PALMA.- La Abogacía de la Comunidad Autónoma, en
representación del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha recurrido
ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de
Baleares que falló a favor del secretario general de UGT Baleares,
Lorenzo Bravo, en relación a los improperios que éste profirió contra el
máximo mandatario, una impugnación en la que Bauzá alega que los
insultos fueron un "ataque" a su persona y no una "sana crítica" por
unos acuerdos que el Ejecutivo acababa de adoptar.
En su recurso de casación,
la representación procesal de Bauzá asevera que la voluntad del líder
sindical pasaba por "injuriar" al presidente, aseverando que sus
palabras "no se enmarcaron en el contexto de dos concretas decisiones
políticas, sino que fueron más allá, prolongándose en los días
siguientes a dichas decisiones y sobrepasando la crítica a las mismas".
La Abogacía ha impugnado de este modo la resolución que daba la
razón a Bravo frente a la demanda que contra él interpuso Bauzá por los
improperios que lanzó el sindicalista a raíz de los polémicos acuerdos
adoptados en septiembre de 2011 por el Ejecutivo balear en referencia a
la reducción de liberados sindicales y al recorte de subvenciones a los
sindicatos.
El tribunal de la Sección Tercera confirmó de este modo la
sentencia que dictó la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Palma, que desestimó la demanda del máximo mandatario autonómico al
aseverar que, valorado el contexto en que se produjeron los hechos, debe
prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al
honor. La resolución fue impugnada en apelación por la Abogacía de la
Comunidad Autónoma, en representación de Bauzá, cuyo recurso fue
finalmente desestimado.
La Sala destacaba, al hilo de la sentencia dictada en primera
instancia, cómo la jurisprudencia da una mayor tutela a la libertad de
expresión que al derecho al honor en el marco de una contienda política,
como sucedió en este caso, amparándose para ello en numerosas
sentencias del Tribunal Supremo que, en este sentido, apelan a la
necesidad de valorar el contexto en que se producen los improperios,
"estando los políticos sometidos a la crítica social en mayor grado que
cualquier particular".
Así, en el caso de Lorenzo Bravo, asistido por el letrado Pablo
Alonso de Caso, recalcaba la Audiencia que sus manifestaciones -como
"fascista", "el engominado este" o "lo que propone el Govern es tan
dictatorial como si, por la cara, yo decidiera sin consenso que en el
Parlament sobran 30 escaños o en el Congreso 300"- se produjeron como
reacción a unas decisiones del Govern presidido por Bauzá que
"evidentemente resultaban cuando menos molestas para quien representaba
al sindicato que veía mermada una fuente de sus ingresos y que algunos
de sus delegados que antes no lo hacían, tenían que volver a sus puestos
de trabajo".
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