Nadie está llamándose a engaño. La causa
general contra el independentismo es un típico proceso político,
disfrazado de farsa judicial. Judicial porque se quiere disimular el
aspecto político; farsa porque se ha montado con falsedad y atropello de
todos los derechos de los acusados, empezando por el del juez natural.
Por eso, la declaración de Turull centra la cuestión: no pedirá perdón y reivindicará lo que hicieron el 1-O y el 27-O porque
no entiende que fuera un delito, sino un acto político y, como tal
debatible en foro político, no penal. Palinuro coincide. En efecto no
solo no se dan los delitos concretos que se les imputan de rebelión y
sedición porque, al faltar el requisito de la violencia, no pueda
hacerse; es que, mirado con detenimiento, no hay delito en absoluto.
Procurar
cualquier objetivo por medios pacíficos y democráticos es un derecho.
También lo es procurar pacífica y democráticamente la separación de
España. Si no lo es, o no se permite que lo sea, arrastrando a los
responsables a una farsa judicial, evidentemente, no será a causa de los
medios, que son los mismos, sino a causa del fin, esto es, la
separación de España. Lo que los jueces quieren castigar como delito es
el ejercicio de un derecho.
El
ámbito del derecho es el de las interpretaciones divergentes. Pero no
tanto. Algo no puede ser un delito y un derecho al mismo tiempo, salvo
que lo sea para partes distintas, como es el caso. Para los indepes, la
acción política pacífica y democrática en pro de la independencia de
Cataluña es un derecho irrenunciable.
Para los jueces, el gobierno, los
medios, la opinión española, procurar algo pacífica y democráticamente
es un derecho, salvo que se trate de la separación de España. El
"delito" está en el propósito, el objetivo, la idea.
Este
juicio es una farsa porque es un proceso de convicciones, como los de
la Inquisición. Lo que para esta era herejía, para los juzgadores de hoy
es un crimen nefando que les gustaría tratar como delito de alta
traición. Al necesitarse aquí una situación bélica (siempre más difícil
de inventar que la existencia de violencia) no se puede proceder por la
vía militar, aunque no será por falta de ganas.
La
justicia de los jueces españoles se hace en nombre del Estado español,
personificado en el monarca, en resumen, de España. España es la fuente
absoluta de derecho. Es una entidad prejudicial, en cuyo marco tienen
sentido los procesos legales. Su permanencia y unidad, por tanto, son
sagradas.
Si alguien osa cuestionar la unidad de España, cuestiona su
misma razón de ser, algo que los jueces no pueden admitir, ya que los
cuestiona a ellos, descubriendo su carácter de juez y parte y
aniquilando toda base de la justicia.
Lo
que los jueces quieren juzgar es un viejo conocido de toda tiranía: el
"delito" de opinión. Por eso el proceso es una farsa judicial porque es
un proceso por convicciones. La doctrina que subyace en esta actitud de
unos jueces españoles dispuestos a condenar a unas personas por no
querer ser españolas es la muy esclarecida que soltaba ayer Rosa Díez:
las ideas independentistas no son legítimas y Vox es un partido político tan legítimo como otros. Ideas no legítimas, tome nota, Torquemada cuando haya que proceder contra quienes las albergan. Y Vox, partido legítimo.
Por
supuesto, mientras no delinca, será legitimo. La gente tiene derecho a
pensar lo que quiera y decirlo, según las circunstancias. Tan legítimo
es ser independentista como soñar con ver a todos los independentistas
colgados. Con todo, esta segunda variante no tiene buena fama.
En
su visión, los jueces están animados del espíritu de Díez. Para ellos,
negar España, ir contra su unidad, querer separarse, como para la ex-de
UPyD, es ilegítimo, es delictivo, debe castigarse. A esos apuntan las
referencias de algunos al superior interés de España en su lenguaje
judicial .
Es el mismo espíritu que anima a Vox: todo por España. Y
tanto en el caso de los magistrados como de los ultras de Abascal, "todo
por España" significa "todo contra Catalunya".
Los herejes de la Inquisición de hoy somos los catalanes.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
