PALMA.- La Audiencia Provincial de Baleares ha
condenado a dos empresarios de las islas por defraudar a Hacienda hasta
un total de 507.833 euros (185.043 euros en concepto de IVA y 322.790
por el Impuesto de Sociedades) en 2001, unos hechos que ejecutaron a
través de una mercantil creada a propósito para desarrollar diversas
maniobras inmobiliarias con las que "despistar" a la Agencia Tributaria
(AEAT) y defraudar así al erario público.
Así consta en una sentencia, mediante la cual la Sección Segunda impone dos años y siete meses
de cárcel para José C.P. y dos años para Antonio N.G. -un tercer
acusado aún no ha sido juzgado-, quienes en el año 2000 urdieron un
entramado de operaciones societarias y crediticias dirigido "únicamente"
a dar opacidad a los "suculentos" beneficios que les fueron reportados y
que deberían haber sido declarados a Hacienda.
Además, cada uno de ellos deberá abonar 600.000 euros de multa por
los dos delitos fiscales que cometieron, mientras que deberán
indemnizar a la AEAT en la totalidad de la cantidad defraudada.
Según la resolución judicial, que rebaja las penas de prisión a
las que ya fueron condenados en primera instancia pero confirma las
cantidades económicas impuestas, ambos socios idearon crear una sociedad
a la que denominaron Altos de la Bonanova con la finalidad de hacer
recaer en la misma, y no en ellos, las cargas tributarias derivadas de
la compra-venta de tres fincas ubicadas en el término de La Bonanova.
A partir de ese momento, los inculpados llevaron a cabo varias
operaciones inmobiliarias cuyos "enormes" beneficios se repartieron
mediante un "complicado" entramado de operaciones crediticias, sin que
en ningún momento, durante 2001, procedieran a liquidar el IVA de Altos
de la Bonanova como tampoco el Impuesto de Sociedades, dejando por tanto
indebidamente de ingresar a Hacienda más de 500.000 euros, tal y como
relata la sentencia.
Pese a que Antonio N.G. se definió en su recurso contra la
resolución de primera instancia como un "cabeza" de turco del que se
aprovecharon los demás acusados, el tribunal recalca que "en su ánimo
estaba el defraudar al erario público" puesto que también participó en
los hechos y era conocedor de la intención de sus socios de eludir el
pago de los impuestos a fin de "extraer el mayor beneficio" de la
operación inmobiliaria.
"Conocía perfectamente la trascendencia de sus actos y se
benefició económicamente de la operación", recalca la Sala. En concreto,
la instrucción de la causa, que estuvo en manos del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Palma, se prolongó durante seis años hasta
culminar en 2009. Tres años después, la titular del Juzgado de lo Penal
nº 2 condenó a José C.P. a cuatro años de prisión y a Antonio N.G. a
dos años y dos meses de cárcel, penas ahora rebajadas por la Audiencia.
