MADRID.- España ha pasado de ser un país de gran inversión en infraestructuras
a quedarse rezagado por debajo de la media de la Unión Europea. El
presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), José Luis Escrivá, advierte de que la inversión pública, que
superó los 20.000 millones en pleno boom de la crisis, no volverá y
aconseja que el Gobierno busque la inversión en grandes fondos de
pensiones y de infraestructuras para seguir con el desarrollo del
sector, según elEconomista.
Los Presupuestos de 2018
recogen el mayor incremento de inversiones con dinero público en
infraestructura desde que se inició la crisis económica en 2008. El
Estado destinará 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un
aumento del 12,7% respecto a 2017, pero son cifras muy alejadas a los
momentos precrisis, cuando se llegó a movilizar más de 22.000 millones
en AVE, carreteras y otros desarrollos.
Según el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, España ha pasado de ser un país de
"gran inversión" a uno que tiene un nivel por debajo de la media
europea, ya que el gasto en infraestructuras representaba el 5% del PIB
al inicio de la crisis y un 14% del gasto público, cuatro puntos por
encima de la media europea, tras lo que se produjo un ajuste
"brusquísimo" hasta situarse ahora en dos puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos de PIB que de la UE.
El jefe de supervisión de las cuentas públicas ha avisado que los
niveles anteriores de recursos públicos no volverán ya que economía
española va a estar "constreñida" en los próximos años "de forma mucho
más notable" que en los últimos ejercicios por el elevado nivel de
endeudamiento público que presiona el gasto del Estado y por las
restricciones de financiación de la banca, que cada vez tiene mayores
requerimientos de solvencia.
La
AIReF plantea buscar alternativas para no perder los niveles de
desarrollo como el modelo de EEUU en el que grandes fondos de pensiones e
infraestructuras invierten en obra pública. Estas firmas tienen un
perfil de inversión de muy a largo plazo con rentabilidades estables y
ligadas a la inflación que encajan perfectamente con las
infraestructuras.
Para Escrivá existe la necesidad de captar este tipo de inversores
"naturales" de largo plazo como son los fondos de inversión, los fondos
de pensiones y las propias aseguradoras.
A su juicio hay margen de actuación por esta vía, puesto que solo
alrededor de un 3% de los fondos de inversión internacionales dirigen el
ahorro hacia las infraestructuras. Asimismo, ha considerado necesario
explotar el papel de los bancos públicos de desarrollo y las
asociaciones público-privadas.
En su opinión, este camino requiere también apostar por una
evaluación sistémica e independiente de los proyectos, lo que obliga a
evolucionar desde una evaluación basada en criterios exclusivamente
fiscales (que las inversiones fueran sostenibles) a una evaluación
basada en la eficiencia económica.
Ha añadido que se tienen que valorar no solo los efectos directos sino también las externalidades positivas y negativas.
Al respecto ha dicho que en un país como España, con un sesgo muy
elevado en la inversión pública hacia infraestructuras, hace falta una
"evaluación serena" del impacto de esa inversión. En España las
infraestructuras han supuesto un importante factor de cohesión
territorial, pero ha asegurado que se trata "más de una intuición" que
del resultado de un "análisis fino".
Además, insiste en la posibilidad de estudiar la vía de "adecuar más
las tarifas y los pagos y copagos a los costes", de forma que "pague el
que hace uso de la infraestructura", algo que ya sucede en España "en
cierto porcentaje".
El
presidente de la AIReF ha lamentado que en España hay "poca cultura" de
una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de los proyectos públicos, de los
impactos que pueden tener y de un análisis profundo de los costes, el
beneficio y los resultados, lo que hace que la priorización en los
Presupuestos sea "complicada". Por ello, ve "crucial" introducir
elementos de eficiencia en la evaluación de proyectos y encontrar
espacios fiscales para poder destinar la financiación a los proyectos
más productivos.
Preguntado sobre el rescate de las autopistas, Escrivá ha indicado
que la normativa anterior de octubre de 2015 es "agua pasada", ya que
desde entonces hay una nueva Ley de Contratación Pública y una nueva
normativa que establece que si se produjese algo similar, el Estado
pagaría lo que obtendría con la relicitación de las autopistas, con lo
que disminuye la posible vulnerabilidad del Estado.
"Tenemos una legislación que protege mucho más al Estado y esto no va
a volver a ocurrir", ha enfatizado Escrivá, quien ha explicado que, con
el nuevo régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración,
se acota el riesgo asumido por la Administración al valor del activo.
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