PALMA.- A falta de menos de un día para que arranque
el juicio en torno a la adjudicación presuntamente irregular de los
solares palmesanos de Can Domenge, y más de seis años después de que se
iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, el propietario de la
mercantil Sacresa, Román Sanahúja, ha confesado mediante un escrito que
pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar
beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de
Mallorca.
Y ello, asevera, tras acceder a la exigencia del dinero por parte
del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, quien, según su
versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a
cambio de garantizar la adjudicación a su favor.
En su confesión escrita, que ha entregado esta mañana al tribunal
que desde este miércoles prevé juzgar a un total de seis acusados por
las supuestas irregularidades en torno al concurso de Can Domenge, entre
quienes se encuentra la expresidenta del Parlament y del Consell Maria
Antònia Munar, la defensa de Sanahúja asevera que Nadal contactó con la
mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se
pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de
que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e
incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había
presentado la mejor postura.
Así las cosas, relata el empresario, tras acceder a la petición de
Nadal, el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros
en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del
concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos
lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a
pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.
En su escrito, Sanahúja reconoce "el grave error cometido" al
acceder a pagar esa cantidad, reiterando su arrepentimiento y "deseo de
cooperar con la Administración de Justicia".
En cualquier caso, asevera que los 30 millones de euros que
Sacresa abonó por los solares fueron "el único valor razonable", pese a
que los investigadores sitúan en 60 millones la tasación de los
terrenos, cantidad que, además, fue la que ofreció la querellante en
este procedimiento judicial, Núñez y Navarro. "Las valoraciones que
algunos dan de 60 millones de euros son absolutamente erróneas, como
demostraremos en el juicio", recalca al respecto.
Precisamente, a mediados del pasado mes el exconseller insular de
Territorio Bartomeu Vicens, quien cumple condena en la cárcel de Palma
por otra causa de corrupción, presentó un escrito en el que admitía el
cobro del soborno, si bien precisaba que el dinero fue repartido entre
la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia
Munar, Nadal, UM -desaparecida a raíz de los numerosos casos de
corrupción que pesaban sobre sus espaldas- y él mismo.
Una confesión que dio lugar a la interposición de una denuncia por
parte de la Fiscalía Anticorrupción y al registro de los domicilios de
Munar y Nadal, en los que no se halló rastro alguno de los fondos
ilícitos. Junto al escrito, Vicens entregó ante la Audiencia Provincial
un total de 160.000 euros del cohecho investigado.
Mientras tanto, Munar ha renunciado a quien durante estos años ha
ejercido su defensa, Gabriel Garcías, al aseverar que las nuevas
revelaciones de Vicens, "cuyo contenido y alcance desconozco", después
de seis años de instrucción del caso Can Domenge, "cambian radicalmente
los hechos". Es más, justifica su decisión en el hecho de que la entrada
y registro de su domicilio permitió a la Fiscalía acceder "a todos mis
argumentos de defensa e incautarse de documentación relevante para
ello".
En el marco del juicio fijado para este miércoles, la Fiscalía
solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y
el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, por presuntos
delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de
cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a
que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación
de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro
como el Consell, personados como acusación particular.
Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol,
abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la
empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román
Sanahuja, quien presuntamente dirigió la preparación del concurso.
