Así son los viveros de la pareja de Armengol que han recibido 1,4 millones del Gobierno: plantas secas y abandonadas

MADRID.- El empresario del sector de la jardinería Joan Nadal, pareja de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, está en el punto de mira tras El Debate haber desvelado su vinculación con un hotel aprobado por ella cuando era presidenta de las Islas Baleares. 

También que el Gobierno inyectó 1,4 millones de euros en ayudas públicas a su negocio desde los ministerios de Economía e Industria. Las subvenciones fueron otorgadas bajo el concepto «ayuda por el coronavirus» y fueron adjudicadas sin concurso público.

El Debate ha visitado uno de los sectores de los viveros y hoy publica un reportaje en vídeo en el que se aprecia el estado de abandono de algunas de las plantas que tienen a la venta. 

Los viveros, llamados Jardins de Tramuntana, están ubicados a las afueras de Palma. La zona visitada, ubicada nada más entrar a la izquierda, bordea el lateral de la carretera de Valldemossa. En esta parte se ubican mayoritariamente palmeras, entre otras plantas de gran tamaño. Muchas de ellas, como se aprecia en las imágenes, se encuentran secas y en un estado de abandono.

Otras tan siquiera pueden mantenerse en pie, por lo que están sujetas con cinta aislante o barras de madera. En cambio, los directivo del negocio describe el paraje como un entorno idílico. 

Hace tres años los viveros cumplieron su 25 aniversario y el número dos de la empresa, Miquel Ángel Ramis, declaró a la prensa: «Cuando nos visitan, los clientes quedan sorprendidos por la creatividad que se respira, por la fusión que tiene el jardín con el arte. Este es un lugar bohemio, cercano a la gente, que representa nuestra forma de ser». 

En la misma línea, la página web de Jardins de Tramuntana incluye una pequeña presentación de Nadal, que se describe asimismo de la siguiente forma: «Cada diseño es personal. El proceso creativo con los clientes determina el resultado final del proyecto. Debemos entender a los clientes y generar un vínculo con ellos, ser parte de su sueño. Su sueño es nuestro sueño». 

Por su parte, Armengol, hoy tercera autoridad del Estado, sigue de cerca la actividad de la empresa de jardinería a través de Instagram. Ella sigue la cuenta de Jardins de Tramuntana y los viveros la siguen a ella.

Tal y como figura en el Catastro, la empresa de jardinería ocupa un espacio grande de una superficie de 16.705 metros cuadrados. En su interior hay varias edificaciones que suman 1.531 metros cuadrados. La ficha de la parcela califica el uso principal como «agrario» de clase «rústico» con intensidad productiva de «labor o labradío secano». El recinto cuenta con nueve almacenes, dos oficinas y tres zonas de jardines, donde se encuentran las plantas y las macetas que se comercializan.

La pareja de Armengol gestiona los viveros a través de En Can't Baleares SL. Según el Registro Mercantil, la sociedad fue constituida el 13 de enero de 2003. El objeto social de la empresa es la «compraventa al por menor y mayor de plantas y objetos de decoración y mantenimiento de jardines».

 El administrador único del negocio es Joan Nadal y, junto a él, figura José Luis Feliú Bordoy como apoderado de la firma. Desde el comienzo de las operaciones de la empresa hasta 2014 también formó parte del negocio como administrador solidario Antonio Nadal, hermano de Joan y cuñado de Armengol. 

Precisamente, el apoderado Feliú Bordoy es el nexo entre la pareja de Armengol y el grupo hotelero que construyó y que ahora gestiona el establecimiento de cinco estrellas Son Bunyola, ubicado al norte de la isla de Mallorca. En el entramado societario que unen el hotel con la jardinería también figura Alejandro Feliú Vidal, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Feliú estuvo inmerso en la 'operación Relámpago', una trama de corrupción de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales.

 

El Debate publicó a mediados del pasado mes de agosto que la empresa de jardinería de Nadal ha recibido 16 subvenciones procedentes de los ministerios de Economía y de Industria. En concreto, de los organismos Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), controlada por la cartera de Industria. 

 

De las dos entidades públicas, la que más fondos ha inyectado ha sido el ICO, 13 de las 16 que suman un importe de 1.195.190 euros. Todas estas subvenciones han sido aprobadas de manera discrecional, sin que se llevara a cabo la realización de ningún concurso público.

 

Los importes de las partidas más voluminosas fueron 240.000 euros –inyectados el 21 de septiembre de 2021– y dos de 160.000 euros –15 de mayo y 23 de noviembre de 2021–. Las once ayudas restantes son de en torno a los 100.000 euros cada una. El concepto de todas las subvenciones siempre era el mismo: «Ayudas para paliar los efectos del COVID-19». 

 

Por su parte, el CERSA destinó 260.249 euros a la jardinería de la pareja de Armengol. El 21 de mayo de 2020 se aprobó la primera partida, que fue de 91.200 euros. Posteriormente, los días 18 de diciembre de 2020 y el 21 de diciembre de 2021 se inyectó el resto. 

No es la primera vez que el negocio floral de la pareja de Armengol se encuentra en el ojo del huracán. El Mundo publicó en 2015 que el Ayuntamiento de Algaida, gobernado por el PSOE, financió con dinero público tours de jubilados por los jardines. Para ello, la corporación municipal fletó cuatro autobuses durante siete días.

Más de 200 exparlamentarios y viudas de diputados y senadores siguen cobrando las pensiones que el Congreso eliminó en 2011

MADRID.- En 2011 las Cortes Generales decidieron eliminar las pensiones vitalicias a las que tenían derecho diputados y senadores una vez llegaba su jubilación. Pero la medida no tuvo efecto retroactivo. Así que quienes ya la recibían, podían seguir cobrándola. En la actualidad, 222 personas se siguen beneficiando de estas pensiones: 159 exparlamentarios y 63 viudas de exdiputados o exsenadores, tal como recoge Público.

Ese desembolso supone más de 200.000 euros al mes de las arcas públicas. Este mes de mayo ha sido exactamente de 219.012,83 euros. El gasto, que depende de las Cortes, acaba suponiendo más de 2 millones y medio de euros anuales. Los 222 beneficiarios de estas pensiones han recibido este mes de mayo de media casi mil euros: 986,54.

 Actualmente los parlamentarios que abandonan su cargo solo tienen derecho a una indemnización tras el cese. Los que cumplen los requisitos pueden pedir esa prestación, que es una especie de 'paro' que pueden cobrar como máximo durante dos años. 

Una vez se reincorporan a otro trabajo y empiezan a percibir otro sueldo, dejan de recibirla. Actualmente la cobran Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes —más conocido como 'el Tito Berni'— después de que dimitieran como diputados. 

Pero antes los diputados sí tenían derecho a prestaciones vitalicias una vez llegara su jubilación o prejubilación. Existían dos tipos: las "pensiones parlamentarias" y la "complementación de ingresos".

El primer tipo se otorgaba a los diputados que no alcanzaban la pensión máxima de aquel entonces y para cobrarla había que haber estado al menos 11 años en las cámaras. En ese caso, el Congreso les daba la diferencia entre su pensión y la máxima. 

Sin embargo, si los diputados o senadores habían permanecido en el cargo entre siete y once años, recibían el 80% o el 90% de la diferencia entre la pensión que estuvieran cobrando y la máxima.

Esta pensión actualmente la perciben 120 exparlamentarios. En mayo cobraron un promedio de 1.080,14 euros. Esto sucede porque quien antes de su eliminación en 2011 tenía derecho a recibirla, lo mantuvo.

La otra tipología, la complementación de ingresos, se creó para que los parlamentarios que no habían alcanzado los siete años en el cargo no se quedaran sin prestación. Estos exdiputados o exsenadores podían pedir una compensación, pero esta no era automática como la otra ni se fijaba en una cantidad concreta por un baremo oficial. 

Los exparlamentarios debían pedirla a la Mesa del Congreso o del Senado y era este órgano, formado por diputados o senadores en activo, el que decidía si se le otorgaba la pensión y, en caso afirmativo, establecía la cuantía.

También fue eliminada en 2011, pero este tipo de pensión en la actualidad la cobran 39 exparlamentarios. No sólo ellos. También tenían derecho a pedirla las parejas de exdiputados o exsenadores que enviudaban o sus hijos menores de 25 años. En mayo 63 viudas —todas mujeres— tuvieron algún ingreso de este tipo. En total: 102 personas reciben aún este tipo de pensión que se otorgaba de forma discrecional.

Los beneficiarios de estos complementos reciben de media 876,44 euros, algo menos que los que cobran la pensión. Aún así, hay diferencias. Las viudas perciben menos dinero que los exparlamentarios y exparlamentarias. 

En mayo la media para las viudas ha sido de 795,02 euros. Para exdiputados y exsenadores, de 1.007,96 euros, una cifra muy similar a la de los beneficiarios de la que el Congreso conoce como "pensión".

Pero las medias no dejan de ser eso: promedios. Hay quien recibe mucho y quien recibe poco. En el caso de las pensiones, además, hay un motivo claro: los exparlamentarios cobran la diferencia de lo que les falta para alcanzar la pensión máxima —o un porcentaje de esta diferencia—.

Actualmente las prestaciones más altas las tienen concedidas el exsenador y exdiputado por UCD y por el PP Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura, el exdiputado del PSOE Pablo Castellano Cardalliaguet y la exdiputada de CiU Maria Mercè Pigem i Palmes. Ingresan al mes 3.568,61 euros.

Las prestaciones más bajas son las de Teresa Nieto González, viuda de un exparlamentario que recibe 18 euros al mes, Manuel Arjona Santana, exsenador del PSOE que recibe 35,67 euros, y Clara María Santoro Sánchez, viuda que recibe 54,72 euros.

El PSOE, el más beneficiado

Los exparlamentarios que más se benefician de estas prestaciones son los socialistas. 77 exdiputados y exsenadores del PSOE reciben actualmente una de estas pensiones de las Cortes. Detrás se sitúa el PP, con 52 beneficiarios. Algunos de ellos, antes habían pasado por la UCD. 20 exparlamentarios del partido de Adolfo Suárez —incluidos los que luego repitieron cargo por el PP o el PSOE— reciben actualmente esta prestación.

También hay beneficiarios de Convergència i Unió, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, el BNG o Coalición Canaria. Por parte de Izquierda Unida solo la recibe Cristina Almeida. La también abogada y tertuliana fue diputada de Izquierda Unida y luego senadora designada por la Comunidad de Madrid, cuando ya se presentaba en las listas del PSOE.

Almeida no es la única de este grupo que ha tenido presencia mediática en los últimos años, aunque por una razón muy diferente. Antonio García-Pagán, exdiputado socialista que recibe casi mil euros al mes de pensión parlamentaria, fue protagonista de diversas informaciones por su aparición en los Papeles de Panamá, según explicó laSexta.

También están el exdiputado y exsenador del PP Jesús Merino Delgado, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León y se le condenó a tres años y siete meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y falsedad continuada en el caso Gürtel. Recibe 674,75 euros de pensión parlamentaria.

El exdiputado socialista Ricardo García Damborenea también cobra mensualmente del Congreso. Recibe el complemento que deben aprobar las Mesas de forma discrecional, ya que por poco más de dos meses no alcanzaba el mínimo de siete años en el cargo que se exige para obtener la pensión de forma automática.

El Congreso le ingresa 2.056,48 euros al mes. García Damborenea fue procesado en el caso de los GAL. Fue condenado y estuvo en la cárcel por el secuestro de Segundo Marey. No cumplió toda la condena al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Unidas Podemos pidió el año pasado que se le retirara la pensión, pero actualmente la sigue cobrando.

En EE UU el dinero fluye cuantiosamente de las farmacéuticas a los médicos y a supuestas revistas científicas

 

NUEVA YORK.- En una entrevista con el periodista Paul D. Thacker, el ex investigador y oficial de seguridad de la Fuerza Aérea de EE. UU. Alex Rich explica por qué desarrolló un programa de software que vincula los pagos de las compañías farmacéuticas a médicos e investigadores.

Alex Rich cree que nadie en los EE. UU. tiene una idea clara del alcance y la escala de los pagos de las compañías farmacéuticas a los autores, generalmente médicos, de artículos publicados en revistas médicas.

Pero el ex investigador y oficial de seguridad de la Fuerza Aérea de EE. UU. cree que es importante tener esa información para determinar si un autor es parcial, por lo que desarrolló un software que extrae la literatura médica para descubrir los pagos de Big Pharma a los médicos.

En EE UU el dinero fluye cuantiosamente de las farmacéuticas a los médicos y a supuestas revistas científicas

En una entrevista con el periodista Paul D. Thacker , Rich dijo que su programa de software examina la brecha entre los datos de pago y los conflictos de intereses (revelados y no revelados) que pueden conducir a una influencia indebida por parte de las compañías farmacéuticas.

“Quiero que sea más fácil explorar las relaciones financieras entre los autores de artículos en revistas médicas y la industria, principalmente compañías farmacéuticas y de dispositivos”, dijo Rich a Thacker.

Thacker, autor de DisInfomation Chronicle, escribió una serie galardonada que expone la falta de transparencia entre los expertos que asesoran a funcionarios del Reino Unido y Estados Unidos sobre la política de COVID-19 .

Thacker también pasó años investigando el medicamento para la diabetes Avandia de GlaxoSmithKline, lo que llevó a que fuera retirado del mercado. Y su investigación sobre el encubrimiento de DuPont con respecto al teflón condujo a un escándalo y, en última instancia, a una importante demanda y a la película de 2019 » Dark Waters «.

Rich, que está cursando un doctorado, le dijo a Thacker que desarrolló el programa de software para «raspar» (es decir, extraer datos de) publicaciones indexadas en PubMed por médicos que figuran en la base de datos Open Payments  .

Luego, su software conecta las direcciones de los médicos con los pagos de las compañías farmacéuticas y los rastrea en un mapa de los EE. UU.

“La base de datos Open Payments se ha convertido en uno de los conjuntos de datos federales más sólidos e interesantes que existen”, dijo Rich. “Pero no se ha alcanzado la plena utilización porque es difícil vincularlo a otros conjuntos de datos. No tiene ninguna de las cosas normales que usaría para identificar a un médico o autor que usan otros conjuntos de datos”.

Rich cambió eso con su software, que tiene un código para extraer conflictos de intereses de los estudios.

Rich primero se dispuso a seguir el rastro del dinero entre los autores y la industria sumergiéndose en los detalles. Por ejemplo, dijo, si Purdue Pharma estaba tratando de influir en los médicos para que recetaran OxyContin, ¿cómo funcionó esa influencia?

«¿Donde se conocieron? ¿Quién habló? ¿Hacia dónde fluye la información? preguntó.

Rich analizó inicialmente muchas señales geográficas, como lugares en los que se paga a un médico por dar una charla y otros médicos reciben pagos por alimentos y bebidas.

“Finalmente, terminé mirando publicaciones revisadas por pares”, dijo Rich. “Cuando me encontré con médicos que publicaban en las principales revistas médicas y no revelaban sus conflictos de intereses financieros, realmente comencé a sentirme incómodo”.

Rich le dijo a Thacker que, si bien la mayoría de los médicos no se dejan influenciar por las compañías farmacéuticas, los incentivos financieros pueden tener efectos insidiosos en las opiniones y recetas de los médicos.

“Es un proceso sutil mediante el cual [los médicos] se sienten cada vez más cómodos con un conjunto de actores corporativos que tienen incentivos financieros muy fuertes para ver que todas las decisiones en los espacios grises de la medicina caigan a su favor”, dijo.

“La mayoría de estas personas creen que están haciendo lo correcto. Da la casualidad de que la mayoría de las cosas que dicen tienden a beneficiar a una corporación multimillonaria”.

Rich usó su software para exponer las acciones del Dr. Edward Michna del Pain Trials Center en Brigham and Women’s Hospital, quien testificó ante el tribunal en nombre de la industria de opioides.

Rich descubrió que, de más de 47.800 médicos de EE. UU. que recibieron pagos de Purdue Pharma (ahora en bancarrota después de declararse culpable de cargos de fraude relacionados con su comercialización de OxyContin), Michna estaba en el 0,2% superior con 52.512 dólares.

Michna también fue oradora pagada de Cephalon, que fue demandada por marketing engañoso de opioides.

Usando su programa de software, Rich descubrió que Michna repetidamente se olvidó de declarar como intereses contrapuestos los pagos de las compañías farmacéuticas en los estudios publicados.

Rich, quien también es el fundador de CitizenViz.org , dedicado a la “visualización de datos para una ciudadanía informada”, dijo que espera poder abrir el código de su software pronto.

“Debería haber más investigadores haciendo preguntas sobre los pagos”, dijo. “Esas conversaciones pueden mejorar la transparencia de toda la industria de la investigación médica y abrir nuevas líneas de pensamiento sobre el problema del sesgo en la investigación”.

Los médicos españoles recibieron 587 millones de las farmacéuticas en 2021

 

MADRID.- La industria farmacéutica destinó a lo largo de 2021 587 millones de euros a pagos relacionados con la formación continuada de los médicos y actividades de I+D. La cifra supera en 58 millones a la gastada el año anterior, que estuvo marcado por el confinamiento debido a la pandemia por el covid. Sin embargo, es inferior a la destinada en 2019, cuando las farmacéuticas se gastaron 601 millones de euros. 

Los datos, que cada año hace públicos la patronal del sector, Farmaindustria, distinguen varias actividades en las que se encuadran los pagos realizados, según publica elEconomista.

Según consta en los documentos, 287 millones de euros se dedicaron a retribuir a organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, y más de 171 millones de euros a apoyar las actividades de formación continuada. 

De estos últimos, 115 se destinaron a organizaciones sanitarias responsables de la organización de reuniones y congresos científico-profesionales y 56 correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran participar en este tipo de encuentros.

Otra de las partidas es la de donaciones y subvenciones que solo pueden destinarse a instituciones y organizaciones sanitarias. El año pasado se pagaron 38 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la de 2020 pero superior a cifras prepandémicas. 

Por otro lado, las compañías farmacéuticas dedicaron el año pasado 90 millones de euros al pago de prestación de servicios tanto a profesionales sanitarios (78 millones) como a organizaciones sanitarias (12 millones) por labores de asesoramiento o consultoría tales como ponencias en reuniones como conferenciantes, actividades de formación, elaboración de informes, etc.

Los datos se hacen públicos desde 2015 y desde esa fecha la tendencia ha sido creciente hasta la llegada de la pandemia de coronavirus. En 2015 se destinaron casi 500 millones de euros, cifra que se mantuvo prácticamente estable al año siguiente. En 2019 se alcanzó el pico de pagos a actividades de formación e I+D y en 2021 comienza a recuperarse estos pagos, sin llegar aún al nivel prepandémico.

Desde la patronal consideran que las cifras de los dos últimos años son "muy extraordinarios" a causa de la pandemia. "Lo importante es que, pese a estas circunstancias se ha logrado mantener el compromiso de la industria farmacéutica con el apoyo a la formación continuada de los profesionales sanitarios y la apuesta por la investigación en España.

 De hecho, en los últimos años se ha consolidado que la mitad del gasto en colaboraciones económicas corresponde a actividades relacionadas con la I+D", valora el director de la Unidad de Supervisión Deontológica (USD) de Farmaindustria, José Zamarriego.

El resto de inversiones que la industria farmacéutica hace en el ámbito de la investigación y que no se incluyen en estas colaboraciones se refieren a investigación preclínica en los que no intervienen profesionales sanitarios o el suministro de medicación gratuita para los ensayos clínicos así como otros gastos de ejecución. En total, la industria invierte en I+D 1.160 millones al año

Trump insta a Putin a revelar información sobre Hunter Biden

 

MIAMI.- El expresidente Donald Trump instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a entregar documentos que pueden incluir los tratos de Hunter Biden con los oligarcas rusos .

Trump dijo que estaba particularmente interesado en el supuesto pago de 3,5 millones de dólares de la viuda del exalcalde de Moscú a una empresa cofundada por Biden.

“¿Por qué la esposa del alcalde de Moscú les dio a los Biden 3,5 millones de dólares? Eso es mucho dinero. Ella le dio3.5 millones. Así que ahora creo que Putin sabría la respuesta a eso. Creo que debería soltarlo. Creo que deberíamos saber la respuesta”, dijo Trump.

Trump también acusó a Biden de un “conflicto de intereses” luego de que Moscú lo sancionara, junto con otros funcionarios estadounidenses y su hijo.

Además, Trump alegó que Biden no reaccionó con más fuerza a la invasión de Ucrania por parte de Putin debido a los pagos que les hizo la esposa del difunto alcalde.

Días después de las acusaciones de Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue cuestionada sobre por qué Estados Unidos no había sancionado a Baturina por el ataque de Rusia a pesar de los aparentes vínculos con el Kremlin. También surgieron preguntas sobre la participación de Biden en el asunto.

Si bien el propio Biden no estuvo implicado en el informe publicado en septiembre de 2020, argumentó que el tiempo de Hunter Biden trabajando en la junta de Burisma podría haber presentado un conflicto de intereses para la administración de Obama. Como vicepresidente de Obama, Biden dirigía los esfuerzos anticorrupción en Kiev en ese momento. 

El impulso del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para aumentar la financiación y la producción de energía verde también ayudaría a empresas como Burisma, una corporación ucraniana de gas natural donde el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, formaba parte de la junta. 

El mensaje del presidente ucraniano es similar al de una declaración reciente de Klaus Schwab, donde dijo que habrá cambios sistémicos y estructurales y que las cadenas de suministro globales, los sistemas energéticos y alimentarios se verán profundamente afectados.

El objetivo de los promotores del “cambio climático” no es un sistema energético que cambie el clima global . En cambio, se están moviendo para crear Carbon Tax Trading Systems, un nuevo mecanismo de monitoreo y control financiero y un programa de impuestos global para controlar toda la actividad humana a nivel global.

El Biden más joven se enfrenta actualmente a una investigación federal por sus conexiones con corporaciones extranjeras sospechosas después de que fuera citado a fines de 2020. Hubo expertos de los medios y políticos que creen que Biden estaba brindando acceso a su padre a cambio de dinero.

Burisma cofundó una iniciativa en 2016 para impulsar la “seguridad energética” y centrarse en “la popularización de fuentes de energía alternativas en Europa y en todo el mundo”. Dado que la compañía se beneficia de la mayor dependencia del gas natural, se cuestiona si los Biden simplemente se estaban adelantando a la curva al participar en las acciones de la corporación antes de que estallara la guerra.

También existe la posibilidad de que la administración Biden haya permitido o incluso instigado el conflicto para marcar el comienzo de una nueva era de “energía verde” y finalmente poner fin a la dependencia de la energía rusa.

De todos modos, parece que los únicos que se benefician de esta “energía verde” son las empresas y los políticos liberales.

Los acuerdos multimillonarios de Hunter Biden con una empresa energética china

 

WASHINGTON.- El acuerdo se gestó durante años, y fue la culminación de la creación de contactos, la organización de cenas y los vuelos de ida y vuelta a China. Pero el 2 de agosto de 2017 se estamparon rápidamente las firmas, una de Hunter Biden y otra de un ejecutivo chino llamado Gongwen Dong. 

En pocos días, se creó una nueva cuenta en el Cathay Bank. En una semana, millones de dólares comenzaron a cambiar de manos.

Aunque muchos aspectos del acuerdo financiero de Hunter Biden con CEFC China Energy ya se habían comunicado anteriormente y se incluyeron en un informe del Senado dirigido por los republicanos en 2020, una revisión del Washington Post confirmó muchos de los detalles clave y encontró documentos adicionales que muestran las interacciones de la familia Biden con los ejecutivos chinos.

En el transcurso de 14 meses, el conglomerado energético chino y sus ejecutivos pagaron 4,8 millones de dólares a entidades controladas por Hunter Biden y su tío, según los registros gubernamentales, los documentos judiciales y los extractos bancarios recientemente revelados, así como los correos electrónicos contenidos en una copia del disco duro de un ordenador portátil que supuestamente perteneció a Hunter Biden.

 El Post no encontró pruebas de que Joe Biden se beneficiara personalmente o conociera detalles de las transacciones con CEFC, que tuvieron lugar después de que dejara la vicepresidencia y antes de que anunciara sus intenciones de presentarse a la Casa Blanca en 2020.

Pero los nuevos documentos -que incluyen una copia firmada de un anticipo legal de un millón de dólares, correos electrónicos relacionados con las transferencias bancarias y 3,8 millones de dólares en honorarios de consultoría que se confirman en nuevos registros bancarios y acuerdos firmados por Hunter Biden- ilustran las formas en que su familia se benefició de las relaciones construidas durante las décadas de servicio público de Joe Biden.

 El trabajo de Hunter Biden en el extranjero ha sido objeto de un gran escrutinio. Ha estado bajo investigación federal como parte de una investigación sobre sus impuestos, con testigos llamados ante un gran jurado tan recientemente como el mes pasado. 

Los fiscales federales habían intentado determinar si no había contabilizado los ingresos procedentes de acuerdos relacionados con China, según informó anteriormente The Post, aunque no está claro si esto sigue siendo un objetivo.

Los republicanos, por su parte, han señalado los negocios de la familia Biden en China, junto con la anterior pertenencia de Hunter Biden al consejo de administración de la empresa energética ucraniana Burisma, como posibles conflictos de intereses.

El acuerdo CEFC se convirtió en una de las empresas extranjeras más lucrativas, aunque de corta duración, que se sabe que Hunter Biden ha llevado a cabo. La reseña del Post se basa en parte en un análisis de una copia que se dice que es del disco duro de un ordenador portátil que Hunter Biden supuestamente dejó en un taller de reparación de Delaware y que nunca llegó a recoger. 

El portátil fue entregado al FBI en diciembre de 2019, según los documentos revisados por el Post, y una copia del disco fue obtenida por Rudy Giuliani y otros asesores del entonces presidente Donald Trump unos meses antes de las elecciones de 2020.

Después de que el New York Post comenzara a publicar informes sobre el contenido del portátil en octubre de 2020, The Washington Post pidió repetidamente a Giuliani y al estratega republicano Stephen K. Bannon una copia de los datos para revisarlos antes de las elecciones, pero las peticiones fueron rechazadas o ignoradas.

En junio de 2021, Jack Maxey, un activista que recibió una copia de Giuliani en 2020, en un momento en que Maxey estaba trabajando con Bannon y su podcast “War Room”, proporcionó una copia al Post.

El Post ha explorado la cadena de custodia, así como las conclusiones de los análisis forenses de los datos, en una historia separada.

Los ayudantes de Biden y algunos exfuncionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos han expresado su preocupación por la posibilidad de que el dispositivo haya sido manipulado por Rusia para interferir en la campaña. 

En el Capitolio, los demócratas han desestimado informes anteriores sobre el trabajo de Hunter Biden en China por considerar que carecen de credibilidad o que forman parte de una campaña de desinformación rusa. 

El análisis de The Post incluyó el trabajo forense de dos expertos externos que evaluaron la autenticidad de numerosos correos electrónicos relacionados con el asunto del CEFC. Además, The Post descubrió que los documentos financieros de la copia del supuesto ordenador portátil de Hunter Biden coinciden con los documentos y la información encontrada en otros registros, incluidos los documentos bancarios recientemente revelados obtenidos por el senador Charles E. Grassley de Iowa, un republicano de alto rango en los comités de Finanzas y Judicial del Senado.

Los posibles proyectos energéticos que Hunter Biden discutió con CEFC nunca llegaron a materializarse.

Sin embargo, las cuentas vinculadas a Hunter Biden recibieron 3,8 millones de dólares en pagos de CEFC a través de contratos de consultoría, según los registros bancarios y los acuerdos conjuntos revisados por el Post.

Biden recibió un anticipo adicional de un millón de dólares, emitido como parte de un acuerdo para representar a Patrick Ho, un funcionario de CEFC que más tarde sería acusado en Estados Unidos en relación con un esquema multimillonario para sobornar a líderes de Chad y Uganda. 

Ese acuerdo de retención, en un documento recientemente descubierto, contiene las firmas tanto de Hunter Biden como de Ho, que posteriormente fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión.

Hunter Biden, que es licenciado en Derecho, no fue acusado de infracción en esa trama y parece que no tuvo mucho que ver con la representación de Ho en el caso federal. Ho, a través de su abogado en ese caso, declinó hacer comentarios.

Hunter Biden y su abogado no respondieron a los numerosos mensajes dejados durante la semana pasada. La Casa Blanca se negó a responder de forma oficial, pero se remitió a declaraciones anteriores en las que afirmaba que Joe Biden “nunca ha considerado siquiera la posibilidad de participar en negocios con su familia, ni en ningún tipo de negocio en el extranjero.”

Años de búsqueda de negocios en China

La relación de Hunter Biden con CEFC echó raíces durante una época de tensión financiera y agitación para su familia, según los archivos judiciales y las cuentas de Hunter Biden. Los Biden se tambaleaban por la muerte del hermano mayor de Hunter, Beau, en mayo de 2015, y Hunter luchaba contra el consumo de drogas.

“Estaba sumido en la adicción”, escribió Hunter en unas memorias publicadas el año pasado.

Durante el proceso de divorcio con su esposa Kathleen, una presentación judicial en el caso describió “deudas pendientes [que] son impactantes y abrumadoras”, con la pareja cargando con tarjetas de crédito al máximo, hipotecas dobles en ambas propiedades que poseían y una deuda de impuestos de 313.970 dólares. Tres cheques a su ama de llaves habían rebotado, y debían dinero a proveedores médicos y terapeutas, según una presentación de febrero de 2017 en el Tribunal Superior de Washington.

Un intermediario de CEFC se puso inicialmente en contacto con Hunter Biden en diciembre de 2015 para organizar una reunión entre el hijo del entonces vicepresidente y Ye Jianming, el fundador y presidente de la empresa china, según los correos electrónicos verificados de una supuesta copia del disco duro del portátil revisada por los expertos externos para The Post.

Vuk Jeremic, un político serbio que había sido recientemente presidente de la Asamblea General de la ONU, escribió en un correo electrónico al Biden más joven que estaba organizando una pequeña cena privada en Washington con Ye -a quien calificó como “uno de los 10 empresarios chinos más ricos”- y quería que Hunter asistiera.

“Es joven y dinámico, con las conexiones de más alto nivel en su país”, escribió Jeremic en el correo electrónico del 1 de diciembre de 2015.

Hunter Biden no pudo asistir a la cena y Jeremic dijo en un correo electrónico a The Post que, aunque conocía a ambos hombres, “no estuvo involucrado en su presentación mutua” y se enteró por los informes de los medios de comunicación de que los dos habían conectado finalmente.

CEFC, una enorme empresa de petróleo y gas fundada en 2002, contaba con financiación de bancos de desarrollo del gobierno y vínculos con el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación, según personas que estudiaron la empresa. 

La biografía oficial de Ye dice que en su día fue vicesecretario de la Asociación China para el Contacto Amistoso Internacional, una organización que un informe del Congreso estadounidense de 2011 calificó de “fachada” del Ejército Popular de Liberación.

Aunque el CEFC era ostensiblemente privado, los expertos en economía china dicen que es poco probable que operara de forma independiente del gobierno.

La embajada china declinó hacer comentarios sobre los vínculos de CEFC con el gobierno chino o la participación de Hunter Biden en la empresa.

Poco después de que Joe Biden dejara la vicepresidencia, Hunter Biden y Ye se reunieron en una cena en Miami.

Los dos discutieron oportunidades de negocio para CEFC en Estados Unidos, incluyendo una empresa conjunta de 40 millones de dólares para producir gas natural licuado en Luisiana, según un informe del New Yorker de julio de 2019 basado en extensas entrevistas con Hunter Biden.

Ese acuerdo fracasó. Pero Ye estaba tan satisfecho con su reunión inicial con Hunter Biden que después de la cena envió un diamante de 2,8 quilates a la habitación del hotel de Hunter con una tarjeta de agradecimiento por la conversación, según el New Yorker.

En el proceso de divorcio, la esposa de Hunter alegó que el diamante tenía un valor de 80.000 dólares. Hunter Biden dijo al New Yorker que el valor estaba más cerca de los 10.000 dólares, que entregó el diamante a sus socios y que no sabe qué hicieron con él.

En el verano de 2017, Hunter Biden recibió una petición de Ye que presagiaría problemas posteriores para el CEFC. Ye dijo que un importante asociado de CEFC, Patrick Ho, podría estar siendo investigado por las fuerzas del orden de Estados Unidos y pidió ayuda a Hunter Biden. Hunter Biden declaró al New Yorker que aceptó representar a Ho y tratar de averiguar si estaba siendo investigado por las fuerzas del orden.

Hunter Biden firmó en agosto de 2017 un acuerdo con Gongwen Dong, un ejecutivo de un conglomerado energético chino, para realizar inversiones conjuntamente. El acuerdo, incluido con los registros bancarios proporcionados al senador Charles E. Grassley (republicano de Iowa), establecía que Hunter Biden obtendría un anticipo único de 500.000 dólares y luego recibiría un estipendio mensual de 100.000 dólares, y su tío James Biden obtendría 65.000 dólares al mes. (Cortesía de la oficina del senador Charles Grassley).

La ejecución del mayor acuerdo de consultoría entre Hunter Biden y CEFC se produjo rápidamente a principios de agosto de 2017.

El contrato, firmado el 2 de agosto de 2017, establecía que Hunter Biden obtendría un anticipo único de 500.000 dólares y luego recibiría un incentivo mensual de 100.000 dólares, y su tío James Biden obtendría 65.000 dólares al mes.

Se encontró una copia sin firmar del acuerdo en la supuesta copia del disco duro del portátil de Hunter Biden. Una copia firmada se incluyó con los registros bancarios proporcionados a Grassley y revisados por The Post. Según el acuerdo de 26 páginas, acordaron realizar conjuntamente inversiones bajo una empresa llamada Hudson West III LLC.

El dinero comenzó a fluir casi de inmediato, con la primera transferencia entrante de 5 millones de dólares que llegó el 8 de agosto de 2017, según los documentos encontrados en la copia del portátil de Hunter Biden y corroborados por los extractos bancarios idénticos que la oficina de Grassley obtuvo del Cathay Bank para una cuenta mantenida conjuntamente por Hunter Biden y los ejecutivos de CEFC.

Después de los gastos y los costes de personal, la mayor parte del dinero, unos 4,8 millones de dólares, se dirigió durante un periodo de 14 meses, normalmente en incrementos de 165.000 dólares, a una cuenta vinculada a Hunter Biden, según muestran los documentos. Durante ese periodo, se transfirieron unos 1,4 millones de dólares de la cuenta de Hunter al Lion Hall Group, la empresa de consultoría que dirigía James Biden, según otros registros gubernamentales revisados por The Post.

“No hay comentarios”, dijo James Biden cuando se le llamó por teléfono móvil y se le preguntó por el acuerdo con CEFC.

Más banderas rojas

 
Unas semanas después de entrar en el negocio con los ejecutivos de CEFC, en el otoño de 2017, Hunter Biden solicitó cambios en el espacio de oficina del quinto piso que estaba alquilando en la Casa de Suecia, un edificio aireado en Georgetown que alberga la Embajada de Suecia y otras oficinas.

El 21 de septiembre de 2017, Hunter Biden escribió a un administrador del edificio solicitando una nueva señalización de la oficina para reflejar una nueva empresa familiar y una nueva relación comercial: “La Fundación Biden y Hudson West (CEFC-US)”, escribió en los correos electrónicos al administrador de la propiedad.

También solicitó las llaves para sus nuevos compañeros de oficina: su padre, Joe; su madre, Jill; su tío James; y el ejecutivo chino, Gongwen Dong.

Como parte de la solicitud, proporcionó lo que dijo que era el número de teléfono móvil de su padre, diciendo que un representante de la oficina podría utilizarlo para ponerse en contacto con sus nuevos compañeros de oficina.

Hunter Biden se refirió a Ye, el presidente del CEFC, como “mi compañero” y describió a Dong como el “emisario del presidente Ye del CEFC”.

Los intercambios de correos electrónicos en los que se habla del plan de Hunter Biden para abrir una oficina de Biden-CEFC estaban incluidos en la copia de su disco duro y fueron confirmados a través de los registros públicos que el gobierno sueco entregó a The Post. El contenido de los registros fue reportado por primera vez por el periódico sueco Dagens Nyheter.

“¡Estamos muy emocionados y nos sentimos honrados de dar la bienvenida a sus nuevos colegas!”, escribió el gerente a Hunter Biden.

Hunter Biden en el otoño de 2017 buscó cambios en el espacio de oficina que alquilaba en la Casa de Suecia, un edificio en Georgetown que alberga la embajada sueca y otras oficinas. 

Según los correos electrónicos incluidos en una supuesta copia de su ordenador portátil, y en los correos electrónicos obtenidos del gobierno sueco, Biden solicitó llaves para sus nuevos compañeros de oficina: su padre, Joe; su madre, Jill; su tío James; y el ejecutivo chino, Gongwen Dong. (Obtenido por The Washington Post).

Jeffrey Peck, el miembro de la junta directiva de la Fundación Biden más involucrado en detalles como la instalación de la oficina, dijo que nunca se consideró esa ubicación.

“Recuerdo las discusiones sobre otros posibles espacios y la llamada Casa de Suecia nunca estuvo en ninguna lista”, dijo Peck. “Nunca se pensó -como cero pensamiento o consideración- en ese edificio”.

Una portavoz de la autoridad sueca que supervisa la propiedad dijo que las cuatro llaves se pusieron a disposición, como se había solicitado, pero que Hunter Biden nunca las recogió. El cartel de la puerta no se cambió, dijo.

Alrededor del momento en que Hunter Biden pedía cambios en su espacio de oficina, los intercambios de correo electrónico con el administrador de la propiedad se volvieron tensos, con un recordatorio a Hunter Biden para que dejara de violar las políticas de la oficina al traer a los visitantes por una entrada lateral en lugar de registrarlos en la recepción, donde pasan por los detectores de metales.

Hunter Biden respondió airadamente, diciendo que una de ellas era una mujer sin hogar de la que podía dar fe, y acusó a los responsables de la oficina de racismo porque esa mujer es negra. Escribió que otra invitada era Lunden Roberts, una mujer que describió como “la mentora de baloncesto de mi hija menor”.

En un año, Roberts tendría un bebé que Hunter negó que fuera suyo hasta que ella presentó una demanda de paternidad y las pruebas de ADN confirmaron que era suyo. Llegaron a un acuerdo en marzo de 2020 y los documentos judiciales muestran que él está pagando una cantidad no revelada en concepto de manutención.

El abogado de Roberts, Clint Lancaster, dijo que su cliente había trabajado para Biden en el momento del incidente de la Casa de Suecia. Dijo que Roberts fue llamado a declarar durante varias horas ante un gran jurado en Wilmington, Delaware, a mediados de febrero, una indicación de que la investigación federal sobre Hunter Biden sigue activa. Lancaster se negó a comentar la naturaleza de su testimonio. El Departamento de Justicia y la oficina del fiscal de Delaware también declinaron hacer comentarios.

Hunter Biden confirma que está bajo investigación federal

Durante el tiempo en que la relación con el CEFC estuvo activa, se transfirieron fondos de Hunter Biden a su tío, según muestran los registros. En total, casi 1,4 millones de dólares pasaron de la empresa de Hunter a otra controlada por James Biden, según un informe de 2020 elaborado por Grassley y su compañero senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin. 

Las transacciones fueron identificadas como posibles actividades delictivas, una designación destinada a señalar el posible blanqueo de dinero, la corrupción política u otros delitos financieros, según un informe de la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro que fue revisado por The Post.

Cuando el banco de James y Sara Biden se puso en contacto con ellos sobre las transacciones, no quisieron proporcionar documentación de apoyo para explicar la actividad y cerraron la cuenta, según los registros revisados por The Post.

James Biden no respondió a una lista detallada de preguntas sobre las transacciones financieras.

Mientras tanto, los ejecutivos de CEFC estaban preocupados por las investigaciones del Departamento de Justicia sobre funcionarios vinculados a la empresa. Como quedaría claro más tarde en los registros judiciales, los investigadores federales habían obtenido una orden de vigilancia de inteligencia extranjera sobre Ho y estaban monitoreando sus comunicaciones.

El 18 de septiembre de 2017, Hunter Biden firmó una carta de compromiso de abogado de dos páginas para representar a Ho, con un anticipo de un millón de dólares. El acuerdo especificaba que Hunter Biden debía proporcionar “asesoramiento en asuntos relacionados con la legislación de Estados Unidos y asesoramiento relativo a la contratación y el análisis legal de cualquier bufete o abogado de Estados Unidos.” Ho firmó el documento cuatro días después, el 22 de septiembre de 2017.

Una copia firmada del acuerdo de dos páginas estaba contenida en la supuesta copia de la unidad de disco portátil de Hunter Biden, almacenada como archivo adjunto a un correo electrónico que no contenía datos suficientes para ser verificados por los expertos externos de The Post. 

Pero los registros bancarios obtenidos por Grassley muestran que un millón de dólares fue finalmente depositado en una cuenta asociada a Hunter Biden, con una nota que describe el pago como “representación” de Ho.

El 18 de noviembre, unas semanas después de que Hunter Biden firmara el acuerdo para representar a Ho, su cliente fue detenido por dos agentes del FBI en el aeropuerto JFK. Le leyeron sus derechos Miranda a las 2 de la tarde; nueve minutos después, llamó a James Biden, según los registros policiales.

James Biden dijo al New York Times en 2018 que supuso que Ho estaba buscando a Hunter Biden, y le pasó la información de contacto de su sobrino.

Casi inmediatamente después de la detención de Ho, según los correos electrónicos verificados, Edward Y. Kim, un abogado de Krieger Kim, fue reclutado para representar a Ho. Kim y Ho declinaron las solicitudes de comentarios.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que Ho había sobornado a dirigentes de Chad y Uganda con el fin de obtener permisos petroleros para CEFC. También dijeron que Ho había ofrecido a CEFC como recurso para ayudar a Irán a evadir las sanciones petroleras.

El choque

 
Las cosas se desmoronaron rápidamente. Ho estaba en la cárcel a la espera de juicio. Ye, el jefe de CEFC, había sido detenido en China a mediados de febrero de 2018 y no se sabía nada de él desde entonces. Los motivos de la detención no estaban claros, aunque Reuters informó que estaba relacionado con presuntos delitos económicos.

No se pudo contactar con Ye para que hiciera comentarios, y la embajada china declinó hacer comentarios sobre la detención de Ye.

En marzo de 2018, el tío de Hunter Biden pretendía acceder al millón de dólares de retención que se le debía a Hunter por la representación de Ho. James Biden, el 21 de marzo de 2018, escribió a los funcionarios del CEFC con “instrucciones de transferencia”, proporcionando la dirección y los números de ruta de cómo transferir a la cuenta vinculada a Hunter Biden.

“Recibida y me ocuparé de esto lo antes posible”, escribió Mervyn Yan, uno de los funcionarios del CEFC, en un correo electrónico verificado.

A las 9:43 de la mañana siguiente, la transferencia se hizo efectiva y se depositó en la cuenta tal y como James Biden había ordenado, y el número de ruta de su correo electrónico coincidía con el número de ruta recibido por el banco, según los registros bancarios.

Hunter Biden comenzó a intercambiar mensajes hostiles con el resto de los ejecutivos, incluidos Dong y Mervyn Yan. Los dos habían cuestionado varios de los gastos de negocios de Hunter Biden, pidiendo recibos para respaldar los cargos. Yan, en un correo electrónico verificado, escribió a Hunter que algunos de los gastos por los que solicitaba el reembolso no parecían estar relacionados con el negocio de la empresa energética china, incluyendo, escribió, “casa en Suecia”.

Hunter Biden amenazó con demandar tanto a Yan como a Dong por negarse a pagar, alegando que no tenían derecho a cuestionar sus gastos -y explicando que la Casa de Suecia era su oficina con sede en Washington.

“Presentaré una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware -que como sabéis es mi estado natal y tengo el privilegio de haber trabajado y conocer a todos los jueces del tribunal de cancillería”, escribió el 14 de marzo de 2018.

“No puedes demandarnos por no pagar gastos incorrectos”, escribió Dong en respuesta, según un correo electrónico verificado.

Dong y Yan no respondieron a las solicitudes de comentarios.

JiaQi Bao, una asistente con la que Hunter Biden había trabajado estrechamente en los negocios de CEFC, escribió en un correo electrónico del 26 de marzo de 2018 que la empresa se estaba disolviendo y que ella perdería su trabajo – pero que Hunter Biden debería “tomar todo el dinero que pueda tomar, siempre y cuando el dinero esté disponible para reclamar.”

“Recoge todo lo que puedas, o busca la manera de gastarlos en tu propio beneficio”, escribió.

Bao no respondió a numerosos mensajes telefónicos y de correo electrónico.

En los seis meses siguientes, se transfirieron casi 1,4 millones de dólares a la cuenta de Hunter Biden, según los registros bancarios.

Pero los problemas también se avecinaban. Hunter Biden siguió luchando contra problemas de adicción que crearon tensiones en su familia, y su padre empezó a pagar algunas de sus facturas. Los problemas del menor de los Biden se cernían sobre la decisión de su padre de presentarse a la presidencia, una campaña que Joe Biden anunciaría formalmente en abril de 2019.

Las batallas personales de Hunter Biden continuarían. Pero la saga empresarial de CEFC pronto llegaría a su fin.

Yan firmó un documento el 2 de noviembre de 2018 en el que disolvía Hudson West III LLC, la empresa que vinculaba a los Biden con CEFC. Yan lo presentó en una oficina con sede en Dover, Delaware, a menos de una hora en coche de la casa de la familia Biden.

Cómo AstraZeneca y otras farmacéuticas usan a Ucrania como laboratorio de pruebas

 

 MOSCÚ.- Las grandes farmacéuticas transnacionales pagan enormes sumas de dinero a los funcionarios ucranianos de todos los niveles, desde los diputados y viceministros hasta los directores de hospitales. Todo con el fin de realizar pruebas clínicas de sus fármacos en el país europeo. Pero ¿por qué sus miradas se han fijado en Ucrania?, se pregunta sputniknews.com

Estos esquemas funcionan en Ucrania de manera totalmente legal y los funcionarios del sector Salud incluso declaran las rentas obtenidas. Habitualmente, en las declaraciones de ingresos no se concreta específicamente por qué las farmacéuticas le transfieren los fondos y solo se indica que se trata de honorarios. Pero en algunas ocasiones se detalla que el dinero es pagado por llevar a cabo ensayos clínicos de medicamentos.

Pero los funcionarios prefieren no poner en riesgo su salud y no se someten a estas pruebas de fármacos. Los conejillos de indias en este caso son los pacientes de las instituciones médicas ucranianas.

La pirámide de funcionarios involucrados

Uno de los más altos cargos involucrados es el exministro de Sanidad uranicano Dmitri Lufer. En el 2019 declaró que su esposa había recibido más de 1,8 millones de grivnas (unos 64.800 dólares) de la sucursal de la farmacéutica transnacional AstraZeneca, uno de los fabricantes de la vacuna contra el coronavirus, detalla el portal ucraniano Strana.ua.

El exdiputado de la Rada Suprema (Parlamento unicameral de Ucrania) Román Romaniuk declaró que en el 2019 su esposa había obtenido casi 350.000 grivnas (12.600 dólares) de los gigantes farmacéuticos. En aquel entonces AstraZeneca fue la empresa que pagó más dinero, alrededor de 277.000 grivnas (9.972 dólares).

Este esquema es muy popular sobre todo en el ámbito de la oncología. Por ejemplo, en el 2019 la directora del Instituto Nacional del Cáncer, Elena Kolesnik, obtuvo 1.122.000 grivnas (40.392 dólares) por realizar los estudios clínicos. 

Entre sus patrocinadores están las empresas farmacéuticas occidentales de investigación Abbvie (EEUU), Iqvia (Austria), Syneos Health (Reino Unido), Ab Science (Francia), Clinical Financial Services (EEUU), así como las representaciones ucranianas de las corporaciones farmacéuticas transnacionales AstraZeneca y MSD Human Health Holding (departamento de investigación del gigante farmacéutico global MSD).

En este esquema participan también otros sectores de la medicina como la neumología, cardiología y endocrinología.

Así, en el año 2019 el director del Instituto Nacional de Tisiología y Neumología, Yuri Feshchenko, recibió 803.000 grivnas (28.908 dólares) de la empresa suiza PSI CRO. El fabricante de fármacos francés Science SA le pagó al funcionario más de 1.000.000 de grivnas (36.000 dólares). Al final, los honorarios de Feshchenko superaron los 2,3 millones de grivnas (82.800 dólares), cuatro veces más que su salario.

Las universidades médicas también participan en este esquema. Por ejemplo, el vicerrector de la Universidad Médica de la ciudad de Ivano-Frankivsk obtuvo en el 2019 casi 4,6 millones de grivnas (165.600 dólares) de las empresas farmacéuticas, 15 veces más que su sueldo declarado.

Los médicos jefes también reciben fondos de las corporaciones farmacéuticas. Así, el director del Hospital Clínico №10 de la ciudad ucraniana de Odesa obtuvo en el 2019 casi 300.000 grivnas (10.800 dólares).

De este modo, en el país se formó una verdadera pirámide, en la cual están involucrados funcionarios médicos de todos los niveles que reciben dinero de las grandes empresas farmacéuticas que superan sus salarios. Pero existen también pagos no oficiales que reciben los funcionarios médicos por acelerar la toma de decisiones en el lanzamiento de los estudios clínicos, afirma Strana.ua. Estos pagos no figuran en las declaraciones de ingresos, pero pueden ser notables, agrega.

¿Por qué Ucrania?

Ucrania es un polígono interesante para las empresas farmacéuticas extranjeras para llevar a cabo experimentos clínicos, ya que en este país la política regulatoria es mucho menos exigente en cuanto a la protección de la salud de los pacientes, las gestiones judiciales, etc.

Además, desde el cambio de poder en el 2014, Ucrania tiene uno de los salarios promedios más bajos de Europa. Esto convierte al país en un lugar atractivo para los ensayos de las grandes farmacéuticas ya que pueden pagar menos dinero para realizarlos que, por ejemplo, en Europa o EEUU, explica la académica correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Médicas y exrectora de la Universidad Nacional Bogomolets, Ekaterina Amosova, citada por el medio ucraniano.

“En el pago de fondos a nuestros centros clínicos y médicos por parte de las empresas farmacéuticas no hay ningún delito. Todo se efectúa de manera oficial, por lo menos, en la mayoría de los casos”, comentó la científica.

Se firmaron varios contratos con los hospitales, jefes de las investigaciones clínicas, así como a veces con cada médico, detalló.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.

Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 

La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 

Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.

La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.

-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.

La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.

Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).

No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.

Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.

Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 

La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.

-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 

Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.

Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.

-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 

Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.

No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 

Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.

En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.

Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.