PALMA.- El expresidente de Unió Mallorquina (UM) y
exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal ha entregado un
escrito ante la Audiencia Provincial de Baleares, minutos antes de que
se reanudase el juicio del caso Can Domenge, en el que confiesa haber
cobrado parte del soborno que presuntamente pagó la mercantil Sacresa a
los exresponsables de la Institución insular por haber "inspirado" las
bases del concurso por el que fueron adjudicados los solares palmesanos.
Según explica en el escrito, la contrapartida de la empresa por la
supuesta manipulación del proceso para resultar beneficiaria del mismo
fue el pago de "una cantidad de dinero" entregada al exconseller insular
Bartomeu Vicens, quien con posterioridad y con el objetivo de financiar
la campaña electoral de UM en 2007, en la que Nadal concurría como
candidato a la alcaldía de Palma, "me entregó una parte de ella".
Vicens, sin embargo, recordó que el cohecho fue de cuatro millones
de euros, repartido entre la expresidenta del Parlament y del Consell
Maria Antònia Munar, Nadal, la propia UM y él mismo, mientras que el
máximo accionista de Sacresa, Román Sanahuja, señaló que pagó la dádiva
tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, quien, según
su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar la cantidad a
cambio de garantizar la concesión a su favor.
El exdirigente 'uemita' recuerda cómo a principios de 2005 Munar
comunicó que, a la vista de que el Govern entonces presidido por Jaume
Matas tenía previsto desarrollar el proyecto del velódromo Palma Arena
-cuyo presunto desfase en más de 50 millones de euros está siendo
investigado por el juez José Castro-, podía resultar "beneficioso" para
el Consell enajenar el solar de Can Domenge para de esta manera "no sólo
obtener financiación sino también desarrollar un proyecto singular
desde el prisma del urbanismo insular".
Así las cosas, señala, una vez tomada la decisión de vender el
terreno, su cometido fue doble: por una parte, dada su su condición de
vicepresidente, sin funciones ejecutivas, era coordinar a los distintos
consellers ejecutivos competentes en la materia como lo eran Vicens y
Flaquer y, por otro, en su calidad de portavoz, "defender públicamente
la bondad del proyecto".
En este contexto, recuerda que fue en abril de 2005 cuando, tras
publicarse en la prensa que Can Domenge iba a ser enajenado, recibió en
su despacho del Consell la visita de varios promotores, entre quienes se
encontraba una comitiva de Sacresa encabezada por Joan Maria Pujals
-quien estuvo imputado en el marco de esta causa-, quien le propuso
"facilitarme la información necesaria para elaborar las bases del
concurso", para así "obtener ventaja frente a eventuales competidores y
dada su experiencia en este tipo de contrataciones".
De este modo, asevera que "con el conocimiento y la aquiescencia
del señor Vicens", en los meses siguientes se reunió en diversas
ocasiones con el intermediario de Sacresa en Mallorca, Santiago Fiol,
quien le hizo entrega de varios sobres cerrados que contenían "toda la
información precisa y necesaria para confeccionar las bases del
concurso, información que yo a su vez remitía única y exclusivamente al
señor Vicens, dado que mis relaciones con el señor Flaquer no eran
fluidas".
Todo ello "hasta el extremo", según relata Nadal, de que a finales
de septiembre de 2005, por así habérselo indicado Munar, dejó de
ocuparse de los temas relacionados con el concurso e impartiendo Flaquer
"órdenes expresas de que las funcionarias del departamento de
contratación despacharan únicamente con él, como así se hizo".
"La entrega de documentación al señor Vicens y la ruptura de la
relación con el señor Flaquer determinó que en la Conselleria de
Economía, y por lo que a mí concierne, desconocieran que Sacresa fue
quien realmente inspiró las bases del concurso", sentencia Nadal, quien
sobre el presunto soborno afirma que declarará de forma más
pormenorizada cuando sea interrogado al respecto en instrucción.
La Audiencia Provincial de Baleares ha reanudado el juicio del
caso Can Domenge con Munar, Vicens, Nadal y Flaquer en el banquillo de
los acusados, junto a quienes también serán juzgados el dueño de Sacresa
y el abogado Santiago Fiol.
A principios de este mes, el presidente del tribunal de la Sección
Segunda, Diego Gómez-Reino, dio hasta este día 19 de plazo al nuevo
asistente legal de Munar para estudiar la causa, tras renunciar al
letrado que le había representado durante los últimos años, Gabriel
Garcías.
En concreto, la Fiscalía solicita seis años de prisión para los
cuatro exaltos cargos de UM por presuntos delitos de fraude a la
administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de
secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación
pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales
públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el
Consell, personados como acusación particular.
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