PALMA.- El nuevo abogado de la expresidenta del
Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, el conocido
penalista José Antonio Choclán, ha solicitado nada más reanudarse el
juicio por el caso Can Domenge la suspensión de la vista oral ante las
confesiones vertidas por el exconseller insular Bartomeu Vicens, el
propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja, y el
exvicepresidente del Consell Miquel Nadal. De lo contrario, afirma, se
incurriría en fraude procesal y en una vulneración del derecho a la
defensa.
En su intervención en la fase de cuestiones previas del juicio,
Choclán ha hecho suyas las argumentaciones que ya efectuó el anterior
letrado de Munar, Gabriel Garcías, quien ya planteó la suspensión ante
las nuevas revelaciones a las puertas de la celebración de la vista, en
relación con el presunto soborno que habrían percibido Munar, Nadal,
Vicens y la propia UM desde Sacresa para que ésta resultase beneficiaria
de la venta de los solares de Can Domenge.
"Queremos demostrar que Munar no ha percibido pago alguno", ha
recalcado la defensa de la exdirigente histórica de UM, quien ha
considerado "de justicia" que, al amparo del artículo 746.6 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se suspenda el juicio debido a que de forma
paralela se está instruyendo bajo secreto si los exresponsables
políticos cobraron el cohecho, lo que "perjudica a la publicidad y a un
proceso con todas las garantías".
Así pues, ha apelado a la necesidad de retrotraer las actuaciones a
la fase de instrucción para así finalmente celebrar un juicio unitario
con la presunta manipulación del concurso para adjudicar los solares y
el presunto soborno como objeto de enjuiciamiento.
No obstante, el fiscal anticorrupción Juan Carrau se ha opuesto a
esta cuestión previa, alegando que no se trata de revelaciones
inesperadas que alteren sustancialmente los hechos y apuntando al hecho
de que si se pagó o no un soborno permite un enjuiciamiento
independiente, a la luz de la diversa jurisprudencia del Tribunal
Supremo en este sentido. También la acusación particular ejercida por
Núñez y Navarro, querellante en esta causa, ha mostrado su
disconformidad con la suspensión.
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