PALMA.- El juez instructor del caso Cloaca, centrado
en un presunto desvío de fondos del Consell de Mallorca por servicios de
recogida selectiva de residuos, ha dado el primer paso para sentar en
el banquillo a la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera
insular de Medio Ambiente Catalina Julve, tras dos años de instrucción
de una de las numerosas causas que afectan a la extinta formación
regionalista.
Mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado
este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Palma,
Enrique Morell, pone fin a la instrucción de este caso y da pie a la
Fiscalía Anticorrupción para que pueda presentar su escrito de acusación
sobre estos hechos, paso previo a la apertura de juicio oral, o por el
contrario solicite el sobreseimiento de este procedimiento judicial.
El magistrado ha decretado que, junto a Julve, representada en
esta causa por Gabriel Garcías, el proceso penal continúe asimismo
contra el empresario Simón Galmés y la exsecretaria técnica de
Cooperación Local Coloma Castañer, así como para los también imputados
César García y Miguel Rullán.
Por el contrario, el juez ha acordado el archivo para, entre
otros, el empresario de FCC Enrique Francia, defendido por el letrado
Luis Jordana de Poza; la técnica del Consell María Morey, asistida por
el letrado Josep de Luis; el exjefe de servicios del Departamento de
Residuos Fernando Ruano, y el exdirector insular Guillem Riera, al no
apreciar indicios delictivos contra ellos.
En su extensa resolución, el juez apunta a la presunta comisión de
delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y
fraude a la administración, entre otros hechos por el presunto desvío de
unos dos millones de euros por trabajos no prestados por parte de las
UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC-Lumsa,
mercantiles a las que la Institución insular les adjudicó en 2002,
mediante un negociado sin publicidad, el servicio de recogida selectiva.
El instructor señala que, años después, un cambio en el sistema de
facturación provocó que las adjudicatarias cobrasen del Consell por
servicios que en realidad estaban prestando otras empresas, que a su vez
percibían fondos de diversos Ayuntamientos por estos mismos servicios.
En este sentido, el magistrado asevera que tanto Julve como Riera fueron
los responsables de la modificación, si bien precisa que no se aprecia
que existiera "ánimo de lucro" por parte de los exaltos cargos públicos.
De forma paralela, el auto hace alusión a las actuaciones de
control que, de forma paralela, debían llevar a cabo las concesionarias
del Consell sobre la prestación de sus servicios de recogida selectiva,
bien directamente o a través de otra empresa contratada al efecto. No
obstante, destaca que la empresa a la que le encargaron este
seguimiento, Ses Nostres Eines, cobró por ello 9.000 euros mensuales
-con cargo a las arcas públicas- sin que conste que realizase control
alguno.
De hecho, el magistrado recalca al respecto que en los archivos de
la Administración supramunicipal no constan "más que unos pocos
informes" de Ses Nostres Eines cuyo contenido es "una mera copia de
información facilitada por las empresas adjudicatarias", derivándose de
ello que "la contraprestación a tan elevada cantidad no existió". El
instructor indica además que el objeto social de Ses Nostres Eines nada
tenía que ver con la recogida de residuos.
Finalmente, otro de los hechos que han sido objeto de
investigación fue la aprobación, por parte del Consell, de un expediente
de contratación para el suministro de 2.150 sillas de resina blanca con
brazos, para lo cual las empresas que fueron invitadas pertenecían al
mismo grupo empresarial, "conculcando los principios de la Ley de
Contratación Pública". Según el auto, Coloma Castañer firmó el informe
justificativo de este suministro mientras que Julve fue la encargada de
resolver el inicio de la licitación.
Es más, el juez señala cómo las sillas fueron pagadas, por un
total de 29.928 euros públicos, el 13 de diciembre de 2006 en virtud de
una factura falsa emitida contra la Institución por Ses Nostres Eines el
2 de octubre, a pesar de que esta empresa las adquirió para
suministrarlas al Consell dos meses después.
Cabe recordar que la Fiscalía elevó a más de tres millones de
euros la cantidad supuestamente desviada en el marco de este
procedimiento, mientras que un informe pericial del Consell la cifró en
más de cinco millones (pese a que su autor reconoció posteriormente
errores en la valoración que había efectuado). Por su parte, las
concesionarias alegaron por el contrario que fueron ellas, y no el
Consell, las perjudicadas en este proceso. Más en concreto, el informe
aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad
supuestamente sobrefacturada.
