Hacia un nuevo modelo político y económico / Ángel Tomás Martín *

Cuando un líder empresarial o una actividad sectorial es dirigida y controlada de forma unipersonal, en el primer caso, o por un pequeño grupo que gestiona controlando el poder absoluto en beneficio propio o con fines concretos, nos encontramos ante una oligarquía. Podemos definirla también como la unión de determinados poderosos que presentándose como protectores de los más débiles y alardeando de demócratas, solo persiguen el dominio político, económico y la dependencia de sus arbitrarias actuaciones.

La oligarquía, es casi tan vieja como el mundo y la encontramos desde la antigua Esparta, Atenas, Cartago (gobernada por mercaderes, armadores y grandes propietarios), la Venecia del Dux, y más recientemente la nobleza agraria Polaca. Modernamente, como no podía ser menos, se sigue practicando en numerosos países de los distintos continentes, como ocurre también en Europa y en cada uno de sus socios comunitarios.

El caso más simple y más frecuente de todos conocido, es la empresa. Un empresario que al alcanzar el liderazgo se rodea solamente de aquellos que le facilitan la colaboración a los objetivos y misiones exclusivamente personales, cuando prescinde o desoye cualquier sugerencia que suponga un cambio necesario que lleve a compartir decisiones opuestas o diferentes a sus ambiciones, estamos ante un oligarca. 

No admitir las continuas reformas necesarias a que obligan los agentes externos, obsesionarse con los intereses que impone y defiende, rechazando cuanto le aporten constructivamente, conduce irremediablemente al fracaso, al endeudamiento insoportable y al perjuicio de cuantos componen el escuerzo individual y colectivo, olvidando que él no es la empresa, la empresa la conforman todos.

Ciñámonos a España, estudiemos, aunque sea someramente, el proceso, actuaciones y resultados que han provocado la "actual situación extremadamente compleja" que afecta a la política, a la economía, a las finanzas, al empleo y a nuestras relaciones y prestigio internacionales.

Cualquier administración, sea cualquiera su objetivo, en la que el gasto duplique los ingresos, está condenada al fracaso y a su desaparición. Los responsables de la gestión que carezcan de las dotes necesarias para ejercerla, deben ser sustituidos a la mayor urgencia, ya que mantenerse en el poder solo origina pobreza, endeudamiento creciente, perjuicio a terceros y responsabilidad, incluso penal en muchos casos. 

En un Estado los resultados pueden llegar a ser catastróficos, puesto que la incompetencia, la ausencia de dotes de mando, el descontrol y el despilfarro, se justifican recurriendo a la falsedad y a la mentira para encubrir una situación económico-financiera y presupuestaria que deviene en una crisis de muy largo recorrido, y que obliga a la adopción de medidas urgentes de profundo calado, siempre lamentables y dolorosas que obligan a un endeudamiento vinculante para futuras generaciones.

Por mucho esfuerzo que se emplee en enmascarar la realidad de nuestra coyuntura la verdad se impone, y no admitirla aumenta la gravedad y nos convierte en irresponsables. Solo conseguiremos el crecimiento progresivo del endeudamiento colectivo y el alargamiento en el tiempo de la crisis; puesto que recibir fondos continuamente, sin crear fuentes de riqueza junto a un control del gasto improductivo conduce inevitablemente al desastre. 

Es imprescindible e inaplazable un cambio en nuestro sistema político y económico que transforme y democratice la pseudooligarquia política de nuestra administración central, de las administraciones autonómicas, que han superado los dos tercios del gasto total (más del 40% del PIB), de los más de 8.000 ayuntamientos, la mitad innecesarios, que gastan sin tasa ni control, de las diputaciones y de las más de 3.000 empresas y entes públicos incontrolados y en su mayoría de muy difícil justificación.

No es de recibo que para hacer frente a los continuos vencimientos del principal y altos intereses de la deuda soberana, nos veamos obligados a una también continua subida de los impuestos, en muchos casos injustos y superiores a la media de los de nuestros socios europeos, que suponen una dificultad para nuestra competitividad. España tiene capacidad creativa y empresarial suficiente, solo hacen falta, junto a las reformas políticas, las reformas económicas que hagan posible a los emprendedores y empresas consolidadas desarrollar su crecimiento y potenciar el consumo.

En todas las escalas de la administración pública, pero especialmente en las autonomías y ayuntamientos, se permite un gobierno donde se ha asentado el nepotismo, el independentismo incontrolado y una administración económica propia de la incapacidad y la insensatez. Veamos algunos casos que justifican las anteriores afirmaciones:

proliferación de televisiones siempre deficitarias, de aeropuertos que no cubren el umbral de sostenimiento por ausencia de viajeros, de obras y estructuras faraónicas inexplicables y carentes de rentabilidad, de plantillas innecesarias y costosísimas (más de dos millones de ocupados por designación), de parques de automóviles sorprendentes etc.etc. 

Posible todo esto por la ausencia de intervención y control presupuestario ante la pasividad del Banco de España, del Tribunal de Cuentas del Estado y del Cuerpo de interventores, entre otros, debido a que en la práctica ha dejado de existir la separación de poderes y la independencia absoluta del Poder Judicial. Una gran responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios en las últimas legislaturas, ha sido la permisibilidad en la oposición de las prácticas inaceptables mencionadas.

Se impone sin demora alguna un nuevo modelo de Estado que permita la participación ciudadana, que elimine todo género de oligarquía, que controle y sancione las desviaciones presupuestarias, que estimule el crecimiento, la innovación y la creatividad, que no permita el plagio, que implante la libertad de mercado y que estimule y colabore a la internacionalización, sin olvidar que las liquidaciones presupuestarias y los balances sean públicos, veraces y reflejen la posición real.

(*) Economista y empresario