PALMA.- Los acusados de urdir una trama para desviar
fondos públicos del consorcio Turisme Jove durante la última legislatura
de Jaume Matas (2003-2007), se han conformado con penas de entre nueve
meses y tres años y siete meses de prisión. Entre ellos, el exdirector
general de Juventud Juan Francisco Gálvez y el exgerente de Turisme Jove
Damià Amengual han aceptado tres años de prisión, mientras que el
exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez cumplirá tres
años y siete meses.
Los tres exaltos cargos, que junto al resto de procesados se han
sentado este lunes en el banquillo tras más de cinco años de instrucción
de esta causa de corrupción, han alcanzado así acuerdos de conformidad
con la Fiscalía y las demás acusaciones, tras declararse culpables de
haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama dirigida a
saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio, llegando a
provocar la quiebra técnica de la empresa.
Los inculpados ven así visiblemente reducidas sus condenas
respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que reclamaba un
total de 48 años y medio de prisión para todos los acusados. Gálvez,
Amengual y Gosálbez utilizaron "distintas operativas" para obtener "un
enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose
de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su
gestión.
En concreto, los delitos que pesan sobre ellos son los de
malversación, prevaricación, falsedad mercantil, fraude a la
administración y cohecho. Mientras tanto, de los trece procesados que
había inicialmente, le han sido retiradas las acusaciones al empresario
Miguel Rigo.
En lo que al resto de acusados se refiere, se trata del empresario
de Injerjes de Paguera y exregidor de Calvià Jesús García Oeo -quien ha
aceptado un año, un mes y 15 días de prisión-; María Auxiliadora Pérez
-nueve meses-; el constructor Marcos Pérez -nueve meses-; los socios de
Náutica Aventura, Antonio Dolç -un año, un mes y 15 días- y Bartolomé
Gayà -la misma pena-; el constructor Antonio Tugores -un año y tres
meses-; el publicista Manuel Carmelo -ocho meses-; el rotulista Pau
Pujante -nueve meses- y el hotelero francés André José Villena -un año,
un mes y 15 días-.
Y es que para su actuación delictiva, los exaltos cargos contaron
con la intervención de particulares con quienes se relacionaban o
contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública, y
con quienes se concertaron para admitirles facturas que no se
correspondían con servicios prestados. Así, entre otros, André Villena
facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos
de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a
realizarse.
Es más, los responsables del consorcio cobraron comisiones por la
adjudicación de los contratos e interpusieron sociedades expresamente
constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario
público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a
Turisme Jove un elevado perjuicio.
Por su parte, Gosálbez llegó a gastar 21.074 euros -a cuya
devolución ha sido condenado- en servicios y compras que no revertían en
beneficio de la Administración, como el pago de numerosos viajes
privados con fondos públicos, hoteles, taxis y restaurantes. Del mismo
modo actuó Amengual, quien en su caso gastó 10.176 euros de las arcas de
Turisme Jove a nivel particular.
Así, según el acuerdo de conformidad suscrito por las partes, ya
desde que fueron nombrados en sus respectivos cargos Gosálbez, Amengual y
Gálvez buscaron enriquecerse de forma ilícita incumpliendo de manera
"taxativa y radical" las normas de contratación pública, concertándose
con los distintos empresarios, dando el visto bueno a facturas que no
respondían a servicio alguno, y cobrando comisiones a las empresas
contratadas, algunas de las cuales tuvieron que aumentar las facturas a
Turisme Jove para hacer frente a los sobornos.
El acuerdo contempla el comiso de los 42.500 euros que Gosálbez
cobró en concepto de comisiones así como los 35.000 que percibió
Amengual, mientras que también deberán hacer frente a cuantiosas
indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.
El PP, a través del letrado Salvador Perera, ejerce la acusación
popular en esta causa, si bien únicamente acusaba a Gosálbez -para quien
solicitaba cuatro años y medio de cárcel-, así como el Consorcio para
la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ).
Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de
que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura
de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase
irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios
Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras
confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento
de la Fiscalía Anticorrupción.
