Golpe al atún rojo ilegal: redada en las lonjas de Madrid, Barcelona y Málaga

MADRID.- La Guardia Civil ha salido a la 'pesca' del atún rojo capturado de forma ilegal, al margen de las cuotas anuales establecidas por la Comisión Europea, en toda España. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lanzó ayer una macrooperación, con registros y detenciones en mercados mayoristas como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla. 

Los agentes detuvieron a implicados en la trama durante varios de esos registros, como el de Mercamadrid. La operación seguirá abierta a lo largo de toda esta semana, por lo que no se descarta que los investigadores se personen en más mercados o empresas y arresten a más involucrados, según fuentes del Instituto Armado.

Los registros también han afectado al menos a diez empresas pesqueras y distribuidoras, según fuentes conocedoras de los hechos. Estas son: Roquetafish y Arrom (Barcelona), Pescnor (Valencia), Ricardo Fuentes y Pescados José (ambas en Murcia), Pescados Prado y Seifu (Madrid) y Lara (Málaga). 

También acudieron a recoger información a Petaca Chico (Cádiz), donde no hubo detenidos y los agentes permitieron seguir funcionando a la empresa con normalidad. La Guardia Civil también ha registrado Mercamálaga y otros puntos de venta mayorista en Almería o Valencia.

Fuentes del sector pesquero español explican que la sensación entre los operadores de este negocio es que la entrada en el mercado de atunes capturados fuera de las cantidades fijadas por Bruselas sigue existiendo. 

"Hasta 2007, cuando la pesca ilegal puso el atún en peligro por la sobrepesca, esto era una práctica extendida. Con las cuotas y el mayor control, bajó mucho. Pero en los dos últimos años notamos un repunte ya que quienes hacemos bien las cosas observamos que el atún legal es sustancialmente más caro respecto a otros atunes, también rojos. Algo ocurre", resumen las citadas fuentes.

La cuota para esta campaña de 2018 se situó en 28.000 toneladas para todo el atún rojo que se captura en Europa, de las que a España corresponden 5.000 toneladas. Las limitaciones a la pesca se establecieron en 2006, cuando se redujo drásticamente la captura -para permitir la supervivencia de la especie- hasta las 12.600 toneladas. 

Las mismas fuentes del sector consideran que tras la buena campaña de este año, las cuotas de capturas desaparezcan más allá de 2020 y se pase de una fase de conservación de la especie, a otra de gestión de la misma.

En España también se comercializa atún procedente de otros países extracomunitarios, como Marruecos, algo permitido siempre que el producto esté convenientemente identificado. 

El consumo de atún rojo en España se ha disparado en la última década y hoy día casi la mitad de lo que se captura en las aguas del Mediterráneo y Atlántico se queda en el país. Se acabaron por ahora los tiempos en los que el 95% del producto se iba directamente a Japón, entre otros mercados asiáticos.

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el exdirector general de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante elevó a definitiva la petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja murciano-alicantina, Modesto Crespo. 

También mantiene la petición de tres años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración. 

A todos les exime del pago de la responsabilidad civil.

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes

El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

El presidente Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. 

Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas a Expansión.

Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.

El nuevo gobernador del Banco de España se compromete con la transparencia

MADRID.- En  la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España se han dado cita algunas de las principales personalidades del sector financiero y político español. 

En el primer discurso oficial, Hernández De Cos ha estado flanqueado por su predecesor Luís Linde y de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. 

En un discurso breve (sólo 6 páginas), pero con claros mensajes sobre lo que quiere conseguir en sus seis años que va a permanecer en el cargo, se ha dedicado a perfilar las que pretende que sean las líneas de su mandato: reforzar la posición negociadora del Banco de España en Frankfurt como reto internacional y a nivel interno recuperar la confianza perdida en la institución apostando por la transparencia y reforzando la alerta temprana de los riesgos económicos.  

Eso sí, ha reivindicado "la independencia" del Banco de España, algo que no siempre ha sido así.

Al acto  han acudido numerosos representantes del mundo de la economía y las finanzas, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, el de CaixaBank, Jordi Gual, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.

También el director general de la CECA, José María Méndez, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el exgobernaodor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador y expresidente de la AEB, Miguel Martín,  el vicepresidente ejecutivo de Santander España, Juan Manuel Cendoya, o el consejero independiente del Banco de España, Manuel Pizarro.

Concluye hoy el plazo para domiciliar la devolución de la renta

MADRID.- El plazo para domiciliar el resultado a ingresar de la declaración de la Renta 2017 concluye hoy, miércoles, mientras que el viernes es la fecha límite para solicitar citas previas por cualquier vía para la confección de la declaración. La Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo lunes 2 de julio.

El pasado 4 de abril arrancó la campaña para la presentación de las declaraciones por Internet y por teléfono y para solicitar cita previa para el nuevo plan 'Le Llamamos', por el que la Agencia Tributaria (AEAT) llama a los contribuyentes para confeccionar su declaración, así como para realizarlas a través de la nueva 'app', una de las principales novedades de la campaña.

Asimismo, desde el pasado 8 de abril los contribuyentes pueden solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 10 de abril, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 4 de abril.

Las principales novedades de la campaña son la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se puede descargar desde el pasado 15 de marzo en las plataformas de Apple y Android; y la solicitud de la cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la AEAT llama a los contribuyentes previa solicitud y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.

Hasta la semana pasada Hacienda había devuelto un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63% de lo previsto para la campaña, y se habían presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según informan fuentes de la Agencia Tributaria.

La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).

De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.

Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.

El organismo realizará unos 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en Internet y algo menos de 300.000 avisos por los bonos de fidelización del Santander, así como a quienes hayan regularizado cláusulas suelo.

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.

La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 

"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.

Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.

El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.

Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 

"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 

El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 

"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 

El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.

En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 

"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.

La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 

Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.

 

Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.

 

Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.

 

En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

 

El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.

 

Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.

(*) Columnista

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13952/peperos-al-borde-de-un-ataque-franquista-de-nervios/

'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día

MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo. 

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 

En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 

Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 

Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.

Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 

Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.

A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 

Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 

Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 

 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 

«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

La defensa comunica al juez que Zaplana está muy grave y ha perdido cinco kilos en prisión

VALENCIA.- La defensa del político cartagenero Eduardo Zaplana ha comunicado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de València, que instruye el caso Erial, el "estado muy grave" de salud del exmninistro y expresidente de la Generalitat valenciana, que ayer tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis vírica y que ha perdido 5 kilos desde que ingresó en prisión el pasado 24 de mayo.

En el escrito, los abogados consideran que el estado del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana es "muy grave" y por ello presentaron ayer mismo un escrito en el que dejan constancia de la situación y reiteran su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
Zaplana, que sufre leucemia desde hace tres años, fue llevado al hospital por problemas derivados del mal funcionamiento de su pulmón izquierdo y su estado es grave pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones. Regresó por la tarde a la cárcel de Picassent.
El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana habría regresado a la cárcel después de haber sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia donde le fue diagnosticada una bronquitis, según habrían informado fuentes próximas a su familia. 
En el denominado caso Erial, a Zaplana se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En ocasiones anteriores, la jueza ya rechazó su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 

Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 

Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  

Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 

De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.

Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 

De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 

«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.

Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.

El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.

Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.

“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.

La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Atún, cerámica o albaricoques: las otras barreras comerciales que Trump aplica a España

MADRID.- EE UU está ahora mismo gravando las exportaciones de acero y aluminio de España, con un impacto para la industria española de 7.700 millones de euros. Pero no son los únicos aranceles que está aplicando. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio detecta hasta cinco conflictos sin resolver, denunciados por los exportadores españoles. Al ya conocido de la aceituna negra se suman otros cuatro, revela hoy Cinco Días.

España es el primer suministrador de aceituna negra a EE UU, con un volumen de negocio que escaló a 58 millones de euros. Además del arancel aplicado durante el pasado ejercicio por vender supuestamente por debajo de coste, el 100% de los contenedores son parados en puertos e inspeccionados en destino, lo que supone, según estimaciones empresariales, perdidas del 5% sobre la ventas. Ambas afectan a 20 empresas.

Otra barrera de acceso al mercado estadounidense la sufren los productores de bebidas alcohólicas. Un grupo de 1.700 empresas españolas, que exportan por valor de 300 millones de euros, denuncian que están siendo discriminadas frente a los productores locales, ya que les obligan a negociar con distribuidores y minoristas para hacer ventas directas, mientras que las empresas estadounidenses lo pueden hacer de forma directa. 

Asimismo, las compañías españolas también denuncian que no se pueden beneficiar de las reducciones fiscales incluidas en la última reforma fiscal de Trump para 2018 y 2019.

EE UU ya aplica aranceles a determinados productos españoles y europeos desde hace varios años. De hecho fue uno de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones del tratado de libre comercio de EE UU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y que finalmente no salió adelante por la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Barack Obama. Los productos más afectados era el atún en aceite de oliva, con una arancel del 35%; las conservas de albaricoque, con un recargo entre el 10% y el 30%; piezas de automóvil, con un 13%, y las alcachofas un 11%. 

El sector más afectado, sin embargo, es el cerámico, con 175 millones de exportaciones, mientras que en el de la automoción solo se ve afectado 15 de los 1.500 millones que exporta.

Otra barrera que está contemplada en la legislación estadounidense, aunque por ahora sólo se ha aplicado con una empresa canadiense, se refiere a un artículo de la ley Helms-Burton, que fija el embargo a Cuba. 

Ese artículo concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas con dichas propiedades.  

Esto puede afectar a hoteleras como Meliá o Iberostar, las dos con mayor presencia en Cuba. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 15.584 habitaciones, mientas que la firma dirigida por la familia Fluxá tiene 17 hoteles.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Merkel, dispuesta a apoyar a España si crece la llegada de inmigrantes

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que se implicará a nivel europeo para que España reciba más "apoyo" si se intensifica la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras abordar en una reunión la reforma de la eurozona y la crisis migratoria, los dos puntos clave de la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas.
La canciller destacó que otros países de la UE ya han recibido apoyo del bloque en situaciones similares, y señaló el caso de Grecia durante el período más crítico de la crisis de los refugiados, porque el Gobierno heleno "recibió un montón de apoyo".
"Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, eso lo apoyaríamos con seguridad", indicó la canciller, que agregó que "si la situación en España se agrava", ella se "implicaría para que España reciba más apoyo".
"Vemos que la llegada inmigrantes a España se ha incrementado", señaló la jefa del Gobierno alemán en relación al alza del número de embarcaciones con migrantes que en las últimas semanas están llegando a costas españolas.
Dentro de su visión de cómo podría concretarse la respuesta del grupo de países europeos que quieren trabajar conjuntamente en la cuestión migratoria, Merkel apuntó podría establecerse que cada jefe de gobierno hable con ciertos países de origen (principalmente africanos), pero "no individualmente", sino "en nombre del resto de colegas".
"La responsabilidad se puede repartir entre líderes europeos", de tal forma que cada socio miembro hable con "uno o dos" países de origen, aclaró.
La canciller agregó a este respecto que el acuerdo de la UE con Turquía es un ejemplo, pues ayudó a reducir drásticamente el número de refugiados que llegaban a Europa y posibilitó el cierre de la denominada ruta de los Balcanes.
Merkel indicó que la cuestión migratoria es un "punto central" de la cumbre de líderes de este jueves y viernes en Bruselas y abogó por integrar este asunto en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo.

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 

No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 

El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7

MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.

Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.

La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.

Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.

El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.

"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 

El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.

Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.

La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".

El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".

Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.

El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".

La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.

Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.

Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".

Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".

La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.

Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.

"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.

Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 

En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 

Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.

En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

Fijan en 150.000 euros la indemnización a un trabajador de banca 'por daños morales'

VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la entidad Banco de Santander SA a la mayor indemnización a un trabajador en España por daños morales, establecida en 150.000 euros en el fallo de la sentencia ante los recursos de ambas partes contra la fijación anterior en sentencia de 50.000 euros por el juzgado de lo social nº 7 de los de Alicante a Javier Fernández de Diego representado por el letrado del Colegio de Abogados de Murcia, Antonio Checa de Andrés (en la imagen).

La Sala confirma la sentencia de instancia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica ahora en 150.000 euros frente a los 50.000 fijados en primera instancia.

Entre los fundamentos de derecho, la Sala integrada por tres magistradas (Isabel Moreno de Viana Cárdenas, María Mercedes Boronat Tormo y María del Carmen López Carbonell) estima que "la sentencia de instancia considera acreditada, desde hace varios años, una conducta de acoso y hostigamiento al actor por parte de la entidad Banco de Santander, durante varios años, que culmina en un traslado forzoso desde la localidad de Alcoy (Alicante), hasta Tarragona, que considera vulnera sus Derechos Fundamentales, habiéndose diagnosticado al actor de un trastorno adaptativo consecuente a la situación laboral". 

El letrado señor Checa en su recurso, solicitaba que la indemnización se cuantificase, no en atención a los parámetros de las sanciones de grado medio establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), sino en los establecidos para las sanciones mas graves de 100.000 a 187.515 euros, valorando las consecuencias que para el actor ha tenido la conducta empresarial.

Por contra, la citada entidad bancaria niega la situación de acoso y hostigamiento que se afirma producida hacia el actor, y que ha afectado a su salud.

Sin embargo, para la Sala "el actor se encuentra diagnosticado de trastorno adaptativo secundario a problemas laborales, que se encuentran documentados por psiquiatra. A la vista de tales datos la sentencia de instancia ha considerado acreditada una situación de acoso y hostigamiento con resultado lesivo para la salud del trabajador, que ésta Sala comparte, en base al concepto legal de acoso consistente, tal y como señala la sentencia de instancia, y que no cabe reiterar, en una conducta que, de modo individualizado, implica un trato desigual y ocasiona un daño igualmente individualizado".

Por lo que se refiere a la situación de acoso, por sucesivos traslados, asi como absoluto ninguneo de sus peticiones de traslados y apoyos, "la Sala se muestra acorde con los razonamientos de la instancia que, en base a la documental y testifical pone de relieve la anormalidad de las sucesivas comisiones de servicios, alguna de ellas hasta nueva orden o por tiempo de seis meses, asi como su atribución mayoritaria al actor, incluso cuando el actor se encontraba ya de baja por trastorno depresivo, a la cual siguieron, tras su mejoría, once comisiones mas por diferentes días hasta la atribución definitiva de plaza el 23.09.2015, a la que siguieron nuevas comisiones".

Y añade: "Dado que existe una directa relación causa-efecto entre la conducta empresarial y las dolencias psiquiátricas del actor que están plenamente acreditadas, debemos estimar que las mismas son consecuencia directa de la conducta de hostigamiento y acoso a la que ha sido sometido". 

Estima la Sala que "claramente puede atribuirse a la empresa una responsabilidad patrimonial mayor que la declarada en la instancia, en atención a los criterios señalados por el trabajador. Y ello porque negar los perjuicios al trabajador resulta ciertamente perturbador (...) 

Es evidente que el trabajador ha visto dañada su dignidad profesional y las conductas descritas en los hechos probados de la sentencia de instancia han actuado como causa desencadenante de un proceso psiquiátrico cuya lesividad no debe desconocerse, amen de tratarse de conductas activas u omisivas claramente despreciativas y que evidencian la existencia de toda empatía ante la situación ajena, por lo que la afectación a la dignidad del trabajador puede afirmarse sin resquicio alguno.

Por ello, claramente debe aceptarse que la calificación de la conducta empresarial debe ser considerada como una falta muy grave de las previstas en el art 40 c) de la LISOS, que establece un abanico de entre 100.006 a 187.515 euros, fijándola en su grado medio, que prudentemente se cuantifica en 150.000 euros".
Por tanto procede, "reiterando la argumentación de la instancia, que se completa con los argumentos antedichos, desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la entidad Banco de Santander SA y estimar el del Sr. Fernandez de Diego, cuantificando la indemnización a percibir por éste de la citada entidad bancaria en 150.000 euros".

En su fallo la Sala del TSJCV dice que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco de Santander, y estimamos el interpuesto por el trabajador don Javier Fernandez de Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Alicante, de fecha 8 de mayo del 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de don Javier Fernandez de Diego; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica en 150.000 euros".


http://www.murciaconfidencial.com/2017/05/el-letrado-murciano-antonio-checa-le.html 

Lamela sienta en el banquillo a directivos de la CAM por los negocios de la Caja en el Caribe

MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras señaladas.

Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28 millones de euros ocasiones con estas operaciones.

Por su parte, la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.

Hoteles en México y República Dominicana

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.

Entre dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y jurídicos.

Estos estudios, según expuso la juez en su auto de mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal». Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Consentimiento de los exdirectivos de la CAM

Según el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».

El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.

Además de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet.