La Fiscalía, contra el 'boom' de casas prefabricadas: defiende que no hay vacío legal y que necesitan licencia

 

MADRID.- Colocar una casa prefabricada en un terreno sin licencia urbanística –ya sea un huerto, una parcela en el campo o en la sierra– puede suponer penas de cárcel. Ese es el aviso que ha dado la Fiscalía a las empresas que vendan estas viviendas, así como a las personas que quieran comprarlas. 

El Ministerio Público señala que no existe “vacío legal” en cuanto a los permisos para colocarlas, como aseguran algunas compañías, y argumenta que la normativa es clara: a ojos de la Justicia, son viviendas como las fabricadas de ladrillo y cemento, según Público. 

Antonio Vercher, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, ha enviado un decreto al resto fiscales delegados en el que insta a investigar algunas prácticas relacionadas con las denominadas ‘mobile homes’, como situar estas construcciones en zonas que no cuentan con las licencias necesarias para edificar con la excusa de ser transitorias o móviles, algunas incluso sin conexiones de agua o electricidad precisamente para intentar evitar los juzgados. 

El fiscal de Sala recopila diferentes sentencias que apuntan en la misma dirección: cualquier vivienda, sea prefabricada o no, necesita permisos. El escrito expone que no es relevante ni siquiera el carácter de temporalidad al que aluden algunas empresas. Es decir, da igual que la casa esté destinada para vivir temporalmente o no o que vaya a ser desplazada.

 “Una edificación sería toda obra o construcción destinada a albergar personas, bien para servir de morada permanente o transitoria o para otros fines”, recoge el texto, que también incide en que “toda estructura habitacional requiere licencia”. 

El problema va más allá cuando se trata de terrenos protegidos. En 2017, el Tribunal Supremo confirmó condenas de un año y medio de prisión a un grupo de personas que colocaron casas de este tipo en la cuenca del río Guadarrama, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

 La condena fue finalmente de un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por poner construcciones “absolutamente prohibidas” en un parque con un “valor ecológico de indudable constancia”, de manera que “urbanizaron” y “desnaturalizaron” el terreno, según la sentencia.  

El Ministerio Público cita otra sentencia de 2016 que recoge que este tipo de prácticas podrían tratarse de un “nuevo intento de burlar la ley” para poder obtener una segunda residencia, incluso primera, “a bajo coste sobre terreno no urbanizable”.

Este modelo de negocio en crecimiento, precisa el texto de Vercher, cuenta con “grandes proporciones e ingentes ganancias”.