PALMA.- La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar en
el marco del caso Nóos una fianza de responsabilidad civil millonaria
para los exaltos cargos que intervinieron en las contrataciones
presuntamente irregulares con el Instituto presidido entonces por el
Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, si bien se circunscribirá por el
momento a los exresponsables del Govern balear, a raíz del supuesto
desvío de unos 2,6 millones de euros de las arcas del Ejecutivo.
Así lo han informado fuentes de la causa, que han
señalado de este modo que las responsabilidades civiles en el marco de
este procedimiento judicial no se ceñirían únicamente a Urdangarin y su
exsocio Diego Torres, para quienes el Ministerio Público ya reclamó una
caución de 8,2 millones de euros, posteriormente acordada por el juez
instructor, José Castro, sino que también los exaltos cargos también
deberán responder del dinero presuntamente malversado.
En concreto, la fianza prevé ser solicitada para quienes
ostentaban un cargo público en las islas, ya que en el caso de la
Comunidad Valenciana los investigadores estudiarán si solicitar al juez
Castro que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (TSJCV) que permita el encausamiento del
expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa Rita
Barberá, y a partir de ahí contemplar la posibilidad de que entonces sí
sean reclamadas las responsabilidades civiles oportunas.
Las mismas fuentes han precisado que será de cara a la recta final
de la instrucción cuando la acusación pública previsiblemente reclame
la fianza para los exaltos cargos del Ejecutivo balear, si bien por
ahora no se ha concretado sobre quiénes pesaría esta petición, que prevé
fundamentarse principalmente, a pesar de que por el momento no hay
fijada una cifra exacta, en los 1,2 millones de euros que percibió Nóos
para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085
millones del segundo (2006).
A estas cantidades se añaden los 54.520 euros que el Govern abonó a
la entidad para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista
Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la
creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y los
116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes
Balears, eventos que se encuentran bajo lupa judicial en el marco de
este complejo procedimiento judicial, que constituye la pieza número 25
de las 27 que integran el llamado caso Palma Arena.
En concreto, por los hechos investigados en relación con Baleares
se encuentran imputados, entre otros, el expresidente del Govern Jaume
Matas -cuya defensa solicitó en su día la citación de Camps en este caso
por los convenios rubricados con Nóos-, el exdirector general de
Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, y el exgerente del organismo
público Illesport.
El propio magistrado, en el auto por el que impuso la fianza de
8,2 millones a los dos exsocios del Instituto Nóos, negaba que éstos
fuesen "los únicos criminalmente responsables" en estas pesquisas, al
reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las
Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en
concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado: unos 5,8
millones de euros cuyo destino se desconoce.
En una resolución de 542 páginas, el instructor llegaba a afirmar
que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por
exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía
Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene
imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no
intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su
gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma
aseveraba que los responsables de las Instituciones balear y valenciana,
de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente
defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en
tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa
en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido
confiados".
Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones
llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los
convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que
la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con
un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al
más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
