España y Argelia trabajarán para aumentar permisos de trabajo a españoles

ARGEL.- Los Gobiernos de España y Argelia van a trabajar para "acelerar y aumentar" la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos españoles, una de las dificultades que los empresarios asentados en este país magrebí le han trasladado al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, durante su visita a Argel.

   Tras conversar ayer en Orán con representantes de pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en Argelia, el jefe de la diplomacia española se ha reunido en Argel con miembros de algunas grandes empresas asentadas en este país, con quienes ha hablado durante más de una hora en la residencia del embajador.

   Entre ellos, había representantes de Banco Sabadell, La Caixa, Cepsa, Elecnor, Sener, FCC, Iberdrola, OHL, Isolux Corsan, Concesiones Norte Africa, Fertial, CCIAE, Impulsa, Opersia, Ecisa, Armatek y Comsa. A la reunión no han acudido representantes de Gas Natural ni Repsol, que han excusado su presencia por no encontrarse en Argel.

   De estos encuentros, García-Margallo se ha llevado una impresión favorable de las oportunidades que ofrece Argelia -que en estos momentos tiene en marcha un "ambicioso" programa de reformas de 212.000 millones de euros--, pero también ha conocido de primera mano las dificultades a las que se enfrentan los empresarios españoles.

   El ministro ha planteado estas cuestiones en sus reuniones con las autoridades argelinas, con quienes ha llegado al acuerdo de trabajar en concreto sobre cuatro cuestiones particulares que ha abordado con el ministro de Asuntos Exteriores, Mourad Medelci, el ministro de Energía y Minas, Youcef Yousfi, y el primer ministro, Abdelmalek Sellal, con quien ha almorzado antes de viajar rumbo a España.

   En concreto, España y Argelia van a trabajar sobre el marco laboral en que se desarrollan estas relaciones comerciales, con el objetivo de "acelerar y aumentar el número de permisos de trabajo para personal español", que se compensará con el ofrecimiento español de llevar a cabo labores de formación y transferencia de tecnología.

   "Sería la contraprestación que España puede ofrecer a cambio de una mayor flexibilidad y un mayor número de permisos de trabajo que aliviaría la situación de desempleo en nuestro país", ha explicado García-Margallo a los periodistas.

   Además, se va a tratar de elaborar un texto normativo para acelerar los trámites aduaneros, fundamentalmente en lo que se refiere a los bienes de equipo, un asunto "muy importante" para las empresas del sector de la construcción.

   También se ahondará en la "interpretación" del convenio de doble imposición, que "dificulta enormemente" las relaciones comerciales  y se tratará de "flexibilizar" la ley argelina que exige que todas las sociedades mixtas estén participadas a un mínimo del 51% por empresas argelinas, algo que también "dificulta la vida" de los empresarios españoles. Al margen de estos asuntos, García-Margallo también ha constatado el interés de Argelia de adquirir aviones de patrulla a Airbus Military y patrulleros de altura a Navantia.

   El ministro de Exteriores ha puesto fin a su viaje de 24 horas a Argelia con su almuerzo con el primer ministro. El objetivo principal de la visita ha sido fortalecer las relaciones comerciales de un país que García-Margallo ha calificado de "oasis de estabilidad política y desarrollo económico", que ofrece "grandes oportunidades" para la inversión.

   Además, ha servido para lanzar la 'Marca  España' fuera de Europa, ya que Argelia ha sido el primer país donde el ministro ha presentado esta herramienta a través de la cual el Gobierno pretende mostrar "la realidad" de España y de la que en Argel se ha destacado su parte más empresarial. El objetivo es, según el ministro, devolver la "confianza".

Bauzá: "Está justificado la apertura de un expediente de expulsión a Sánchez-Jáuregui"

IBIZA.- El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha considerado "absolutamente justificada y oportuna" la apertura del expediente de expulsión contra Marienna Sánchez-Jáuregui, exalcaldesa de Ibiza, por incumplir los plazos acordados con el PP para hacer efectiva su dimisión en un pleno extraordinario. 

   "Siempre hemos estado en contacto directo con la Junta insular de Ibiza y se trata de mirar hacia delante y solventar una problemática que no podemos obviar", ha insistido.

   Bauzá ha recordado que será el Comité de Derechos y Garantías el que valore la expulsión de la exedil, al tiempo que ha reconocido que no ha hablado con Sánchez-Jáuregui, porque ha estado en contacto con el presidente insular y "hemos tomado las decisiones conjuntas".

   Por otro lado, el presidente del Govern también se ha referido al incidente sucedido en Formentera, que ha dejado sin Internet a la isla, y ha recordado que el Ejecutivo "se ha puesto a disposición de los afectados para solucionar el problema".

   "Ha sido un accidente y no ha sido intención de Telefónica que esto sucediera. La empresa ha actuado de manera rápida y estamos pendientes de que la embarcación que debe arreglar el problema llegue cuanto antes", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Palma plantea una refinanciación de la deuda

PALMA.- El Ayuntamiento de Palma ha planteado llevar a cabo una refinanciación de la deuda que permitiría al consistorio finalizar el año 2014 con un coeficiente de endeudamiento del 64,87 por ciento y el año 2015, con uno del 53,16 por ciento.

   Según ha informado el portavoz del equipo de Gobierno tras la Junta de Gobierno, Julio Martínez, esta propuesta de refinanciación tendrá que ser autorizada por el Ministerio de Hacienda y será "clave" para la congelación de los impuestos que se realizará en Palma durante los dos próximos años.

   Martínez, quien ha indicado que actualmente el coeficiente de endeudamiento consolidado de Cort es del 83,67 por ciento -incluyendo el Palacio de Congresos y la Empresa Municipal de Transportes (EMT)-, ha detallado que el plan de reducción de endeudamiento que plantearán a Hacienda incluirá la refinanciación de dos operaciones de la pasada legislatura -con lo que no se incrementará el IBI- y de algunos préstamos de 2010.

   En relación a las negociaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo ya con los bancos, ha indicado que la "idea" es que "poco a poco el ritmo de endeudamiento sea un 50 por ciento menor a la que se plantea ahora" y que cada año se dejen de amortizar ocho millones de euros.

   Además, ha recordado que Cort finalizó 2012 con una deuda consolidada de 324,5 millones y ha indicado que, según creen, "en lugar de acabar el año con 287 millones", lo finalizarán con 295 millones de euros.

   Martínez ha indicado que para plantear esta refinanciación Cort estaba pendiente de la aprobación de la normativa del Gobierno mediante la que se permita pasar la limitación del endeudamiento del 75 al 110 por ciento de los ingresos corrientes, algo que espera que tenga lugar puesto que así se lo transmitió el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

   El 'popular' también ha hecho hincapié en que si el equipo de Gobierno "hubiera hecho caso" a los socialistas en sus propuestas económicas, el Ayuntamiento tendría que incrementar los impuestos durante los años 2014 y 2015, cuando no se va a subir ni el IPC, ha recordado. "No solo es un tema de voluntad política, también lo es de gestión", ha dicho sobre el anuncio del alcalde, Mateo Isern.

   Martínez ha destacado que los ciudadanos de Palma han registrado un incremento en la generación de residuos y en el consumo de agua respecto al 2012, unos factores que, según ha considerado, demuestran que la capital balear se "acerca" a la salida de la crisis económica.

   Según ha dicho, estas cifras que "muestran que hay más actividad económica", "no quieren decir que hemos salido de la crisis, sino que vamos por el buen camino". Estos "indicadores positivos" no harán, no obstante, que Cort cambie su política económica, sino que la mantenga aunque se "limitarán" las políticas de austeridad.

   Por otro lado, en la Junta de Gobierno se han aprobado diferentes modificaciones presupuestarias como una dotación de 350.000 euros al servicio de Bicipalma, con lo que se concede una subvención de 200 euros durante este año a sus usuarios.

   Martínez ha remarcado que el equipo de Gobierno liderado por Mateo Isern es el primero que dota económicamente este servicio y ha dicho entender que los ciudadanos "critiquen que destinemos más dinero a las bicis que a los desahuciados", si bien ha añadido que esto se debe a decisiones adoptadas durante la anterior legislatura porque "nosotros no hubiéramos puesto este servicio en marcha".

   Por otro lado, ha señalado que otra de las modificaciones aprobadas ha sido destinar 100.000 euros a las personas desahuciadas, así como 75.000 euros al servicio de educación para adultos, 18.000 euros al servicio de videovigilancia del Castell de Bellver o 400.000 a la apertura de las piscinas de Sant Jordi y Son Roca.

   También se han ampliado las partidas del servicio de portería (246.000 euros), las notificaciones de multas (204.000 euros), responsabilidad patrimonial (64.000 euros), la patente del anagrama de Smart Office (1.100 euros) o diferentes aportaciones a entidades de las que Cort forma parte.

   El 'popular' ha indicado que se ha aprobado la modificación del proyecto básico del Palacio de Congresos para que tanto el hotel como el palacio tengan uno propio, y se permita la inscripción en el registro de la propiedad de manera independiente y, por tanto, el hotel se pueda vender por separado.

   La Junta de Gobierno ha acordado también diferentes adjudicaciones  que suponen un ahorro de 800.000 euros para el consistorio. Según ha dicho Martínez, es también este ahorro el que permite congelar los impuesto. Algunas de estas adjudicaciones son los contratos de las obras de reforma de pavimentos, viales y caminos, o el servicio de control de plagas.

   Otros de los aspectos acordados han sido ampliar la ayuda que reciben los funcionarios con una minusvalía superior al 33 por ciento o convocar el concurso para el servicio para las Barridiades de forma conjunta por 47.500 euros, entre otros.

El TS confirma la multa de 500.000 € al Ayuntamiento de Palma y a la Empresa Funeraria por obstaculizar la competencia

PALMA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Palma y la Empresa Funeraria Municipal contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2010 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que les obligaba a pagar una multa conjunta y solidaria de 500.000 euros por "haber obstaculizado la competencia real o potencial" en el mercado de servicios funerarios.

   Así, el TS ha recordado que, concretamente, la Audiencia Nacional desestimó en la citada sentencia el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Palma y la Empresa Funeraria contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que les impuso la citada sanción.

   En síntesis, a juicio del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, la Empresa Funeraria Municipal y el Consistorio de Palma, éste en cuanto propietario del capital íntegro de esta entidad, "habrían incurrido en la infracción sancionada con el designio de mantener la posición de dominio de la empresa municipal a salvo de la competencia en los mercados liberalizados de prestación de servicios funerarios en Palma de Mallorca y Marratxí".

   De este modo, señaló que el Ayuntamiento y la Empresa Funeraria Municipal impidieron la actividad de los posibles competidores, reales o potenciales, que desearan realizar los citados servicios funerarios en la capital balear.

   La sentencia del TS también apunta que la Comisión Nacional de la Competencia también acordó declarar que la Empresa Funeraria Municipal S.A. ha incurrido en una práctica prohibida por el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, por haber "obstaculizado" la competencia real o potencial, siendo corresponsable el Ayuntamiento de Palma.

   Asimismo, también ordenaba a las entidades sancionadas que se abstengan en lo sucesivo de realizar las prácticas declaradas prohibidas.

Nadal confiesa haber cobrado parte del soborno de Sacresa para financiar la campaña electoral de UM

PALMA.- El expresidente de Unió Mallorquina (UM) y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal ha entregado un escrito ante la Audiencia Provincial de Baleares, minutos antes de que se reanudase el juicio del caso Can Domenge, en el que confiesa haber cobrado parte del soborno que presuntamente pagó la mercantil Sacresa a los exresponsables de la Institución insular por haber "inspirado" las bases del concurso por el que fueron adjudicados los solares palmesanos.

   Según explica en el escrito, la contrapartida de la empresa por la supuesta manipulación del proceso para resultar beneficiaria del mismo fue el pago de "una cantidad de dinero" entregada al exconseller insular Bartomeu Vicens, quien con posterioridad y con el objetivo de financiar la campaña electoral de UM en 2007, en la que Nadal concurría como candidato a la alcaldía de Palma, "me entregó una parte de ella".

   Vicens, sin embargo, recordó que el cohecho fue de cuatro millones de euros, repartido entre la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, Nadal, la propia UM y él mismo, mientras que el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahuja, señaló que pagó la dádiva tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar la cantidad a cambio de garantizar la concesión a su favor.

   El exdirigente 'uemita' recuerda cómo a principios de 2005 Munar comunicó que, a la vista de que el Govern entonces presidido por Jaume Matas tenía previsto desarrollar el proyecto del velódromo Palma Arena -cuyo presunto desfase en más de 50 millones de euros está siendo investigado por el juez José Castro-, podía resultar "beneficioso" para el Consell enajenar el solar de Can Domenge para de esta manera "no sólo obtener financiación sino también desarrollar un proyecto singular desde el prisma del urbanismo insular".

   Así las cosas, señala, una vez tomada la decisión de vender el terreno, su cometido fue doble: por una parte, dada su su condición de vicepresidente, sin funciones ejecutivas, era coordinar a los distintos consellers ejecutivos competentes en la materia como lo eran Vicens y Flaquer y, por otro, en su calidad de portavoz, "defender públicamente la bondad del proyecto".

   En este contexto, recuerda que fue en abril de 2005 cuando, tras publicarse en la prensa que Can Domenge iba a ser enajenado, recibió en su despacho del Consell la visita de varios promotores, entre quienes se encontraba una comitiva de Sacresa encabezada por Joan Maria Pujals -quien estuvo imputado en el marco de esta causa-, quien le propuso "facilitarme la información necesaria para elaborar las bases del concurso", para así "obtener ventaja frente a eventuales competidores y dada su experiencia en este tipo de contrataciones".

   De este modo, asevera que "con el conocimiento y la aquiescencia del señor Vicens", en los meses siguientes se reunió en diversas ocasiones con el intermediario de Sacresa en Mallorca, Santiago Fiol, quien le hizo entrega de varios sobres cerrados que contenían "toda la información precisa y necesaria para confeccionar las bases del concurso, información que yo a su vez remitía única y exclusivamente al señor Vicens, dado que mis relaciones con el señor Flaquer no eran fluidas".

   Todo ello "hasta el extremo", según relata Nadal, de que a finales de septiembre de 2005, por así habérselo indicado Munar, dejó de ocuparse de los temas relacionados con el concurso e impartiendo Flaquer "órdenes expresas de que las funcionarias del departamento de contratación despacharan únicamente con él, como así se hizo".

   "La entrega de documentación al señor Vicens y la ruptura de la relación con el señor Flaquer determinó que en la Conselleria de Economía, y por lo que a mí concierne, desconocieran que Sacresa fue quien realmente inspiró las bases del concurso", sentencia Nadal, quien sobre el presunto soborno afirma que declarará de forma más pormenorizada cuando sea interrogado al respecto en instrucción.

   La Audiencia Provincial de Baleares ha reanudado el juicio del caso Can Domenge con Munar, Vicens, Nadal y Flaquer en el banquillo de los acusados, junto a quienes también serán juzgados el dueño de Sacresa y el abogado Santiago Fiol.

   A principios de este mes, el presidente del tribunal de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino, dio hasta este día 19 de plazo al nuevo asistente legal de Munar para estudiar la causa, tras renunciar al letrado que le había representado durante los últimos años, Gabriel Garcías.

   En concreto, la Fiscalía solicita seis años de prisión para los cuatro exaltos cargos de UM por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

El nuevo abogado de Munar pide la suspensión del juicio de Can Domenge ante las confesiones de varios acusados

PALMA.- El nuevo abogado de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, el conocido penalista José Antonio Choclán, ha solicitado nada más reanudarse el juicio por el caso Can Domenge la suspensión de la vista oral ante las confesiones vertidas por el exconseller insular Bartomeu Vicens, el propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja, y el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal. De lo contrario, afirma, se incurriría en fraude procesal y en una vulneración del derecho a la defensa.

   En su intervención en la fase de cuestiones previas del juicio, Choclán ha hecho suyas las argumentaciones que ya efectuó el anterior letrado de Munar, Gabriel Garcías, quien ya planteó la suspensión ante las nuevas revelaciones a las puertas de la celebración de la vista, en relación con el presunto soborno que habrían percibido Munar, Nadal, Vicens y la propia UM desde Sacresa para que ésta resultase beneficiaria de la venta de los solares de Can Domenge.

   "Queremos demostrar que Munar no ha percibido pago alguno", ha recalcado la defensa de la exdirigente histórica de UM, quien ha considerado "de justicia" que, al amparo del artículo 746.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se suspenda el juicio debido a que de forma paralela se está instruyendo bajo secreto si los exresponsables políticos cobraron el cohecho, lo que "perjudica a la publicidad y a un proceso con todas las garantías".

   Así pues, ha apelado a la necesidad de retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción para así finalmente celebrar un juicio unitario con la presunta manipulación del concurso para adjudicar los solares y el presunto soborno como objeto de enjuiciamiento.

   No obstante, el fiscal anticorrupción Juan Carrau se ha opuesto a esta cuestión previa, alegando que no se trata de revelaciones inesperadas que alteren sustancialmente los hechos y apuntando al hecho de que si se pagó o no un soborno permite un enjuiciamiento independiente, a la luz de la diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido. También la acusación particular ejercida por Núñez y Navarro, querellante en esta causa, ha mostrado su disconformidad con la suspensión.