarma: "Aquí solo ven un conflicto quienes quieren imponer otra cosa. El estatuto de autonomía dice que el catalán es la lengua propia de las Islas Baleares y se aprobó por unanimidad una ley de normalización lingüística. Nunca nadie, ni el PP, puso en duda algo tan básico. ¿Cómo va a ser una imposición defender lo que te es propio?", se pregunta. "Los mallorquines, por carácter e historia, somos muy poco conflictivos. Quienes buscan conflicto son otros. Quien diga que aquí la gente está peleada desconoce el carácter mallorquín".

Unos y otros miran hacia el Govern balear tratando de descifrar en qué aguas navega, si en las de la solidaridad con el independentismo catalán o en las de la Constitución. Días atrás, el presidente del Consell Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat, asistió al 'sopar groc' (cena amarilla) en favor de los políticos catalanes presos, al que también acudieron familiares de estos venidos de Barcelona, y levantó ampollas en parte de la sociedad balear. En la cena se recaudaron unos 13.000 euros para la caja de solidaridad de Òmnium y la ANC.

La vicepresidencia del Govern y cuatro consejerías están en manos de Més, una coalición que respalda públicamente a Carles Puigdemont, Quim Torra y al independentismo catalán, y que reclama el "derecho a decidir" de Baleares. A la presidenta autonómica, Francina Armengol (PSOE-PSIB), también se le ha recriminado repetidamente su buena sintonía con la actual Generalitat catalana.

Expolio fiscal

Para Josep de Luis, presidente de la OCB y organizador de la cena amarilla, es poco menos que un deber democrático apoyar a los políticos encarcelados y al 'procés'. Es más, cree que lo que está pasando en Baleares es precisamente lo que “encendió la chispa” en Cataluña. Una supuesta opresión de la cultura propia por parte del Estado unida a un expolio fiscal.

 “Aquí pasará lo mismo si España no logra exterminar esa carcoma uniformizadora. El problema está en la Castellana, y hay que verlo desde allí. España debe decidir si quiere ser diversa, plural e integradora o seguir siendo como es. Aquí estamos sufriendo un expolio del 15% del PIB, es una barbaridad, es lo que se hacía con las antiguas colonias de ultramar. Una cosa es compartir y otra que te roben", indica.

El expolio fiscal es otro símil con Cataluña que está calando hondo. La misma consejera de Cultura balear, Fanny Tur (Més), lo explica a este diario. "Que haya que pagar de nuestros impuestos todos los AVE con estaciones desiertas y aeropuertos y que tengamos un sistema de comunicaciones tan precario en Mallorca y Menorca es muy grave. Es curioso que los tres territorios que conforman los Països Catalans tienen las balanzas fiscales más en negativo, y Baleares muy por encima del resto. Existe un expolio del Estado, nos tratan como a colonias quitándonos los recursos sin que haya retorno. Usan los territorios [de los Països Catalans] como botines de guerra para ganar votos en otros lugares. La gente empieza a ser consciente de esto. Luego se extrañan de que no haya sentimiento de Estado".

Según pregona la ASM en su parada callejera de los sábados, el 48% de los impuestos que pagan los baleares termina en Madrid, "3.500 millones de euros cada año que no vuelven", mientras los servicios públicos, aseguran, se desmoronan. De repente, un afable anciano se acerca a la carpa callejera de la ASM. "Un poquito para la causa", dice antes de depositar 10 euros en la hucha. "¿Y lo de Valtònyc, como lo tenemos?", pregunta. Luego se despide y se va.

Sa Fundació, una entidad creada en 2013 para defender la lengua y cultura baleares, ve este combate político con resignación. Ellos son el elemento autóctono que no tiene equivalente en Cataluña, pues defienden la promoción de su lengua y cultura, que ellos entienden como balear y en ningún caso catalana, a la vez que reconocen su apego a España.

"Lo de Cataluña ha hecho aflorar lo que algunos decíamos que estaba pasando y muchos no creían, que tras la unidad de la lengua está el objetivo de la unidad política. Cuando se puso en marcha el proyecto nacionalista de Jordi Pujol, se empezó a alimentar un movimiento pancatalanista en Baleares, Valencia y el Alguer (Cerdeña) a través de una red clientelar financiada desde Barcelona. Se subvencionaba la lengua siempre que fuera la normalizada catalana, es decir, la forma de hablar de Cataluña, y la cultura si antes era aprobada por ellos", afirma Gari Durán, vicepresidenta de Sa Fundació y exsenadora por el Partido Popular.

"Hablamos de un negocio bastante importante del que comen muchas familias, y en el momento en que se ha visto amenazado, ha habido una reacción", insiste Durán. “Profesores, cursos, acreditaciones de catalán, premios literarios, editoriales, periódicos, la universidad, los sindicatos de enseñanza, todo eso es mucho dinero y puestos de trabajo”.

Joan Pons, director de Sa Fundació, añade: "Lo que parece increíble es que digan que España es un país opresor cuando son ellos quienes llevan 30 años oprimiendo al pueblo balear sin que nadie, empezando por Madrid, les haya parado los pies. En el estatuto ya pusieron que el catalán es la lengua propia de Baleares, y con la ley de normalización lingüística, que promueve solo la forma de hablar de Barcelona, han hecho que estemos perdiendo hablantes de mallorquín y menorquín a marchas forzadas. En una década, hemos perdido más de un 10% de hablantes de nuestras modalidades".

Adoctinamiento en las escuelas

Tanto los balearistas como las plataformas en favor del castellano coinciden en un punto: el adoctrinamiento en las escuelas públicas. Según denuncian, los profesores enseñan un catalán normativo impuesto desde Cataluña con libros de Lengua e Historia editados en Barcelona. Los profesores, o son catalanes o se han formado en universidades catalanas, y transmiten a los niños el sentir nacionalista catalán en el marco cultural de los Països Catalans, denigrando el mallorquín y menorquín a dialecto menor para usos informales.

"Durante 30 años se ha ido alimentando este ogro del odio a España y a todo lo español. Esos niños que empezaron a estudiar bajo las tesis catalanistas, con mapas de los Països Catalans en las paredes y libros editados en Barcelona, son los que ahora están gobernando. Solo quieren borregos que hablen un idioma porque viven de ese negocio clientelar de la enseñanza de catalán subvencionada. Son 1.700 personas en el entorno directo de las academias y las titulaciones obligatorias para ser funcionario y más de tres millones de dinero público", aseguran desde Convivencia Balear.

"No puedes tener una educación aséptica", responde el presidente de la OCB. “Las escuelas deben educar a niños con espíritu crítico, capaces de criticar nuestra reivindicación por la lengua y también instituciones ancladas en la Edad Media como la monarquía. Los mismos que hablan de adoctrinamiento veían muy bien un concurso en las escuelas de hace años que preguntaba '¿qué es para ti un rey?'. ¿Pues por qué no se puede hacer un concurso de 'qué es para ti una república'?".

La directora general de Política Lingüística del Consell de Mallorca, Aina Sastre, niega que se discrimine el uso propio del mallorquín e interpreta ese argumento como un ataque a la cultura común de Baleares, Cataluña y Valencia. 

"En la anterior legislatura del Partido Popular [2011-2015], pasamos de un presupuesto de 200.000 euros a solo 500 en política lingüística. Eso demuestra la obsesión contra la normalización del catalán en esos sectores. A la gente que viene de fuera debemos darles herramientas para que aprendan el idioma, y existe un estándar de catalán como lo hay en castellano. Están usando la lengua para sacar rédito electoral y ahora tienen la fijación de que la lengua y cultura catalanas son malas". 

Las escuelas baleares, reivindica Sastre, no adoctrinan sino que cohesionan, y así lo demostraron los padres apoyando masivamente la educación en catalán.

Cristòfol Soler es el político que propició esa ley de normalización lingüística tan polémica como mano derecha del primer presidente balear, Gabriel Cañellas (1983-1995). El caso de Soler es único en España. Un expresidente autonómico por el Partido Popular (1995-1996) que abandona el partido en 2014 para ser, un año más tarde, presidente de la Asamblea Soberanista de Mallorca. 

"Aquí en la isla no se quiso entender la etapa de 1715, pero fue entonces cuando nosotros empezamos a depender de Madrid. De Barcelona no habíamos dependido nunca, los historiadores confirman que cada isla disponía de un autogobierno total. No hemos dejado de depender de Madrid desde entonces. Yo estuve en la Consejería de Hacienda un tiempo y pude comprobar el expolio a nuestras islas. Eso, junto a otras muchas cosas, me hizo convencerme de que el soberanismo es la única solución", confiesa bajo la carpa de la ASM, luciendo una camiseta amarilla.

Soler lo tiene claro: con la mitad más un voto, Mallorca será independiente el día que haya un referéndum. Y luego Menorca, Ibiza y Formentera deberán decidir su futuro. "Tratamos de aprovechar el 'know how' de la ANC y ver qué podemos cambiar nosotros allí donde ellos han tenido problemas", indica. Por ahora, es solo una aspiración, pero en el lado constitucionalista se la toman muy en serio en tanto que parte del Govern balear está en esa sintonía.

Así lo cree Convivencia Balear: "Se está manipulando a la gente desde el Gobierno autonómico y las escuelas con ideas como el expolio o la represión de España para llevarlos al independentismo. Vivimos en unas islas abiertas a todo el mundo y mandamos a nuestros hijos afuera para que se formen en un mundo global. No queremos que esto se convierta en un gueto de catalanohablantes donde todos piensan igual y donde los profesores buscan a los niños en el patio de la escuela para decirles que hablen en catalán, como está pasando. La situación es muy preocupante".

La Consejería de Cultura trazó una Ley de Consultas para que cualquier cuestión pueda ser debatida en referéndum en Baleares y que el resultado sea vinculante. La misma presidenta, Francina Armengol, aseguró a finales del año pasado que saldría adelante y que sería "pionera" en España. 

El Consejo Consultivo de Baleares ha declarado días atrás inconstitucional ese anteproyecto de ley, aunque sus dictámenes no son vinculantes para el Gobierno autonómico.

El mapa político dificulta cualquier decisión sobre el futuro de Bankia

MADRID.- La puesta en marcha de un nuevo Gobierno bajo la presidencia de Pedro Sánchez vuelve a plantear dudas sobre cuál será la orientación que el Estado quiera dar a Bankia, en la que conserva el 61% del capital a través del Frob, y que el Gobierno anterior se había comprometido a privatizar totalmente antes de que termine el próximo ejercicio, aunque dejando la puerta abierta a retrasar el proceso si las condiciones del mercado así lo aconsejaran, según Expansión.

Si bien hasta ahora los socialistas no se habían manifestado claramente sobre la cuestión, lo cierto es que algunos de los grupos políticos que les han apoyado en la moción de censura, especialmente Unidos Podemos, sí han reiterado su opinión de que debería ser el germen de una nueva banca pública. Planteamiento al que se han opuesto de forma total los actuales máximos responsables de la entidad, el presidente José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, José Sevilla.
El Gobierno de Mariano Rajoy, además de comprometerse a recuperar todas las ayudas dadas para el saneamiento y recapitalización de los bancos en crisis, trató de cumplir el compromiso de privatización llevando a cabo dos colocaciones parciales de Bankia en estos años.
¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo más probable es que en el tiempo que dure la actual legislatura apenas haya cambios. Son varios los motivos. El primero de ellos, y muy relevante, es que la cotización de Bankia está en 3,35 euros por acción, por lo que hacer una colocación supondría ahondar en las pérdidas respecto a las ayudas comprometidas. Y el nuevo Gobierno lo último que va a desear es que se le diga que también él vende Bankia con pérdidas.
Otra posibilidad, también difícil, es que el Ejecutivo, por las presiones de sus aliados circunstanciales o por convicción propia, algo que no parece ser, decidiera intentar durante este tiempo de legislatura modificar el compromiso de privatización y caminar hacia la puesta en marcha de una banca pública. No parece que pudiera alcanzar los votos necesarios en el Parlamento para hacerlo, además de que, si ocurriera, es muy probable que tanto Goirigolzarri como Sevilla decidieran dejar sus puestos, lo que sin duda provocaría una cierta crisis interna en la entidad de compleja solución.

El exdirector general de la CAM defiende los pagos a Crespo en 'Tinser' por "dedicación full time"

ALICANTE.- El exdirector general de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha defendido hoy el pago de 600.000 euros en dietas al último presidente de la entidad, Modesto Crespo, por su labor en la sociedad participada Tinser Cartera SL debido a su "dedicación full time".

Era el presidente ejecutivo y va a dedicar tiempo y esfuerzo. A don Modesto Crespo se le contrata para trabajar, él se compromete en que va a dedicar todo su tiempo, esfuerzo y dedicación", ha asegurado López Abad durante la segunda sesión del juicio que se sigue en este caso en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante.

Previamente, el propio Crespo ha ratificado el acuerdo al que llegó con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular por el que admite la ilegalidad de esos emolumentos, se compromete a devolver el dinero y acepta 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida agravada.

Sin embargo, López Abad -para quien el fiscal mantiene su petición inicial de 4 años de cárcel y 120.000 euros- ha negado que esas dietas escondieran una retribución por ejercer la presidencia de la CAM, algo que estaba expresamente prohibido por los estatutos de la caja, salvo gastos por asistencias a reuniones y viajes.

Según Anticorrupción, la dedicación de Crespo a la sociedad participada entre 2009 y 2011 en Tinser "fue inexistente", mientras que la derivada de presidir la propia CAM era "gratuita por disposición legal".

El ex director general ha negado la hipótesis de que ese pago fuera en realidad por la presidencia de CAM, tras mantener que el propio Crespo se postuló a sí mismo para "encargarse de Tinser" porque pensaba que podía "aportar valor y reactivar un proyecto que llevaba seis años atascado".

Es nombrado presidente de la CAM el 8 de junio de 2009 y él manifiesta públicamente que se incorpora con ánimo de dedicarse en cuerpo y alma a la entidad, por lo que abandona todos los cargos en empresas familiares, en la CEOE y IFA, ya que quiere dejar su impronta?, ha relatado.

A preguntas del fiscal, ha restado importancia a la inexistencia de actas que reflejen la asistencia de Crespo a consejos de administración de Tinser en esos dos años, entre 2009 y 2011, y ha señalado que el consejo era "puramente formal" y que las decisiones se adoptaban, por el contrario, mediante "un contacto diario".

"No pongamos las actas como un ejemplo del trabajo realizado, en absoluto. Son formales y poco más", ha precisado durante su interrogatorio de más de dos horas que se ha reanudado tras un receso.

En todo momento, el exdirectivo de la CAM ha querido trazar una división muy clara entre las retribuciones de los cargos rectores de la entidad, en los que figuran todos los consejeros generales, y los de las sociedades participadas.

"Todo el mundo tenía conciencia de que eran cosas diferentes", ha dicho, al tiempo que ha calificado de "decisión consensuada" entre él y la comisión de retribuciones de la entidad la idea de crear un consejo de administración en Tinser Cartera SL.

López Abad ha defendido que las retribuciones en la CAM siempre estuvieron por debajo de las que se abonaban en el mercado, por ejemplo en las empresas que cotizan en el IBEX, lo que obligó a revisarlas y actualizarlas en consonancia con las recomendaciones de auditoras externas.

"La caja tenía un sistema de retribuciones arcaico y la comisión de retribuciones lo dejó todavía alejado de lo que practicaban empresas del sector. Hubo prudencia en no dar saltos temerarios en ningún sentido", ha asegurado.

También ha calificado de "concepto superado" el de las dietas y ha reconocido que olvidó incluir en la propuesta sometida al consejo de administración que Crespo cobraría con carácter retroactivo a ejercer la presidencia en Tinser, durante el primer semestre de 2009.

Ya a preguntas de la acusación particular y de algunos abogados, ha negado que la CAM creara más de cien empresas participadas para eludir el control del Banco de España sobre las inversiones, así como cualquier confabulación con los consejeros respecto al supuesto fraude de las dietas de Crespo.

La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado a las 10 horas los interrogatorios a los 21 antiguos consejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la segunda sesión del juicio por el 'caso Tinser', relativo al cobro de 600.000 euros en dietas de su expresidente Modesto Crespo.

Este último llegó el pasado mes a un acuerdo previo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular por el que se ha declarado culpable de un delito de apropiación indebida agravada y ha aceptado nueve meses de prisión, una multa de 9.000 euros y la devolución de los 600.000 euros cobrados en concepto de dietas.

El primero en comparecer en el banquillo de los acusados ha sido el exconsejero Aniceto Benito, en deferencia a su avanzada edad y los problemas de salud que padece, aunque se ha negado a prestar declaración y los magistrados le han permitido abandonar la sala.

A él le sigue Crespo, que se ha comprometido también a devolver el dinero percibido entre 2009 y 2011 en Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la CAM.

También ha declarado los otros 20 sospechosos, entre los que figura el ex director general de la caja Roberto López Abad, que se han negado hasta el momento a aceptar este supuesto fraude y para los que se solicitan penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros.

Los abogados defensores han formulado protestas al inicio de esta jornada por la desestimación de las cuestiones previas que habían planteado en la primera sesión.

La negativa a dimitir de Rajoy desató las iras en el PP / José Hervás *

Aunque de poco sirve mirar al pa­sado, en el Grupo Parlamentario Popular cada vez son más los que con­si­deran ne­ce­sario ana­lizar el que ca­li­fican de grave error de no haber uti­li­zado la di­mi­sión del pre­si­dente del Gobierno para haber se­guido go­ber­nando. La ba­talla sór­dida entre Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal fue el de­to­nante del aban­dono de Mariano Rajoy. 

Frente a la tesis defendida por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, de que resultaba estéril la dimisión de Rajoy porque llegado el momento de una nueva investidura no contarían con los apoyos necesarios para conseguir el Gobierno, están los partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría. Estos mantienen que una vez dimitido el presidente, el PNV cumpliría con su compromiso de apoyar al PP durante toda la actual legislatura.

Y por eso difundieron la idea de la conveniencia de la dimisión del expresidente Mariano Rajoy. Recuerdan que el equipo negociador de los Presupuestos Generales del Estado: Sáenz de Santamaría, Montoro y Fátima Báñez acordaron con los representantes del PNV que las importantes concesiones incluidas para el País Vasco conllevaban su apoyo para el resto de la legislatura.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel, aunque es recurrible ante el Supremo, llevó a la directiva del PNV a condicionar este apoyo a los populares a la dimisión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Así se lo transmitió Andoni Ortuzar al presidente del Gobierno, quien lo dio a conocer tanto a Sáenz de Santamaría como a María Dolores Cospedal.

A partir de ese momento las opiniones se dividieron. El equipo de Santamaría daba por hecho que el presidente dimitiría, permanecerían en el Gobierno y entraría en funcionamiento el artículo 99 por el que el Rey evacuaría consultas y propondría un candidato.

En base al acuerdo presupuestario, con el equipo liderado por Santamaría, el PNV seguiría apoyando a un PP, ya sin el presidente, cuyo testimonio había sido citado en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel como no “suficientemente creíble”.

Los diputados recibieron mensajes de ánimo de Montoro y Báñez y les pedían que dejaran de estar tristes hasta minutos antes de que el PNV dijera que su portavoz en el Congreso anunciaría su apoyo a la moción de censura. Incluso después de esto, mantenían la posibilidad de utilizar la vía de la dimisión del presidente para conservar el Gobierno en manos del Partido Popular e intentar mantenerlo hasta las próximas elecciones, una vez que el Rey les encomendara formar Gobierno. Todo con el compromiso que había asumido el PNV de apoyarles durante toda la legislatura.

Todas las esperanzas populares se desvanecieron cuando la secretaria general del Partido Popular anunció desde el Congreso que Mariano Rajoy no dimitiría porque su dimisión resultaría estéril. No tenía por qué ser así. Desde el PNV se asegura que comunicaron al presidente su disposición a mantener el pacto de legislatura si el nuevo candidato no estaba implicado en la Gürtel

Los partidarios de Soraya consideran que ella era la menos afectada, lo que no podría asegurarse de Cospedal de cara a la opinión pública, sobre todo por las diferencias que ha mantenido con Bárcenas en los tribunales. Diferencias con Bárcenas que siempre la Justicia ha saldado a favor de Cospedal.

Los partidarios de Cospedal insisten en que era estéril la dimisión de Rajoy. Y lo era porque sabían que los antiguos convergentes, que habían alcanzado un acuerdo en el Hotel Vinci de las proximidades del Congreso de los Diputados con el PSOE para apoyarle en la moción de censura, convencieron a su vez al PNV para que también lo hiciera.

Los socialistas se comprometieron a garantizar el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios que los jeltzales habían conseguido con el PP. A saber, subida de las pensiones, respeto del Cupo Vasco e inversión de más de 500 millones de euros anuales. 

Además, apoyarían las propuestas del PNV en Navarra. No en vano, según representantes del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, quien había negociado en el Hotel Vinci de Madrid con Marta Pascal, era el Secretario Ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán.

Agua pasada no mueve molino, pero de cara a la reestructuración del Partido Popular todo lo sucedido tendrá mucha importancia en los próximos meses. Los datos comentados tendrán sin duda relevancia, aunque los protagonistas todavía no han ofrecido su versión de lo sucedido y por qué actuaron así. El caso es que se han dejado arrebatar el gobierno.

De cara a poderlo recuperar tendrán que actuar con más generosidad entre ellos mismos. Tiempo habrá para analizar las exigencias que han planteado quienes han apoyado la moción. Es una alternativa que está en la Constitución y por lo tanto no cabe en principio ningún reproche. Si sirviera para normalizar las relaciones con Cataluña, mejor que mejor.

Aunque en este caso no hay que olvidar la reflexión de Ortega y Gasset: “El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar”.

(*) Periodista

La demanda de viviendas en alquiler sigue descendiendo en España

MADRID.- La demanda de vivienda de alquiler ha caído en España un 36% en 2018, dado que actualmente sólo el 9% de las personas mayores de 18 años ha alquilado o está buscando alquilar una vivienda, frente al porcentaje del 14% de 2017, debido a la menor demanda por parte de los jóvenes ante el alza de los precios de alquiler, según el estudio ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018’ realizado por el portal inmobiliario fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del mercado inmobiliario en el último año.

De acuerdo con este informe, el principal motivo de esta caída de demanda reside en la existencia de una menor proporción de jóvenes entre 18 y 34 años activos en el mercado del alquiler por el lado de la demanda. Los datos expuestos reflejan que entre los 18 y los 24 años hay un descenso de 14 puntos respecto al año anterior y entre los 25 y los 34 años la caída es de 9 puntos.

La directora de Estudios y Asuntos Públicos de fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicado que el estudio refleja también que las “fuertes subidas” de precios en los alquileres “han hecho mella” sobre todo en los jóvenes reduciendo “de forma notable” su demanda y, no menos importante, su visión sobre esta forma de vida.

El estudio destaca que pierde apoyo la idea de un cambio de tendencia a favor del alquiler a causa del incremento de precios. En el caso de Cataluña, los datos revelan que el precio de alquiler de la vivienda ha subido más del 40%, mientras que en Madrid la subida ha sido del 30%. Toribio ha afirmado que, respecto a 2017, “gana fuerza la opción de la compra frente al alquiler, sobre todo en el segmento de 25 a 34 años”.

Por comunidades autónomas, la mayor caída del alquiler se observa en Madrid y Cataluña. En Madrid el mercado del alquiler ha caído del 21% al 15% respecto al año pasado, mientras que el mercado compraventa se ha mantenido en el 14%. De igual forma, en Cataluña el porcentaje correspondiente al total del mercado del alquiler ha caído del 15% al 14%.

Además, se observa que en casi todos los rangos de edad hay menos proporción de aspirantes a inquilinos que en 2017. Por el contrario, en el tramo de edad de 25 a 34 años se registra este año una subida de tres puntos entre los que han comprado una vivienda: pasa del 6% de 2017 al 9% en 2018.

En cuanto al mercado de la compra, se mantienen los mismos patrones que en el año 2017 en cuanto al porcentaje de población española interactuando con él. De esta manera, existe un 13% de la población española que ha participado en el mercado de la compraventa este año, respecto al 14% del año anterior. Esta pequeña caída reside principalmente en la subida del precio de la vivienda en un 5%, recuperando niveles de los años del ‘boom’.

De acuerdo al informe, el 66% de los españoles es propietario de, al menos, una vivienda. Analizando los datos al detalle, se observa que el 51% de los españoles mayores de 18 años es propietario de una vivienda, el 12% de dos y un 3% de más de dos. Esto lleva a concluir que un 34% de la población mayor de edad no dispone de vivienda en propiedad frente a un 15% que dispone de dos o más viviendas.

En cuanto a las expectativas sobre el mercado inmobiliario, el estudio determina que hay un 54% de los españoles que piensa que, a causa de las subidas en los precios del alquiler, compensa más pagar una hipoteca que alquilar una vivienda, frente a un 11% que está en desacuerdo sobre esta afirmación. Por otra parte, ha aumentado el respaldo social de que España se aproxima a otra burbuja inmobiliaria, un 36% de la población encuestada lo cree, frente al 23% de 2017.

Uno de cada cuatro contratos tiene una duración menor a una semana

MADRID.- El sector de los servicios concentró 413.232 contratos de menos de siete días de duración, cifra que representa el 23,3 % de los 1,77 millones de contrataciones que se celebraron durante el mes de abril, muestra de una elevada rotación que para los sindicatos evidencia la precariedad del mercado laboral.

El número de contratos registrados en abril supuso un incremento de 125.711 respecto a marzo, alza que se concentró en los temporales (con 129.488 más), ya que los indefinidos disminuyeron (3.777 menos), según se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En ese descenso del número de contratos indefinidos, hasta totalizar 189.671, tuvo influencia el hecho de que la Semana Santa se celebrara en abril, lo que por otro lado también influyó en el alza de la contratación temporal, arraigada en el sector servicios.

En este sector, los contratos de menos de un mes de duración alcanzaron los 521.516, es decir, casi uno de cada tres del total de las contrataciones firmadas en abril en España.

Dentro de estas, tiene especial relevancia la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, utilizada en 387.043 contratos.

Por subgrupo de ocupación, fueron concretamente los trabajos de servicios de restauración los que aglutinaron el mayor número de contratos temporales, con 242.850, seguidos por los peones agrarios (201.232), la industria manufacturera (125.542) y los servicios de limpieza (108.987).

En función del área de actividad, fue la de servicios de comidas y bebidas la que mayor número de contratos temporales acumuló, con 248.167 en total, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura (213.034).

En tercer lugar, la actividad de servicios de alojamiento realizó 89.956 contratos temporales durante abril, por delante del comercio minorista, que fue responsable de 86.173 contrataciones eventuales.

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, fueron las de menos de 25 empleados las que mayor número de contratos temporales acumularon, con un total de 747.916, seguidas por las de entre 100 y 500 empleados, con 306.474.

Desde el Ministerio de Empleo señalan que, pese a que el número de contratos indefinidos apenas representa un 10,7 % del total de los registrados el pasado mes, esta tasa se ha incrementado casi un punto y medio respecto a hace un año.

Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 74 % de los asalariados en España, es decir, 3 de cada 4, tiene un contrato indefinido, tal y como recordó el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Riesgo restó importancia al hecho de que la contratación indefinida disminuyera durante abril, atribuyendo el comportamiento a los efectos estacionales derivados de la Semana Santa.

Asimismo destacó que los contratos indefinidos alcanzaron su mayor cifra en un mes de abril de la serie histórica y que, en términos interanuales, crecieron el 25,2 %, casi el triple que la contratación temporal, que lo hizo un 8,9 %.

Para UGT, el hecho de que el número de contratos indefinidos hayan aumentado en tasa interanual a mayor ritmo que los temporales responde a la evolución del contrato para emprendedores, que asciende un 30 % anual, hasta alcanzar 25.441.

Tanto UGT como CCOO denunciaron que la elevada temporalidad está en máximos e instaron al Gobierno a que les convoque a la mesa de diálogo social para atajar la situación.

Concretamente, CCOO denunció que la elevada rotación laboral del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran muchos contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días.

Por su parte, desde la CEOE consideran necesaria una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales para estimular la contratación y permitir una reducción de los costes laborales que posibilite aumentos salariales y creación de empleo estable.

El Ayuntamiento de Palma exigirá el catalán a los enterradores

PALMA.- Primero le tocó el turno a los barrenderos de la empresa municipal Emaya, después a los hamaqueros de las playas y ahora son los enterradores los que deberán certificar el dominio oral y escrito de lengua catalana para poder trabajar en la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM).

Todo ello después de que el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos en el Consistorio palmesano diera luz verde en el consejo de administración de la compañía municipal a una iniciativa en la que se incluía la necesidad de acreditar el nivel A de catalán a todos los inscritos en el bolsín de operarios (enterradores) de la EFM y el nivel C a los de los aspirantes a administrativos de la sociedad pública palmesana. 

Una decisión avalada por la presidenta de la empresa, la edil de Podemos Antònia Martin después de que un representante de la formación Més en el consejo de administración exigiera equiparar el nivel de exigencia de catalán de los trabajadores de la EFM con el resto de empleados municipales.
Al no haber sido negociado con los sindicatos este extremo en las condiciones de acceso al bolsín de enterradores, la edil de Podemos instó a encargar un informe jurídico para rubricar la decisión. Un hecho que fue rechazado por los representantes de PP y C's en el órgano de gobierno de la EFM que el pasado viernes solicitaron un consejo de administración extraordinario para retirar las nuevas condiciones de acceso al bolsín de empleados eventuales de la EFM. 

Ayer en declaraciones a El Mundo la portavoz del PP de Palma, Marga Durán, censuró esta forma de proceder del denominado Pacte de Cort y consideró que una vez más el gobierno municipal del alcalde nacionalista Antoni Noguera «prioriza la ideología por encima del mejor servicio a los ciudadanos».
«Después de unas cláusulas lingüísticas que llegan al absurdo de exigir que un hamaquero hable catalán o que una empresa privada deba hacer sus comunicaciones internas también en catalán para poner contratar con el Ayuntamiento, ahora nos encontramos con que en el último momento, sin previa negociación con sindicatos e incumpliendo el propio reglamento, se cambian las bases de un bolsín de trabajo de operarios y administrativos de funeraria para exigirles un mayor nivel de catalán», remarcó la edil popular.
En este sentido recordó que el alcalde Noguera con el aval de sus socios de gobierno «ha pasado de imponer el catalán los hamaqueros a exigirlo también a los enterradores».
«Exigimos que se convoque un consejo administración extraordinario en el que se retiren estos puntos, se deje a un lado el sectarismo y el partidismo, y que cualquier cambio de las condiciones de esta bolsa de trabajo pase por negociación con los representantes de los trabajadores».
Unos sindicatos que con escasas excepciones en el caso de Palma han dado luz verde siempre a la exigencia del catalán en el acceso a la Función Pública si bien después de un proceso de negociación ya sea en el área municipal como en los organismos e institutos municipales. La decisión municipal no es extraña en un equipo de gobierno que, por ejemplo, nada más tomar posesión de la Alcaldía en junio de 2015 eliminó la instrucción a favor del bilingüismo aprobada la pasada legislatura por el PP que posibilitaba a los palmesanos elegir una de las dos lenguas oficiales para su relación con la administración municipal.
Desde entonces el castellano se convirtió en una lengua residual en la plaza de Cort. De hecho, hay áreas como las de Educación, Deportes, Participación Ciudadana y Coordinación Territorial donde impera el uso del catalán al 100%, al igual que en los anuncios en prensa del Ayuntamiento de Palma. 

Un gobierno que erradicó el castellano en los premios literarios Ciutat de Palma y que, por ejemplo, exigió a barrenderos y personal del turno de recogida de basuras de la empresa municipal Emaya certificar unos niveles mínimos de conocimiento de esta lengua. Sin embargo no tuvo inconveniente alguno para rebajar sus exigencias en determinadas plazas a personal de despacho, altos cargos, o por ejemplo, economistas interinos. 

Eso si, el catalán es un requisito obligatorio para los proveedores que quieran contratar con el Consistorio palmesano que están obligados a entregar toda la documentación, al menos, en catalán.

Confrontación entre Bankia y los sindicatos por los cursos de MiFID II

MADRID.- Los cursos que acreditan que los trabajadores de Bankia disponen de los conocimientos necesarios en materia de asesoramiento financiero para cumplir con la directiva MiFID II han despertado un nuevo episodio de tensión entre la dirección de la entidad y los sindicatos, según publica hoy www.vozpopuli.com.

Aquellos empleados del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri que hayan suspendido tres veces la formación de la nueva normativa comunitaria tendrán que pagar de su bolsillo unos 158 euros correspondientes a las tasas de la próxima convocatoria del examen.

Así se lo ha comunicado Bankia a los trabajadores que se encuentran en esta situación, unos 150, según fuentes sindicales. Vía correo electrónico, la entidad les ha avisado de que no serán incluidos en las próximas convocatorias que organiza y les ha informado de que disponen de un plazo de un año para presentar la certificación.

Si los empleados no obtienen el título, Bankia hará constar tal eventualidad en su expediente, por lo que desde UGT entienden que podría tratarse de una amenaza velada de despido. No obstante, los empleados que carezcan de la certificación podrán seguir asesorando y comercializandoproductos financieros, aunque el proceso deberá ser supervisado por un trabajador que sí disponga de tal homologación.

En los últimos doce meses, unos 7.500 trabajadores de Bankia se han presentado a las pruebas de certificación de conocimientos con un 95% de aprobados. El banco dispone de un acuerdo de formación con la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para la obtención del título de Asesor Financiero, certificado por la CNMV.

El precio del curso se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, a los que se deben sumar 158 euros correspondientes a los derechos de examen. La entidad, de la que el Estado es el principal accionista con una participación del 60% a través del Frob, costea este importe a sus empleados.

Para los que ya hayan suspendido tres veces la prueba, Bankia les permite acceder durante seis meses a la plataforma del curso, pero tendrán que pagar las tasas de la próxima convocatoria a un "precio reducido", en el marco del acuerdo con FEF.

Al aprobar este examen, los empleados de banca acreditan que cumplen con los conocimientos que MiFID II, que regula, entre otros aspectos, la comercialización de productos de inversión, la prestación de servicios de asesoramiento y la gestión de carteras.

Desde UGT exigen a Bankia que los empleados no tengan que abonar nada por la certificación, pues lamentan que sean los propios trabajadores, aunque sean pocos, los que tienen que pagar por su formación.

Por su parte, CCOO critica que no se haya avisado hasta ahora de que el número máximo de convocatorias costeadas por la entidad iba a ser de tres. "Una vez más, la previsión y programación de Bankia brilla por su ausencia", denuncia el sindicato.

Este nuevo episodio de confrontación se produce después de que la entidad y los sindicatos alcanzasen un acuerdo para la salida de 2.000 empleados en el marco del ERE para la integración de BMN. Según informó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre, está previsto que el proceso se complete este 2018, antes de la fecha prevista inicialmente.

"Cuando diseñamos el plan de integración pensábamos que parte de de las salidas se extenderían a 2019, pero la idea es que esté cerrado, en términos de personas, antes de 2018, lo que permitirá acelerar la reducción de costes”, indicó Sevilla entonces.

Hasta abril, un total de 1.180 empleados abandonaron la entidad, mientras que entre mayo y junio está previsto que salgan cerca de medio millar de trabajadores. Según los sindicatos, el ajuste, movilizaciones incluidas, podría cerrarse después de verano, en septiembre u octubre, un año antes de la fecha inicialmente prevista.

La banca gana en comisiones el triple de lo que timó con las cláusulas suelo

MADRID.- Las comisiones bancarias están ganando tal peso en el negocio bancario español que su aumento en los cuatro últimos años supera con creces lo que el sector timó a sus clientes con las cláusulas suelo durante la burbuja inmobiliaria: los 9.637 millones de euros ingresados entre 2014 y 2017 sobre el registro de 2013, cuando el Supremo marcó la doctrina sobre el fraude hipotecario que la justicia comunitaria corregiría a favor de los consumidores, triplican los 3.170 que consignaron las principales entidades para hacer frente a las demandas, según Público.

En esos cuatro años, los bancos que operan en España ingresaron por comisiones cobradas a sus clientes 94.891 millones de euros, con un aumento de 9.704 sobre los 21.572 de 2013, a los que se suman otros 13.430 recaudados por las cajas entre 2014 y 2016 (no hay datos de 2017 todavía), en este caso con una pérdida de 67 sobre el nivel del ejercicio de referencia.

El pago de esas comisiones por servicios financieros, cuya creciente cuantía se sitúa ya en el entorno de los 29.000 millones anuales, está resultando clave para un saneamiento, reestructuración y cambio de modelo de negocio del sector financiero cuyos costes soporta el ciudadano tanto de manera directa como indirecta: a los 42.590 millones de euros en dinero público del rescate iniciado en 2012 que el Banco de España ya da por perdidos se les suman los alrededor de 50.000 millones que las entidades financieras han obtenido en intereses de la monumental deuda pública del Estado, consecuencia del desbocado déficit generado por el Gobierno pese al notable incremento de la recaudación tributaria.

En el caso de los bancos, la partida de ingresos por comisiones ha aumentado en más de 5.000 millones de euros al año si se toma como referencia 2010, el ejercicio en el que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a intervenir en el sector de las cajas de ahorros, cuando la anotación por ese concepto era de 20.207 millones, y 2017, cuando se había disparado hasta 25.361, según indican las cuentas consolidadas de la Asociación Española de la Banca (AEB). La horquilla baja hasta los 3.681 si se toma como punto de partida el 2011, el último ejercicio previo al rescate.

En esos siete años, los bancos españoles ingresaron 160.008 millones de euros por comisiones; 138.328 si el contador se pone a cero en las vísperas del rescate.
Los ingresos por ese concepto se han reducido en las cajas de ahorro, aunque en una cuantía muy inferior al crecimiento que han experimentado en la banca: 803 millones entre 2010 y 2016 (último ejercicio con datos), cuando cayeron de 5.127 a 4.324, y menos de 500 en los dos años anteriores, ya que la recaudación alcanzó los 4.520 en 2014 y los 4.586 en 2015.

A pesar de ese desplome, que coincide con una etapa en la que los bancos han arrebatado a las cajas 100.000 millones de euros en depósitos y casi cinco puntos del pastel del crédito, estas últimas ingresaron 28.476 millones de euros en los seis primeros años de esta década, lo que situará la recaudación conjunta por comisiones en el sector financiero por encima de los 190.000 millones entre 2011 y 2017.

Llama la atención cómo en el caso de los bancos los ingresos por comisiones se dispararon a partir de comienzo de la recuperación de las variables macroeconómicas en 2014. La partida, que ese año creció en 345 millones, lo haría en 1.646, 527 y 1.311 en los siguientes en los bancos. En las cajas, 2014 fue el primer ejercicio en el que se frenó la caída, con un aumento de 21 millones al que le seguirían otro de 66 antes de pinchar con 262 en 2016.

De hecho, las comisiones son hoy uno de los puntales del negocio bancario español tras ganar tres puntos y medio de peso en los ingresos de origen comercial: suponían el 17,74% antes del rescate, con 21.680 millones de 122.162, y ya representan el 21,2%, con 25.361 de 119.619.

El margen que dejan en las cuentas de los bancos se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros desde 2011, al pasar de 17.558 a 19.107, mientras el de la otra para principal del negocio, los intereses de los créditos, crecía en más de 8.000 (de 50.726 a 59.009) pese a que el volumen se reducía en más de 6.000 al caer de 100.482 a 93.988.

En ese periodo, el margen bruto de explotación de las entidades bancarias crecía de 75.553 millones de euros a 84.930, mientras las ganancias netas aumentaban de 9.808 a 15.264 y los impuestos pagados por esos beneficios lo hacían de 1.628 a 6.530.

Ese aumento de casi 5.000 millones de euros en la factura fiscal del sector financiero tiene dos causas: la mejora del negocio, por una parte, y, por otra, el progresivo consumo de los descuentos fiscales que las entidades arrastran desde el inicio de la crisis, conocidos como TDA (Activos Fiscales Diferidos, por sus siglas en inglés) y cuya reducción ralentizó el Gobierno al librar a la banca de la rebaja de cinco puntos del impuesto de Sociedades de 2015.

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana

ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.

La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 

A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.

La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 

La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.

La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 

A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.

En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 

No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 

Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.

La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 

La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.

Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 

A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.

De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.

“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.

Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.

“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.

A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.

Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.

“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.

Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.

Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.

“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.

Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.

El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.

La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.

Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.