PALMA.- El Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJIB) ha condenado al Govern a indemnizar con 22,5 millones a varios
propietarios de diversas parcelas situadas en la urbanización Cala
Carbó, en Pollensa, que en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) estaban clasificadas como suelo urbano, pero que pasaron a
tener la condición de suelo rústico protegido tras la aprobación de la
Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible.
La sentencia, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, estima así parcialmente los recursos
interpuestos por los afectados después de que el Ejecutivo balear
desestimase sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial, y que
fueron formuladas por los daños y perjuicios derivados de la entrada en
vigor, en mayo de 2008, de la anterior normativa.
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