El sufrimiento de niñas y niños apartados de sus progenitores tiene diversas formas, sostienen. «Violencia vicaria, adolescentes en situación de calle, expedientes que tardan años en resolverse, escasas horas de visita al mes en los centros, informes sesgados de las inspecciones de los técnicos a las viviendas cuando se acepta el plan de reintegración, miles de arrancamientos injustos, separación de hermanos de por vida» y una larga carrera de obstáculos. Todo con el denominador común, denuncian, de «un sistema de atención a la infancia que es un fiasco y un entramado para el lucro a costa de menores encubierto por la Administración y la legislación».
Según Fernando Barredo, presidente de la Fundación democraciActiva, esta situación es fruto de «leyes injustas e infames que, además, se aplican de forma torticera por personas sin escrúpulos, tanto dentro de los Servicios Sociales, a todos los niveles de la Administración -local, regional y estatal-, como por parte de personas intermediarias en esto que podemos llamar privatización de los servicios públicos y que no es nada más que un buitreo que permite que se estén arrancando miles de menores a sus familias indefensas, en momentos de vulnerabilidad, cuando la propia Constitución en su artículo 39 dice que habría que auxiliarlas legal y económicamente. Lo que hacen es aprovecharse de esa coyuntura, destrozar familias, maltratarlas y para colmo, muchos de estos menores, sabemos, que acaban en redes de prostitución y drogas».
Silencio cómplice
Barredo explica que se desconoce la magnitud de esta situación en España «por un silencio que hace cómplice a gran parte de la población, por la inacción de los políticos y por la implicación de jueces, policías, fiscales, abogados y todo tipo de profesionales, sin duda también técnicos de los Servicios Sociales. Cuando algún día se sepa, va a haber mucha gente que no va a saber explicarlo. Y sólo esperamos que haya posibilidad de adoptar todo tipo de acciones penales contra ellos. Porque esto es un auténtico robo organizado de niños en nuestro país».
Herencia del franquismo
Detrás del negocio de los menores y adolescentes tutelados dice que se esconden «las mismas sectas del poder, de orientación nacional-católica y de la Administración, que ya robaban niños en la Dictadura, y que son las propietarias de más del 80% de los centros privados donde se está maltratando a los niños y, a veces, incluso, no se les deja ver nada más que media hora al mes a una madre o un padre que no paran de llorar. Esto es execrable.
Hay toda una organización para desarraigar a los menores de forma que, cuando los consiguen recuperar, ya no se reconocen entre hermanos, ni padres e hijos. Esto es lo mismo que hacían Sor María, aquella repugnante señora vestida de monja. O el doctor Vela del Opus Dei. Ahora lo están haciendo encubiertos por la Administración y leyes obscenas. Y por supuesto, tapándose los ojos aquellos que tienen que tapárselos», concluye.
Por su parte, José Borja, de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha expresado su preocupación por el futuro de los menores. «Queremos tabicar esos centros, porque ni son centros ni son nada. Ahí lo que consiguen es que las criaturas salgan más rebeldes y que el día de mañana sean delincuentes. Tienen que estar con sus familiares. No sabemos cómo los Servicios Sociales tienen tanto poder. La Constitución dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y que proclama fundamentalmente en su ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Para estos niños no hay ni libertad, ni igualdad, ni democracia».
Aumento de casos en los juzgados
El manifiesto hecho público por los colectivos apunta que las cifras de niñas y niños tutelados no dejan de crecer, aumentando los casos en los juzgados. «Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para atender a tantos, y cubren los expedientes por la ley del mínimo esfuerzo de instrucción, dando siempre por válidos los informes de los Servicios Sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias, ni sus certificados médicos aunque sean de la Seguridad Social».
Si bien reconocen que «hay casos extremos en los que es necesario apartar a los menores de sus padres, son muy pocos comparados con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con las niñas y los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les presionan, amenazan, golpean y hasta violan».
Son muchas las sentencias a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar «salvo con abogados de oficio frente a jueces, en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder».
Primero te tratan de loca y luego te mandan al psiquiatra
Rosa Aguilera portavoz de las asociaciones ADENI e Infancias Robadas relata cómo puede ser el punto de partida para terminar en la espiral del sistema de protección a la infancia. «Ha llegado un momento en el que denuncias violencia de género, sufres un desahucio o has decidido ser madre soltera como yo y, cuando pides una beca de comedor, pasas a ser un expediente. Y empiezas a ser investigada sin que tú sepas nada. Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario.
Las trabajadoras sociales tienen presunción de veracidad y eres tú, que esto no pasa en ningún tipo de delito, la que tiene que demostrar que no eres culpable, enfrentándote a todas las instituciones, que lo primero que hacen es tratarte de loca y luego te mandan al psiquiatra. Tienes que aceptar el desamparo, porque si no lo aceptas dicen que no se puede trabajar contigo, con lo cual no te dan visitas.
Pero claro, si yo he puesto una demanda judicial, cómo voy a aceptar el desamparo. Porque además, si lo aceptas, luego te dicen que lo has aceptado. Entonces, es una impotencia…Te sientes tan maltratada y humillada, tan pequeñita. Yo me he leído mi expediente y no me reconozco en él. Son todo mentiras».
Cambio de paradigma
En palabras de Victoriano Fernández de la Asociación de Familias para el Siglo XXI, el modelo alternativo al actual sistema «pasa por que los Servicios Sociales en vez ver qué explicación hay para llevarse a las niñas y los niños, fueran servicios ambulatorios. Es decir, deberían entrar en las casas a ayudar. Ahora no se sabe cuales son los protocolos, que no los dicta la autoridad municipal, que es la que inicia los expedientes».
Y añade que para aflorar las irregularidades que se detectan en los centros «siempre ha sido necesario que personas que están dentro conecten con personas que estamos en el activismo, porque si no, sencillamente, los directores de los centros y todo el aparato que hay alrededor lo tapan y no sale».
Por el bien superior del menor
Por ello, las organizaciones reclaman un Pacto de Estado que revise el actual modelo, así como que se depuren las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los menores tutelados.
Exigen también los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección a la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades.
Asimismo, demandan la implicación de los políticos de todos los partidos «que se esconden para no ver lo que ya es evidente: las tutelas no son un beneficioso servicio público sino un negocio privado».
Y por último, piden «a los directores de los medios hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer a sus dueños, que no desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando son niños españoles las víctimas».
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