'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día

MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo. 

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 

En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 

Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 

Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.

Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 

Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.

A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 

Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 

Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 

 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 

«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

La defensa comunica al juez que Zaplana está muy grave y ha perdido cinco kilos en prisión

VALENCIA.- La defensa del político cartagenero Eduardo Zaplana ha comunicado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de València, que instruye el caso Erial, el "estado muy grave" de salud del exmninistro y expresidente de la Generalitat valenciana, que ayer tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis vírica y que ha perdido 5 kilos desde que ingresó en prisión el pasado 24 de mayo.

En el escrito, los abogados consideran que el estado del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana es "muy grave" y por ello presentaron ayer mismo un escrito en el que dejan constancia de la situación y reiteran su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
Zaplana, que sufre leucemia desde hace tres años, fue llevado al hospital por problemas derivados del mal funcionamiento de su pulmón izquierdo y su estado es grave pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones. Regresó por la tarde a la cárcel de Picassent.
El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana habría regresado a la cárcel después de haber sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia donde le fue diagnosticada una bronquitis, según habrían informado fuentes próximas a su familia. 
En el denominado caso Erial, a Zaplana se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En ocasiones anteriores, la jueza ya rechazó su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 

Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 

Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  

Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 

De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.

Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 

De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 

«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.

Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.

El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.

Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.

“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.

La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Atún, cerámica o albaricoques: las otras barreras comerciales que Trump aplica a España

MADRID.- EE UU está ahora mismo gravando las exportaciones de acero y aluminio de España, con un impacto para la industria española de 7.700 millones de euros. Pero no son los únicos aranceles que está aplicando. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio detecta hasta cinco conflictos sin resolver, denunciados por los exportadores españoles. Al ya conocido de la aceituna negra se suman otros cuatro, revela hoy Cinco Días.

España es el primer suministrador de aceituna negra a EE UU, con un volumen de negocio que escaló a 58 millones de euros. Además del arancel aplicado durante el pasado ejercicio por vender supuestamente por debajo de coste, el 100% de los contenedores son parados en puertos e inspeccionados en destino, lo que supone, según estimaciones empresariales, perdidas del 5% sobre la ventas. Ambas afectan a 20 empresas.

Otra barrera de acceso al mercado estadounidense la sufren los productores de bebidas alcohólicas. Un grupo de 1.700 empresas españolas, que exportan por valor de 300 millones de euros, denuncian que están siendo discriminadas frente a los productores locales, ya que les obligan a negociar con distribuidores y minoristas para hacer ventas directas, mientras que las empresas estadounidenses lo pueden hacer de forma directa. 

Asimismo, las compañías españolas también denuncian que no se pueden beneficiar de las reducciones fiscales incluidas en la última reforma fiscal de Trump para 2018 y 2019.

EE UU ya aplica aranceles a determinados productos españoles y europeos desde hace varios años. De hecho fue uno de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones del tratado de libre comercio de EE UU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y que finalmente no salió adelante por la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Barack Obama. Los productos más afectados era el atún en aceite de oliva, con una arancel del 35%; las conservas de albaricoque, con un recargo entre el 10% y el 30%; piezas de automóvil, con un 13%, y las alcachofas un 11%. 

El sector más afectado, sin embargo, es el cerámico, con 175 millones de exportaciones, mientras que en el de la automoción solo se ve afectado 15 de los 1.500 millones que exporta.

Otra barrera que está contemplada en la legislación estadounidense, aunque por ahora sólo se ha aplicado con una empresa canadiense, se refiere a un artículo de la ley Helms-Burton, que fija el embargo a Cuba. 

Ese artículo concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas con dichas propiedades.  

Esto puede afectar a hoteleras como Meliá o Iberostar, las dos con mayor presencia en Cuba. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 15.584 habitaciones, mientas que la firma dirigida por la familia Fluxá tiene 17 hoteles.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Merkel, dispuesta a apoyar a España si crece la llegada de inmigrantes

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que se implicará a nivel europeo para que España reciba más "apoyo" si se intensifica la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras abordar en una reunión la reforma de la eurozona y la crisis migratoria, los dos puntos clave de la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas.
La canciller destacó que otros países de la UE ya han recibido apoyo del bloque en situaciones similares, y señaló el caso de Grecia durante el período más crítico de la crisis de los refugiados, porque el Gobierno heleno "recibió un montón de apoyo".
"Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, eso lo apoyaríamos con seguridad", indicó la canciller, que agregó que "si la situación en España se agrava", ella se "implicaría para que España reciba más apoyo".
"Vemos que la llegada inmigrantes a España se ha incrementado", señaló la jefa del Gobierno alemán en relación al alza del número de embarcaciones con migrantes que en las últimas semanas están llegando a costas españolas.
Dentro de su visión de cómo podría concretarse la respuesta del grupo de países europeos que quieren trabajar conjuntamente en la cuestión migratoria, Merkel apuntó podría establecerse que cada jefe de gobierno hable con ciertos países de origen (principalmente africanos), pero "no individualmente", sino "en nombre del resto de colegas".
"La responsabilidad se puede repartir entre líderes europeos", de tal forma que cada socio miembro hable con "uno o dos" países de origen, aclaró.
La canciller agregó a este respecto que el acuerdo de la UE con Turquía es un ejemplo, pues ayudó a reducir drásticamente el número de refugiados que llegaban a Europa y posibilitó el cierre de la denominada ruta de los Balcanes.
Merkel indicó que la cuestión migratoria es un "punto central" de la cumbre de líderes de este jueves y viernes en Bruselas y abogó por integrar este asunto en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo.

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 

No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 

El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7

MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.

Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.

La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.

Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.

El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.

"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 

El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.

Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.

La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".

El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".

Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.

El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".

La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.

Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.

Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".

Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".

La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.

Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.

"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.

Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 

En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 

Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.

En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

Fijan en 150.000 euros la indemnización a un trabajador de banca 'por daños morales'

VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la entidad Banco de Santander SA a la mayor indemnización a un trabajador en España por daños morales, establecida en 150.000 euros en el fallo de la sentencia ante los recursos de ambas partes contra la fijación anterior en sentencia de 50.000 euros por el juzgado de lo social nº 7 de los de Alicante a Javier Fernández de Diego representado por el letrado del Colegio de Abogados de Murcia, Antonio Checa de Andrés (en la imagen).

La Sala confirma la sentencia de instancia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica ahora en 150.000 euros frente a los 50.000 fijados en primera instancia.

Entre los fundamentos de derecho, la Sala integrada por tres magistradas (Isabel Moreno de Viana Cárdenas, María Mercedes Boronat Tormo y María del Carmen López Carbonell) estima que "la sentencia de instancia considera acreditada, desde hace varios años, una conducta de acoso y hostigamiento al actor por parte de la entidad Banco de Santander, durante varios años, que culmina en un traslado forzoso desde la localidad de Alcoy (Alicante), hasta Tarragona, que considera vulnera sus Derechos Fundamentales, habiéndose diagnosticado al actor de un trastorno adaptativo consecuente a la situación laboral". 

El letrado señor Checa en su recurso, solicitaba que la indemnización se cuantificase, no en atención a los parámetros de las sanciones de grado medio establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), sino en los establecidos para las sanciones mas graves de 100.000 a 187.515 euros, valorando las consecuencias que para el actor ha tenido la conducta empresarial.

Por contra, la citada entidad bancaria niega la situación de acoso y hostigamiento que se afirma producida hacia el actor, y que ha afectado a su salud.

Sin embargo, para la Sala "el actor se encuentra diagnosticado de trastorno adaptativo secundario a problemas laborales, que se encuentran documentados por psiquiatra. A la vista de tales datos la sentencia de instancia ha considerado acreditada una situación de acoso y hostigamiento con resultado lesivo para la salud del trabajador, que ésta Sala comparte, en base al concepto legal de acoso consistente, tal y como señala la sentencia de instancia, y que no cabe reiterar, en una conducta que, de modo individualizado, implica un trato desigual y ocasiona un daño igualmente individualizado".

Por lo que se refiere a la situación de acoso, por sucesivos traslados, asi como absoluto ninguneo de sus peticiones de traslados y apoyos, "la Sala se muestra acorde con los razonamientos de la instancia que, en base a la documental y testifical pone de relieve la anormalidad de las sucesivas comisiones de servicios, alguna de ellas hasta nueva orden o por tiempo de seis meses, asi como su atribución mayoritaria al actor, incluso cuando el actor se encontraba ya de baja por trastorno depresivo, a la cual siguieron, tras su mejoría, once comisiones mas por diferentes días hasta la atribución definitiva de plaza el 23.09.2015, a la que siguieron nuevas comisiones".

Y añade: "Dado que existe una directa relación causa-efecto entre la conducta empresarial y las dolencias psiquiátricas del actor que están plenamente acreditadas, debemos estimar que las mismas son consecuencia directa de la conducta de hostigamiento y acoso a la que ha sido sometido". 

Estima la Sala que "claramente puede atribuirse a la empresa una responsabilidad patrimonial mayor que la declarada en la instancia, en atención a los criterios señalados por el trabajador. Y ello porque negar los perjuicios al trabajador resulta ciertamente perturbador (...) 

Es evidente que el trabajador ha visto dañada su dignidad profesional y las conductas descritas en los hechos probados de la sentencia de instancia han actuado como causa desencadenante de un proceso psiquiátrico cuya lesividad no debe desconocerse, amen de tratarse de conductas activas u omisivas claramente despreciativas y que evidencian la existencia de toda empatía ante la situación ajena, por lo que la afectación a la dignidad del trabajador puede afirmarse sin resquicio alguno.

Por ello, claramente debe aceptarse que la calificación de la conducta empresarial debe ser considerada como una falta muy grave de las previstas en el art 40 c) de la LISOS, que establece un abanico de entre 100.006 a 187.515 euros, fijándola en su grado medio, que prudentemente se cuantifica en 150.000 euros".
Por tanto procede, "reiterando la argumentación de la instancia, que se completa con los argumentos antedichos, desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la entidad Banco de Santander SA y estimar el del Sr. Fernandez de Diego, cuantificando la indemnización a percibir por éste de la citada entidad bancaria en 150.000 euros".

En su fallo la Sala del TSJCV dice que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco de Santander, y estimamos el interpuesto por el trabajador don Javier Fernandez de Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Alicante, de fecha 8 de mayo del 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de don Javier Fernandez de Diego; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica en 150.000 euros".


http://www.murciaconfidencial.com/2017/05/el-letrado-murciano-antonio-checa-le.html 

Lamela sienta en el banquillo a directivos de la CAM por los negocios de la Caja en el Caribe

MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras señaladas.

Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28 millones de euros ocasiones con estas operaciones.

Por su parte, la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.

Hoteles en México y República Dominicana

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.

Entre dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y jurídicos.

Estos estudios, según expuso la juez en su auto de mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal». Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Consentimiento de los exdirectivos de la CAM

Según el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».

El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.

Además de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet.

¿Qué es la ‘posverdad’ (post-truth)? / Guillermo Herrera *

Esta palabreja se ha puesto de moda entre los advenedizos de la modernidad pero provoca alarma entre los periodistas decentes, porque esconde intenciones aviesas que voy a tratar de averiguar.

Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.

En cultura política, se denomina política de la posverdad a aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones desconectándose de los detalles de la política pública, y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales se ignoran los hechos reales. Se resume en la idea de que "el que algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad".

David Roberts acuñó el término "política de la posverdad" en un blog para la revista electrónica Grist el 1 de abril de 2010, donde la definió como "una cultura política en la que la política (la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública (la sustancia de lo que se legisla)".

Para el sociólogo Félix Ortega la manipulación de la información hace que el público no pueda conocer qué es verdad y qué falsedad. Esto se debería a la transformación de la comunicación política en propaganda, la pérdida de principios éticos por el periodismo actual y su sometimiento a intereses totalmente particulares así como la puesta en escena de los políticos hacia el espectáculo, la manipulación y la fragmentación de la ciudadanía.

HABLANDO CLARO

Como su propio nombre indica, ‘posverdad’ es lo que viene después de la verdad, que no puede ser otra cosa que la mentira dulcificada, como una gragea amarga, para que sea más fácil de tragar. Es muy bueno que dos y dos sumen cinco, pero no es cierto.

La posverdad es sencillamente mentira o estafa encubierta con el término políticamente correcto de ‘posverdad’, que ocultaría la tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda.

Esta fantasía se puede producir a través de la inteligencia artificial que crea una realidad virtual tan espectacular como un videojuego, pero que no es otra cosa que una distorsión de la realidad.

¿A quién beneficia este engaño? A los de siempre. A los que tratan de manipularnos para convertirnos en zombis hipnotizados por las pantallitas de los móviles que sean muy fáciles de manejar mientras ellos se forran a nuestra costa.

NO ES NUEVO

Parece nuevo pero es viejo, muy viejo. Es lo que viene sufriendo la Humanidad desde hace trece mil años en que se produjo el hundimiento de la Atlántida. ¿Quién es el padre o el rey de la mentira? Las tradiciones espirituales lo llaman el inicuo, el demonio, Satanás o Lucifer, pero tiene muchos nombres y no es uno sino legión de entes oscuros a los que los brujos mejicanos llaman depredadores y cuentan con muchas marionetas entre nuestra especie, especializados en chupar la sangre a la Humanidad.

La alarmante novedad que tenemos ahora es el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en beneficio de unos pocos y en contra del bien común de toda la Humanidad, que es la libertad y la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos y el beneficio de todas y cada una de sus comunidades. El desarrollo más preocupante es el de las computadoras cuánticas (Rusia está en la vanguardia) porque pueden hacer cosas increíbles, hasta el extremo de que un día pueden convertirse en nuestros amos y nosotros en sus esclavos.

‘POSDEMOCRACIA’

En su libro de 2004 Post-democracy, Colin Crouch utilizó el concepto "posdemocracia" para dar cuenta de un modelo de política donde "el debate electoral público es un espectáculo estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y considerando una pequeña gama de temas seleccionados por esos equipos."

En 2016, la etiqueta ‘posverdad’ fue especialmente usada para describir la campaña presidencial de Donald Trump, tanto por periodistas y columnistas como por académicos de la ciencia política y la historia de Harvard. La explicación de la posverdad también fue utilizada para describir la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum de 2016.

El mayor arma de destrucción masiva que existe es la mentira, y la mayor liberación de la Humanidad es la revelación de la Verdad. Por lo tanto sigan atentos a este tema y no se dejen engañar.

(*) Periodista

La juez ignora el informe médico que rechaza el encarcelamiento de Zaplana

MADRID.- La juez que instruye la llamada Operación Erial ha confirmado la prisión incondicional de Eduardo Zaplana. La defensa del exministro había solicitado una atenuación de la medida cautelar hacia la libertad provisional o, al menos, el arresto domiciliario. Ignorando un informe del médico forense que advierte del peligro de la situación por el delicado estado de salud del exdirigente, la titular del Juzgado de Instrucción nº8 ha insistido en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva como justificantes.

Zaplana recurrió el encarcelamiento por motivos sanitarios. Mencionó el estrés que supone la prisión "para personas que nunca se han visto privadas de libertad", ante lo que la instructora sostiene que "quien comete un delito es el único responsable de las consecuencias de sus actos". 

La juez no toma en consideración un informe del Instituto de Medicina de Valencia que recoge las siguientes conclusiones:

Que Zaplana, a los 62 años, padece una grave enfermedad y precisa de tratamiento diario y control de constantes. Ha necesitado varios ingresos hospitalarios y, por ello, cada dos semanas "se le realizan analíticas" y asistencia en centros de salud. "A la exploración clínica, se observa un importante deterioro…", apunta el informe.

El cuadro médico de Zaplana "le condiciona una situación mayor de riesgo de sufrir infecciones oportunistas que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa (hasta incluso riesgo de muerte) su situación clínica", avisa el forense sobre la estancia en prisión. 

Y añade: "la atención y el control sanitario en la cárcel son totalmente correctos, encontrándose ingresado en el Módulo de Enfermería, pero las condiciones de falta de asepsia del entorno condicional al paciente una morbilidad significativa muy alta".

"Por tanto, su estancia en el centro penitenciario incide de forma muy negativa en la patología que sufre el informado".

Aunque la defensa de Zaplana, de acuerdo con el informe del médico, describen el módulo de enfermería como un medio hostil para la salud del exministro, la juez responde que "como se ha observado de las vigilancias que se le han estado efectuando, su vida ha sido muy activa, dando conferencias, acudiendo a restaurantes, desplazándose de un sitio a otro sin llevar ningún tipo de mascarillas, siendo la vida en sí y los círculos en los que se mueve ‘un medio hostil’ donde se pueden coger cualquier tipo de virus".

"El riesgo de contagio existe en su vida cotidiana y más aséptico que una enfermería no es un restaurante, por poner un ejemplo". 

La instructora subraya que el centro penitenciario ha informado de que Zaplana "ha solicitado acudir al gimnasio para poder realizar ejercicio físico, solicitud que le ha sido autorizada, lo que evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece, y no tiene ningún miedo a acudir a unas dependencias que no pueden ser consideradas tan asépticas como una enfermería".

De acuerdo con el auto, "el hecho de estar sometido a revisiones no va en modo alguno a ser impedido, como en todos los casos en los que es necesario".

El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos

MADRID.- El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como Aena, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo deja en suspenso, según adelanta hoy El País.

Y es que, a diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría y es difícil esperar que salgan adelante— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen barra libre, ya que dependen directamente de departamentos como el Ministerio de Fomento, el de Energía o el de Economía.

Previamente, con el cambio en La Moncloa se producirá un relevo obligado en la cúpula directiva de todas estas empresas. Los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado o Lotería Nacional abandonarán el cargo en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo y serán sustituidos por otros designados por el Gabinete socialista.

Más dudas suscita el presidente de Aena, participada por el Estado en un 51% y la única de las sociedades de Fomento que cotiza en Bolsa, por lo que se supone que la designación de su máximo responsable depende del consejo de administración y no solo de una decisión política. 

No obstante, se da por seguro que el actual presidente, el murciano Jaime García Legaz, pondrá su cargo a disposición en cuanto se constituya el Gobierno socialista, para que éste designe un nuevo responsable de la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, informaron a El País fuentes conocedoras de la decisión.

Aena es la mayor patata caliente para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.

Pese a haber pasado el plácet del consejo de Aena, los nuevos gestores pueden dar marcha atrás o reformar las líneas maestras del plan. Por lo pronto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha suspendido la presentación pública que iba a tener lugar este lunes, y la propia Aena ha aplazado “hasta nueva fecha” la presentación a analistas prevista para el próximo 7 de junio. En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Compra de trenes de Cercanías

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que anunció en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Se trata de la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos, informaron a El País fuentes conocedoras del mismo.

El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.

También queda pendiente la adjudicación del doble contrato de mantenimiento de trenes que Renfe ha sacado a concurso, que supone realizar estos trabajos en un total de 420 vehículos de Cercanías y Avant durante cinco años por un importe total de 450 millones de euros, según informaron fuentes de la empresa. El doble contrato actualmente en liza abarca casi una tercera parte (el 30%) del parque total de trenes de la compañía ferroviaria pública, que suma unas 1.360 unidades.

El único consuelo en materia ferroviaria es que, con los presupuestos generales del Estado aprobados, se asegura la inversión de 3.000 millones en la Alta Velocidad (AVE).

Autopistas de peaje

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de Toledo.

El Ejecutivo confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, según consta en la última actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.

Además, tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas.

El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble. Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.

El 'banco malo' se pone las pilas y trocea su cartera por regiones para vender más

MADRID.- El viento parece estar empezando a cambiar en el mercado inmobiliario. La presión al alza de los precios y la mayor escasez de activos de calidad en los dos mercados que han liderado el resurgir del sector en los últimos cuatro años - el madrileño y el barcelonés- están llevando a los inversores a otear oportunidades en otras localizaciones, en busca de rentabilidades que justifiquen su apuesta por España. En los últimos meses, el fenómeno se ha concretado en la dinamización de otros mercados como el de la Costa del Sol o el de Levante, a juicio de La Información.

Los cazadores de tendencias de Sareb, el 'banco malo' creado en 2013 para extraer del balance de la banca española más de 200.000 activos inmobiliarios considerados tóxicos por aquel entonces y gestionar su eventual recolocación en el mercado durante los siguientes 15 años, lo han visto claro y han ordenado un nuevo giro en la estrategia comercial de la entidad para priorizar su dimensión territorial que se concretará, a grandes rasgos, en dos líneas de actuación, según señalan fuentes del banco malo: la extensión de la red comercial de Sareb por toda España para impulsar las ventas en el segmento minorista (ventas a particulares) y el diseño de carteras de activos con criterios territoriales para dar acceso al ingente patrimonio inmobiliario del banco malo no sólo a los grandes fondos de inversión oportunista, como los Blackstone, Cerberus, etcétera, sino también a operadores de menor tamaño e intereses más restringidos a un determinado ámbito territorial.

El paso supone un nuevo enfoque en la estrategia de mercado del banco malo. Al calor de las grandes operaciones de desinversión inmobiliaria cerradas el año pasado por Santander y BBVA con grandes gigantes internacionales como Blackstone o Cerberus, Sareb decidió probar suerte también en la comercialización de 'macrocarteras' y encargó a Goldman Sachs testar el interés real de los grandes fondos internacionales por quedarse con alguna de las grandes carteras de activos inmobiliarios que el banco malo había puesto en mano de los 'servicers', concretamente por la gestionada por Haya Real Estate, compuesta por 59.300 activos y cuyo valor de mercado se estima en el entorno de los 13.000 millones.

Fuentes de la entidad confirman que el prestigioso banco de inversión continúa rastreando el mercado en busca de potenciales compradores para alguna de las macrocarteras de activos que Haya, Altamira, Solvia y Hábitat mantienen en gestión, pero avanzan que la intención de la entidad es buscar un enfoque comercial más territorial "para ampliar el rango de mercado y abrir la cartera de Sareb a inversores con interés más regional". ¿Cómo? Diseñando carteras de activos territorializadas, de menor tamaño, pero que puedan despertar el interés de un perfil de inversores diferente al interesado en las 'macrocarteras'.

Los cinco mercados del banco malo en España

La base de este nuevo planteamiento estratégico lo presentó la directora de la red de servicers del banco malo, Marisela González, en una jornada organizada por Idealista en el marco del último SIMA, y pasa por la segmentación de la cartera de activos de Sareb por cinco grandes espacios territoriales (Ver gráfico): la Zona Noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, dónde se concentran el 19,6% de los activos del banco malo, pero apenas el 14,5% de las ventas); la Zona Catalano-Aragonesa, más Baleares (24,7% de los activos, 28,1% de las ventas, gracias a Cataluña y Baleares); la Zona Centro (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, más Canarias (19,5,% de los activos, 20,89% de las ventas, con grandes diferencias entre el rendimiento de las carteras canaria y madrileña y el resto); la Zona de Levante (18,7 de los activos; 16,3% de las ventas), y Andalucía (10,6% de los activos, 16,3% de las ventas).

Para cumplir estos objetivos el siguiente paso que dará Sareb es ampliar su red comercial territorial, que hasta ahora se limitaba a su presencia en Madrid y Barcelona y a la oferta presentada a través del portal web. En las próximas semanas, Sareb abrirá una nueva oficina en Valencia, para dar servicio al mercado de Levante, y la intención es tener presencia física en cada una de las áreas definidas en el plan estratégico antes de que finalice el presente ejercicio.

Sareb entiende que este esquema permitirá gestionar mejor el amplísimo portfolio que no sin dificultades gestiona la institución, que aún tiene por evacuar cerca de dos terceras partes de los activos recibidos en su día, porque hará que los potenciales inversores conozcan mejor el producto, permitirá afinar más la estrategia de ventas a través de la red comercial y facilitará una gestión más activa de la cartera por parte de los gestores. 

La nueva estrategia del 'banco malo' también permitirá dar soporte a uno de los objetivos marcados por el directorio encabezado por Jaime Echegoyen en orden a facilitar la transformación de préstamos fallidos y crédito promotor en inmuebles. El año pasado el banco malo consiguió convertir más de 1.000 millones de activos financieros en activos inmobiliarios y para este año el objetivo no sólo es mejorar esa cifra sino cerrar una sociedad con un socio industrial (una promotora) para impulsar la actividad del banco malo como promotor inmobiliario. 

El proceso sigue abierto y, después de caerse Via Célere, Aelca y Aedas Homes son los candidatos a conformar la sociedad promotora del banco malo, según confirman desde la entidad.

´Así será la “venganza” del PP

MADRID.- Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa después de vencer en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero en el PP no se dan, ni mucho menos, por derrotados. Desde la ejecutiva nacional se prepara una contundente respuesta contra todos los que han provocado la marcha del ex presidente: desde el PSOE a Podemos... pasando también por la Audiencia Nacional, anuncia hoy El Confidencial Digital.

“Ya tenemos los cañones preparados”. Con estas palabras relata un alto cargo de Génova 13 la reacción del Partido Popular tras la pérdida del Gobierno a manos de Sánchez con el triunfo de la moción de censura. Una victoria, la del líder socialista, que ha escocido muchísimo en las filas populares, desde donde avisan: “Esto no va a quedarse así”.
Cargos del PP consultados por El Confidencial Digital anuncian: “Muchos, incluido el nuevo presidente del Gobierno, van a arrepentirse de lo ocurrido el viernes”. Tanto por las consecuencias negativas del llamado “Gobierno Frankenstein”, como sobre por la reacción del Partido Popular: “Vamos a pasar la factura a todos lo que han hecho esto posible”.

Amago de moción de censura a Díaz

Desde la dirección nacional del PP confirman a ECD que una de las primeras respuestas que ya estudia el partido, tras el triunfo de la moción de censura, es “devolvérsela al PSOE en Andalucía”. El procedimiento es una moción de censura a Susana Díaz.
Esta medida, de la que ya se hablaba a mitad de la semana pasada, cuando aún no se sabía qué iba a ocurrir en la votación del viernes, se basaría en el proceso abierto contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: “A ellos sí se les imputan delitos. No a como nosotros, y la condena implicaría al Gobierno autonómico”.
Los populares no tienen tomada una decisión definitiva sobre la presentación de la moción. Entre otras cosas, añaden, porque “somos absolutamente conscientes de que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante”.

Retratar a Ciudadanos

Pese a ello, el partido se lo está pensando “seriamente”, por el desgaste que puede provocar en todos sus adversarios. Primero en el PSOE, “al que retrataríamos con sus propios argumentos”, pero fundamentalmente en Ciudadanos y Podemos.
Recordarán a la formación naranja que, pese a haber votado en contra de la censura, justificaron la moción diciendo que el Gobierno era “censurable” por la sentencia de la Gürtel. Ahora, el PP les exigirá que “actúen en consecuencia y censuren a una Junta de Andalucía responsable de los ERE”.
En cuanto a Podemos, el PP es consciente de que “el sector de Kichi quiere enredar”, y la moción puede provocar una división interna: “Iglesias impondría a Teresa Rodríguez el 'no' en la votación, pero los afines al alcalde de Cádiz podrían amotinarse”...

Auditoría a las propiedades de Pablo Iglesias

Si la operación contra Podemos puede arrancar en Andalucía, la gran ofensiva del PP contra el partido morado se centrará en Pablo Iglesias, aprovechando la polémica generada con la compra del chalet de Galapagar por 660.000 euros.
Los dirigentes del PP consultados cuentan: “Vamos a hacerle toda una auditoría sobre esa adquisición”, ya que “el precio se sitúa casi 200.000 euros por debajo del valor de mercado y puede haber irregularidades”. Sostienen, además, que “hay informaciones que apuntan a que la operación se cerró hace dos años, y no ahora”.
Dos años, añaden, en los que Iglesias, tal y como él ha asegurado, ha estado viviendo “en un chalet de alquiler en Rivas”, sin ocupar, por tanto, su piso en Vallecas.
Los populares advierten: “Habrá que comprobar si es cierto que no ha vivido allí. Le pediremos hasta el consumo eléctrico en el Senado... Porque, si lo ha tenido vacío, sin alquilar y sin nada, se lo tendría que haber cedido al Estado, según la ley que ellos mismos querían aprobar sobre viviendas vacías”.

Trabas en la tramitación de los Presupuestos

Además de estas dos ofensivas, el PP, tal y como algunos cargos advirtieron durante el debate de la moción de censura, no se lo va a poner en absoluto fácil a Pedro Sánchez para poder usar unos Presupuestos que habían sido impulsados por el Gobierno Rajoy y que él mismo rechazó:
--“Querremos cambiarlos. El Cupo Vasco ya no nos parece tan bueno... y habrá que tocarlo, entre otras cosas”.
El PP, por tanto, tiene prácticamente decidido presentar enmiendas en el Senado al texto enviado desde el Congreso de los Diputados. Tanto es así, que ya el viernes importantes senadores del partido se reunieron para ir dando forma a la oposición del partido a unas cuentas que el Grupo Popular había aprobado en la Cámara Baja.
Con todo, explican, los Presupuestos se aprobarán, pero no antes de septiembre: “Será un sinsentido que, además, provocará que la negociación del PSOE con todos sus posibles socios para las cuentas de 2019 se retrase”.

Ofensiva judicial contra De la Rosa

En Génova, advierten cargos, no solo se la tienen “guardada” a los partidos que han hecho posible la caída de Rajoy, sino también al juzgado de la Audiencia Nacional que ha condenado al PP como beneficiario a título lucrativo de la trama Gürtel.
Explican que en la sede nacional existe “gran indignación” por la participación del juez José Ricardo de Prada en la práctica totalidad del procedimiento, por ser una persona “abiertamente hostil al PP”.
Recuerdan, en este sentido, que “es muy próximo a Izquierda Unida y a Baltasar Garzón”. Dos afinidades que el PP va a tratar de explotar en los próximos días: “Vamos a demostrar que no hemos recibido una instrucción justa, lo que ha provocado una sentencia que hemos recurrido y por la que nos han echado del Gobierno”, concluyen.